La marcha inició en la Av. 10 de Agosto y Gran Colombia, frente al Banco Central, centro de Quito y posteriormente se trasladaron a la Fiscalía.

“Queremos justicia, exigimos la verdad. Por Michelle Montenegro venimos a luchar”, era la consigna que se escuchaba de Fernando Montenegro, padre de la desaparecida.

Michelle Montegro, trabajaba como docente y tenía 26 años cuando desapareció el 5 de junio del 2018. Lo último que se supo de ella es que salió de su vivienda ubicada en La Armenia 2, camino al valle de Los Chillos.

Desde ese día sus familiares y conocidos han realizado constantes búsquedas para dar con su paradero sin encontrar respuestas favorables. También acudieron a instituciones gubernamentales, pero poco o nada han ayudado en la búsqueda de Michelle.

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En 2007, las autoridades ecuatorianas conformaron la Comisión de la Verdad. El objetivo, resolver las violaciones de derechos humanos sucedidos entre 1984 y 2008. El informe de 2010 registró 17 desaparecidos forzados y produjo la Ley de Reparación a las Víctimas. Sin embargo, desde 2012, el gobierno ha sido fuertemente criticado por incumplimientos y por no manejar un registro único oficial sobre el número de desaparecidos en el país. Así mismo, organizaciones de la sociedad civil han cuestionado estas cifras.

Según la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) en 2018 la cifra de casos sin resolver era de 4.000. La mayoría ocurridas en Pichincha y Guayaquil, siendo los jóvenes entre 12 y 17 las principales víctimas.

Son 2.287 desaparecidos desde enero a mayo de 2020; el 58% de casos son mujeres, según datos del Ministerio de Gobierno. De este número, 100 personas continúan desaparecidas. Ellos se suman a las 1392 desapariciones reportadas hasta 2018.

Las familias de una víctima por desaparición forzada viven el dolor e incertidumbre de la ausencia de un ser querido. Sentimientos que recorren el camino de la esperanza, no sin tropezar en la impotencia de la negligencia de las autoridades. Cada caso sin resolver no es solo una desaparición, sino también la desaparición de la justicia, de la verdad, del sentido comunitario…y el sentido común.

Alexandra no desiste en su búsqueda

Alexandra Córdova, madre de David Romo recuerda que son siete años de la desaparición de su hijo y que hasta el momento nadie da respuestas sobre dónde estuvo su hijo a las 22:22 del jueves 16 de mayo del 2013.

Si esa parte no la tienen investigada y no la conocen cómo pueden iniciar una investigación, reclamó a las autoridades

Hoy, Alexandra recibe amenazas de la Fiscalía por exigir justicia y que se busque a su hijo.

“Te seguimos buscando Luis”

El 25 y 26 de noviembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instalará la audiencia en la que será juzgado el Estado ecuatoriano por la desaparición de Luis Eduardo Guachalá, sucedida el 10 de enero de 2004, en las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Julio Endara, en Quito, informó Inredh.

“Luis E. Guachalá desapareció mientras se encontraba en un hospital psiquiátrico de Quito, en manos de funcionarios públicos que estaban encargados de cuidar su vida y su seguridad” declaró para Radio La Calle, Efrén Guerrero, abogado asociado del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Zoila Chimbo, madre de Luis Eduardo, no ha parado de buscar a su hijo. En 2016, tras 12 años sin respuestas efectivas de las autoridades, llevó el caso a instancias internacionales. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que estableció la responsabilidad del Estado y su reparación integral a la familia. De igual forma, en 2019, la CIDH concluyó que el Estado fue el responsable por esta violación de derechos hacia Luis Eduardo. Sin embargo, el Estado no ha logrado esclarecer los hechos, determinar responsabilidades ni identificar el paradero de la víctima en más de una década y media.

El 25 y 26 de moviembre, la CIDH llevará a cabo la audiencia en la que será juzgado el Estado ecuatoriano. Además de las demandas iniciales, su familia y defensa esperan que el Ecuador modifique su política de salud y asuma sus obligaciones internacionales en el tratamiento de los casos de personas desaparecidas.

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“La revista contiene historias que hemos escrito para denunciar la falta de acceso a nuestros derechos como familiares de personas desaparecidas. Además, por los derechos de las víctimas de la desaparición”, explica Néstor Salazar, compilador de la publicación.

Su presentación se realiza con el apoyo de Fondo Ágil y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) a través del evento “Desapariciones en Ecuador: una herida abierta” que será transmitido por redes sociales.

El evento contará con varias actividades:

• 10:00 a 10:45: presentación de la revista «Memoria Colectiva»
• 10:45 a 11:00: instalación artística “Arte clamando en la calle por los desaparecidos” (grupo Huber Mon’s) en la Plaza Grande.
• 11:00 a 12:00: conversatorio “Rastros y memoria: las secuelas y desapariciones”

¿Qué es la desaparición forzada?

La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, define la desaparición forzada como: “El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado”.

Casos sin resolver

Hasta 2019, se registra un total de 1.392 casos de personas desaparecidas sin resolver en Ecuador. Según datos de la Dirección Nacional De Delitos Contra La Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión Y Secuestros (Dinased).

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