“La problemática tiene diferentes matices, pero principalmente ocurre que los graduados como psicólogos generales no son considerados como personal de salud o profesional médico. Esto hace que las ofertas académicas, por las cuales cursaron esta carrera, no estuvieron claras y ellos estudiaron pensando que iban a ejercer la profesión”, explicó a Radio La Calle, Washington Andrade, jurista a cargo del caso.

Estas limitaciones para los psicólogos se impusieron desde el Ministerio de Salud y el Consejo de Educación Superior (CES). “Un psicólogo general no podría beneficiarse ni beneficiar a sus pacientes con una tarifa cero. Debe facturar con el 12% del IVA. Adicionalmente no puede cumplir funciones en las instituciones públicas de salud. Tampoco puede dirigir Centros de Psicología. Están limitados, incluso en las terapias dentro de su área”, agregó.

Además, tampoco cuentan los postgrados. “Un psicólogo general, a pesar de que haga una maestría o doctorado, tampoco es considerado personal de salud. Hay varias aristas en esta problemática. Por un lado, la limitación por parte del Estado y por el otro, la falta de claridad en la oferta de las Universidades.

El caso de la USFQ

En el caso de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) hay una gran cantidad de estudiantes a los que esta Universidad les dio también la posibilidad de un posgrado. “No obstante, a pesar de que pueden graduarse tampoco recibirán los beneficios de ser personal de salud. Vemos que hay un gran número de perjudicados”.

Los estudiantes decidieron asociarse y acudir a la ayuda legal. “Hay que hacer un análisis de si las resoluciones de las instituciones estatales violan sus derechos como profesionales. El derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, etc. Tenemos previsto mantener las acciones constitucionales correspondientes ya sea en colectivo o individual”.

Estas acciones no implican quitar la responsabilidad a las universidades que no aclararon la oferta académica. “Tenemos muchos reportes. En las páginas web de las universidades se podría establecer que hubo publicidad engañosa en cuanto a la malla curricular”.

Entre las instancias legales se propone una acción de protección o medidas cautelares, de manera individual o colectiva en contra de los organismos. También están reuniendo información sobre la oferta académica que hicieron las universidades y si estas ofertas se cumplieron. La cantidad de estudiantes perjudicados alcanzaría los 700. MIB

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El documento está suscrito por el doctor Daniel Rodríguez, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar. Rodríguez señaló que los contratos solamente cubrían una contingencia, por lo que no pueden ser usados permanentemente.

Sin embargo, aclaró que la única excepción del cese de personal son los trabajadores que se encuentran en grupos prioritarios o con sentencia judicial o afección por la ley humanitaria..

El memorando dice que la unidad de Talento Humano del hospital realizará la liquidación de haberes luego de que los servidores efectúen los trámites de entrega y recepción de bienes, expedientes, archivos e informes de los asuntos que tuvieron a cargo.

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La doctora asegura que la mayoría de pacientes son producto de aglomeraciones, farras, reuniones y el descuido. “Estamos aquí porque no tenemos otra alternativa, porque tenemos que cuidar a quienes están aquí, luchando por sus vidas”, expresa.

Azuay es una de las provincias con mayor número de contagios. Al igual que otras 15 provincias, el Gobierno determinó toque de queda y estado de excepción en Azuay hasta el 20 de mayo del 2021.

Con corte al 25 de abril, los datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) registran 20.680 contagios y 372 fallecidos en Azuay.

Transmisión comunitaria en Ecuador

El Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) encontró cinco casos nuevos de la variante brasileña (P.1) en Ecuador. Hay dos casos en Pichincha, uno en Tungurahua, uno en Manabí y uno en Loja.

El Instituto reportó, además, al MSP la presencia de cinco casos de la variante C.37, registradas en Perú y Chile, en las provincias de El Oro y Pichincha. Los científicos aseguran que puede tratarse de una “variante andina”.

Con base en los nuevos datos, el médico investigador Esteban Ortiz publicó en su cuenta de twitter que “la transmisión comunitaria en Ecuador ya es un hecho”.

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