El jefe de Estado ha tenido más de dos años para hacer este tipo de cambios. Sin embargo, a menos de cuatro meses de acabar su mandato, se percata de la situación de estas mujeres y del resto de personas privadas de libertad (ppl). Eso sin contar el número de muertes violentas dentro de los centros de rehabilitación social.

No obstante, el mandatario afirmó que los presos han perdido la libertad, «pero no la dignidad», cuando en su mandato las muertes dentro de los reclusorios pasaron los 400 fallecidos.

De la misma manera, el jefe de Estado aseguró que los reclusos son una de sus prioridades. Sin embargo, la mayoría de detenidos aseguró que la calidad de agua que consumen es regular. 13.690 personas aseguraron que es regular, mientras que 9.481 sostuvieron que la calidad del agua es mala.

Más promesas de Lasso

El 12 de mayo, el Servicio Nacional de Atención a privados de libertad (SNAI) contempló la construcción de cinco cárceles más en Ecuador hasta 2025. Sin embargo, el Gobierno de Lasso tiene sólo hasta Octubre para «mejorar» el sistema en los centros de privación de libertad.

Además, Lasso sólo ha invertido el 31 % de todo el presupuesto destinado para seguridad en 2022. Según el plan anual de inversiones 2022 (PAI), el régimen invirtió en el Ministerio del Interior el 0 % de todo el presupuesto, en Defensa Nacional el 33 % y para servicios de cárceles a penas el 21 %.

El presupuesto destinado para esta institución y el Sectorial de Asuntos Internos fue de USD 105,7 millones, pero solo utilizaron USD 47 millones. De toda esa cifra el SNAI recibió solo USD 7,6 millones de los más de USD 31 millones que estarían destinados. Es decir, se utilizó menos del 25 %.

El Gobierno Nacional había prometido, para 2022, mayor generación de empleos, estabilidad fiscal, manejo honesto y eficiente de los recursos. Sin embargo, la seguridad y el orden en Ecuador fue uno de los últimos puntos que consideró el jefe de Estado.

Mujeres detenidas

Las mujeres representan el 6 % de todos los privados de libertad; sin embargo, atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En las penitenciarias hay 19 mujeres embarazadas, 25 con enfermedades catastróficas y 212 padecen algún tipo de discapacidad.

De la misma manera, hay casi mil reclusas que están en la cárcel por tráfico ilícito de sustancias. No obstante, el robo y el homicidio son los delitos más cometidos, después de ese.

Las personas que obtuvieron el indulto presidencial tuvieron que cumplir cuatro requisitos:

1. Tener sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de robo, sin causar la muerte o lesiones en la víctima.
2. Haber tenido buen comportamiento dentro de la cárcel, es decir, no tener sanciones de disciplina.
3. No tener otras sentencias condenatorias u otras medidas cautelares.
4. No tener otro proceso penal pendiente en su contra.

Además, fueron absueltas las reclusas que padecían alguna enfermedad terminal o catastrófica.

«El primer censo penitenciario»

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), junto al Servicio Nacional de Atención a privados de libertad (SNAI), realizaron el primer censo penitenciario para conocer las situaciones sociodemográficas de los reclusos.

Según, Roberto Castillo, director del INEC, realizar este censo tomó 40 minutos por detenido, ya que se los entrevistó uno por uno. No obstante, no todos accedieron a ser censados.

En el Ecuador hay 31.321 detenidos, de los cuales 29.356 son hombres y 1.965 son mujeres. De la misma manera, en las cárceles hay un 10% de presos que son extranjeros.

El censo penitenciario demostró que hay una sobrepoblación en las cárceles del país, pues la capacidad es de 30.134, lo cual identificaba un excedente de 1.187 ppl. Es importante señalar que el registro de datos a la fecha varia, ya que la población de los centros penitenciarios es fluctuante.(DCJ)

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La CIDH condenó los hechos violentos que se registraron en el país los últimos días y pidió al Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos con respeto y según los estándares interamericanos de derechos humanos.

La organización rechazó los acontecimientos y disturbios del 01 de noviembre en Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo. Además, solicitó al Gobierno continuar con las investigaciones correspondientes y la debida diligencia.

También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció los peligros que representa para la democracia el crimen organizado. Por lo que enfatizó que el Estado debe actuar “dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos”.

Reiteró que la participación de las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad de los ecuatorianos debe ser extraordinaria. Es decir, deben «justificar excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario según requiera cada caso; subordinada y complementaria a las fuerzas policiales civiles, regulada y fiscalizada”.

