La minera, subsidiaria de Salazar Resources, ya trató de ingresar el mes de junio por el sector Loma del Oro, parroquia de Saraguro. Dicha intervención fue impedida por los habitantes de la comunidad, quienes cerraron las vías de acceso, por lo que, actualmente, la petrolera está tratando de ingresar al cerro de Guagrahuma abriéndose paso por Gualel.

En múltiples fotos que circulan en redes se evidencia la presencia de las fuerzas del orden militarizando Gualel.

En defensa de Fierro Urco

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, expresó su rechazo frente al abuso de la minera con la venia del régimen de Lasso.

“El plan de Seguridad Minera de Guillermo Lasso se ensaña ahora con los páramos de Fierro Urco”, dijo el líder indígena.

Iza recalcó la importancia de la Estrella Hídrica de Fierro Urco, la proveedora de agua y alimentos de las provincias de Azuay, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.

Un culpable, Lasso

La Comisión Ecuatoriana de Derechos Humanos (CEDHU) declaró que la intervención de Guayacan es responsabilidad del presidente Lasso y que las fuerzas del orden deberían cuidar y proteger a la población en lugar de proveedor protección a las empresas mineras.

El asambleísta Manuel Medina solicitó al gobierno una razón justificada para la presencia militar y policial en Gualel. La maquinaria y la presencia de las fuerzas del orden estarían afectando las actividades del sector. (O.Z.)

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Santos Alvite fue ministro de Energía en 1986 en el gobierno de León Febres-Cordero y asesor del exministro del ramo, René Ortiz, en el periodo del expresidente Lenín Moreno.

Es abogado de profesión y fue jefe de la Unidad de Asuntos Legales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en Viena entre 1976 y 1984. También ha trabajado como docente universitario en la Universidad Central del Ecuador (UCE) y en la Universidad de las Américas (Udla).

Sin embargo, resaltó en los últimos días tras afirmar en una entrevista para RTU que los daños ambientales provocados por la transnacional Chevron-Texaco en la Amazonía fueron inventados. Las comunidades indígenas lucharon durante años por el agua y alimentos contaminados, la erosión del suelo y las enfermedades causadas por la falta de control a la petrolera.

«Un grupo de abogados americanos y ecuatorianos tomándose el nombre de los indígenas amazónicos se inventaron unos daños ambientales. Le sobornaron al juez en el Oriente y le condenaron a Chevron a pagar una indemnización de miles de dólares», expresó Santos.

En otra entrevista, Santos reniega de la capacidad estatal para producir petróleo. Ejemplifica con la compañía Schlumberger que está a cargo del campo Auca, que produce 80 mil barriles de «oro negro», mientras que campos más grandes como Sacha o Shushufindi no rinden como deberían porque «están en manos del Estado».

Otra peculiaridad es su lazo con el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño. Ambos formaron parte del directorio de la Cámara Ecuatoriana de Energía (CEDE). Cedeño fue removido del cargo tras admitir en una entrevista que su esposa le «sugería» nombres para ocupar puestos en la estatal petrolera. El escándalo estalló como un presunto tráfico de influencias y desembocó en su dimisión.

Según reporta La Posta, Santos no contrae deudas en su declaración juramentada y su patrimonio de bienes inmuebles es cerca de USD 1.9 millones. No obstante, desde 2012 solo ha cancelado USD 6.928 de impuesto a la renta. Cinco de estos años su cobro fue de cero. Finalmente, pagó USD 450 por impuesto a la salida de divisas durante en estos nueve años.

El portal web del Consejo de la Judicatura registra 15 procesos judiciales contra Santos. Las causas son por injuria, alimentos, nulidad de laudo arbitral, pago de haberes laborales e indemnización por despido.

El día de hoy, lunes 31 de octubre de 2022 a las 17:30, Santos será el nuevo titular de Energía con la venia del presidente Lasso.

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En noviembre de 2021, Repsol Ecuador anunció la venta de sus acciones en estos dos campos petroleros (35 %) a la canadiense New Stratus Energy para diciembre de 2021. El Ministerio de Energía y Minas y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado autorizaron la transacción.

Según Primicias, el único cambio en este convenio será el nombre de la operadora: de Repsol a NSE. “La estructura operativa, técnica y financiera seguirá siendo la misma”, dijo José Francisco Arata, CEO de New Stratus Energy.

