Rodríguez mencionó que el ordenamiento jurídico ecuatoriano brinda algunas protecciones especializadas a las personas con discapacidad. Es decir, la Constitución establece que las personas que pertenecen a este sector deben recibir una atención priorizada por parte del Estado. Enfatizó que de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidad, los ciudadanos solo necesitan acreditarse para recibir estos beneficios.

¿Todos se pueden beneficiar?

El abogado remarcó que no todas las personas que cuentan con la aprobación del Conadis pueden acceder a este beneficio, pues es necesario que reflejen al menos el 30 % de discapacidad para que puedan ser beneficiadas.

Mencionó que en el caso de personas con discapacidad física necesitan acreditar 2 años de aportación, cerca de 300 contribuciones. Mientras que los ciudadanos que presenten discapacidad intelectual necesitan 240 aportaciones; es decir, casi 20 años. Todos estos procesos se realizan sin un parámetro o límite de edad.

Esta es la principal diferencia con el otro régimen que también aspiran a una jubilación social, pues deben cumplir entre 30 o 40 aportaciones y mínimo 60 años.

¿Cuánto reciben?

Rodríguez comentó que las personas con discapacidad tienen derecho al 68,5 % del salario básico de un trabajador. Además, deberán considerar los cinco mejores años de remuneración y en función de eso ser acreedor de estos planes.

Mientras que, la jubilación patronal se mantiene de la misma manera, si el empleado permaneció 25 años o más, el empleador sigue las reglas básicas para ejercer ese proceso. El abogado indicó que si el empleador se niega a que el empleado acceda a este trámite, el perjudicado deberá acceder al Ministerio de Trabajo.

«Hay que recordar que si el empleador tiene un nómica de 24 trabajadores, obligatoriamente debe contratar a una persona con discapacidad «, explicó.

¿Cómo acceder a este beneficio?

Las personas que están a punto de ingresar en este proceso, pueden acceder a la página web del IESS, que permite colgar todos los documentos de manera virtual. Dependiendo del número de casos que tenga la entidad podrá despachar el informe en más-menos 15 días.

«Eso sí podrá acceder a todo eso siempre y cuando no haya mora, presentando todos los documentos y con todo en regla», alegó.

Sin embargo, recalcó que existe la posibilidad de que el empleador cree un tipo de «artimañas» para no legitimar este proceso. Por ejemplo, podrían acreditar a personas al Conadis, pero que no padezcan ningún tipo de discapacidad o evitar que los trámites de la jubilación avance.

Además, recalcó que en caso de un despido intempestivo las personas con discapacidad tienen derecho a 18 remuneraciones para reconocer su trabajo. Enfatizó que el Estado y el Gobierno debería velar porque las irrupciones en estos procesos no incrementen.

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Este nuevo listado incluye a personas de 18 a 64 años con discapacidad auditiva, psicosocial, auditiva, intelectual o visual. Según las autoridades, este centro cuenta con el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Patate.

La coordinadora del Centro Diurno, Marcia Villacis indicó que su principal objetivo es desarrollar las habilidades de los beneficiaros con trabajos de interacción y corresponsabilidad.

El lugar tiene un centro interdisciplinario conformado por profesionales para estimulación, psicología, terapia física, facilitadoras y nutrición.

«El MIES invierte USD 51.701,16 dólares, además el centro dispone de instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades y todos reciben un desayuno, refrigerio y almuerzo», señaló la técnica del MIES, Sonia Vargas. (M.R)

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«Voy a centrarme en nuestros personales y plurales aportes y recomendaciones desde nuestro testimonio colectivo y familiar, exponiendo la situación diaria y cotidiana que atravesamos, más allá de lo que ordenan en teoría la Constitución, la ley y las normativas secundarias sobre el tema. Para ello expondré lo que de veras sucede en la mayoría de los núcleos familiares desde el nacimiento de una niña con discapacidad intelectual en adelante. El caso de mi hija, Tahís Micaela, de 21 años, con DI calificada con el 82%, y que cumplirá 22 el 17 de mayo de 2023, es el que me permite solicitarles estas medidas en las leyes y las instituciones estatales, públicas, privadas y sociales.

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DESDE EL EMBARAZO Y NACIMIENTO:

Urge una política pública de Prevención de las discapacidades desde la gestación y el nacimiento de los niños y niñas en el Ecuador.

