“Los bancos privados ya controlan el 64% de cartera y el 67% de los depósitos, si se vende el banco del Pacífico el poder de los banqueros sobre la economía ecuatoriana sería total. No se transparenta el precio, todo lo quieren hacer en medio de ilegales cláusulas de secretismo. Todo sin contar jamás con la opinión de los cuentahorristas, sin abrir el más remoto debate”, indica parte del pedido.

La solicitud tiene ya 1.419 firmas. Si quiere leer y firmar la solicitud, ingrese aquí: https://www.change.org/p/presidente-de-la-rep%C3%BAblica-impedir-la-venta-del-banco-del-pacifico-en-ecuador?recruiter=19258644&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=5ccaaa50-8826-11e7-babd-0bcd66dd3157

“Monetización”

El presidente Guillermo Lasso dijo que existen algunos activos del Estado que no representan utilidad social y pueden privatizarse como Banco del Pacífico. Según sus palabras, el mandatario planea “monetizar” a los activos del Estado.

“Ese fondo se va a nutrir de la monetización de algunos activos del Estado, de algunos activos que no representan una utilidad social fundamental y que pueden estar en manos privadas como es el caso del Banco del Pacífico, un banco comercial de propiedad del Estado”, indicó el mandatario.

Banco del Pacífico

Hasta octubre de 2021, el banco tenía 2,5 millones de clientes y USD 5,3 billones en depósitos. El único accionista es la Corporación Financiera Nacional (CFN), sin embargo, desde julio pasado cuando el español Roberto González entró a la presidencia de la institución, su objetivo ha sido la venta de la institución.

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“Petición para rechazar la contratación de María Paula Romo como profesora visitante de la Universidad de Pensilvania por ser censurada y destituida por la Asamblea Ecuatoriana como Ministra de Gobierno acusada de crímenes de lesa humanidad, intento de cohecho, entre otros cargos”, dice el texto con el que se pide una firma de respaldo a este intento.

La exministra forma parte del Programa de Estudios Latinoamericanos y Latinx de la Universidad de Pensilvania. De acuerdo con la página web de la Universidad, Romo ya consta entre sus nuevos profesores. En su biografía se lee “María Paula Romo Rodríguez es una abogada ecuatoriana con una maestría en Gobierno y Administración Pública. Fue profesora de Ciencias Sociales y Jurisprudencia en la Universidad Internacional del Ecuador y exministra de Gobierno”.

Si usted también desea sumarse a esta iniciativa ciudadana, puede hacerlo dando click en este enlace:

Denuncias y destitución

Romo fue Ministra de Gobierno desde 2018 hasta noviembre del 2019 cuando el Pleno de la Asamblea Nacional la destituyó y censuró por incumplimiento de funciones en los hechos de Octubre del 2019.

Romo además, habría autorizado la entrega de material bélico a la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez. Este material se habría usado para reprimir al pueblo boliviano que, protestaba contra el golpe de Estado a Evo Morales.

“En atención a la solicitud dirigida a esta Cartera de Estado, en relación al préstamo de material antidisturbios y su posterior devolución, informo que, en virtud del principio de reciprocidad internacional, el Ministerio a mi cargo, por medio de la Policía Nacional hará llegar su requerimiento de acuerdo a las especificaciones pertinentes”, dice el oficio del Ministerio de Gobierno, firmado por Romo el 16 de noviembre en 2019.

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Para el asambleísta y miembro de la Comisión de Justicia, Franklin Samaniego (RC) estas reformas no tienen que ver con las negociaciones del gobierno con el FMI «Desde nuestra parte, no tiene nada que ver con el compromiso que tenga el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Las reformas deben servir para una lucha real contra la corrupción. No para un maquillaje o cumplir con un compromiso que no tienen los ciudadanos y ciudadanas sino el gobierno. Es un problema del gobierno no de los ciudadanos», expresó a Radio La Calle.

Elizabeth Cabezas indicó que es importante colaborar en la lucha anticorrupción. «Entiendo que ha habido un acuerdo de que se impulsen leyes para que se eviten los actos de corrupción y en esa línea si la Asamblea puede colaborar me parece que no está mal tampoco. Aquí estamos en un país donde todos tenemos que arrimar el hombro para salir de la situación compleja en la que vivimos y se agudizó más por el tema de pandemia», acotó.

Entonces ¿ para qué se reforma el COIP?

De acuerdo con Samaniego, «la lucha contra la corrupción tiene varios ejes. Uno es el de prevención, de sanción y el de reparación». En el tema de reparación aparece, de acuerdo al legislador, la reforma al artículo 581 que indica:

Artículo 581.1. Informe de la Contraloría General del Estado. – Una vez
que la Fiscalía conozca un informe con indicios de responsabilidad
penal emitido por la Contraloría General del Estado, por presuntos
hechos constitutivos de los delitos de obstrucción de la justicia (…) dará inicio a las investigaciones.

En estos casos, el informe de pertinencia y favorabilidad elaborado por
la Contraloría General del Estado, previo a todos los procesos de
contratación pública, se volverá un elemento sustancial para el
desarrollo de la investigación.

Este inciso, para el legislador, permite realizar acciones de prevención antes de cometerse el delito. Lo que no tiene que ver con la entrega del informe en un proceso penal en desarrollo.

Según la asambleísta Cabezas. «es importante modificar ese artículo para que con ese informe de Contraloría se puedan realizar acciones de investigación y judiciales. El hecho de esperar ese informe demora el inicio de los trámites judiciales y muchas no se puede llegar a la solución del conflicto. No solamente son las leyes de castigo sino también acciones de prevención que eviten el cometimiento de actos de corrupción», indicó.

Casos de sobreprecios en la emergencia sanitaria

«Incluimos la elusión de los procedimientos en los contratos de emergencia. En esta coyuntura ha habido más de 400 investigaciones en Fiscalía», explica Samaniego. Para el legislador, es importante realizar la sanción penal en los casos de sobreprecios en compras públicas, cohecho o peculado.

Corrupción en sector público

De las siete reformas de Ley que llegaron a la Comisión se desprenden varios ejes. «Primero el incremento de las penas. Con eso se quería solucionar el problema, lo que hemos denominado populismo penal. Segundo que tienen que ver con los tipos penales; plantearemos en el pleno que no hayan cortocircuitos. Tercero, un proceso que planteó el Ejecutivo sobre investigaciones complejas. Este procedimiento pretendía alargar la etapa de instrucción de 90 días a 12 meses y todos concordamos que justicia que tarda no es justicia«, explicó Samaniego.

La lucha anticorrupción elevará las penas a los servidores públicos que cometan delitos de obstrucción de justicia, cohecho, peculado, tráfico de influencias. En este sentido, Elizabeth Cabezas reflexiona que esta ley debe ir de la mano con la educación y la capacidad de servicio de los funcionarios.

«No solo la ley va a solucionar los temas de corrupción en el país. La ley es importante, pero también que existen varios cuerpos legales desde hace muchos años que sirven para evitar los actos de corrupción y a pesar de eso los actos continúan», expresó.

El futuro

Con los últimos casos de corrupción donde están implicados los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, la Asamblea bajó aún más sus niveles de aceptación. La legisladora espera que el trabajo de la nueva Asamblea en 2021 sea mejor.

«La Asamblea ha sido tan denostada que efectivamente pareciera que no va a haber otra peor. Espero yo que las próximas asambleas mejoren para no tener que pensar que lo pasado fue mejor que lo actual».

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