PLANES A FUTURO

Para diciembre de 2022, “NSE pedirá la ampliación del contrato que permitirá realizar nuevas inversiones y presentar un actual plan de desarrollo para incrementar la producción de crudo”, reseñó el medio.

El reciente plan de desarrollo contempla una inversión de USD 200 millones para perforar 30 nuevos pozos entre finales de 2022 y todo el 2023. Según la misma petrolera, el respaldo vendrá del banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs y otras tres entidades financieras canadienses. Las inversiones se realizarían también con la condición de cambiar el actual contrato de servicios específicos a un contrato de participación.

En entrevista para El Comercio, Arata mencionó que la producción de los dos bloques es actualmente de 15.500 barriles diarios y el objetivo es por lo menos 22 mil barriles inicialmente. “Pensamos que en los próximos 15 años se podrán recuperar unos 115 millones de barriles de reservas adicionales y eso va a transformarse en un beneficio directo para la nación de alrededor USD 1.800 millones”, acotó.

El objetivo no es solo incrementar la producción de los bloques 16 y 67, sino usar a la operadora como una plataforma para crecer en el país, finalizó el CEO de NSE.

SOBRE NEW STRATUS ENERGY

La empresa petrolera New Stratus Energy es una firma canadiense que se dedica a la adquisición, exploración y desarrollo de proyectos petroleros en Sudamérica. En octubre de 2020 solicitó comprar los activos de Repsol en Ecuador para funcionar en los bloques 16 y 67. Sin embargo, según Primicias, NSE no estaría en condiciones financieras para prestar el servicio.

Por aquel entonces, el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado negaron la autorización de la transacción. NSE no contaba con la capacidad técnica (igual o mayor) para operar los bloques y activos que buscaba adquirir.

“No pocas son las voces que dicen que la canadiense no tiene el capital y la espalda financiera para encarar los costos de operación de los bloques” escribió Primicias sobre la NSE, compañía relativamente nueva y desconocida.

El mismo Arata reconoció que NSE no tiene experiencia operativa en Ecuador. Señaló que cuenta con operaciones en Colombia, pero en cuanto a conocimiento y experiencia, “su equipo ejecutivo y técnico es sobresaliente”.

Primicias reportó que Deloitte Canadá realizó una auditoria a los estados financieros de NSE con corte a marzo de 2020. Los resultados arrojaron que la empresa incurrió en una pérdida neta de USD 1.2 millones entre marzo de 2019 y marzo de 2020. También se determinó un déficit empresarial que excedió sus activos totales en USD 14 millones.

“Existe una incertidumbre material que puede arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar como empresa en marcha”, reza una de las conclusiones recogidas por el medio digital.

¿CÓMO SE FINANCIA NSE?

Esta es una empresa de capital abierto que cotiza en la bolsa de Toronto. Esto significa que tiene apertura para captar nuevos capitales cuando sea necesario. Además, cuenta con buenas relaciones con grandes bancos de inversión que otorgan préstamos cuando existe un proyecto con rentabilidad atractiva, lo que convierte a NSE en una firma sin limitaciones para financiar sus actividades.

JOSÉ FRANCISCO ARATA, EL HOMBRE DETRÁS DE NSE Y EL PASADO DE PACIFIC RUBIALES

Según Primicias y el portal Rutas del Conflicto, José Francisco Arata es geólogo de la empresa Maraven, una filial de la venezolana estatal PDVSA, empresa con experiencia en la explotación de crudo pesado. Actualmente es presidente y director ejecutivo de NSE ante Pacific Rubiales.

En 2007, en Colombia apareció el gigante petrolero Pacific Rubiales. Operó en los campos petroleros más grandes del país cafetero. Pautó en varios medios de comunicación y patrocinó a selección de fútbol colombiana. La empresa generó millonarias ganancias por la extracción del crudo.

En 2004, cuatro empresarios, entre ellos Arata (quien laboraba en PDVSA), compraron la empresa familiar Pacific Ventures, una empresa que cambió de nombre varias veces. Finalmente quedó como Pacific Stratus Energy en 2005.

Entre 2007 y 2008 se conformó Pacific Rubiales como una firma canadiense, pero de ello no tenía nada. Por otro lado, su capital era estadounidense, mexicano, brasileño, venezolano y colombiano. Sin embargo, sus acciones se tranzaban en la bolsa de valores de Toronto.

