El documento enfatiza que Ecuador es un «Estado Constitucional de Derechos y Justicia», cuya estructura exige respeto a la independencia judicial. Citando a la Relatora Especial de la ONU para la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, recuerda: «La independencia judicial no es opcional; es la base de la democracia. Las amenazas son inaceptables».

Los firmantes acusan al gobierno de buscar anular el sistema de pesos y contrapesos, evidenciado en la «anulación de facto del Legislativo» y su transformación en «brazo político del Ejecutivo».

Despidos masivos en Petroecuador: «Saboteo operativo»

Paralelamente, sindicatos del sector energético rechazaron el despido de cerca de 1.000 trabajadores adicionales en Petroecuador, anunciado anoche y ejecutado hoy. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (SINTEP) desmintieron el argumento gubernamental de un «ahorro de USD 31 millones». Los sindicatos identificaron a esta medida como un «engaño para encubrir el sabotaje a la operatividad de la empresa».

Impacto crítico en operaciones:

• Transporte de crudo: Cuatro de cinco capitanes de amarre en terminales marítimos —figuras clave para la seguridad en carga/descarga de buques— fueron desvinculados.
• Perforación: Se eliminó al 50% del equipo de ingeniería, incluyendo personal con experiencia crítica en bloques operativos.
• Geología: Tras recortes previos, los geólogos restantes cubrían hasta tres campos simultáneamente; nuevos despidos profundizan la crisis técnica.

Los sindicatos destacan que un informe ya alertaba sobre un déficit de 1.200 trabajadores. Ahora, el gobierno habría duplicado ese vacío, poniendo en riesgo la producción, exportación y refinación. ANTEP/SINTEP vinculan esta medida con un «plan de desmantelamiento deliberado» para debilitar la empresa y facilitar la privatización de activos rentables, advirtiendo que constituye un «ataque a la soberanía energética y los derechos laborales de toda la clase trabajadora».

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Quito, 23 julio (La Calle).- En el sur de Quito, la escasez de gasolina Extra ya no es un rumor: transportistas, usuarios y distribuidores confirman restricciones en el Terminal El Beaterio, uno de los principales centros de despacho de combustibles del país. Mientras Petroecuador niega desabastecimiento y asegura mantener niveles históricos de distribución, los testimonios en terreno muestran una realidad opuesta.

TRANSPORTISTAS ALERTAN SOBRE CUPOS REDUCIDOS

A diario, miles de galones de gasolina Extra no llegan a las estaciones de servicio como deberían. Camiones cisterna con capacidad para transportar entre 4.000 y 8.000 galones están saliendo del Terminal El Beaterio con solo el 50% o 60% de su capacidad, según testimonios de transportistas, actualmente únicamente reciben entre 2.000 y 5.000 galones por despacho, pese a que una estación de servicio promedio requiere al menos 4.000 galones diarios para operar con normalidad. La explicación oficial sobre la reducción de cupos no ha sido emitida por Petroecuador, pero los efectos ya se sienten en los surtidores y en la disminución de stock en varias estaciones del país.

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PETROECUADOR DEFIENDE CIFRAS Y NIEGA DESABASTECIMIENTO

Según Petroecuador, El Beaterio despacha alrededor de 850.000 galones diarios, mientras que otros 630.000 galones se distribuyen desde Ambato, Riobamba y Santo Domingo. La empresa pública insiste en que estos volúmenes cumplen con la demanda histórica. Sin embargo, operadores denuncian que el problema radica en la gasolina Extra, que llega en menor cantidad de lo habitual.

TUIT PETROECUADOR: https://x.com/EPPetroecuador/status/1948022893167661134

LA REFINERÍA DE ESMERALDAS, EN EL CENTRO DEL CONFLICTO

El origen del conflicto apunta a la paralización de la Refinería de Esmeraldas, inactiva desde el 26 de mayo tras un incendio. Aunque su reactivación estaba prevista para el 18 de julio, nuevas proyecciones del Gobierno aplazan esa fecha hasta el 25 de julio o incluso hasta el 26 de agosto. Esta situación agrava la dependencia del país respecto a combustibles importados.

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Mientras el país espera la reactivación total de la Refinería, el racionamiento de gasolina Extra podría extenderse por semanas. Lo que empezó como una contingencia técnica hoy amenaza con convertirse en una crisis de movilidad y abastecimiento. La falta de transparencia sobre los cupos y las causas de la restricción solo profundiza la incertidumbre.

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La erosión regresiva en el río Coca y su afluente el Loco, activa desde 2020, interrumpe el flujo desde la Amazonía hasta el puerto de Esmeraldas. La estatal Petroecuador, responsable del 84% de la producción nacional, sufrió un desplome aún más agudo: su extracción cayó 76% (de 369.589 a 89.348 barriles/día), equivalente a 280.241 barriles diarios perdidos.

Este deterioro agrava la «caída libre» de la empresa pública, ya afectada por falta de inversión y trabas legales en campos estratégicos como el Bloque 43-ITT.

¿Apagón petrolero?

