Este martes se reinstaló la audiencia solicitada por el exlegislador para la revisión de las medidas que la justicia mantiene. El tribunal avocó los argumentos expuestos por Fiscalía y resolvió que seguirá en prisión preventiva.

Cronología

El exasambleísta fue capturado en flagrancia por la Policía en un hostal de Quito, donde habría citado a una joven de 19 años a quien le habría ofrecido trabajo. Sin embargo, la oferta terminó en una supuesta violación sexual.

Miembros de la Policía acudieron al lugar, por disposición del sistema ECU 911, ante una llamada de auxilio a la víctima.

El 12 de junio, la CNJ lo llamó a juicio y ordenó el uso de un grillete electrónico que luego el acusado se lo retiró para intentar fugarse, según las autoridades.

El dispositivo fue encontrado por las autoridades en un basurero de Quitumbe, motivo por el cual Calo fue detenido el 15 de mayo. Desde entonces se encuentra cumpliendo esta medida sustitutiva en la cárcel 4, en el norte de Quito.

(M.W.S)

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El 15 de mayo, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva contra el asambleísta Peter C., por el presunto delito de violación. La Corte aceptó el recurso de apelación y dictó orden de prisión preventiva contra el legislador.

Su detención

El 26 de abril, Peter C., fue detenido en flagrancia por la presunta violación de una joven de 19 años, así lo informó el organismo de control judicial.

“Una vez que la Policía aprehendió –en flagrancia- al asambleísta Peter C., por presunta violación a una joven de 19 años, Fiscalía practica diligencias y desplega los protocolos pertinentes ”, dijo la institución en un tuit.

Una jueza de Quito decidió que el legislador debe presentarse dos veces por semana ante las autoridades, deberá usar grillete electrónico y tiene prohibido salir del país. Además, tiene una retención de fondos de USD 400 mil.

Según la versión de la afectada, el funcionario la habría llamado por una propuesta de trabajo. La cita ocurrió en un hotel cercano a la Asamblea. (DCJ)

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Según un asesor de la bancada de Pachakutik, la ahora legisladora está a favor del enjuiciamiento político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Captura de Peter C.

La noche del 15 de mayo de 2023, la Policía Nacional capturó al asambleísta Peter C., acusado del presunto delito de violación, en la parroquia de Lloa, en Quito. El sujeto se quitó el grillete electrónico que le habían colocado como medida sustitutiva.

El ministro del Interior, Juan Zapata confirmó la detención del legislador. El implicado fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para determinar su situación judicial.

Motivo de la detención

El legislador fue detenido en flagrancia por la presunta violación de una joven de 19 años, así lo informó la Fiscalía General del Estado el 26 de abril.

Luego de la audiencia de formulación de cargo, una jueza de Quito ordenó que Peter C., debía presentarse dos veces por semana ante las autoridades, usar grillete electrónico y tenía prohibido salir del país. Además, tiene una retención de fondos de USD 400 mil. 

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El ministro del Interior, Juan Zapata confirmó la detención del legislador. Ahora, el implicado será puesto a órdenes de las autoridades competentes para determinar su situación judicial.

La mañana del 15 de mayo, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dictó prisión preventiva contra Peter C. En la audiencia, la Corte aceptó el recurso de apelación y analizó los argumentos expuestos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

¿Dónde estaba el grillete?

El Centro de Monitoreo de Dispositivos de Vigilancia Electrónica emitió la alerta de retiro del dispositivo de vigilancia electrónica (DVE) del acusado. De inmediato se activaron los protocolos de vigilancia y se generó una ficha policial para la búsqueda del implicado.

La Policía encontró el artefacto en la avenida Morán Valverde-Simón Bolívar, en el sector sur de Quito y notificó a Fiscalía para las acciones legales correspondientes.

La tragedia de Peter C.

El 26 de abril, Peter C., fue detenido en flagrancia por la presunta violación de una joven de 19 años, así lo informó el organismo de control judicial.

“Una vez que la Policía aprehendió –en flagrancia- al asambleísta Peter C., por presunta violación a una joven de 19 años, Fiscalía practica diligencias y desplegó los protocolos pertinentes ”, dijo la institución en un tuit.

