El plagio en el periodismo ecuatoriano es una realidad de la que poco se habla, pero que está latente. Las redes sociales se vuelven un espacio de denuncia respecto de cuando un colega toma el trabajo de otro como si fuera suyo. Es lo que ha pasado en las últimas semanas.

Arahí Vega, periodista en diario La Hora, mostró públicamente, en su cuenta de X, la situación sobre el robo de información que sufrió cuando un canal de TV emitió un reportaje sin citarla y robando información que obtuvo mediante el pedido de información.

«En cualquier ámbito tomar el trabajo de otra persona y aprovecharse de ello es una práctica antiética. No dar el crédito. En los medios de comunicación cada vez somos menos, los recursos se limitan más, el trabajo es mucho más difícil en cuanto a conseguir y validar datos. Donde trabajo no tenemos la política de no citar a otros medios. Creemos que es válido si un medio consigue la información antes que nosotros y no nos quita nada dar el crédito», le dijo la periodista a La Calle.

No es la primera que a esta reportera le sucede. Anteriormente dos periódicos también tomaron sus datos e información sin citarla. Debieron ofrecerle disculpas y dar de baja a las noticias. Aunque esto le ocurrió con medios digitales o páginas de información, su última denuncia iba dirigida a un medio tradicional en cuya estructura consta un código de ética.

Más denuncias aparecen

Lo expuesto por Arahí marcó el inicio de varias publicaciones en redes de otros periodistas que sufrieron plagios. Yalilé Loaiza, periodista de Infobae ha tenido este problema en diversas ocasiones.

El plagio no solo es antiético si no que también lleva a la posibilidad de copiar información que sea equivocada, lo que lleva a formar una bola de nieve con información imprecisa. «Es también un tema de ética, cómo voy a creer en un medio que se roba contenido. Así sea el contenido que sea. Bueno o malo. Verdadero o no ¿por qué tendría que creer en alguien que no respeta el trabajo de otro?», añadió Vega.

Desde las organizaciones de protección a periodistas se realizan esfuerzos para recordarles la importancia de no cometer plagio y las consecuencias que puede tener. «En algún punto hay que empezar a hablar del tema, pero nace de cada periodista y medio, si no haces nada al respecto sigues avalando el plagio», puntualizó. (MIB)

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«El comandante Graham Gore (oficial de la fallida expedición ártica de 1845 de Sir John Franklin) es una de esas figuras rescatadas de una muerte segura. Lo acompañan un capitán del ejército de los campos del Somme, una víctima de una plaga del siglo XVII, una viuda de la Francia revolucionaria y un Soldado del siglo XVII», agrega la noticia.

El título y la trama tienen un gran parecido con la serie española El Ministerio del Tiempo creada por Javier y Pablo Olivares y emitida por La 1 de RTVE entre 2015 y 2020. Esto hizo que varios fanáticos de la serie pusieran en duda la originalidad de la serie británica. La información llegó a los oídos de Javier, quien tuiteó sobre el evidente plagio. También agradeció el apoyo de los fanáticos.

«Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El Ministerio del Tiempo. Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar. No sé… Digo yo, eh», publicó el guionista en su cuenta de X.

RTVE se pronuncia

La Radio y Televisión Española (RTVE) se pronunció indicando que ni ellos ni la productora de El Ministerio del Tiempo «otorgaron ninguna licencia a BBC ni a productoras para su adaptación. RTVE solicitará explicaciones a BBC sobre el anuncio que realizó sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses».

No es la primera vez

La serie ya generó polémica por un intento de plagio en Estados Unidos. En septiembre de 2016, la productora Onza Partners demandó a la cadena NBC por plagio tras el estreno de la serie Timeless. La serie mostraba a un equipo de tres personas (dos hombres y una mujer) trabajan para el Gobierno viajando en el tiempo para evitar que la historia sea alterada.

En 2017, después de un acuerdo de sobreseimiento provisional, se puso final a la batalla legal y permitió la emisión de Timeless.

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La cámara de videovigilancia captó el momento en el que varios autos se estacionaron en los exteriores de su residencia a las 22:00 aproximadamente. Se mantuvieron en vigilia y a las 3:30 de la madrugada del 10 de diciembre, otros sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra su casa.

Schettini responsabilizó del hecho a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y a la Policía Nacional. Además, recalcó que este sería el tercer ataque que recibe y las autoridades no han ejecutado ninguna acción.

De la misma manera, aclaró para Radio La Calle, que esta sería la décima denuncia que interpone en la Fiscalía General del Estado (FGE), ellos sortean la causa a diferentes jueces, pero ninguno ha dado respuesta. «Mi causa la conocen más de seis jueces, pero estamos igual», manifestó.

