Varios moradores comentan que este tipo violencia no es aceptable, pues incrementan la preocupación y propicia el molestar general. Por ende, se convocaron a manifestaciones pacíficas para exigir a las autoridades soluciones firmes y seguras.

Atentados

El primer atentado ocurrió en el distrito sur, las autoridades acudieron por una llamada de alerta. Sin embargo, se trataría del presunto extorsionador que se lesionó por el impacto del artefacto en su mano.

El segundo atraco fue en Suyurco, cerca del centro de revisión vehicular. En horas de la madrugada, se utilizó un explosivo para llevarse un cajero automático.

Exigencias

Uno de los objetivos es demandar el respaldo de autoridades y evitar que actos delictivos como éstos se normalicen.

Expresan que la intención de unirse es almacenar respaldo y seguridad entre ellos, dejar el miedo de lado y realizar acciones que frenen este tipo de transgresiones.

Héctor Supe, uno de los dirigentes de organizaciones barriales expresó su preocupación por el uso de estos artefactos. Señaló que días atrás hubo un altercado y amenazas del uso de explosivos en un hotel de otro dirigente.

Hasta el momento el respaldo de la convocatoria cuenta con alrededor de 56 barrios y otros gremios de buses, productores, entre otros que se suman al reclamo justo de su seguridad. Además, señalan que la tarea de protegerse no es de uno, sino de todos. (A.F)

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“Señora rectora, no sea indiferente se viola a las niñas en la cara de los profes”, gritan varios jóvenes en la protesta.

Como respuesta, las autoridades y docente habrían culpado a la misma estudiante de ir al baño sin supervisión. Además, no se activaron los protocolos de denuncia correspondientes al caso. “Queremos la renuncia de la rectora”, dijo una de las madres de familia al medio comunitario Wambra.

A la protesta se unieron colectivos feministas, quienes transmitieron el plantón a través de redes sociales. En el vídeo se observa que la Policía Nacional se acercó al lugar para detener la protesta, incluso, manifestaron que corrían el riesgo de ser detenidas.

Otras denuncias…

La única respuesta que recibieron por parte del distrito de Educación es que el colegio va a ingresar al plan de ‘Escuelas Seguras’. Sin embargo, para los padres de familia el tema va mucho más allá, pues también habrían encontrado armas en los baños del colegio. También denunciaron que se han silenciado otros casos de acoso y bullying.

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Familiares, amigos y conocidos se suman a protestar para exigir justicia, información y agilidad de investigaciones por la desaparición de la abogaba Bernal.

Se presume que desapareció el 11 de septiembre en la Escuela Superior de la Policía Nacional de Pusuquí. El hecho sucedió cuando fue a visitar a su esposo, policía en servicio activo con rango de teniente. Según Fiscalía, el martes 13 de septiembre se envió la alerta por desaparición de la ciudadana de 34 años.

En entrevista con Teleamazonas, el ministro del Interior, Patricio Carillo explicó que las investigaciones del caso siguen en curso. El Ministro dispuso que todas las actividades en la Escuela se suspendan y se realice un rastreo y búsqueda exhaustiva a sus alrededores.

A su vez, Fausto Salinas, comandante de la Policía informó que se han encontrado rastros y algunos objetos de Bernal, como su cartera y una zapatilla. “Hemos encontrado algunos elementos, que ya están puestos en cadena de custodia para las investigaciones”, afirmó.

Investigaciones de Fiscalía

Entre las investigaciones realizadas por Fiscalía se han dirigido sobrevuelos y verificaciones en la Escuela; también en quebradas aledañas. Realizaron allanamientos y recogieron versiones para encontrar indicios y pistas. (J.P)

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La madre de la desaparecida, Elizabet Otavalo relató que la última vez que tuvo contacto con su hija fue el sábado 10 de septiembre cuando le habló por teléfono. El lunes 12 de septiembre recibió la llamada del esposo de María Belén para informarle sobre la desaparición de su hija.

“El lunes a las 14:00 el esposo informó que ella no apareció y procedimos a la denuncia. Sabemos que en la madrugada entró a la Escuela Superior de Policía y ya no salió” (…) Necesito saber qué pasó con mi hija, lo único que sé (cree) es que está viva”, detalló la madre.

Los familiares consideran que es un presunto femicidio por parte del esposo de María Belén, que es teniente de la Policía. Además, convocaron a un plantón en los exteriores de la Fiscalía General del Estado (FGE) este miércoles a las 15:00 para exigir justicia e información sobre María Belén.

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Más de cien exempleados fueron despedidos hace más de un año y el diario no ha pagado las liquidaciones de los periodistas, prensista y personal de otras áreas. Ellos firmaron acuerdos y mediaciones laborales, pero hasta el día de hoy siguen esperando respuestas.

