“El problema es que no conocen el país, no conocen las bases y no conocen el territorio nacional. Ese es el problema central ¿Qué estamos pidiendo, señor presidente? El aumento del precio del combustible elevó el precio de los productos de primera necesidad. Frente a este punto dijo que no pasaría nada”, dice en un vídeo.

Agregó como segundo punto que, si el precio de los productos está por el cielo, las ganancias de los campesinos están por los suelos. “Pregunten ministros cómo está el sector bananero, maicero, arrocero. Aquí en la Sierra, los productores de papas y leche. Si la leche está a USD 1, se debería, por ley, vender a USD 0,52. Estamos vendiendo a USD 0,35 o 0,36 en el mejor de los casos. Debe garantizar el precio de sustentación de los campesinos”.

Sobre el sistema financiero, el dirigente expresó que cuatro millones de familias dependen de un crédito en el país. “Es un sistema abusivo y usurero. Ya sea privado, público o cooperativas de ahorro y crédito. Queremos pagar, pero demos un oxígeno para una moratoria de un año”.

Los demás temas son la flexibilización laboral, la lucha contra la minería. Iza explicó que la agricultura ampliada ofrece más empleos que la minería extractivista. “¿Qué pasa con la minería? Afecta a los territorios donde se hace agricultura ampliada. Debe garantizar el derecho a la consulta informada”.

Solicitan también el respeto a los derechos colectivos. “Dejen de convertir nuestros derechos en un botín político. No pongan a sus amigos, ni entren a dividir nuestras estructuras políticas. […] El Gobierno no ha respetado estos derechos”. El presidente de la Conaie también se refirió a la lucha contra la privatización.

Otros temas

En el ámbito de la salud, el movimiento indígena también tiene pedidos para el Gobierno. “Baje de la presidencia y vaya a los centros médicos de las comunidades para ver si encontramos un curita o por lo menos un paracetamol. No existe. El pobre personal médico no tiene con qué trabajar”. El plan de comprar medicinas en las farmacias ha sido calificado por el dirigente como “un intento de privatizar la salud”.

En la educación, Iza dice que, en su informe a la Nación, Lasso mintió sobre que el 100% de las escuelas se hayan reaperturado. “Solo revise en la Costa. 58 unidades educativas no abrieron. No mienta”. MIB

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El pasado jueves 26 marzo de este año, la Defensoría del Pueblo exhortó a evitar los desalojos por mora en arriendos durante la emergencia sanitaria. “Defensoría del Pueblo hace un llamado a las y los arrendadores a buscar mecanismos que permitan superar esta crisis, sin desalojar a sus arrendatarios/as, ya que esto incrementaría la posibilidad de más contagios, en atención a las condiciones actuales que vive el país”, reza el comunicado.

Al igual que Pinto, arrendatarios de otros sectores de la ciudad tuvieron que llegar a una conciliación para evitar el desalojo. Jessica Vélez arrienda una casa en el conjunto habitacional Alicante, ubicado en el Sangolquí. La familia de cinco miembros paga mensualmente USD 200 por la vivienda. Este fue el trato luego de que la madre de familia le comentara a la dueña que le redujeron el salario.

Al sur de la ciudad, la presidenta del Conjunto residencial Los Girasoles, Verónica Cajamarca, manifestó que desde el inicio de la pandemia los arrendadores comenzaron a competir entre sí. Algunos de los arrendatarios tomaron la decisión de abandonar las viviendas porque no estaban en condiciones de pagar, mientras que otros dejaron de costear las alícuotas.

“Desde marzo hasta la fecha, 20 propietarios dejaron de pagar las alícuotas y otros compiten con los precios más bajos. Dos arrendatarios se trasladaron a otras casas en el mismo conjunto porque les ofrecían viviendas más baratas”, dijo.

A la espera de un plan para evitar el desalojo en el 2021

Humberto Burbano, coordinador de Protección de la Defensoría del Pueblo, manifestó que gracias a la Ley de apoyo humanitario se redujo el nivel de tensión que entre arrendadores y arrendatarios. Así mismo, el funcionario indicó que desde que esta política concluyó, los conflictos aumentaron. “Muchos de los arrendadores no tienen ingresos suficientes y esto conlleva a los desalojos. Nosotros pedimos medidas urgentes para finalizar el año tanto al Gobierno Nacional como al COE», manifestó.

Burbano señaló que desde que inició la pandemia, las peticiones por situación de desalojo aumentaron en un 65%. «En el mes de junio se redujeron las denuncias, pero creemos que el próximo año pueden aumentar. Como institución vigilamos el cumplimiento de los derechos. La autoridad competente que puede responder por esta situación es el Ejecutivo», concluyó. (GG)

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