La denuncia en esta ocasión la presentó de manera formal ante el fiscal que lleva la investigación de intimidación.

«La Fiscalía también tiene conocimiento de todos los hechos, la fiscal lo sabe, pero nadie a hecho nada», ratificó.

Schettini mencionó que este sería otro intento por silenciarla. Además, su abogada Angélica Porras lamentó que el programa de víctimas y testigos no haya implementado las medidas de protección eficaces para salvaguardar la vida de su defendida y sus hijos.

«Tenemos serias sospechas de que cierta información ha sido filtrada desde el propio sistema de víctimas y testigos protegidos».

El sistema de testigos protegidos

La integrante de AJP señaló que la fiscal la habría retirado del sistema de testigos protegidos luego de que la denunciara por el supuesto plagio de su tesis. Posterior a eso, cuando un hombre intentó ingresar a su casa el 27 de septiembre, la volvieron a incluir en el programa.

«Solo me llamaron del sistema, hicieron un informe de riesgo y el 7 de noviembre de 2023 regresé al programa», dijo.

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En el primer clip se escucha al rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Fernando Sempértegui, admitir que encontró al menos hay 36 citas de pie de página en la tesis y él marcó más de 50 que no tienen pie de página a lo largo del texto. El rector alegó que esa era una «manera coloquial de citar».

Recalcó que la Universidad inició una investigación para determinar la autoría de la tesis. Sin embargo, mencionó que no está dentro de sus funciones anular o no el título de Salazar.

«Yo tengo la tesis aquí y en efecto se comprueba una debilidad -una impericia- para citar», dijo.

En otro fragmento pidió a los demás integrantes que guarden sus dispositivos móviles.

«No fotografíen, no difundan. Guarden todos los papeles en el sobre manila. Al final estaremos recogiéndolos», comentó.

De la misma manera, pidió a los integrantes del HCU que se «pongan en «los zapatos» de una estudiante de 23 años que estaba aprendiendo a escribir». Sempérteguí enfatizó que la «impericia» tenía que ser detectada por el director de la tesis, pero no lo hizo.

«Si el docente a cargo también estaba en ese error y desconocimiento cómo le va a corregir a la alumna», remarcó.

¡Ey! Las normas para todos

A lo largo de la reunión, las posturas de los integrantes del Consejo frente al informe que analizó la tesis de Salazar se complicaban.

Mientras la docente Julieta Logroño justificaba a la entidad y a la Comisión del Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia del documento elaborado, la maestra Silvia Vega explicaba que las reglas y normas para evitar el plagio radican en la institución desde 1974. Por lo que no existía alguna excusa para pasar por alto las fallas.

«A mí me parece que no se está falseando a la verdad porque dicen que son coincidencias y hay algunas que no se deben citar», dijo Logroño.

«Aunque aquí se ve -de alguna manera- cosas iguales, son en realidad cuestiones que todo el mundo maneja y es necesario decirlo», repitió.

Por otro lado, Vega apuntó que el reglamento es lo suficientemente claro y específico en estos escenarios. «Es lamentable que no fue observado a tiempo», indicó.

Finalmente, Sempértegui aseguró que la tesis de tercer nivel es «un documento formativo» y no «el tratado de un profesional formado y acabado».

«La tesis pudo haber sido más escueta, vista desde nuestra perspectiva. Es más, la tesis Albert Einstein era muy corta porque tuvo 25 páginas», comentó.

La respuesta de Salazar

La fiscal, a través de un comunicado, indicó que este sería otro supuesto «intento por menoscabar su reputación» y denunció ser víctima de violencia política.

«Esta campaña expectativa, una vez más, pretende continuar con el ataque sistemático de un proceso que, desde el punto de vista jurídico, ya está resuelto», reza el comunicado.

Era como un tesoro…

El 14 de julio de 2023, AJP interpuso una demanda de acceso a la información contra la UCE por no entregar la información sobre la tesis de la fiscal. En este recurso solicitó audios, grabaciones, actas de la reunión en las que se discutió el tema y la votación -aprobada por la mayoría- para definir los “errores de la fiscal” como una “impericia”.

El rector de la UCE se opuso a entregar el clip y mencionó que esta sería solo una “intención de ofender al HCU de manera pública”. En ese momento, apeló la resolución y pidió al juez la prevención del uso legal y constitucional de la grabación.

Sin embargo, el pasado 31 de octubre, el Tribunal de la Corte de Pichincha ordenó la entrega inmediata del audio de la reunión que analizó el supuesto plagio de Salazar.