Según reporta la periodista Mónica Mendoza, «algunos casos se mensualizaron hasta tres años. Los pagos mensuales se hacen con dos y tres meses de retraso. Lo mismo ocurre con las pensiones de jubilación». Los trabajadores piden al presidente Guillermo Lasso que se respete la ley.

El 5 de septiembre, el periodista Dimitri Barreto acusó que El Comercio no paga las liquidaciones de 250 comunicadores, pese a que existe un convenio de pago para tres años. De los extrabajadores, a 210 les adeudan tres meses; mientras que a 150 periodistas (actuales) no les pagan todavía sus sueldos.

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La marcha inició en la Av. 10 de Agosto y Gran Colombia, frente al Banco Central, centro de Quito y posteriormente se trasladaron a la Fiscalía.

“Queremos justicia, exigimos la verdad. Por Michelle Montenegro venimos a luchar”, era la consigna que se escuchaba de Fernando Montenegro, padre de la desaparecida.

Michelle Montegro, trabajaba como docente y tenía 26 años cuando desapareció el 5 de junio del 2018. Lo último que se supo de ella es que salió de su vivienda ubicada en La Armenia 2, camino al valle de Los Chillos.

Desde ese día sus familiares y conocidos han realizado constantes búsquedas para dar con su paradero sin encontrar respuestas favorables. También acudieron a instituciones gubernamentales, pero poco o nada han ayudado en la búsqueda de Michelle.

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Los estudiantes se concentraron frente al Ministerio de Educación, donde se observa un fuerte resguardo policial. Los jóvenes y ciudadanos indignados han solicitado que no haya silencio ni complicidad del Estado ante estos crímines. Asimismo, los padres de los estudiantes han dicho que llegarán hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia.

«Nos violan y nos matan y el Estado no hace nada», es una de las consignas que se han escuchado durante las protestas de estos días.

¿Qué dicen las autoridades?

Ayer, la ministra de Educación, María Brown, en sus primeras declaraciones, defendió a la institución educativa. Aseguró que el Colegio Dillon «cumplió con los protocolos establecidos para estos casos». El protocolo, dijo, establece que se resguarde el nombre de la institución y la víctima.

Más tarde, el Ministerio de Educación pidió la renuncia de la rectora del colegio por «prácticas negligentes». El presidente Guillermo Lasso no se ha pronunciado sobre el caso ni se ha solidarizado con la víctima.

Le invitamos a leer: Ministerio de Educación suspendió a la rectora del Colegio Dillon por negligencia

Se conoce que el abogado y familiares de la víctima lograron ingresar al Ministerio de Educación, al igual que una comitiva de padres de familia y profesores de la institución.

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“Tenemos un niño con sangrado, en el Hospital Baca Ortiz, que no tiene la medicina. Todos estamos aportando con lo poco que nos queda para ayudar a este niño y evitar que muera. Desgraciadamente, las autoridades, desde hace ocho meses no nos han provisto de la medicación”, sostuvo una paciente.

“La salud es nuestro derecho, el doctor Rúales dio la orden hace ocho meses que se compre los medicamentos. Es en los mandos medios donde no les da la gana de comprarlos y estamos sufriendo. Queremos evitar discapacidades, la mayoría son niños y adolescentes”, agregó.

Según el Ministerio de Salud el promedio de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos bordea el 80%, pero en la práctica cientos de pacientes solicitan medicamentos de urgencia. Lo mismo ocurre con los padres de niños con cáncer, quienes en reiteradas ocasiones han denunciado que no se ha abastecido los hospitales con oncológicos pediátricos.

¿Qué es la Hemofilia?

La Hemofilia es una enfermedad hereditaria poco frecuente, caracterizada por la ausencia o disminución de la actividad funcional de los factores de la coagulación. El padecimiento es de por vida y afecta a las mujeres como portadoras, mientras que en los hombres manifiesta patología. Se presenta en uno de cada 5.000 bebés varones.

La hemofilia A es casi cuatro veces más común que la hemofilia B y aproximadamente la mitad de las personas afectadas desarrollan la forma más grave, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

En Ecuador existen cerca de 850 personas que padecen de Hemofilia, entre ellas, 755 aproximadamente tienen Hemofilia A y el 60% restante son severos.

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Quito 14 de dic (La Calle).- “Mi hija me pregunta: ¿Mami, por qué yo no soy como mis compañeras? Y yo le respondo: Dios no nos olvida y nunca nos va a dejar”, comentó Mariela Pilla, madre de dos niñas que padecen mucopolisacaridosis; una enfermedad considerada «rara» que requiere tratamientos con medicinas cuyo costo rebasaría casi cualquier economía.

La dosis de enzimas que requiere cada paciente tiene un costo entre USD 1.500 y 1.800 por semana.

Hace tres semanas, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, ofreció a Mariela la medicina para las niñas, (13 y 9 años), sin embargo, desde ese día no se conoce nada al respecto.