Las proyecciones gubernamentales de alcanzar 580.000 barriles/día en 2025 contrastan con el diagnóstico del Banco Central (BCE), que en abril redujo la estimación a 479.900 barriles. Los últimos datos de la Agencia de Regulación Hidrocarburífera revelan que, entre enero y mayo, la producción promedió 465.450 barriles/día. La nueva parálisis del OCP este 7 de julio, apenas horas después de reactivarse, confirma la insostenibilidad del modelo.

La crisis desnuda la descoordinación entre planificación estatal y capacidad operativa, donde fenómenos naturales previsibles se convierten en catástrofes recurrentes. Además dejan al descubierto la falta de protocolos ante las rotura de oleoductos.

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La planta de Petroecuador, ubicada en el norte del país, había empezado a reactivarse tras el sismo, pero el reciente incendio en un tanque de fuel oil frustró toda expectativa de normalidad. La nueva fecha estimada para su regreso es el 2 de julio. Mientras tanto, el país importa más combustible, gasta más subsidios y agudiza su déficit energético.

¿Y ahora quién paga los daños en la refinería?

“Esto tendrá un impacto fiscal directo”, advirtió el analista económico Pablo Iturralde. “Más importaciones significan más gasto, presión sobre subsidios y menor margen para maniobras económicas”. Aunque el Gobierno insiste en que no subirá el precio de los combustibles, Iturralde no lo descarta: “La recesión podría empujar a revisar los subsidios”.

Las cifras lo confirman. Solo en el primer trimestre de 2025, la importación de gasolina aumentó un 12,2 % respecto al cierre de 2024 y un 35,4 % en comparación con el año anterior. Mientras tanto, la producción petrolera nacional cayó un 4,4 % en el mismo periodo.

¿Modelo agotado?

Más allá de lo coyuntural, la crisis de Esmeraldas evidencia un modelo petrolero en deterioro. Según datos de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, Ecuador produce hoy más de 100.000 barriles diarios menos que en 2014. Y en el primer cuatrimestre de 2025, la inversión petrolera cayó casi 20 % respecto al año pasado.

“Es una alerta roja para la dolarización”, explica Iturralde. “Menos exportaciones, más importaciones, menos reservas. Y sin reservas, no hay dólar que aguante”. La lógica es simple: sin petróleo que vender, Ecuador debe gastar más dólares que no tiene. Pero el problema es más profundo: seguimos atados a una matriz energética que se cae a pedazos.

¿Oportunidad perdida?

Algunos esperaban que esta crisis empujara a repensar el modelo energético. Pero Iturralde es claro: “No lo hará. Ecuador necesita esa renta petrolera. No hay condiciones políticas ni fiscales para diversificar”.

Mientras tanto, el fuego de Esmeraldas no solo quemó combustible. También consumió las pocas certezas de un país atrapado en un modelo que se agota, pero que nadie se atreve a cambiar.

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La Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (FENASPE), junto a asociaciones de las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana y Santa Elena, rechazó la anunciada «militarización» de la infraestructura de Petroecuador, revelada el 28 de abril durante una reunión en la estatal. Según la federación, el gobierno planteó incorporar a los guardias privados a la nómina pública, pero sin claridad sobre su continuidad laboral.

En respuesta, FENASPE resolvió:

1. Convocar asambleas generales en territorios afectados, con participación de asambleístas y gobernadores.
2. Vigilar que la transición respete los derechos laborales bajo el principio de «todos o ninguno».

Diálogo infructuoso con el gobierno

Tras una reunión con delegados de Presidencia y Petroecuador, FENASPE calificó los resultados como «insatisfactorios», señalando que el «fantasma de los despidos» persiste. Aunque la federación insistió en priorizar el diálogo, advirtió que, de no haber avances, articularán «acciones de confrontación y resistencia amparadas en la Constitución».

«Queremos apelar al sentido humano de este gobierno. Estamos dispuestos a unirnos para proteger nuestra dignidad y la seguridad de nuestras familias», afirmaron.

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Desde que ocurrió la emergencia, Petroecuador no había proporcionado públicamente el dato oficial del volumen derramado, a pesar de los constantes pedidos realizados por medios de comunicación. Tanto la entidad como distintas autoridades habían sostenido que aún no contaban con la cifra definitiva.

Cifras contradictorias: ministra dijo 3.800, Petroecuador confirmó 25.116

Sin embargo, en días recientes, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, declaró en entrevistas que presuntamente un sabotaje provocó la rotura del SOTE. En ese momento, indicó que se regaron 3.800 barriles de crudo, una cantidad significativamente menor a la que luego expuso el informe técnico y confirmó la petrolera estatal.

En el comunicado difundido este martes, EP Petroecuador detalló que se han recolectado 30.257 barriles de crudo mezclado con agua, mediante 179 tanqueros, que han sido trasladados a la Refinería Esmeraldas. Allí se realizarán los respectivos procesos de separación en tanques especiales conocidos como slop.

La empresa señaló que “la rápida respuesta de EP Petroecuador permitió la contención en los diques construidos de manera inmediata, tras la alerta”. Además, se han desplegado tareas de limpieza en las riberas, orillas y vegetación de los ríos Caple, Viche y Esmeraldas, zonas afectadas por el derrame.