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS PÚBLICOS DE D.I. / EVITAR DESDE LA DETECCIÓN, VIA CRUCIS DE POR VIDA POR FALTA DE CENTROS

• Hay no solo déficit de centros de atención integral diario, no solo en el sector público, sino en el privado en Ecuador.
• Debe legislarse para atribuir al Estado, los poderes locales, la empresa privada y el sistema financiero, que genera espectaculares tasas de ganancia a sus dueños, que coparticipen y colaboren en la construcción, mantenimiento y funcionamiento de centros dignos y de calidad integral con estándares internacionales para las Discapacidades Intelectuales.
• Reflexionemos: solo en el año 2022 la tasa de ganancia de los bancos privados aumentó un 48%, es decir $98 millones de dólares. ¿Saben cuántas “Castellanas” (el mejor centro de atención integral de Cuba, país con menos recursos que Ecuador, se llama ‘La Castellana’: es totalmente gratuito) se construirían en un año, con la mitad de esa ganancia? Piensen que en Ecuador se construyeron mega-cárceles, que hoy son infiernos penitenciarios, pero ni un solo mega-centro de discapacidades.

ES IMPRESCINDIBLE TRANSPORTE GRATUITO O SUBSIDIADO PARA PACIENTES DE FAMILIAS VULNERABLES CUIDADORAS Y CENTROS DE DI:

Así hay en Cuba o Europa. No solo tenemos carencia de centros especializados gratuitos o de bajo costo en el país, solo aptos para aquellos que pueden pagar en los privados; sino carencia estructural de transporte, con efecto negativo en la economía.

Actualmente, en el desempleo, he debido conseguir recursos por casi todo el año 2022 para pagar una pensión de $600 mensuales, logré a la muerte de mi esposa que dialogando se disminuyera a $450 y finalmente en enero de 2023, a $340, yendo el 70% del costo al tema taxi, porque no hay transporte. Este tipo de personas no pueden ser trasladadas en buses públicos desde distancias extensas.

• No es una discapacidad solo física, requieren una persona terapista que la acompañe. Y eso cuesta. Que la ley señale como asunto de Estado la gratuidad compasiva del transporte en los centros privados y públicos es fundamental, y quienes deben costear los recursos para esa atención y centros de una población tan vulnerable, son: el Estado, la empresa privada, los poderes locales, los tenedores de deuda, el sistema financiero nacional y un 5% del costo total las familias vulnerables cuidadoras.

(Vídeo resumen y PDF completo de la presentación hecha en la Comisión Legislativa de DDHH de la Asamblea (aquí PDF) (aquí video)).

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La organización, a cargo del Tecnológico Pichincha, busca, a través del deporte, demostrar de manera simbólica que todos somos parte del cambio y es posible un mundo más equitativo sin barreras.

El horario de partida de la competencia será a las 07:00, con inicio y final en la cruz del Papa del parque La Carolina.

Para participar los interesados deben cancelar un costo de $20 como valor de la inscripción de la prueba.

A las personas con discapacidad se les ofrecerá un descuento del 50%. La organización estableció cuatro categorías: juvenil, senior, máster y súper máster.

Las inscripciones y registro de los atletas se puede hacer comunicándose al teléfono 0984419535.

Además, del premio de completar el recorrido, el Tecnológico Pichincha sorteará tres medias becas entre todos los concursantes que crucen la línea de meta.

Carrera 5k Somos Inclusivos una iniciativa del Tecnológico Pichincha

El Tecnológico Pichincha se ha caracterizado por ser el primer Instituto del Ecuador en ofrecer carreras de tercer nivel a la comunidad sorda, ofreciendo la gratuidad del servicio de intérpretes en lengua de señas.

Y el 50% de beca para todas las personas con discapacidad, estas acciones permiten que la educación sea un derecho sin barreras.

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Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, lo recibió el pasado 31 de enero de 2022 en Asunción. Durante el evento, comunicó que la OEA instalará la oficia de Asuntos de Discapacidad y que será liderada por Moreno.

Andrés Michelena, amigo del expresidente y exministro en su Gobierno, dijo, según el portal 4 Pelagatos, que los ingresos como profesor de Moreno «no le permitían costear el ritmo de vida en Miami».

Moreno era profesor exponente en el curso de liderazgo impartido en el centro Adam Smith para la Liberación Económica de la Florida International University (FIU).

El exfuncionario ecuatoriano fue profesor en dicha institución desde agosto hasta diciembre del año pasado. Sin embargo, luego del regreso de vacaciones de fin de año, Moreno no renovó su contrato.

¿Trabajará gratis?