Finalmente, mencionó que el deber del Estado es adoptar medidas adecuadas que garanticen los derechos a la vida e integridad de la ciudadanía y los PPL. “La CIDH reafirma su compromiso de continuar apoyando los esfuerzos del Estado ecuatoriano relativa a la situación de las personas privadas de libertad en el país mediante el acuerdo de cooperación técnica recientemente suscrito”, reza el comunicado.

Días de terror...

Durante los primeros días de noviembre, en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, se registraron disturbios con explosivos, coches bomba, ataques a UPC y contra policías. Además de los enfrentamientos entre reclusos en la Penitenciaria del Litoral, Cotopaxi y El Inca. Como resultado de estos acontecimientos, se reportaron más de 30 atentados, cinco policías asesinados, varios heridos y balaceras con PPL muertos. (N.J.C)

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Según El Universo, el jefe del distrito de Policía de Portoviejo, Wilman Aceldo confirmó la fuga de los reos. Los agentes notaron la ausencia de los PPL cuando se disponían hacer el conteo. Uno de los prófugos responde al nombre de Julio Wilfrido T., sentenciado a 30 meses de prisión por robo. El otro es Diego Armando G., condenado a 29 años de prisión por tráfico de drogas.

Pese a las alertas de los carcelarios, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no han dado con el paradero de los reclusos. Hasta el cierre de esta nota el SNAI no se ha pronunciado al respecto.

Actualización a las 12:48

El SNAI informó que el centro penitenciario interpuso la denuncia respectiva a las autoridades competentes. Añadió que los PPL fugados no forman parte del grupo que fue trasladado de la Penitenciaría del Litoral. (N.J.C)

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Según Zapata, trasladaron a 1.418 presos de la penitenciaria a las prisiones de Manabí y La Regional, y 1.012 fueron removidos a otros pabellones.  “Vamos a continuar de manera firme y contundente con estas acciones. La respuesta que quieran los PPL, tendrán. La fuerza del Estado no puede verse normada, tiene que sentirse”, mencionó.

Enfatizó que la intervención dentro de la “Peni” continuará pese a las respuestas violentas de los PPL. Comentó que estas acciones se extenderán a otras prisiones del país. “Recién estamos actuando en cuatro pabellones, ahí tenemos 12 y seguiremos avanzado. El SNAI tendrá todo el apoyo que necesite”, dijo.

Zapata explicó que el traslado de los reclusos responde a la ola de violencia desatada el 1 de noviembre de 2022 en Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Santo Domingo. Detalló que suman 49 los atentados registrados en estas localidades con explosivos, atentados contra UPC, quema de vehículos y asesinatos a Policías.

Más atentados en Guayaquil

Un grupo de antisociales disparó contra la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Bellavista, al sur de Guayaquil. Dos infantes de Marina y un ciudadano extranjero resultaron heridos. Además, impactaron con balas a un vehículo de patrullaje y otro particular que pertenece a un policía de bala. El hecho ocurrió a las 03:00 de la madrugada en pleno toque de queda en la ciudad porteña. No se registraron víctimas mortales. (N.J.C)

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El documentos está firmado por madres, hermanas, esposas e hijas de los presos. Expresan que la política de rehabilitación social del Gobierno (asistencias técnicas realizadas y todas las acciones para proteger a los reos) son insuficientes si el Estado no tiene el control de las cárceles. «Esto genera que no tengan la capacidad la vida de ellos», publicó la agrupación.

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

La Penitenciaría del Litoral se ha vuelto, nuevamente, el escenario de motines, balaceras y asesinatos entre las bandas criminales. Frente a estos enfrentamientos la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) han intervenido el centro para controlar la situación. La escalada de violencia ha dejado como resultado internos y agentes del orden muertos.

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Las cámaras de seguridad del CPL captaron cuando un policía ingresó con una mochila al baño de la sala de espera. Al salir, la actitud sospechosa del sujeto alertó a su compañero de trabajo y al revisar el baño encontró la mochila dentro de un tacho de basura.

Al abrir a mochila encontraron municiones para calibre 7.56 y 5.56. Después de hacer la entrega el policía se dirigió a la cárcel regional donde están los líderes de las bandas delictivas. EL SNAI informó que el sujeto será investigado, pero, hasta el momento no se ha liberado una orden de captura o alerta.

