La inseguridad que vive Ecuador va en aumento, a pesar de los esfuerzos publicitarios de las últimas semanas del Gobierno Nacional por mostrar una realidad diferente. Las cifras por muertes violentas se incrementan con los asaltos perpetrados en las carreteras a buses y transporte pesado. Según la Cámara de Transportistas Pesados (Cetrape), entre 2023 y lo que va del 2024,se han registrado más de 240 casos de secuestro y robos y 36 asesinatos a conductores y sus ayudantes. Son más frecuentes los videos que circulan en las redes sociales donde se evidencia que las bandas delincuenciales utilizan mecanismos cada vez más violentos en 10 vías, consideradas las más peligrosas del país, entre Cuenca, Guayaquil, Quevedo y Quito.

Luego de los acuerdos que la Federación Nacional de Transporte Pesado (Fenatrape) y la Federación Nacional de Transporte Liviano (Fenacotrali) habrían llegado con el Gobierno, el pasado 9 de julio, se anunció un “apagón de motores” para el 16 y 17 de este mes que finamente no se concretó por las contradicciones entre los representantes y agremiados. Sin embargo, este 29 de julio una caravana de cooperativas de transportistas realizó una manifestación pacífica desde el sur de Pichincha que pretendía llegar hasta el Centro Histórico de Quito para exigir al primer mandatario seguridad en las vías. Pero no hubo ningún acuerdo, pues la solicitud de reunión con la ministra del Interior, Mónica Palencia, fue atendida por delegados que no supieron entregar respuestas ni dar concreciones.

Este tipo de actuaciones de las autoridades “que resuelven” solo muestra la falta de interés total en atender este problema público, aunque la misma ministra Palencia es la vocera encargada de dar cifras repletas de optimismo de los supuestos resultados de una “estrategia eficiente” contra la delincuencia en el país. Pero ¿acaso estos datos, así como los de femicidios, no están en el radar de nuestros gobernantes? O es que en realidad prefieren obviarlos. Resulta alarmante el silencio de los medios de comunicación y la quietud del gobierno ante el clamor de los transportistas por sus vidas y estabilidad laboral.

Se supone que una de las consignas de Noboa y su gabinete es combatir la delincuencia y recuperar la economía nacional, así lo ha dicho reiteradamente en sus pronunciamientos públicos, pero no atienden siquiera una reunión con uno de los gremios más numerosos del país. Incluso su asesora y vocera de comunicación, Diana Jácome, aseguró que los ecuatorianos ya podemos salir a trabajar tranquilos. Pero no hay tal. Parece que pasar del discurso a los hechos le está costando, y bastante, al Nuevo Ecuador.

Es impensable que, así como la justicia, la gestión estatal sea selectiva. Lamentablemente, son otros los temas que hoy están sobre la mesa de interés político, mientras la ciudadanía se sigue desangrando y sumiendo en la inseguridad, el miedo y la desidia. A ocho meses de gobierno, una crisis estructural aplastante y la falta de garantías se profundizan en todos los sectores del país. No hay acuerdos. No existen resultados reales de los orquestados planes gubernamentales. No hay un gobierno para todos.

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Quito, 23 jul (La Calle).- La Política Nacional de Integridad Pública al 2030, fue aprobada por el presidente Daniel Noboa con el propósito de promover una cultura de integridad en la gestión de la Función Ejecutiva del Ecuador.

El plan adjunto en lo que es el Decreto Ejecutivo 337, firmado el 22 de julio, cuenta con ocho líneas estratégicas hacia el 2030 y 108 páginas que detallan las bases del plan. Su aplicación estará a cargo de la institución antes conocida como Secretaria Anticorrupción.

Plan en contra de la corrupción

El plan de seis años busca, fundamentalmente, promover el rechazo activo a la corrupción nacional y transnacional por parte de servidores públicos y trabajadores privados.

Además se busca trabajar en la prevención y lucha contra la corrupción con una respuesta institucional integral ante los actos de corrupción. Fortaleciendo el acompañamiento y la cualificación de servidores públicos se tiene como objetivo que los mismos trabajen con vocación, evitando así la prevención de conflictos de interés.