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Rechazamos la decisión de los rector del IAEN que nos cierre las puertas y al rector de la Universidad Andina Simón Bolívar por prestarse para chismes de Twitter. Haro censuró y desalojó a todos los que acudimos al foro. ¿Por qué no quieren que hablemos del plagio de la Fiscal General? ¿Cuál es el miedo?», publicó Priscila Schettini en su cuenta de X.

El evento académico se titulaba «Universidad y Justicia: entre el Plagio y la Impericia». Se trataba de un coloquio sobre el análisis académico del supuesto plagio cometido por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en su tesis de pregrado y en un artículo académico de su autoría.

Foto: IAEN

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La veeduría internacional identificó dos tipos de plagio, uno de ellos es párrafos y páginas copiadas de manera textual en los textos, estos apartados no contienen comillas o alguna referencia. Por otro lado, encontraron una «simulación de paráfrasis». En este caso aparecen partes sin comillas o referencias, pero con una o dos palabras diferentes.

Además, halló «defectos formales» en la calidad y coherencia de los textos, como las referencias de pie de página que no direccionan a un lugar concreto, bibliografía y carencia de calidad.

Mientras tanto, la comisión de la Universidad Central de Ecuador (UCE) encargada de revisar el caso de Salazar tachó de «impericia» los fallos de la máxima autoridad de la Fiscalía.

«La falta de originalidad, coherencia y rigor en los trabajos sugiere un alto grado de similitud con los textos originales, lo que indica plagio o deshonestidad académica», reza el comunicado.

El Colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) denunció que la fiscal supuestamente plagió sus tesis de grado y uno de sus artículos científicos. Priscila Schettini, integrante de AJP, fue parte de una veeduría en el Cpccs en el que demostró que la fiscal habría copiado a nueve autores.

Además, la mamá de Salazar presentó una denuncia por el supuesto delito de odio, luego de que presentaran en redes sociales el supuesto plagio.

Schettini mencionó, para Radio La Calle, que el origen este nuevo proceso se debería a la denuncia que el colectivo presentó por el supuesto plagio de la tesis de Salazar. Según ella, los mensajes que surgen en redes sociales, a partir de esa denuncia, no le parecen y decide culpabilizar a los miembros del colectivo.

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Según la UCE, no se utilizó ningún sistema antiplagio porque los académicos de la comisión y los miembros del Honorable Consejo Universitario (HCU) hicieron «una rigurosa evaluación».

Desde el HCU se explicó que no hay plagio porque la hipótesis que presentó Salazar era nueva ya que el «coyoterismo» es un aporte original en el campo del Derecho. Además, resaltaron, nuevamente, que el modo de citar recayó en una «impericia» y no en plagio como lo denunciaron los integrantes de Acción Jurídica Popular (AJP).

El consejero de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Augusto Verduga asegura que esta acción evidencia una «pequeña ayuda de amigos«. La razón es que en la audiencia del Cpccs se comprobó que varios de los párrafos que escribió la funcionaria eran idénticos a otro trabajo académico.

El informe de la UCE

El 28 de junio, la UCE calificó de «impericia» y «omisiones inintencionadas» los errores identificados en la tesis de pregado de la fiscal Salazar. El HCU hizo público el informe y resolvió la verificabilidad de la ex estudiante en las técnicas de citación.

Un poco más de un mes le tomó a la UCE emitir un informe, luego de polémicas como la no presentación a comparecencia y respuesta de su rector ante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), también presiones en redes sociales que ubicaron a la misma como tendencia.

La denuncia por presunto plagio

AJP solicitó a la CJ la suspensión y destitución de Salazar, por presunto plagio en su tesis de pregrado. Esta denuncia se presentó el 22 de mayo de 2023.

Según los denunciantes, la tesis académica que le otorgó a la fiscal el título de abogada tendría un 40 % de plagio. Como principales acciones se presentaron tres denuncias en el CJ, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE). (DCJ)

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Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo y miembro de AJP, indicó que la resolución con la que los notificaron, no tiene firma, por lo que carecería de validez.

Además, solicitaron que el audio, grabación, actas de la reunión en la que se discutió la situación y votación con la que se aprobó la supuesta impericia de la fiscal.

«No conocemos que dice el informe, las votaciones o las menciones que se hicieron a la solicitud de plagio», apuntó Angélica Porras, integrante de AJP.

Según Porras, el rector de la UCE señaló que esa decisión la tomaron por unanimidad, por lo que piden el informe de las personas que asistieron a la reunión.

No es la primera vez

El pasado 13 de junio, el colectivo interpuso otra demanda por la falta de entrega de la documentación del caso. Habían transcurrido 19 días y el rector de la universidad, Fernando Sempértegui, no se había pronunciado al respecto.