En el marco del convenio con el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), la estatal destinó hasta la fecha aproximadamente USD 4 millones para la implementación de medidas de contingencia.

El informe aseguró que, respecto a la producción petrolera, “todos los pozos que fueron apagados por el evento ambiental se encuentran operando normalmente y se han retomado las exportaciones de Crudo Oriente”.

Despliegue de ayuda y refuerzo en el control en playas

Se destacó el despliegue de atención a las comunidades. Se instaló un sistema de bombeo para captar agua del río Esmeraldas, y con el apoyo de la Armada del Ecuador, Termoesmeraldas y la Cruz Roja Ecuatoriana, se distribuyeron 4’227.521 litros de agua potable. Además, se entregaron 8.607 raciones alimenticias, kits de purificación y tanques para almacenamiento. A través de brigadas médicas, se brindaron 1.238 atenciones de salud en comunidades, recintos y parroquias.

Las acciones de limpieza también alcanzaron las playas, donde se mantiene el monitoreo constante de trazas de hidrocarburos y restos de petróleo arrastrados por la marea. Actualmente se ejecutan tareas en Musine, Tonsupa, Peñas Blancas y Cabuyal. Por otro lado, inspecciones junto al Ministerio del Ambiente (MAATE) en las playas Piqueros, Tongora, Cabo San Francisco, La Galerita y el Refugio de Galeras San Francisco no detectaron presencia de hidrocarburos.

IF

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En la carta enviada al primer mandatario, el funcionario en representación de los trabajadores del Comité Nacional de Seguridad, Salud y Ambiente, solicitó la remoción inmediata de la entonces gerente general subrogante de Petroecuador, Leydi Jiménez Rivera, debido a su falta de capacidad técnica y liderazgo. Plaza detalló una serie de irregularidades que ponían en riesgo la operatividad de Petroecuador y, en particular, del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), infraestructura crítica para el transporte de crudo en el país. Entre las principales advertencias destacan:

1. Cambios arbitrarios en puestos estratégicos: En apenas tres meses, se designaron cuatro gerentes en la Gerencia de Transporte, lo que generó una rotación constante y falta de continuidad en la gestión. Además, desde diciembre de 2024, el Terminal de Balao, vital para la comercialización de crudo, no contaba con un superintendente designado.
2. Falta de garantías de seguridad para el personal: Plaza Garay denunció que se eliminó el transporte para trabajadores en zonas de alto riesgo, obligándolos a trasladarse por sus propios medios, lo que aumentó su vulnerabilidad en un contexto de inseguridad creciente en el país.
3. Riesgo de paralización del SOTE: El técnico alertó que la mala gestión administrativa podría comprometer la operatividad del oleoducto, advirtiendo que cualquier interrupción en su funcionamiento sería responsabilidad directa de la administración actual.
4. Maltrato y falta de respeto al personal: Se reportó un deterioro en la cultura organizacional debido a constantes amenazas, insultos y cambios injustificados en cargos técnicos y operativos. Más de 1.700 encargos laborales no fueron ratificados, afectando la estabilidad y productividad de la empresa.

Tragedia en Esmeraldas: ¿Una consecuencia anunciada?

A casi una semana del derrame de petróleo en Esmeraldas, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Pública (SINTEP) han exigido respuestas claras al Gobierno. Además señalaron que esta tragedia podría haberse evitado si se hubieran tomado en serio las alertas de los trabajadores.

Los sindicatos también criticaron que la ministra de Energía, Inés Manzano, califique el incidente como un acto de «sabotaje», en lugar de asumir la responsabilidad que le corresponde como miembro del Directorio de Petroecuador.

Mientras el Gobierno se enfoca en la campaña electoral, la población de Esmeraldas enfrenta las consecuencias de la tragedia ambiental, sin acceso a agua potable, alimentos y atención médica adecuada. Los trabajadores petroleros exigen que se priorice la atención a la emergencia y se fortalezca la empresa pública para evitar futuros desastres.

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La reunión, convocada por el Frente de Defensa Petrolero, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), contó con la presencia de representantes de diversos sectores. Los asistentes criticaron la falta de transparencia en la adjudicación del campo a un consorcio internacional, señalando que el Gobierno negoció «a espaldas de la ciudadanía» y favoreció intereses extranjeros.

David Almeida, secretario de ANTEP, alertó sobre inconsistencias en las cifras oficiales de renta petrolera y advirtió que la privatización afectará la producción nacional y la capacidad de refinación del país. «Este es el peor atraco petrolero de la época moderna», afirmó, comparando el caso con la entrega del campo Auca en 2015.

Acciones legales y pedido de juicio político

El abogado Washington Andrade anunció acciones legales contra el proceso de adjudicación, denunciando presuntos delitos como peculado, traición a la patria, corrupción y fraude procesal. Además, las organizaciones sindicales respaldaron un pedido de juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, y solicitaron a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoría urgente del contrato.