Una jueza de Quito decidió que el sujeto debía presentarse dos veces por semana ante las autoridades, usar grillete electrónico y tiene prohibido salir del país. Además, tiene una retención de fondos de USD 400 mil. (N.J.C)

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El hecho se da tras la decisión del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que dictó prisión preventiva contra Peter C. En la audiencia, la Corte aceptó el recurso de apelación y analizó los argumentos expuestos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El dictamen se dio después de que el 28 de abril una jueza resolvió que el legislador debía presentarse dos veces por semana ante las autoridades, usar grillete electrónico y prohibición de salir del país. Además, tiene una retención de fondos de USD 400 mil.

¿Dónde encontraron el artefacto?

La Policía Nacional encontró el artefacto en la avenida Morán Valverde-Simón Bolívar, en el sector sur de Quito. Asimismo, se notificó a Fiscalía para las acciones legales correspondientes.

El Centro de Monitoreo de Dispositivos de Vigilancia Electrónica emitió la alerta de retiro del dispositivo de vigilancia electrónica (DVE) del legislador. De manera inmediata, se activaron los protocolos de vigilancia y se generó una ficha policial para la búsqueda del implicado.

La detención

El 26 de abril, Peter C., fue detenido en flagrancia por la presunta violación de una joven de 19 años, así lo informó el organismo de control judicial.

“Una vez que la Policía aprehendió –en flagrancia- al asambleísta Peter C., por presunta violación a una joven de 19 años, Fiscalía practica diligencias y desplega los protocolos pertinentes ”, dijo la institución en un tuit. (DCJ)

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La magistrada decidió que el legislador debe presentarse dos veces por semana ante las autoridades, deberá usar grillete electrónico y tiene prohibido salir del país. Además, tiene una retención de fondos de USD 400 mil.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que apelará esta decisión, pues fue una de los pedidos en la audiencia de formulación de cargos.

Su detención

El 26 de abril, Peter C., fue detenido en flagrancia por la presunta violación de una joven de 19 años, así lo informó la FGE.

“Una vez que la Policía aprehendió –en flagrancia- al asambleísta Peter C., por presunta violación a una joven de 19 años, Fiscalía practica diligencias y desplega los protocolos pertinentes, para decidir su situación jurídica en las próximas horas”, escribió la institución en un tuit.

Según la versión de la afectada, el funcionario la habría llamado por una propuesta de trabajo. (N.J.C)

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El legislador fue detenido, en el acto, en un hotel cercano a la Asamblea Nacional. Los uniformados lo trasladaron a la Unidad de Flagrancia de la Mariscal. El acusado se encuentra en la Zona de Aseguramiento de Fiscalía.

Según la versión de la afectada, el funcionario la habría llamado por una propuesta de trabajo.

A la presunta implicada se le realizarán exámenes ginecológicos y psicológicos para determinar la culpabilidad del asambleísta, recogió Expreso.

¿Qué dijo Pachakutik?

El movimiento Pachakutik a través de un comunicado informó que el legislador se separó de la organización por decisión propia, por lo que no es parte del mismo. Aun así, solicitaron al Tribunal de Ética y Disciplina de Cotopaxi que inicie un proceso de investigación.

«Hacemos un llamado a la Fiscalía para que hagan una indagación rigurosa y, que respetando el proceso, aplique todo el rigor de la ley«, manifestó.

Denuncia por estafa

No es la primera vez que el asambleísta enfrenta problemas con la justicia. El 3 de febrero de 2023, la Fiscalía de Salcedo presentó cargos contra Calo y su esposa, Nelly Diocelina Calo Sangucho, por una presunta estafa inmobiliaria.

El juez que conoce la causa, Carlos Sánchez, autorizó el inicio del proceso penal, luego de que en abril de 2022, un comerciante de 24 años, llamado Milton Yugsi, presentara una denuncia en su contra. (D.C.)

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El 23 de febrero  el Pleno de la Asamblea Nacional inició el juicio político y censura contra Carrillo. En la sesión unificaron tres de los cuatro pedidos de enjuiciamiento político que el exfuncionario tenía en su contra.