Las Las autoridades demandadas fueron: el rector; el procurador general de la UCE, Marcelo Acosta Cerón; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.

El meollo del asunto

 La Universidad Central del Ecuador (UCE) calificó de “impericia” y “omisiones inintencionadas” los errores identificados en la tesis de pregado de Salazar. El “Honorable” Consejo Universitario (HCU) hizo público el informe y resolvió la verificabilidad de la ex estudiante en las técnicas de citación.

El HCU minimizó con el eufemismo de “impericia” en las técnicas de citación y hace referencia a que existen algunos párrafos que no tienen parafraseo o citas. Sin embargo, sus autores constan en la lista bibliográfica final y podría ser considerado presunto plagio, que el Consejo desestimó como tal. (N.J.C)

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Verduga, en entrevista con Radio La Calle, cuestionó que los académicos del país no hayan reaccionado al «documento burdo» que entregó la universidad. Recalcó que la definición de plagio está claramente definida y la intentaron sustituir con otros términos.

El consejero aseguró que en la audiencia pública, a la que no se presentó Salazar, identificaron que la tesis de la fiscal tenía más de 37 mil palabras idénticas a la de otros autores.

Otra investigación

Además, Verduga detalló que Acción Jurídica Popular (AJP) presentó otra denuncia de otro supuesto plagio en un artículo científico publicado en la Revista Académica Central. Según el colectivo, el documento tendría un 25 % de plagio, pero en esta ocasión a uno de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE), identificado como Diego Rodríguez Villamarín.

Según la indagación, la víctima ingreso a la entidad de control en 2021 y desde 2021, año en que se publicó el artículo, tuvo ascensos progresivos. Las autoridades suponen que la fiscal pudo influir en el trabajador luego del hecho denunciado.

«Como Consejo no tenemos la capacidad para destituir como lo mencionaron otros medio, pero tenemos la atribución de atender un oficio ciudadano. Enviamos la documentación necesaria a las autoridades correspondientes para que se sancione», refirió.

Verduga explicó que en esta investigación debería aumentarse otra investigación por el presunto delito de perjurio. Salazar habría jurado que toda la documentación anexada en su carpeta era de su autoría, pero las indagaciones muestran algo diferente.

Finalmente, enfatizó que el Cpccs no el teme a las supuestas amenazas que realiza la fiscal con abrir otra indagación. «Estamos actuando bajo el amparo de la ley y el derecho nos respalda», dijo.

El artículo

AJP denunció otro supuesto plagio a la fiscal en un artículo científico que fue publicado en la revista “Derecho Penal Central” en agosto de 2021. AJP encontró que un 15% del plagio es procedente de una tesis del año 2020 que le pertenece a una estudiante de la Universidad Politécnica Nacional. Además, la tutora de este trabajo sería la hermana de la fiscal, Yasmín Salazar Méndez.

Angélica Porras, docente universitaria e integrante de la AJP, explicó que el resumen que se pone en el inicio de un artículo debe referirse al contenido del mismo. Sin embargo, el artículo de la fiscal “no tiene nada que ver con el resúmen puesto“.

“No es posible que haya acdémicos que salgan a decir que no importa que la fiscal haya copiado en 2005, bueno también copió en 2021″. De la misma manera, Porras aclaró que en su experiencia como docente ese “tipo de errores” no pueden pasar. (N.J.C)

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En el documento se recomienda enviar la información a las autoridades competentes para que analicen el caso y tomen acciones por la denuncia. Además, recomienda que se investigue un posible tráfico de influencias, debido a una segunda denuncia de plagio en un artículo científico.

«Se recomienda al Cpccs remita el presente informe y sus respaldos para que las autoridades competentes, para que dentro de sus correspondencias apliquen los correctivos necesarios», reza el comunicado.

En el presunto delito estaría involucrado el servidor de la FGE Diego Ramiro Rodríguez. De acuerdo con las investigaciones, Salazar habría copiado algunos párrafos de un documento de Rodríguez y éste habría ascendido de puesto de forma progresiva.

«Se considera que hay la posibilidad de que la Fiscalía haya ejercido influencia en ese funcionario», detalla.

El informe se remitirá a la Contraloría General del Estado, la Senescyt y al presidente del Consejo de Educación Superior CES para que tome acciones civiles, legales y académicas.

Respuesta de la UCE

El colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) anunció que solicitará el acta de la Universidad Central (UCE) para esclarecer las llamadas impericias que cometió la fiscal Diana Salazar en su trabajo académico.

Ante la resolución de la UCE, el colectivo se pronunció e interpretó que el tribunal académico sí reconoció el plagio en la tesis de pregrado de la Fiscal y que citó varios textos sin citar. Sin embargo, lo llamaron impericia, lo cual significa una imprudencia profesional, según la Real Academia Española (RAE).