José Villavicencio, presidente del FUT, calificó la adjudicación como un «atraco» y advirtió que recurrirán al «derecho a la resistencia» si el gobierno no revierte la decisión. «Los beneficiarios de esta entrega son el presidente Daniel Noboa y su familia», afirmó, acusando al Ejecutivo de violar la Constitución.

Movilización nacional y acciones futuras

Como medida de presión, los asistentes convocaron un «tuitazo» nacional para el 10 de marzo y un plantón en varias ciudades del país el 11 de marzo, fecha límite establecida por el presidente Noboa para recibir la prima por la adjudicación. Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), respaldó la iniciativa y anunció que el 12 de marzo se realizará una nueva convocatoria para sumar a otros sectores.

Almeida también denunció que, tras las primeras críticas al proceso de adjudicación, el gobierno despidió a 28 trabajadores de Petroecuador, incluido el jefe del Campo Sacha. «En lugar de aclarar las dudas, nos persiguieron», afirmó, señalando que los despidos fueron una represalia por las denuncias públicas.

Aunque el Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroecuador (Cetrapep) se mostró a favor de la concesión, Almeida aseguró que esta postura responde a un «chantaje» del gobierno, que habría utilizado la negociación del contrato colectivo y la entrega de beneficios sociales para presionar a los trabajadores.

Llamado a la unidad

El Frente de Defensa Petrolero hizo un llamado a la unidad de los trabajadores y la ciudadanía para impedir la privatización del Campo Sacha. «No podemos permitir que se firme un contrato que incluye una cláusula de arbitraje internacional, lo que sería una entrega total de nuestra soberanía», concluyó Andrade.

La movilización del 11 de marzo marca el inicio de una serie de acciones que buscan revertir lo que las organizaciones sociales consideran un atentado contra los intereses del país y sus recursos estratégicos.

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El acuerdo, emitido sin un anuncio público previo, instruye a Petroecuador a transferir el campo a un consorcio liderado por Petrolia Ecuador S.A., Amodaimi Oil Company S.L., y Sinopec. Este hecho ha sido calificado como un acto de “interés particular” que pone en riesgo el patrimonio nacional.

Según un informe de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP), el acuerdo carece de fundamentos legales y técnicos. La normativa establece que cualquier delegación de operaciones debe estar respaldada por informes que justifiquen la incapacidad técnica o económica de Petroecuador para operar el campo. No obstante, el acuerdo no presenta tal justificación.

Datos recientes revelan que Petroecuador ha incrementado significativamente la producción del Campo Sacha en los últimos años, demostrando su capacidad operativa. En 2024, el campo produjo un promedio de 77.000 barriles diarios por encima del límite de 4.700 barriles diarios.

El texto del acuerdo también establece que la concesión será “excepcional por convenir a los intereses del Estado ecuatoriano” y menciona como destinatarias a empresas estatales o sus subsidiarias. Sin embargo, investigaciones revelaron irregularidades en los registros de las empresas oferentes. Por ejemplo, Amodaimi Oil Company S.L. está registrada como una sucursal extranjera española con límites legales para operar fuera del Bloque 16 de la región amazónica. Asimismo, Sinopec, cuya sucursal extranjera fue cancelada, opera en Ecuador como una sociedad anónima nacional, lo que la descalifica como subsidiaria estatal.

Impacto económico proyectado

El modelo propuesto por el consorcio incluye un pago anticipado de USD 1.500 millones, inversiones por USD 1.761 millones en 20 años y costos de mantenimiento por USD 160 millones. Sin embargo, el análisis de la ANTEP basado en datos de los últimos seis años indica que el Estado ecuatoriano perdería USD 2.544 millones en renta petrolera si se aplicara el esquema privado, en comparación con los ingresos obtenidos bajo operación estatal.

Incluso considerando el pago anticipado, la pérdida neta ascendería a USD 1,044 millones. Esta cifra podría aumentar si el precio del crudo sube en el mercado internacional. Por ejemplo, con un precio promedio de USD 71.93 por barril, similar al registrado en 2024, la pérdida alcanzaría los USD 1.641 millones.

Historial de oposición y denuncias

El Campo Sacha ya había sido objeto de intentos de privatización en gobiernos anteriores, pero ninguno logró concretarse debido a la resistencia de trabajadores y sectores sociales. En 2019, el entonces ministro de Energía, Carlos Pérez García, renunció a su cargo tras oponerse a un modelo similar por considerarlo contrario a los intereses nacionales.

La oposición a esta medida también ha resultado en represalias laborales. David Almeida, dirigente de Petroecuador, denunció irregularidades en el proceso que derivó en su desvinculación de la estatal tras manifestarse contra la privatización del campo.

Reacciones y exigencias sobre acuerdo de Sacha

Organizaciones sindicales y expertos en hidrocarburos han exigido explicaciones al gobierno de Noboa sobre las irregularidades del acuerdo. “Esto es una traición al país. Priorizar intereses particulares sobre el interés nacional es inaceptable”, afirmó un portavoz del sindicato petrolero.

En el ámbito legislativo, varios asambleístas han solicitado la comparecencia de la ministra de Energía, Inés Manzano, para que explique los fundamentos del acuerdo. Además, han instado a Contraloría a investigar posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.