Su monitoreo estaría a cargo de la Policía Nacional de Integridad Pública, la cual realizará el monitoreo de la aplicación y cumplimiento del plan. El  seguimiento será de forma anual con corte el 31 de diciembre de cada año.

Cuales son los 8 objetivos:

El decreto 337 define 8 líneas estratégicas para la implantación de este plan:

1. Concientización de las dimensiones de la corrupción, sus causas y consecuencias.
2. Contratación pública responsable y transparente
3. Transparencia en las etapas del ciclo presupuestario
4. Prevención y trámite efectivo de los conflictos de interés
5. Aplicación de tecnologías en la lucha contra la corrupción.
6. Responsabilidad con competencia compartida entre múltiples actores en la lucha contra la corrupción.
7. Gestión de riesgo y generación de tipologías para la lucha focalizada contra la corrupción en escenarios críticos para la sociedad ecuatoriana.
8. Desarrollo de capacidades institucionales en la prevención y lucha contra la corrupción y su competencias.

Noboa y las ‘red flags’ en su gestión

Caso Olón

En el epicentro de denuncias sobre supuestas irregularidades en un proyecto inmobiliario en Ólon, Santa Elena, se encuentra la primera dama Lavinia Valbonesi.

Como principal accionista de la empresa Vinazin; Valbonesi, su esposo el primer mandatario y algunos ministros del Gobierno de Noboa han sido acusados de tráfico de influencias y de delitos contra la naturaleza.

Cuestionamientos, protestas y finalmente una denuncia de la Unidad Popular ante Fiscalía pusieron en jaque al Gobierno. Las denuncias de supuesto ecocidio y tráfico de influencia por parte de moradores de la zona y grupos ecologistas se hicieron escuchar en  redes sociales, frenando el proyecto.

Daniel Noboa y la primera dama manifestaron su complacencia por la apertura de las investigaciones, recalcando que estas permitirán dar “claridad a los ecuatorianos sobre los hechos”.  Además Noboa aseguró de que se trata de falsas acusaciones por parte de la opción.  La Fiscalía General del Estado y la Asamblea Nacional han abierto investigaciones para aclarar los hechos.

La Cárcel del Encuentro

El presidente Daniel Noboa, también se ha visto en vuelto en polémicas debido a la construcción de la mega cárcel, en Santa Elena.

La denominada “Cárcel del Encuentro” costará 52 millones de dólares y fue adjudicada sin licitación abierta, a una controvertida empresa China. El proyecto se ha visto rodeado de sospechas debido a la opacidad de los documentos de contratación.

A esto se suma las denuncias por parte de habitantes de la zona sobre invasión de tierras ancestrales y el impacto ambiental del proyecto, en un bosque mega diverso que se encuentra en peligro de extinción.  Los comuneros argumentan que el terreno fue adjudicado por el Gobierno de manera ilegal.

Los comuneros han expresado su preocupación por la invasión de terrenos por parte de militares y la inexistencia de carreteras para ingresar al terreno.

Fabricio Tamayo, gobernador de Santa Elena, indicó que las hectáreas donde se construye la cárcel pertenecen al Gobierno debido a que el Ministerio de Agricultura y Ganadería las cedió al Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI).

Sin embargo el Gobierno indico que las hectáreas se revirtieron al Estado por una hipoteca.

Para un gobierno que expide decretos sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción, la nombrada Cárcel del Encuentro se ha vuelto un símbolo de polémica y alerta. (N.C)

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Varias organizaciones de esta iniciativa se agrupan alrededor de lo social. Buacan crear confianza, brindar servicio e institucionalidad. El 82% desconfía de su entorno.

La agenda global de juventudes trabajará en seis ejes importantes: inserción laboral, emprendimiento, salud mental, derechos humanos, ambiente, venezonalidad.

Entre las actividades alrededor de esta agenda están los acuerdos con universidades. Sesiones de terapia para jóvenes migrantes venezolanos. Creación del perfil del migrante joven.

Así también la asistencia técnica en derechos humanos. Capacitación para jóvenes en derechos humanos. Protocolos para los migrantes y refugiados.

Redes de organizaciones de la sociedad civil, academia, privados enfocados en ambiente. Sensibilización sobre temas ambientales y acuerdos internacionales en los que participe Venezuela.

Revise aquí, la agenda.

