Según la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la resolución ministerial que adjudica el campo al consorcio Sinopetrol (integrado por Sinopec y NSE), sigue vigente. Esto permitiría al Ejecutivo firmar el contrato en cualquier momento, lo que ha generado críticas de legisladores opositores, quienes exigen su derogación inmediata.

Incumplimiento de plazos y contradicciones

El presidente Daniel Noboa había fijado como plazo límite el 11 de marzo para el pago de una prima de USD 1.500 millones, requisito no cumplido por el consorcio. Sin embargo, NSE anunció que logró recaudar USD 120 millones –mediante la venta de acciones– como parte del financiamiento, mientras que Shell aportaría los USD 480 millones restantes.

Analistas de HFI Research, señalan que el acuerdo no está descartado, pese al incumplimiento del plazo. La fecha oficial de cierre sigue siendo el 16 de abril, dos días después de la segunda vuelta electoral. Si Noboa gana, el contrato podría concretarse; de lo contrario, el financiamiento se cancelaría.

Crisis política y judicial

La bancada de la Revolución Ciudadana, acusó al gobierno de opacidad y prepara un juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, por no comparecer ante la Asamblea para explicar el caso. Paralelamente, el abogado Washington Andrade, representante de trabajadores petroleros, denunció persecución judicial contra quienes se oponen a la concesión, asegurando que el gobierno utiliza denuncias falsas para intimidar a los críticos.

Mientras el Ministerio de Energía insiste en que «no hay nada más que discutir», el mercado petrolero y los inversionistas permanecen en vilo, a la espera de los resultados electorales y una definición legal sobre el futuro del Campo Sacha.

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«Se agrava el conflicto social, ambiental en los bloques 16/67 en Orellana, esto por el incumplimiento de EP Petroecuador y autoridades a las demandas legítimas de la nacionalidad Waorani que habita el Yasuní, son 40 años de abandono estatal y contaminación», indicó la Conaie a través de Twitter.

La empresa Petroecuador otorgó mayores detalles de lo sucedido a través de un comunicado expuesto en sus canales oficiales. En el mismo, recaóca que el accionar de las Fuerzas Armadas evitó que personal de la empresa resulte involucrado en el acontecimiento. Asimismo, confirmó que algunos uniformados resultaron heridos durante su proceso de represión.

«Es importante reiterar que la estatal petrolera mantiene abierto el diálogo para llegar a acuerdos con la comunidad, dentro de sus competencias, con la finalidad de lograr beneficios para ambas partes, en el marco de lo que establecen las leyes y normativas ecuatorianas», concluyó el mensaje expuesto por la petrolera estatal.

Los antecedentes

El Bloque 16 era operado por Petrolia (filial de New Stratus Energy). La empresa de origen canadiense firmó un acuerdo con la multinacional Repsol, que desempeñaba actividades en la zona hasta 2021.

No obstante, en diciembre de 2022 el contrato entre Repsol y el Estado ecuatoriano culminó. En consecuencia, Petroecuador asumió el bloque petrolero. Sin embargo, la citada Petrolia intentó extender ese contrato, aunque el Gobierno expresó que dicha acción no sería legal.

Ante la salida de esta empresa, comuneros protestaron pues la petrolera había ofrecido «beneficios», según declaró Fernando Santos Alvite, ministro de Energía. En tanto, este tipo de manifestaciones se han replicado en otros cuatro bloques.

«Lo único que como pueblo Waorani hemos pedido, es que Petroecuador mantenga lo acordado: salud y educación para nuestro pueblo; pero ahora nos dijeron que no tienen recursos», declaró uno de los líderes de la comunidad, durante una entrevista en Del día a la noche.

JR

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En una entrevista con EFE, Arata consideró que “sería un suicidio” para el país que no se haga la multimillonaria inversión que tienen prevista para elevar su producción. La empresa consta en la bolsa de valores en Canadá y actualmente está a cargo de los bloques 16 y 67, bajo su filial Petrolia Ecuador.

Para Arata, la empresa NSE tiene derecho a solicitar la extensión de los contratos y a que se forme una comisión negociadora. Sin embargo, al momento el Gobierno Nacional mantiene un proceso de reversión de los yacimientos para que regresen al Estado y queden eventualmente en manos de la estatal Petroecuador.

«Hay mucha gente pescando en río revuelto. Hay muchos intereses de terceros para que esto revierta a Petroecuador. El propio ministro (de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite) dijo que Petroecuador era un antro de corrupción», manifestó el ejecutivo, que ve «incompatible» el proceso de reversión con la negociación.

La propuesta de NSE

La propuesta de la empresa es un nuevo contrato de 15 años bajo la modalidad de participación y ya no de servicios, lo que facilita el acceso al financiamiento. Esta dinámica beneficiaría al Estado, quien sería el socio mayoritario, mientras que el privado asumiría las inversiones. Este acuerdo generará un mejor reparto de beneficios para ambos, según Arata.

Actualmente, Petrolia opera bajo un contrato de servicios en donde recibe un monto por cada barril extraído. Por su parte, el Estado se queda con la totalidad del crudo.

Las medidas legales como último recurso

En caso de no conformarse una comisión para replantear un negociación, la vía legal será el último recurso. “Tenemos una responsabilidad con todos nuestros accionistas y tendríamos que recurrir a todos los instrumentos legales y jurídicos, de arbitraje nacional e internacional, para que se nos respete ese derecho”, resaltó  Arata.

La inversión contemplada por la compañía para los dos próximos años es de  USD 200 millones de dólares, con el fin de elevar su producción de los 15 mil a unos 25 mil barriles diarios. El objetivo es  lograr entre 70 y 90 millones de barriles adicionales en los próximos 15 años, con un valor aproximado de USD 715 millones. “ Al final del día, lo que pedimos es que nos dejen invertir”, añadió.

Una de las mayores ventajas que expone la petrolera es la generación de empleo “ “Lo que nos interesa es perforar pozos, aumentar producción, generar empleo y generar beneficios tanto para la nación como para las comunidades (indígenas) que están trabajando de la mano con nosotros”, continuó Arata.

Los frutos de NSE

El empresario manifestó que los bloques 16 y 67 requieren una gasto de al menos 100 millones al año. Es por eso que mantienen una alianza con la compañía Baker- Hugues, que le dan un respaldo técnico y financiero. Además, resaltó que desde que asumieron los yacimientos, la producción ha subido un 15 % sobre lo proyectado inicialmente.

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