De la misma manera, el documento explica que el catedrático Tomás Sánchez pasó la tesis por tres aplicaciones de software que arrojaron que habían más de 34 mil palabras idénticas.

La resolución de la UCE interfiere en esta acción

El consejero Augusto Verduga explicó para Radio La Calle que la decisión del Consejo Universitario no influye en las acciones que seguirán por el presunto plagio de Salazar. Recalcó que como entidad tiene la facultad de reabrir casos si el caso lo amerita. (N.J.C)

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Un poco más de un mes le tomó a la UCE emitir un informe, luego de polémicas como la no presentación a comparecencia y respuesta de su rector ante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), también presiones en redes sociales que ubicaron a la misma como tendencia.

Resolución

El HCU minimizó con el eufemismo de «impericia» en las técnicas de citación y hace referencia a que existen algunos párrafos que no tienen parafraseo o citas. Sin embargo, sus autores constan en la lista bibliográfica final, que bien podrían ser considerados presunto plagio, que el Consejo desestimó como tal.

Respuesta de la Fiscal

A través de Twitter, la Fiscal celebró el pronunciamiento a su favor. Desestimó toda denuncia en su contra, las cuales considera como «hostigamiento» e «infamia». También decidió actuar por la vía legal ya que «no permitirá que se dañe su buen nombre y el de su familia», manifestó.

Citas

Hay dos tipos de citas: citas textuales y citas ideológicas o paráfrasis. Si se cita textualmente o se parafrasea en las propias palabras del que escribe el trabajo, se debe dar crédito al autor original, si no se cita la fuente es plagio.

Existen normas de uso para citar y hacer referencia a la fuente citada, como las normas contenidas en el Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association (APA), que son las que las universidades han adoptado para las citas en las tesis.

El plagio académico es un mal que se presenta frecuentemente en artículos científicos, ensayos, libros, tesis, proyectos y en respuestas a cuestionarios de evaluación.

Se entiende por plagio académico la adjudicación de ideas u obras académicas o parte de ellas, sin reconocer la fuente o autoría; es una conducta fraudulenta que se práctica con el fin de lograr el reconocimiento y/o beneficios académicos o económicos. (M.W.S)

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En la sesión extraordinaria del HCU se determinó que Salazar «es la persona que sin duda alguna elaboró e investigó el tema expuesto en su tesis». Asimismo, que defendió en grado oral su trabajo de investigación.

Según el Consejo, la fiscal general es la autora de la tesis «El tráfico ilegal de migrantes: Coyoterismo en la legislación ecuatoriana» y no cabe poner en duda su veracidad.

El análisis del HCU

El HCU agregó que Salazar cumplió con todos los parámetros para obtener su título, es decir, que cursó la carrera de Derecho, realizó tareas y rindió exámenes como determina el reglamento. Asimismo, explicó que después de revisar y analizar el trabajo de grado se determinó que el texto cumple los requisitos formales que la Academia solicita.

La UCE resaltó que los cinco primeros capítulos del documento son una descripción del problema del coyoterismo en el Ecuador. El capítulo seis sería el núcleo del problema de la tesis que fue fundamentado con la norma vigente del país.

Para el HCU, varios párrafos del trabajo en cuestión tenían citas o pies de páginas en los que se corroboraba los autores utilizados. En el caso de los párrafos que no tenían esto, se afirmó que fueron tomados de la enciclopedia OMEBA, que sí estaría incluida en la bibliografía final.

De la misma manera, sostuvo que la funcionaria tuvo un tribunal calificador, que aprobó a Salazar antes de la defensa de su tesis. Del mismo modo, para declararla graduada se realizó un promedio entre las calificaciones obtenidas en su trabajo escrito y su presentación oral.

«Lady Diana Salazar Méndez, (…), finalmente es la personsa que defendió en grado oral su trabajo de investigación realizado; en consecuencia, es la autora de ese trabajo«, raza el informe.

La respuesta de Acción Popular

Acción Jurídica Popular informó que sus integrantes se pronunciarán el 29 de junio respecto a la resolución de la Central. Asimismo, anticipó que pedirán el acta de sesión, que es de información pública.

La integrante del colectivo, Priscila Schettini, recomendó a la fiscal «leer toda la resolución» del HCU, porque se afirmó la veracidad de autora, y no el plagio. «Nunca dijeron que no hubo plagio, dicen que el director de su tesis de 2005, dijo que cumplió los requisitos», respondió a la fiscal.

Por su parte, Diana Salazar a través de su cuenta de Twitter, comentó que la Universidad Central se ha pronunciado. «¡Basta de mentiras!», escribió.