En 2013, Pacific empezó a caer. ONGs e investigadores informaron sobre los malos manejos que acabaron con la empresa, pero sus directivos seguían volviéndose más ricos. En 2015 los cuatro empresarios fueron demandados por inversionistas en Colombia y Pacific perdió su derecho a explotar crudo en el sector Rubiales.

Los directivos de Pacific simplemente fueron a otras empresas petroleras donde también eran y son directivos.

Finalmente, el pasado petrolero de Arata y demás empresarios dejó en los poblados de los sectores petroleros pobreza y daños ambientales, según Rutas del Conflicto.

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Quito, 29 Jul (La Calle).- Ecuador continúa negociando con la petrolera francesa Perenco en busca de descontar del monto que debe pagarle las obligaciones tributarias y otras deudas que la empresa mantiene en el país andino.

«El 27 de julio el Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, solicitó una prórroga hasta el 9 de agosto del año en curso ante el tribunal federal de los Estados Unidos de Norteamérica en Washington, para presentar una petición que permita descontar del monto total del Laudo arbitral las obligaciones tributarias y otros pasivos significativos adeudados por Perenco a Ecuador», informó el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador en un comunicado.

Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ordenó en mayo que Ecuador pague a la petrolera francesa alrededor de 374 millones de dólares más intereses por un decreto del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) que incrementó en 2017 de 50 a 99% la participación del Estado en los excedentes por los altos precios del petróleo.

La demanda original de Perenco era por 1.420 millones de dólares. Según el tribunal arbitral, con el decreto Ecuador violó el Derecho Internacional Público en perjuicio de la petrolera francesa.

El pago por parte de Ecuador debía cumplirse en 60 días. El comunicado añade que el Estado ecuatoriano de buena fe continuará abierto a llegar a un acuerdo con Perenco, a la que pide honrar sus deudas en el país.

Finalmente, señala que sería irresponsable para el Estado no exigir garantías.

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Quito, 01 jun (La Calle).- El gobierno ecuatoriano se comprometió a pagar en 60 días, 412 millones de dólares a la petrolera anglo-francesa Perenco.

La Secretaria General de Comunicación de la Presidencia se expresó en un comunicado: “El Estado ecuatoriano respetará y honrará sus compromisos internacionales, a pesar de cualquier discrepancia jurídica”.

Perenco demandó al Estado ecuatoriano en  2009 debido a un aumento del 50% al 99% de la participación del Estado en las ganancias extraordinarias de la empresa. La ley que permitió esto fue aplicada en el gobierno de Alfredo Palacio.

En 2019, el Comité  Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones  del Banco Mundial (CIADI) concedió a Perenco un laudo de 448 millones. Ecuador tramitó la disminución del monto, por lo que el 28 de mayo del 2021 el CIADI fijó el monto en 412 millones de dólares.

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“La lluvia que cae sabe a carbón. Igual la usamos porque no tenemos agua potable», le contó a la prensa internacional, Menare Omene de 52 años, ella forma parte de una comunidad waorani de 150 miembros que presentaron la causa.

“Queremos que se apaguen los mecheros por los daños ambientales en nuestro territorio. Está ‘full’ contaminación», expresó Juan Pablo Enomenga, presidente de la comunidad.

Afectación al territorio y la vida

La vida en Miwaguno se sostiene por las labores de labores de agricultura, cacería y pesca. Es por esta razón que sus habitantes ven con preocupación como la quema de gas natural por la extracción de petróleo causa estragos en la naturaleza. La producción de yuca y plátano bajó durante los últimos 15 años.

De acuerdo con la ONG Acción Ecológica, que acompaña la demanda, el gas puede aprovecharse para la generación de electricidad. La empresa debería invertir con ese fin y no utilizar la opción más barata que es quemarlo.

Sin control territorial

El pueblo waorani ocupa las provincias de Napo, Pastaza y Orellana. Aunque la ley reconoce la jurisdicción indígena, mantiene la potestad del Estado ecuatoriano sobre el subsuelo, por lo cual las petroleras pueden operar sin ningún control real.

El año pasado, la población waorani de Pastaza consiguió un fallo histórico para impedir el ingreso de empresas extractoras en las 180.000 hectáreas de selva virgen.

Otros casos

La justicia ecuatoriana falló a favor de varias comunidades amazónicas en la demanda contra Chevron por daños ambientales. La empresa debía pagar USD 9.500 millones. La sentencia se ratificó en 2018 por la Corte Constitucional.

Sin embargo, un tribunal de La Haya anuló dicha sentencia y el litigio se mantiene fuera del país.

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