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El anuncio fue oficializado el pasado 23 de diciembre a través de la publicación de un acuerdo ministerial en el Registro Oficial.

El campo Sacha, ubicado en la región amazónica y operado actualmente por Petroecuador, es considerado «la joya de la corona» de la producción petrolera nacional. Este campo reporta una extracción diaria de 77.000 barriles. Ahora, la operación del bloque 60 será delegada a «empresas estatales internacionales o sus subsidiarias», decisión justificada bajo el concepto de excepcionalidad.

La propuesta presentada al Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas (COLH) proviene de las compañías Amodaimi Oil Company, filial de la china Sinopec, y Petrolia Ecuador, subsidiaria de la canadiense New Stratus Energy. Ambas buscan desarrollar actividades de exploración y explotación en el bloque. Esta iniciativa se formalizó a través de la validación técnica de la Subsecretaría de Administración de Contratos de Hidrocarburos, que argumentó que Petroecuador enfrenta limitaciones presupuestarias para llevar a cabo inversiones necesarias en el campo.

Argumentos oficiales y desafíos legales

En declaraciones recientes, la ministra Manzano respaldó la decisión basándose en informes técnicos que destacan la necesidad de inyectar nuevos capitales para proyectos como perforaciones, recuperación secundaria y mantenimiento de infraestructura. Además, la Procuraduría General del Estado (PGE) emitió un pronunciamiento en octubre avalando la excepcionalidad de la delegación, siempre que se cumpla con las normativas del Reglamento Codificado de la Ley de Hidrocarburos.

Críticas a la decisión del gobierno

La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) calificó la decisión como un acto de privatización encubierta, alegando que el Acuerdo Ministerial contiene irregularidades y contradice la normativa vigente. Según ANTEP, Petroecuador ha demostrado eficiencia operativa, aumentando la producción del campo en 16.000 barriles diarios durante los últimos tres años, con un costo promedio de 7 dólares por barril, el más bajo del país.

Las críticas también se centran en la capacidad de las empresas involucradas. Según la ANTEP, Petrolia Ecuador enfrenta cuestionamientos por su historial en la gestión del Bloque 16, donde informes previos señalaron limitaciones técnicas y económicas. Además, el gremio denuncia que ninguna de las firmas proponentes califica como estatal, lo que contraviene los términos del propio Acuerdo Ministerial.

En entrevistas recientes, el presidente Daniel Noboa aseguró que la concesión de campos petroleros busca generar ingresos adicionales para el Estado en 2025, pero evitó especificar qué otros bloques podrían ser incluidos en estas iniciativas. Mientras tanto, ANTEP ha convocado a la ciudadanía y organizaciones sociales a movilizarse para detener lo que consideran una «entrega ilegal» de un activo estratégico nacional.

El proceso de delegación será evaluado en las próximas semanas por el COLH, encargado de revisar y adjudicar las propuestas. La ANTEP solicitó a Contraloría la realización de una auditoria y examen especial de todo el proceso para determinar irregularidades y posibles responsables.

Persecución sindical

ANTEP anticipó la intencionalidad del gobierno de privatizar el Campo Sacha con una campaña mediática liderada por David Almeida, secretario general del sindicato, quien a su vez fue sancionado por Petroecuador a través de un sumario administrativo.

En noviembre, el inspector del trabajo, Luis Rengel, dio paso al proceso disciplinario contra el sindicalista para desvincularlo de Petroecuador con «visto bueno». La ANTEP calificó de arbitraria esta decisión.

Según el texto de la resolución, la medida se justifica bajo el argumento de que un trabajador «no puede referirse a una institución propia del Estado, en especial cuando pertenece a un sector estratégico, más aún cuando conforme a su declaración expresa acerca de la concesión de empresas extranjeras al campo Sacha».

Para la ANTEP fue claro el motivo de persecución política y argumentó que la resolución constituye un acto de censura, vulnera la libertad de expresión e intenta limitar el derecho de la clase obrera.

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Según el texto de la resolución, la medida se justifica bajo el argumento de que un trabajador «no puede referirse a una institución propia del Estado, en especial cuando pertenece a un sector estratégico, más aún cuando conforme a su declaración expresa acerca de la concesión de empresas extranjeras al campo Sacha».

Para la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP) es claro el motivo de persecución política. Argumentó que la resolución constituye un acto de censura, vulnera la libertad de expresión e intenta limitar el derecho de la clase obrera.

«David Almeida ha defendido a Petroecuador como la empresa de todos los ecuatorianos, mientras las autoridades aplican políticas de autosabotaje mediante recortes presupuestarios y cancelación de proyectos que habrían permitido incrementar la producción, con el objetivo de hacer ineficiente a la empresa y así justificar su privatización», dijo el gremio en un comunicado.

Por defender Sacha

A inicios de septiembre Almeida, quien es secretario general de la ANTEP, denunció que las autoridades de la estatal petrolera iniciaron un proceso disciplinario en su contra por estar al frente de la defensa de los campos Amistad y Sacha, zonas a punto de ser privatizadas.