¿Y el 40 % de plagio?

El 2 de junio de 2023, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) realizó una audiencia para tratar el caso. AJP halló que el trabajo de grado fue subido el 18 de abril de 2023, cuando la fiscal se graduó en 2005.

Al leer algunos párrafos del trabajo que se supone la fiscal copeó y su tesis, se concluyó que cambiaban de dos a tres palabras. Además, al ingresar la tesis en el sistema antiplagio, se observó que hubo un «40 % de plagio«. (DCJ)

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Según, la integrante de Acción Popular Jurídica (AJP) y esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, Priscila Schettini, aunque en el país, la Universidad Central del Ecuador y los académicos guarden silencio, hay instancias internacionales que se toman con seriedad el caso.

Fernando Flores Giménez, Juan Carlos Carbonell Mateu y Marco Aparicio Wilhelmi llevarán el caso del presunto plagio de tesis de pregrado de la funcionaria. Los expertos tienen una larga trayectoria y experiencia académica, por lo que AJP espera que la resolución sea con regurosidad y objetividad.

El silencio de las autoridades frente al caso

Desde el día en el que se presentó la denuncia en contra de la fiscal Salazar, las autoridades de la Universidad Central (UCE) no se han manifestado. Lo único que se realizó fue la integración de una comisión académica para analizar el caso.

Además, el 31 de mayo, AJP presentó otra denuncia de plagio en contra de la fiscal por un artículo científico que fue publicado en la revista “Derecho Penal Central” en agosto de 2021. En este caso, AJP aseguró que el documento tiene un 25 % de plagio.

Sin embargo, el 23 de junio el rector de la UCE, Fernando Sempérteguí no asistió a la audiencia en la que se verificaría la denuncia puesta por un 40 % de plagio en la tesis. Sempérteguí tenía que comparecer frente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), pero no asistió.

Para una de las integrantes de AJP, Angélica Porras, la máxima autoridad de la universidad tendía que acudir para demostrar la supuesta inocencia de la fiscal. (DCJ)

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Los integrantes de un medio digital aseguraron tener el resultado del informe que habría elaborado la comisión. Ante eso, la integrante de Acción Jurídica Popular (AJP) y esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, Priscila Schettini, cuestionó que el informe se haya aparentemente filtrado y la UCE no se pronuncie.

Además, comentó el documento lo tenían que entregar el 29 de junio. Desde el inicio de la investigación, la implicada apuntó que no confiaba en el universidad debido a las declaraciones que dio el rector Fernando Sempértegui.

El periodista del medio indicó que el informe «trae varias sorpresas» y que la denuncia que realizó Schettini «no tendría pies ni cabeza».

«Desde cuándo Titiritero de la pauta es parte de los grandes académicos de la Central que realizan el informe del plagio de Salazar. Por qué supuestamente se entregó el informe a este medio de comunicación», protesto la Schettini en Twitter.

No fueron a la audiencia pública

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) notificó a Sempértegui y a Salazar sobre la audiencia pública para vigilar el proceso de indagación en este caso. Sin embargo, ninguno acudió a los llamados.

El rector tenía que presentarse a la sala del Consejo el pasado 23 de junio. No obstante, ni la universidad ni su máxima autoridad notificaron el motivo de su falta.

Vera manifestó que investigarán una posible vulneración de derechos de participación contra Sempértegui por su ausencia. De la misma manera, AJP denunció que la UCE respondió a sus peticiones 15 días más tarde y por una acción de información que presentaron.

El origen del origen…

El colectivo solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) la suspensión y destitución de la fiscal por presunto plagio en su tesis. Según los abogados, habrían encontrado un 40 % de plagio. Desde entonces, pidieron a la UCE que analice el hecho y solicitó los nombres de los integrantes de la comisión para darle seguimiento.

Además, solicitó una fotocopia del Reglamento de Infracciones de los estudiantes que estuvo vigente entre 2004 y 2006. Este pedido es para conocer cuál es el procedimiento y sanciones en caso de plagio. (N.J.C)

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El rector de la UCE tenía que comparecer ante el Cpccs por la comisión que se habría formado para revisar el supuesto plagio de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El ciudadano Eduardo Chinga habría solicitado esta audiencia.

Sin embargo, Sempérteguí no acudió a la sesión, por lo que el consejero Augusto Verduga mencionó que el rector «le dio la espalda a un pedido ciudadano».

Ante la ausencia, Vera indicó que Sempértgui fue notificado a través de un correo electrónico y mediante una citación física.

«Hasta el momento, la UCE no nos ha notificado con ninguna excusa o respuesta sobre la comparecencia. No lo han hecho ni de manera telemática ni de forma física», refirió Vera.