Ciertos problemas

La agenda se creó por el trabajo de redes de organizaciones que forman el Plan país. Las encuestas tuvieron presentes a todo tipo de migrantes, con estabilidad laboral y también grupos vulnerables.

El emprendimiento es un espacio importante para mejorar la situación de los migrantes jóvenes. El objetivo es llegar a emprender en tecnología.

A pesar de esos esfuerzos, existe una falta de políticas públicas en migración. No hay cifras exactas de cuántos venezolanos están en el Ecuador. La Cancillería dice que 300.000 personas están en nuestro país y el Ministerio del Interior coloca la cifra en menos de 200.000.

A eso se suma que no todos tienen la posibilidad de facilidades para la estabilidad económica. Menos del 20% se puede permitir una cuenta bancaria. El 90% de los migrantes venezolanos está en la informalidad y su situación legal les impide ejercer su profesión en nuestro país. (MIB)

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15 meses después de que inició sus labores, el Gobierno Nacional presentó la nueva Política Urbana Nacional (PUN). Lasso prometió la entrega de 50 mil casas en la ruralidad durante cada año de su período. Sin embargo, el Gobierno logrará ese número recién en diciembre de 2022, seis meses después de lo prometido.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, expresó a un medio digital que, para lograr el objetivo de 200 mil moradas, el Gobierno debe invertir USD 3.400 millones en los cuatro años. En la propuesta de trabajo de CREO se habló de un déficit de “dos millones de viviendas, de los cuales 1.2 millones son necesarias en zonas urbanas y 850 mil en zonas rurales”.

Los 200 mil domicilios pretenden cubrir solo el 23,53 % del déficit que el Gobierno afirmó que existen en la ruralidad. Es decir, según los datos del partido de Gobierno, quedarían sin construir 650 mil casas.

¿Qué implica la PUN?

La PUN tendrá cuatro enfoques: regularización del suelo urbano que asegura y protege el patrimonio de los propietarios, el acceso a una vivienda digna y con servicios esenciales para una buena calidad de vida, la creación de espacios públicos seguros e inclusivos y el desarrollo comunitario que impulsará y fomentará la participación ciudadana.

El combate a la pobreza, acceso a agua potable, saneamiento, desarrollo equitativo, sostenible y transición ecológica serán los ejes en el proceso. Con esta iniciativa el Gobierno y las organizaciones tienen previsto que el déficit mejore hasta el 2050. (V.D)

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«Sé que existen oscuros intereses que se oponen a la ética, a la reciprocidad y por eso me siento indignada ante estos hechos peligrosos que amenazan a la democracia. Ciertos asambleístas de Pachakutik que se hacen llamar ‘rebeldes’ empiezan por dividir a nuestra bancada», dijo la autoridad del Legislativo.

Llori añadió que el nombre de Pachakutik ha sido utilizado por otras bancadas. «Un ejemplo es la entrega de un proyecto de resolución de manera desesperada, tardía. Además, firmada por la asambleísta Mireya Pazmiño». Expresó que en el proyecto se propone la conformación de una Comisión Multipartidista con cinco asambleístas, de los cuales dos han negado su participación. De acuerdo con la presidenta, es el inicio de un plan de conspiración y desestabilización de la Asamblea.

La funcionaria dijo que Salvador Maita rechazó incluir ese punto en la propuesta. Por esa razón no habría tenido el apoyo de UNES y del Partido Social Cristiano (PSC).

Reunión del CAL

Llori agregó que en una reunión del CAL, los asambleístas Pereira, Saquicela y Aleaga se extralimitan en sus funciones. «Me exigen cambiar el orden del día aduciendo una mayoría política, porque según ellos no se ha respetado el orden de prelación de los pedidos de juicios políticos que tramita el organismo».

La presidenta expresó que es potestad exclusiva de su cargo establecer el orden del día en las sesiones del CAL y el pleno. «La obligatoriedad de respetar el orden de prelación aplica en la Comisión de Fiscalización».

En el caso de estos juicios, la presidenta decidió, sin embargo, enviar los procesos en orden de prelación. El primer juicio será contra los miembros del Consejo de la Judicatura, el segundo contra cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y el tercero contra los siete miembros de este organismo.

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