El sindicalista alertó la recepción de un memorando por parte del departamento de Talento Humano, informando el inicio de un proceso disciplinario con el objetivo de desvincularlo de la empresa con ”visto bueno”.

Asimismo reportó que la decisión surgió tras unas declaraciones que hizo en entrevista para Radio Pichincha, en donde criticó la acciones del gobierno al tener la intención de concesionar los campos petroleros con mayor productividad. Denunció que en un acto de intimidación miembros de la Policía llegaron a su domicilio.

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»La remuneración mensual unificada de los servidores y trabajadores del sector
público, que integran las instituciones del Estado, incluidas las entidades que conforman el
régimen seccional autónomo y las Empresas Públicas (EP), en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá ser igual o superior a la remuneración mensual unificada del Presidente de la República», dicta el Acuerdo Ministerial MDT-2024-039-20254 firmado el 17 de marzo.

En comparación a enero del 2024, antes de la firma del acuerdo ministerial, no existe una diferencia en los sueldos que perciben más de 10 trabajadores de la estatal. Por ejemplo, el Gerente General mantuvo su salario de USD 6.210 hasta junio, el actual Gerente Subrogante recibe una remuneración de USD 5.256.

Por otro lado, varios cargos registrados en la última nómina de julio no constan en la de enero. La lista de julio expone que un Subgerente de Proyectos Especiales gana USD 6.120, en enero no existía este puesto según los datos de la Empresa Pública.

¿Qué establece la ley?

El artículo 3 del Acuerdo Ministerial MDT-2024-039-20254 establece que las entidades públicas que registren cargos que sobrepasen la remuneración de grado 10 por razones de interés público deberán presentar un informa justificado al Ministerio del Trabajo.

De igual manera, el directorio de cada empresa pública debía emitir la normativa correspondiente, a fin de que las remuneraciones del personal se sujeten a los valores determinados en la escala nacional establecida.

Este medio de comunicación consultó a Petroecuador si existen excepcionalidades en los salarios de sus empleados. El mismo cuestionamiento fue enviado al Ministerio del Trabajo y seguimos a la espera de una respuesta.

Un dólar menos que el Presidente

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) también formaban parte de la lista de »sueldos dorados», actualmente el salario más de alto que puede percibir un funcionario es de USD 5.071, es decir, un dólar menos que el Presidente de la República.

Por ejemplo, la Gerencia General de CNT pasó de ganar 5.707 mensuales a USD 5.071 según el último reporte de agosto. (AGM)

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Quito, 17 sept (La Calle).- Ante las irregularidades en el sector petrolero y minero del país, las organizaciones sociales y sindicales han cuestionado públicamente a las autoridades de las empresas públicas sobre las cifras de producción y recursos financieros, poniéndolos en la mirada del gobierno nacional. Este es el caso de David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP), quien ha denunciado que las medidas del Ejecutivo pretenden privatizar la estatal petrolera. Sus declaraciones no han sido del agrado del gobierno, por lo que, incluso, en días pasados efectivos policiales llegaron hasta su domicilio sin orden judicial alguna que avale esto que el representante de los trabajadores considera una persecución política.

Durante su entrevista en este medio, Almeida indicó que no existen las causales administrativas que le permitan a Petroecuador EP ejecutar una sanción en su contra. Señala que el mismo día en que se calificó su postulación, encabezando la lista, como secretario general en las próximas elecciones del Comité de Empresas de los trabajadores de Petroecuador, le abrieron un proceso disciplinario por sus declaraciones dadas en el medio Pichincha Universal donde defendió los recursos petroleros del país y a la misma empresa. Para el representante de ANTEP este acto intimidatorio busca callar su voz y la de los trabajadores, además de poner en riesgo su integridad. Tampoco cuenta con seguridad.

Lo acusan de revelar información confidencial y de una supuesta concesión al campo Sacha, cuando este proceso de privatización de los campos se estaría dando sin mostrar documento alguno que lo justifique por parte de la estatal. Petroecuador registra aproximadamente ingresos de 14 mil millones de dólares anuales. Además, el presupuesto estatal asignado es de alrededor de 4,5 mil millones, lo que le deja un margen de ganancias de 9,5 mil millones, de los cuales se destinan cerca de 6 mil millones al pago de importación de combustible. Es decir que Petroecuador por sí solo tiene la capacidad de asumir las importaciones que el gobierno dijo es insostenible, lo que ha justificado el alza al precio de las gasolinas extra y ecopaís en meses pasados.

Este cálculo realizado por Almeida muestra que se deja una utilidad de 3.5 mil millones extra para el Estado. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas retira este monto de Petroecuador sin decir a dónde se destina este presupuesto. Hasta el momento, y luego que ANTEP ha venido solicitando cerca de un año a la Cartera de Estado se indique en qué se invierte este capital, aún no existen respuestas. A pesar de saber los riesgos que su representación implicaría, Almeida sostiene que esta lucha es por la eficiencia de lo público y por el respeto a los derechos del movimiento de los trabajadores.