La primera solicitud fue interpuesta por los legisladores Peter Calo y Jhajaira Urresta  quienes pidieron la fiscalización del exfuncionario por su gestión en el Paro Nacional de junio del 2022 y la inseguridad ciudadana.

Por su parte, las parlamentarias Johanna Moreira y Lucía Placencia hicieron su pedido por incumplimiento de funciones por el abandono de temas de seguridad, en el contexto de homicidios y violencias del 2022. Por último, la asambleísta Gissella Garzón solicitó el juicio político por el Caso del femicidio de María Belén Bernal y su incumplimiento de funciones.

La defensa de Carrillo

En su defensa, el exfuncionario manifestó que hay que diferenciar la función que tenía como Ministro de Interior y la labor de la Policía Nacional. Enfatizó en que las crisis no responden a su gestión . Señaló que los líderes populistas hacen de cada suceso un hecho político buscando un responsable, creando relatos burdos.

“La criminalidad es un fenómeno de Estado no de policías”, resaltó en su intervención.

Para Carrillo es insensato condenarlo a un juicio político por no coincidir con los supuestos héroes de junio del 2022. También aclaró que cumplió con su funciones respecto al Caso Bernal y que finalmente esto dio resultados.

La defensa del oficialismo

El legislador Jorge Pinto resaltó las acciones de violentas que los “actos terroristas” dejaron a la país con pérdidas de más USD 115 millones. “No podemos afirmar que la policía hizo mal su trabajo, ellos eran los únicos con la potestad de aplicar el uso legítimo de la fuerza”.

Para Pinto, el ministro solo hizo su trabajo y recalcó las afectaciones a los policías heridos y mutilados y de  los civiles a quienes les quitaron la mercancía de su negocio. (A.G.M).

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El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, manifestó que esta ley se acopla a la realidad que hoy en día viven las comunidades. Algunos vehículos llegan a lugares donde no hay movilidad y la ley no les ampara. También aclaró que el transporte comunitario no hacer referencia a los carros viejos, sin licencia y sin llantas. “Así nos han hecho ver para garantizar una ley que afecta a los usuarios”, resaltó.

Si la propuesta del legislador Peter Calo se aprueba en la Asamblea, el sector productivo y agrícola tendría mayores facilidades. La asambleísta Pazmiño recalcó que en las comunidades nace la reactivación económica. “Estamos más que seguros que el Gobierno va a vetar esta ley, como todo lo que ha vetado en favor de las comunidades”, agregó.

El proyecto fue entregado en gestión documental del Legislativo para su posterior análisis en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Luego la comisión, a la que sea asignada la propuesta, realizará un informe con las respectivas observaciones a ser debatidas en el Pleno de la Asamblea. Para su aprobación se necesitan 70 votos. (A.G.M).

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«La causal principal es la violación de los derechos humanos en las manifestaciones, además de la inseguridad que vive el país, el incumplimiento de la fuerza pública para resguardar la integridad ciudadana», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, recalcó que existen suficientes pruebas para haber iniciado la acción de juicio político en contra de Carrillo.

“El bloque de Pachakutik se basó en el artículo 3 del derecho Ejecutivo, en el numeral 381 donde manifiesta que el Estado debe precautelar los derechos consagrados en la Constitución”, afirmó Calo.

El asambleísta reiteró que el Estado jamás brindó protección a los manifestantes en las protestas del pasado 13 de junio.

“ A nuestros compañeros por reclamar derechos los asesinaron, reprimieron y violentaron”, sostuvo Calo.

Por otro lado, comentó que esperan que con el cambio de la directiva del CAL puedan tomar el rumbo correcto para trabajar en bienestar del Ecuador.

“La Asamblea no debe dejar que el Ejecutivo ni la justicia metan la mano, sino buscar autonomía», aseguró el asambleísta.

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«Un juez constitucional no puede establecer el apropiado o inapropiado funcionamiento de otro poder del Estado al cual no representa», señaló en el documento.