¿Qué dice AJP?

De la misma manera, una de las integrantes de Acción Jurídica Popular (AJP), Angélica Porras, aseguró que la máxima autoridad de la universidad tendía que acudir para demostrar la supuesta inocencia de la fiscal.

«Nosotros venimos a la audiencia para entregarle al rector otra información sobre otro plagio de la señora Salazar cuando ya era fiscal», refirió.

Según el colectivo, es plagio respondería a un articulo científico publicado en una revista de la universidad. También, indicó que uno de los supuestos implicados trabaja en la institución e control desde el 2019.

No daban señales de vida…

AJP presentó una acción de acceso a la información pública en contra UCE por la falta de entrega de documentación relacionada a la tesis de Salazar.

El 26 de mayo de 2023, Sempértegui dispuso la integración de una comisión para analizar el supuesto plagio de al menos un 40 %.

Sin embargo, más de 19 días del anuncio no se ha tenido más noticias de las autoridades universitarias. Aún se espera la presentación del informe que determine si hubo falsedad intelectual. (N.J.C)

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Se trata de los doctores César Muñoz, docente titular y director de la carrera de Derecho; Holger Canseco, docente titular de la carrera de Derecho; y Franklin Vásquez, docente titular y coordinador de la Unidad de Titulación de la carrera de Derecho, de acuerdo con Radio Pichincha.

El pasado 13 de junio, Acción Jurídica Popular hizo pública una demanda constitucional de acceso a la información pública en contra de las autoridades de la Universidad Central sobre los nombres de los integrantes del Comité. La información se solicitó desde el 29 de mayo, pero no hubo respuesta.

Además, solicitaron copias del acta en la que consta su nombramiento y del Reglamento de Infracciones de los Estudiantes, que entre el año 2004 y 2006 prevé el procedimiento y sanciones contempladas para el plagio. Adicionalmente, una copia certificada de la tesis de grado de la fiscal Salazar.

Los nombres de los abogados que investigarán el supuesto plagio fueron nombrados por el Consejo Directivo de la Unidad Académica, en sesión ordinaria Nro. 6 -del 31 de mayo al 1 junio de 2023- que emitió la Resolución Nro. UCE-FJCPS-SA-2023-0047-R. (MIB)

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El 26 de mayo de 2023, el rector de la UCE, Fernando Sempértegui dispuso la integración de una comisión para analizar el supuesto plagio de al menos un 40 %. El colectivo solicitó que se abra un expediente y se le revoque el título de abogada a Salazar.

Sin embargo, a 19 días del anuncio no se ha tenido más noticias de las autoridades universitarias. Aún se espera la presentación del informe que determine si hubo falsedad intelectual. Según Sempértegui, la investigación estaría listo en un mes y debe tener en cuenta las normas de elaboración de tesis vigentes en 2005, fecha de graduación de Salazar.

La comisión está integrada por el rector, el vicerrector, los directores de carrera, además de los decanos de cada facultad; también tiene representación estudiantil y de los trabajadores.

Sobre la acción

La acción de acceso a la Información Pública ha recaído en el Juzgador Walter Figueroa Carballo y es el Nro. 17957-2023-00150. Se pide que le dispongan a la Universidad Central que cumpla con lo previsto en la Ley y la Constitución.

Las autoridades demandadas son: el rector Fernando Sempértegui; el procurador general de la UCE, Marcelo Acosta Cerón; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.

La información certificada que el colectivo solicita es:

• ¿Qué autoridad fue la que designó la Comisión para analizar la denuncia de plagio de la fiscal general Diana Salazar?;
• El acta de la sesión en la que se designó a los miembros de la Comisión para analizar la denuncia de plagio;
• ¿Cuáles son los miembros de la Comisión conformada para analizar la denuncia de plagio?;
• Fotocopias certificadas del Estatuto de la Universidad Central del Ecuador que entre el 2004 y el 2006, se encontraba vigente;
• Fotocopias certificadas de la tesis de pregado de la fiscal general Diana Salazar, cuyo título fue «El tráfico ilegal de migrantes, coyoterismo en la legislación ecutoriana»; y,
• Se nos informe por parte del rector Fernando Sempértegui, si es familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad de los señores Luis Eduardo Sempértegui San Lucas y Ricardo Alberto Sempértegui Sánchez, que son servidores de la Fiscalía General del Estado, información que es necesaria para conocer por la relevancia de la denuncia que hemos presentado, misma respecto de la que no hemos tenido respuesta oficial hasta la presente fecha.

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«Reiteramos nuestro rechazo a cualquier violencia o amenaza contra las instituciones y sus representantes, y nuestro apego al respeto a las instituciones del Estado y al Estado de derecho”, dijo Fitzpatrick ante las intimidaciones a Salazar.