Sin duda, estos actos de persecución al secretario de Asociación buscan sentar un precedente para que ningún otro representante gremial evidencie ante la opinión pública el autosabotaje que actualmente se están cometiendo contra las empresas públicas del sector petrolero, en complicidad del Ejecutivo. Por lo tanto, decir que Petroecuador no sea económicamente viable es una mentira más del gobierno, pues se contradice con la información pública que la misma gerente de la EP ha manifestado en medios de comunicación y que, además, consta en su portal web como información de carácter público.

Entrevista completa en La Ventana Podcast

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El pasado 12 de septiembre el dirigente sindical alertó la recepción de un memorando por parte del departamento de Talento Humano, informando el inicio de un proceso disciplinario con el objetivo de desvincularlo de la empresa con »visto bueno».

Asimismo reportó que la decisión surgió tras unas declaraciones que hizo en entrevista para Radio Pichincha, en donde criticó la acciones del gobierno al tener la intención de concesionar los campos petroleros con mayor productividad. Denunció que en un acto de intimidación miembros de la Policía llegaron a su domicilio.

»Estas acciones ocurren en medio de las elecciones del Comité de Empresa de Petroecuador, en las que Almeida es uno de los posibles ganadores», dijo la ANTEP en un comunicado.

El gremio hizo un llamado a los trabajadores, campesinos y a toda la ciudadanía a alzar su voz en defensa de los recursos del Ecuador y a no permitir que se silencien las voces que luchan por el bienestar general.

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El pasado 28 de agosto el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, junto al gerente general (S) de Petroecuador, Diego Guerrero, efectuaron el apagado de primer pozo productor de Ishpingo en el Bloque 56 en cumplimiento al mandato popular de la Consulta Popular de agosto del 2023.

La cartera de Estado informó que se realizarán labores de limpieza y se colocarán tapones de cemento para el abandono definitivo de la estructura.

Asimismo el cronograma establecido para el cierre de los 247 pozos determina un cierre progresivo que durará más de cinco años para que las intervenciones »no afecten al medio ambiente y a las comunidades aledañas». El bloque está conformado por las áreas de Ishpingo, Tiputini y Tambococha.

Cuestionamientos sobre la mesa

Para el colectivo Yasunidos todo se trató de un ‘show’ montado por el gobierno, pues argumentó que el pozo de Ishpingo ya cerró en junio. Según las conclusiones del documento entregado por el Gobierno a la Corte Constitucional, hasta el 30 de junio existían 247 pozos perforados de los cuales uno ya estaba abandonado.

»Lo que hizo el ministro es irse al Bloque 43 para tomarse la foto en un pozo que ya estaba abandonado», dijo el colectivo en sus redes sociales y advirtió que si existe un incumplimiento al mandato popular tomará medidas legales.

¿Pérdidas millonarias?

Según David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo (ANTEP) implicaría aproximadamente una disminución de 55 mil barriles diarios, es decir, USD 1.200 millones por año. Asimismo, alrededor de mil trabajadores de las comunidades aledañas perderían su empleo.

Almeida aclaró que es viable el apagado de los pozos petroleros en cinco años, sin embargo, la disolución total junto a la restauración de la zona implicaría más tiempo.

»El desmantelamiento de bloques es algo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo ni siquiera existe una normativa», dijo en entrevista para La Calle.

Desde la ANTEP estiman que la inversión para apagar el Bloque del ITT sería alrededor de USD 4.500 millones y dejan sobre la mesa la interrogante de »¿Quién va asumir ese gasto?» y temen que el presupuesto salga de Petroecuador.

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La convocatoria fue realizada el pasado 19 de agosto desde las 11h30 en los diversos centro petroleros a nivel nacional.

La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo (ANTEP) denunció que el Ejecutivo está privando de fondos a Petroecuador para frenar sus inversiones y a su vez disminuir la producción de crudo y sus derivados. La intención sería plantar a la opinión pública el argumento de que existe »ineficiencia» por parte de la empresa pública.

»¡No a los intereses privados sobre los recursos de todos los ecuatorianos! (…) El campo Sacha no se vende», gritaron al unísono los trabajadores del Bloque 60.

Según David Almeida, secretario general de ANTEP, la justificación del Gobierno sobre una supuesta incapacidad de operatividad está disfrazada de una política de »autosabotaje» para privatizar algunos campos petroleros, sobre todo la zona Sacha que se posiciona como la más productiva a nivel nacional.

»Lo que vamos a exigir es que el Ministerio de Finanzas garantice las rentas que le corresponden a Petroecuador para su operación y que cese la política de privatización de campos. Sabemos que debajo de la mesa están negociando la posible entrega del campo Sacha», dijo en entrevista para La Calle.

La protesta pacífica es la primera medida una serie de acciones que tienen planificadas. Almeida señaló que prevén movilizarse a Quito para exigir sus demandas, pero aún no se concreta una fecha.

Privatización de Sacha

A inicios de agosto el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, indicó que los campos importantes de Petroecuador podrían pasar a manos de empresas extranjeras para incrementar la producción de barriles y enfatizó este interés en el campo Sacha.

»El Ecuador tiene un potencial de producir un millón de barriles por día y estamos convencidos que esa senda es la inversión privada”, dijo el funcionario en entrevista para Visionarias.