Aportes a la delincuencia

No es la primera vez que agentes penitenciarios intentan pasar armas, municiones o sustancias sujetas a investigación a centros carcelarios. El 20 de septiembre sorprendieron a un policía con cerca de 500 municiones en su chaleco antibalas. La entrega se la realizaría en la cárcel regional de Cotopaxi.

El 2021 se denunciaron casos similares a estos, pues el 12 de agosto un agente penitenciario intentó pasar 70 municiones escondidas en su bota. El 07 de septiembre, encontraron a un militar con armas, drogas y municiones. Además de las armas y las sustancias, también se trafica celulares. El 17 de diciembre se decomisaron alrededor de 12 teléfonos.

Crisis carcelaria

Entre el 2021 y lo que va de 2022, Ecuador evidenció seis matanzas en diferentes centros penitenciarios del país. En febrero se desató simultáneamente la crisis en los centros de Latacunga, Guayaquil y Cuenca. Para julio, septiembre y noviembre, el epicentro de esta crisis fue Guayaquil.

El 04 de octubre de 2022 se registró otro incidente en la cárcel de Latacunga donde resultaron 16 muertos y 43 heridos. Un día después, el 05 de octubre otra matanza se perpetuó en la cárcel de Guayaquil con un saldo de 13 muertos y 23 heridos aproximadamente.

Las crisis carcelarias, sociales y económicas que atraviesa el país son la prueba fehaciente de la falta de preocupación por parte del Gobierno para controlar la situación. La inseguridad, narcotráfico y asesinatos son temas que desbordan el país del encuentro que prometieron. ¿Acaso el accionar de las bandas delictivas sobrepasa el poder policial? (N.J.C)

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Recalcó que estos indultos benefician a los privados de libertad que han cometido delitos menores y que ya han cumplido el 40% de la pena privativa de libertad, impuesta bajo el Código Penal y del 60% cuando se trata de personas sentenciadas bajo el Código Orgánico Integral Penal.

“Esta decisión aparte de ser política, también es una decisión muy importante en la parte humana”, afirmó durante una entrevista con Radio La Calle

Además, reiteró que primero que se va a indultar a los privados de libertad por delitos menores, luego van las repatriaciones, las deportaciones y previo a esto se ha otorgado ciertos indultos a privados de libertad con enfermedades catastróficas.

Villareal sostuvo que para determinar la cantidad de privados de libertad que se beneficiarían con estos indultos debe existir un censo penitenciario para ver el porcentaje de privados de libertad y el delito que cometieron.

“Deben existir alianzas con el sector publico y privado para que los privados de libertad puedan tener segundas oportunidades de reinserción en la sociedad”, sostuvo Villareal.

Por último, recalcó que debe implementarse desde ya esta política pública y se debe realizar un seguimiento, en un plazo determinado, para ver los resultados de esta política.

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Entre el 15 y 22 de diciembre de 2021, el SNAI emitió las resoluciones de las personas privadas de libertad (PPL) en las cárceles de las provincias de Azuay, Cotopaxi, Guayas y Manabí.

Según el comunicado, los objetivos son garantizar el respeto a los derechos humanos y la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

El boletín también expresa que se brindará seguimiento a los trámites y se generarán procesos ágiles, rápidos y oportunos para reducir de forma progresiva los plazos de entrega de boletas y accesos a beneficios penitenciarios.

Asimismo, menciona que este cometido se realiza «en cumplimiento con lo determinado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social que estandariza los procesos para el trámite de accesos a beneficios penitenciarios o cambios de régimen, como una de las principales opciones para reducir el hacinamiento, fortalecer la seguridad, bienestar y protección de las personas privadas de libertad».

Ordenamiento

Las personas privadas de libertad son consideradas un grupo de atención prioritaria y deben recibir atención integral especializada. Toda PPL puede acceder a los beneficios penitenciarios o cambios de régimen al encontrarse en un centro de rehabilitación social, contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada, y cumplir con los requisitos establecidos en la normativa legal vigente.

Los requisitos varían según los regímenes: abierto, semiabierto, prelibertad, rebajas de pena por el sistema de méritos, rebajas de pena por la modalidad de Quinquenio y libertad controlada.

También existen requisitos especiales en caso de prelibertad y en caso de libertad controlada.

Por otro lado, SNAI explica que la PPL debe contar con el porcentaje de cumplimiento de la pena requerido por la ley para solicitar el cambio de régimen o beneficio penitenciario.

El trámite no tiene costo, y se inicia de oficio o la PPL puede realizar su solicitud escrita. El centro de privación de libertad será el encargado de recopilar la documentación necesaria y elaborar los certificados requeridos.

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