La mañana del 2 de junio la Fiscal mantuvo una reunión con los representantes de esta embajada, sin embargo, no se detallaron los puntos tratados en este encuentro.

Por otro lado, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), del Comité Empresarial Ecuatoriano, incluso, del exasambleísta por Pachakutik, Salvador Quishpe.

»Estamos seguros que no se detendrá en la investigación en los casos sobornos, sobre precios y venta anticipada de petróleo en el Gobierno de la Revolución Ciudadana», resaltó Quishpe.

¿Cómo avanza el caso de Salazar?

Los miembros del colectivo de Acción Jurídica Popular, presentaron al Cpccs en una audiencia pública las pruebas del supuesto plagio de Salazar en una tesis académica. En la sesión, leyeron uno a uno los textos que la fiscal habría tomado de nueve autores en total y no tendrían ninguna cita ni referencia en el pie de página.

Al finalizar su exposición, el colectivo reclamó que solo tres de los siete consejeros estuvieron presentes en la sesión. De igual manera, Salazar no acudió, pues señaló que el Cpccs no tiene ningún rol fiscalizador como el que tenía la Asamblea Nacional.

Ahora el caso pasará a manos de la Secretaría Técnica Anticorrupción del Cpccs para que se emita un informe de la investigación realizada y se socialicen los resultados en el Pleno del organismo.

La secretaria técnica Mariángel Muñoz aclaró que hasta ahí llegan su competencias como Consejo, ya que los funcionarios no tienen las potestad de destituir a ninguna autoridad. (A.G.M)

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Schettini comentó que ahora pretenden posicionar el discurso que ella debería estar detenida por las supuestas amenazas a Salazar.

«Así o más claro que las amenazas a la fiscal son mentiras (…) Etiquetan (supuestos trolls) a la Policía Nacional. Cuidado con otro caso armado, señores», expresó.

La disputa entre Salazar y Schettini inició cuando el AJP denunció el supuesto plagio de la fiscal en su tesis y solicitaron a la Universidad Central del Ecuador que conformen una comisión que compruebe esto.

Según la organización, el sistema antiplagio detectó que el documento de la principal autoridad de la FGE tiene 37 páginas de plagio.

Las supuestas amenazas

La madrugada de este 1 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que Salazar habría recibido amenazas en su contra y de su hija. La entidad de control rechazó todo tipo de «amedrentamientos».

El ministro del Interior, Juan Zapata, también se pronunció y aseguró que enviaría «las mejores unidades de investigación» para esclarecer el hecho. El servidor pretende enviar a su mejor contingente cuando en el país se desbordan los índices de violencia e inseguridad.

La denuncia

AJP solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) la suspensión y destitución de Salazar, por presunto plagio en su tesis de pregrado.

Según los denunciantes, la tesis académica que le otorgó a Salazar el título de abogada tendría un 40 % de plagio. Como principales acciones se presentaron tres denuncias en el CJ, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE).

Además, el equipo de abogados denunció otro supuesto plagio en un artículo científico publicado en la revista «Derecho Penal Central», en agosto de 2021.

“La fiscal general no solo ha plagiado cuando era estudiante en su tesis universitaria, sino que ahora también denunciamos su nuevo plagio como autoridad“, manifestó Priscila Schettini. El escrito de la fiscal tiene más del 25% de plagio, según la AJP. (N.J.C)

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En dichas páginas, hay, según el análisis, textos completos sin cita o referencia alguna, usando incluso textos que no están en la web. La denuncia se presentó con un informe de más de 170 hojas con todos los hallazgos encontrados para que se analicen y apliquen las sanciones que correspondan, explica un hilo del defensor de DDHH, Cristhian Bahamonde.

El rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Fernando Sampértegui, dispuso la integración de una comisión de “auditoría académica” para investigar el supuesto plagio de al menos un 40% de la tesis de pregrado de la fiscal general, Diana Salazar.

Sampértegui realizó este anuncio dos días después de que el colectivo jurídico Acción Jurídica Popular pidió que se le abra un expediente y se le revoque el título de abogada a esta autoridad de control.

El colectivo pidió a la UCE los nombres de los miembros de la Comisión de Auditoría Académica que analizará el supuesto plagio y la autoridad que designó este comité. De la misma manera, se pretende la entrega de la acta de sesión en la que se decidió los integrantes de este grupo.

El colectivo también solicitó una fotocopia del Reglamento de Infracciones de los estudiantes que estuvo vigente entre 2004 y 2006. Este pedido es para conocer cuál es el procedimiento y sanciones en caso de plagio.

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