Sacha podría ser entregado este año al sector privado. También manifestó que se deben realizar acuerdos a través de consorcios liderados por empresas públicas internacionales para que el proceso sea inmediato, puso de ejemplo a la compañía árabe Saudi Aramco. (AGM).

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La adjudicación del contrato bajo Régimen Especial se consolidó en tiempo récord, es decir, 50 minutos e ingresó a trámite el 16 de agosto. El objeto del proceso requería »la provisión de etnolanhidro grado carburante para el plan de elaboración de gasolina con etanol».

La aprobación de este convenio fue avalada por el gerente general subrogante de la empresa pública, Diego Guerrero.

Las empresas que ganaron la adjudicación del contrato son Producargo S.A.; Soderal Sociedad de Destilación de Alcoholes; y Codana S.A, esta última compañía encargada de la producción de alcohol etílico es parte de la Unidad Agroindustrial del Consorcio Nobis y recibirá más de USD 18 millones por sus servicios.

CODANA S.A y Grupo Nobis

Según datos de la Superintendencia de Compañías, La administración de CODANA está encabezada por el Consorcio Nobis y el presidente ejecutivo es el empresario José Antonio Ponce, quien es CEO de Nobis junto a Isabel Noboa, quien es tía del primer mandatario, sin embargo, actualmente ella no registra acciones en la compañía ni otro cargo administrativo.

Además, el registro de administradores de Nobis no incluye a Isabel Noboa, quien hasta marzo del 2024 constaba como presidenta ejecutiva del consorcio, según publicaciones en el portal web. También en el apartado de anteriores administradores consta como directora principal únicamente en el período del 2000 al 2012.

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» El Ecuador debería tener tranquilamente un potencial de producir un millón de barriles por día y estamos convencidos que esa senda es la inversión privada», dijo el funcionario en entrevista para Visionarias.

Agregó que el campo Sacha podría ser entregado este año al sector privado. También mencionó que para que los procesos sean inmediatos se deben realizar acuerdos a través de consorcios liderados por empresas públicas internacionales una como la empresa árabe Saudi Aramco.

Trabajadores petroleros rechazan la propuesta

Por su parte, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) rechazaron lo expuesto por el ministro y denunció que la negociaciones para la entrega del campo Sacha a manos extranjeras se estaría realizando a escondidas.

Los cálculos realizados la asociación expusieron que el costo total de producción promedio de los últimos 7 años es de USD 7 por barril.

“Cualquier fórmula (tarifa o contrato de participación) disfrazada de inversión extranjera que supere este costo de producción no será beneficiosa para el Estado ecuatoriano por la disminución de la renta que esto significa y no es otra cosa que pura privatización”, dicta el comunicado. (AGM).

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“Vamos a ahorrar USD 20 millones mensuales y más de USD 200 millones anuales, que el Estado sí lo requiere”, dijo la titular de la cartera de Estado, Ivonne Nuñez.

La tabla compartida por el Ministerio se divide en 10 grados, en donde los salarios van desde los USD 2.115 hasta los USD 5.072, que es el sueldo que recibe el Jefe de Estado. Además, la Contraloría será la encargada de vigilar el cumplimiento de este acuerdo apenas sea publicado en el Registro Oficial.

Los sueldos dorados: Caso CNT

A inicios del 2024 la ministra Nuñez anticipó que en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) hay sueldos que rondean los USD 7 mil, un monto que se habría establecido a pocas semanas de que el presidente Noboa asumiera las riendas del país.

No obstante, la empresa aclaró que el máximo sueldo es de USD 5.635, que recibe el gerente general, mientras que para el administrador de agencia regional el sueldo es de USD 3.890 con base a la tabla aprobada por el directorio en el 2013.

Por el contrario, el informe técnico de la cartera de Estado expuso que USD 6.973 es el segundo mayor sueldo de CNT, el cual lo percibe el asesor de gerencia general. El tercer y cuarto mayor sueldo corresponde al gerente nacional jurídico y el asesor de gerencia general, quienes recibían USD 6.492.

Celec y Petroecuador

El documento también expuso la situación de Petroecuador y de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), en el primer caso el sueldo más alto lo tiene el supervisor de operaciones de transparencia y almacenaje de Esmeraldas, el cual es de USD 10.567, en este sentido, hay 149 trabajadores que ganan más que el presidente.

El panorama en CELEC es más crítico, pues el salario más alto es el del jefe de Tesorería, en Esmeraldas, quien gana USD 64.845, un monto incluso mayor a la remuneración del presidente de EE.UU (que es de alrededor de USD 40 mil), luego está el técnico de mantenimiento mecánico en Manta con un salario de USD 35.238 y el asistente técnico de operaciones en Santa Elena con un sueldo de USD 28.460. En la estatal 28 empleados ganan más que el presidente.

Aunque el gobierno haya tomado cartas en el asunto y regule los salarios queda suelto el control en los viáticos que reciben los funcionarios en los sectores estratégicos que se convirtieron en el principal foco de corrupción. (AGM)

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