«Tengo el honor de ser asambleísta electo por el Movimiento Pachakutik, brazo político de la CONAJE, mi línea de acción ha sido defender el proyecto de lucha histórica del movimiento indígena, enfrentar las pretensiones neoliberales y nunca pactar traicionando la lucha y sangre de mis hermanos, que, desde las calles, desde la dirigencia y hoy desde mi curul de la Asamblea Nacional defiendo», enfatizó.

Asimismo, dijo que los dirigentes que solicitaron las medidas cautelares pretenden seguir engañando y defendiendo el proyecto de GuilLermo Lasso, bajo el pretexto de “gobernabilidad”. «Violan mis derechos como Asambleísta y exdirigente y militante activo en el Movimiento Pachakutik, al hacer pronunciamientos inequívocos, ilegales, inconstitucional y valiéndose nuevamente de un juez», señaló.

Explicó que el Pleno de la Asamblea lo designó miembro de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc según el art. 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), siendo miembro del Movimiento Pachakutik. «Jamás es necesario tener el visto bueno, permiso o ser delegado de un compañero jefe de bancada», insistió.

Señaló que se establece la creación de una Comisión Pluripartidista Ad Hoc, no de una Comisión multibancadista. Sostiene que con ese argumento e interpretaciones vagas y demostrando mala fe,se otorgó la medida cautelar y, de esta forma, pretenden disuadir el trabajo de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc..

«Mis principios no los traicionaré, por más que pretendan amenazar con ilegales
procesos de expulsión de mi movimiento, buscando desconocerme como asambleísta y adherente de Pachakutik. Todas las acciones desarrolladas las últimas semanas, solo han demostrado que el Gobierno de Lasso, pretende seguir bloqueando a la Asamblea Nacional evitando que se cambie las autoridades con complicidad de supuestos dirigentes, que responden a acuerdos de supuesta gobemabilidad entre estos dos poderes del Estado», sostuvo.

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«La Comisión Pluripartidista Ad Hoc va a sesionar de forma presencial, tenemos que cumplir la norma. Vamos a estar apegados a la ley y haremos un trabajo responsable», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que existen rumores de que se va a enviar a los asambleístas a sesionar de manera telemática.

“Esto es algo preparado desde la presidencia para que la Comisión no pueda sesionar, nosotros somos asambleístas y estamos en pleno derecho de ir al Pleno”, afirmó Calo.

El asambleísta recalcó que no se dejarán llevar por la manipulación y los chantajes de la presidenta Guadalupe Llori.

“No es la primera vez que hay chantajes para no sesionar, en la primera sesión de la Comisión hubo una supuesta amenaza de bomba», sostuvo Calo.

También detalló que una vez que hayan sesionado los 5 miembros de la Comisión elaborarán el informe y se presentará a la Asamblea Nacional para que los 137 asambleístas tomen su postura.

Por último, manifestó que tenían previsto entregar el informe de evaluación hasta el 25 de mayo, pero debido a los obstáculos que ha puesto Llori, el plazo se alarga hasta los primeros días de junio.

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“En los pasillos de la Asamblea se negocian cargos a cambio de votos”, dijo la legisladora del oficialismo a un medio digital.

El brazo político de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador exigió a Ana Belén Cordero, que además es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, que exhiba los nombres de los asambleístas que estarían en el mercado de votos. 

“Exigimos que el Gobierno nacional y sus funcionarios denuncien a los asambleístas que están haciendo del voto una mercancía de negocio personal. Y un llamado al pueblo ecuatoriano para que esté vigilante del actuar de los asambleístas en las votaciones del pleno y las comisiones”, señalan. 

A decir de la organización, lo dicho por Cordero no pasa de ser un chisme de pasillo “si las acusaciones se hacen sin precisar nombre”. Además sugieren que “la única certeza que deja esta declaración es que el Gobierno estaría abierto a este tipo de negociaciones que evidencian las peores prácticas de la corrupción en nuestro país”. 

El documento está firmado por los asambleístas Patricia Sánchez, Darwin Pereira, Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Fernando Cabascango, Peter Calo, Dina Farinango y Ángel Salvador Maita.

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