Según el mencionado portal, por su designación como comisionado Moreno no recibirá honorarios.

Por otro lado, el exmandatario anunció que trabajará en conjunto con el presidente paraguayo en el registro, estudio, atención e inclusión laboral, educativa, cultural y digital de las personas con discapacidad.

Moreno también se refirió al Ecuador como “un referente mundial en atención a las personas con discapacidad (…) Queremos que eso se logre en la región”.

Además, en su cuenta de Twitter, Moreno agradeció al pueblo paraguayo y a su mandatario por el recibimiento. También manifestó que “desde el corazón de Latinoamérica vamos a trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad”.

¿Por qué no regresar al Ecuador?

Obviamente, porque la Fiscalía ecuatoriana lo incluyó en las investigaciones por comisiones cobradas para la concesión de un préstamo chino de la constructora de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair e Ina Papers.

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Según indicó Henry Erraez, presidente de la Fundación De Estudiantes Universitarios y Profesionales Por La Inclusión (ANEUPI), a Radio La Calle, las organizaciones y grupos de personas con discapacidad han propuesto una huelga de hambre a nivel nacional. No obstante, aún no existe fecha para la misma.

El objetivo de dicha convención fue sacar resoluciones encaminadas a defender a las personas con discapacidad. Es así que estás exigen que no exista vulneración de derechos ni de los gobierno centrales, provinciales, cantonales y de la sociedad ecuatoriana.

Los acuerdos constan de once puntos. Entre ellos se señala el libre ingreso a la universidad para personas con discapacidad, el acceso a créditos, la destitución de la actual encargada del CONADIS, entre otros.

Huelga de hambre en agosto

En agosto, un grupo de once personas con discapacidad mantenía una huelga de hambre a las afueras de la Corte Constitucional. De la huelga se logró que se realice la I Convención Nacional e Internacional de personas con discapacidad, en Quevedo.

Así también el pasado 7 de octubre se movilizaron por las calles de Quito para exigir que se cumpla con los acuerdos de la convención.

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«Denunciamos que varias pacientes con discapacidad intelectual no recibieron la segunda dosis de la vacuna. Mi hija tenía que colocarse la segunda dosis el 11 de mayo, primero guardaron silencio y después confundieron las fechas y la vacuna», explicó a Radio La Calle.

No sé sabe a cuántas personas con discapacidad se han inoculado en el gobierno.»Los datos los tiene el Ministerio. Solo sabemos una cosa.El Ecuador ha inaugurado el término muertes inusuales justo después de cada error cometido. No tenemos la cifra exacta de fallecidos».

Por otra parte, las cifras de la Liga de lucha contra el cáncer que dirige Ponce muestran una dura realidad. «Nuestras cifras indican 3.500 familias, con 62 vacunados, es decir menos del 1%. En las provincias, la situación es peor».

Varios amigos le han recomendado al defensor de DD.HH. pararse frente al centro de vacunación hasta que el gobierno escuché su pedido. «Seguiremos en la lucha», agregó.

Los cuidadores

«En Ecuador no se ha entendido que los cuidadores son un grupo prioritario en la pandemia. El ministro me dijo que lo sentía mucho, pero los cuidadores no son prioridad. Gracias a las explicaciones, lograron vacunar a los cuidadores, pero después de vacunar algunos, volvieron a decir que no son prioritarios», relató Ponce.

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Quito 6 de dic (La Calle).- Lolita Monge votará el próximo 7 de febrero a pesar de sus complicaciones de salud. Ese día se trasladará junto a su mamá hasta Chambo, provincia de Chimborazo, para ejercer su derecho.

No tiene un vehículo para acercarse a su lugar de votación, ni sabe cómo acceder a los beneficios que otorga el CONADIS.

«Deberé invertir 10 dólares para ir al lugar de votación porque no conozco cómo acceder al servicio de taxi gratuito para ir a los centros de votación. Quiero la papeleta de votación, así que iré sin importar el peligro por mi enfermedad autoinmune. Tengo más posibilidades de contraer la Covid-19. Asistiré con mi traje especial, tanto la mascarilla y el visor», dijo para Radio La Calle.

El padrón electoral incluye a 360.000 personas con discapacidad, por lo que, la cantidad de autos disponibles es reducida. El Consejo Nacional Electoral, (CNE) y el Consejo Nacional de Discapacidades, (Conadis) tienen el desafío de garantizar el sufragio de las personas con discapacidad.