Hoy, Mariela se trasladó desde la Amazonía para exigir respuestas del Gobierno. “A mí me manifestó la vicepresidenta que va a ayudarnos con la gestión. Nos dijo: tengan por seguro que haré lo posible para que tengan el medicamento”, recordó. El problema es aún más complejo, pues la mayor de sus hijas sufre de neumonía. “Es complicado. Mi niña de 13 años solo camina en la casa porque no puede avanzar más de cuatro cuadras. Para movilizarme con ellas siempre salgo con mi esposo”, señaló.

“Plantón para seguir viviendo”

Esta mañana la Fundación Manitos de Amor y otros familiares de pacientes de enfermedades raras se dieron cita a las 12:00 en los exteriores del Ministerio de Salud Pública y la Plataforma Gubernamental de desarrollo social para exigir medicación y tratamiento para sus hijos e hijas con Mucopolisacaridosis.

La presidenta de la fundación, Carmen Mayorga, afirmó que, desde hace años, los padres y madres de familia piden soluciones y no tienen respuestas. “Estos niños necesitan un reemplazo enzimático muy costoso. La mayor parte de casos se registran en el Oriente. Pedimos que se asigne un monto para que se pueda tratar esta enfermedad y nuestros hijos no terminen postrados en una cama”, dijo.

La enfermedad hizo que dejara la Universidad

La hija de Mirita Cerda también sufre de la misma enfermedad. La paciente de 21 años abandonó sus estudios en la Universidad, debido al fuerte dolor en sus articulaciones que no le permitieron continuar. Actualmente, ella utiliza silla de ruedas para trasladarse y recibe fisioterapia en casa. Uno de sus pasatiempos favoritos es dibujar, pero su padecimiento no le permite dedicarse por largos periodos de tiempo a la actividad.

“Hace un año que ella dejó de estudiar. Llegó hasta el sexto semestre de multimedia, pero el dolor de huesos le impidieron seguir. Por el bienestar de ella, salí del trabajo cuando tenía apenas cinco años. Ahora me ayuda con una papelería. Este negocio me permite cuidarle a tiempo completo”, señaló

En el Ecuador se registran un total de 36 casos de pacientes con esta enfermedad, según datos de la Fundación Manitos de amor. La mayoría de las familias no tienen los recursos para acceder al tratamiento. La Constitución de la República en su artículo 50 dispone que: “El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente».

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«Ya son tres meses que no nos pagan, somos padres de familia, les pedimos que atiendan nuestros derechos», así lo manifiestan los trabajadores de la Concentración. Formados en una línea en el parterre de la vía, los laburadores se expresan con pancartas y fuertes gritos. «No hace nada por el deporte y peor por nosotros», dice un manifestante, en respuesta a la gestión de Jaime Ruiz, presidente de la CDP.

El Nacional incumple con la Concentración Deportiva

El pasado 10 de diciembre, la Concentración Deportiva de Pichincha publicó un comunicado oficial en el que informaba el cierre de las puertas del estadio Olímpico Atahualpa. La institución afirmó que no pudieron llegar a un acuerdo el 9 de diciembre con la dirigencia del Club Deportivo El Nacional. El partido que estaba previsto es la Super Liga Femenina entre El Nacional vs Guerreras LDU.

Hasta este 12 de diciembre existen un total de 201.524 casos confirmados con pruebas PCR y 9.336 fallecidos por Covid-19. A nivel nacional se tomaron 688.032 muestras para PCR. Solo en Pichincha se registran 72.070 personas positivas a la enfermedad correspondiente al 35,8% del total. De la provincia, Quito es el cantón con más casos registrados; 66.400. (GG)

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“En coordinación con el Parlamento Laboral Ecuatoriano, Frente Unitario de Trabajadores y varias centrales sindicales, realizarán un plantón de protesta y demanda ante la Corte Constitucional. Estamos exigiendo que rechace las demandas de inconstitucionalidad en contra de la Norma Interpretativa al numeral 6 del Art. 169 del Código de Trabajo y acepte las demandas contra la Ley de Apoyo Humanitario y varios decretos ejecutivos”, reza el comunicado.

El Artículo 169, numeral 6 señala que una causa para la terminación del contrato es un “caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar”

A través de este numeral, empresas despidieron masivamente a su personal, en medio de la crisis por Covid-19. Es por eso que la Asamblea decidió que las empresas pueden acogerse a este artículo. Siempre y cuando haya un cese “total y definitivo de la actividad económica del empleador”. Es decir, que el trabajo esté imposibilitado totalmente, incluso a través de teletrabajo.

Los empresarios han demandado esta norma como inconstitucional. Los trabajadores asociados buscan que la Corte rechace estas demandas y lo harán a través de un plantón. Este se realizará el próximo martes 25 de agosto, a las 10h00 en las afueras de la Corte Constitucional.

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