Con respecto al traslado de los ciudadanos con discapacidad, la representante de la Agrupación de Familias con Enfermedades Crónicas, Ana Lucía Egas, expresó su preocupación por la escasez económica de las personas en condición de vulnerabilidad y lo difícil de brindarles facilidades.

«En la mayoría de los casos, las personas con discapacidades no tienen las condiciones económicas para acudir a los recintos. Otras personas con enfermedades catastróficas también se expondrían a contraer el virus por sus escasas defensas», dijo.

Alternativas para personas con discapacidad

El Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrolló mecanismos de inclusión para que las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas sufraguen en las próximas elecciones.

Hasta el 15 de enero de 2021, los ciudadanos que requieran movilización hacia el recinto electoral y de regreso pueden registrarse en la campaña «Tienen Derecho a Votar».

El voto en casa

El voto en casa está dirigido a personas con discapacidad física superior al 75%, mayores a 65 años y con enfermedades catastróficas.

El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) realizó un convenio con FEDOTAXIS para trasladar a estas personas. Un total de 344 unidades recorrerán alrededor de 173 rutas.

Las personas que deseen inscribirse deben acceder al siguiente enlace: http://190.152.157.107/votar/

Mesas de atención preferente

Para el 7 de febrero se ubicarán un total de 4.385 de mesas de atención preferente en 4.276 recintos del país. Las mismas incluyen 8.770 plantillas Braille, para personas con discapacidad visual.

Los ciudadanos podrán asistir con su cédula de ciudadanía y el carné de discapacidad. Las mesas se colocarán en la planta baja de los recintos electorales.

Voto asistido

Otra opción es el derecho al voto asistido que contempla el CONADIS. Con esta preferencia toda persona con discapacidad puede recibir la ayuda de una persona de confianza al momento de sufragar.

«En caso de que las personas con discapacidad no puedan desplazarse hasta la Junta Receptora del Voto con resguardo de un delegado de Fuerzas Armadas se podrán trasladar las papeletas hacia la mesa de atención preferente o el vehículo», reza el comunicado.

¿Extender la jornada de elecciones?

El pasado martes 5 de enero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió por unanimidad consultar a la Procuraduría General del Estado (PGE) la posibilidad de alargar la jornada de elecciones. El analista político Mauricio Chamorro, afirmó que es preferible ampliar el horario de la jornada electoral.

«El problema (con la ampliación de días) es que podría dar lugar a un posible fraude. Considero que ampliar la jornada es la primera y mejor opción. También replantear el tema del voto obligatorio y analizar a quien limitará su impacto en las elecciones», dijo en diálogo con Radio La Calle.

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“La discapacidad no debe ser un factor para exclusión si no de inclusión. En el caso de mi hermana tiene una incapacidad cerebral severa con la que quizás no pueda acceder a un trabajo, pero bien podría acceder a los beneficios del carné. La persona que se haga cargo de la Asamblea debe tener mano firme para los grupos vulnerables”, dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

Casares mencionó que no es ético que los funcionarios utilicen este carné para beneficiarse o incluso para ocupar un cargo público. “Es lamentable que el presidente suspenda los beneficios del carné y que, por unos, paguemos todos. Las personas que realmente lo necesita no puede acceder a ellos”, añadió.

El panorama de las elecciones

La presidenta del Movimiento Todos criticó el número de candidatos en la papeleta. En este sentido, Casares hizo un llamado a la ciudadanía a analizar las propuestas políticas de los 19 postulantes a ocupar el sillón de Carondelet. “Lamentablemente, a las personas no les interesa la política e incluso prefieren que el voto sea voluntario. Es absurdo tener 19 precandidatos en un país de nuestra extensión territorial”, mencionó.

Sobre los casos de corrupción, dijo que es responsabilidad del ciudadano votar por un candidato integro que incluya las expectativas del ciudadano y cambie la situación crítica del Ecuador. “Lamentablemente, quienes llegan a cargos para sacar provecho tienen amistades en el poder o apoyaron al candidato en un principio. Si bien el fondo partidista debería examinarse, permite tener publicidad de igual a igual con los partidos pequeños”, concluyó.

Las cifras de discapacidad en Ecuador

En el Ecuador existen un total de 481.392 personas con discapacidad, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis). De este número, el 46,34% tienen discapacidad física, el 22,60% tienen discapacidad intelectual, un 14,05% tienen discapacidad auditiva, un 11,60% tienen discapacidad visual y el 5,41% tienen discapacidad psicosocial.(GG)

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