“Hemos iniciado el proceso de Revocatoria del mandato del presidente y vicepresidente de la República, para lo que el día miércoles 25 de mayo del 2022 nos daremos cita en el Consejo Nacional Electoral, en Quito, a las 09h00 para entregar la solicitud de revocatoria”, dice el comunicado.

Además, recalcaron que han emprendido un proceso de construcción de democracia participativa y deliberativa desde el pueblo y no desde las élites. Ante esto, han propuesto un plan con la que buscar enfrentar, con los mecanismos que ofrece la Constitución y la Ley.

«Usted está dejando en la calle a miles y miles de padres de familia, médicos enfermeros, obreros y campesinos. Están aquí presentes, formando parte de esta Coordinadora que nace del pueblo. Más del 75% incumplimientos en 87 páginas de documentos y por esa razón están aquí personas que viene de muy abajo». dijo la coordinadora.

Asimismo, manifestaron que las enfermeras se harán presenten para este miércoles para exigir el derecho a la salud, estabilidad laboral y por justicia. “No solamente vulnerando los derechos del personal de salud, sino también están vulnerando el derecho a nuestros pacientes”, agregó un miembro de La Coordinadora Popular.

Además, la Acción Jurídica Popular aseguró que se sumaran al plantón en busca de la transparencia apegada a los derechos y sin persecuciones políticas.

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“Vamos todos a defender la vida”, escribió Bucaram en Twitter. En varias ocasiones el exmandatario ha expresado su desacuerdo con la legalización del aborto por violación.

La convocatoria se da en el marco del segundo debate del proyecto de Ley de Aborto en casos de Violación. En la reunión virtual del pasado 16 de enero, la Comisión de Justicia aprobó el informe de esta normativa que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. El proyecto fue aprobado con 7 votos a favor, 2 en contra y una abstinencia.

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El proyecto de Ley

La Comisión de Justicia modificó la temporalidad inicial que proponía hasta 28 semanas para el procedimiento, en mayores de 18 años. Mientras que para niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad no se establecía plazo.

La nueva propuesta plantea que al tratarse de niñas y adolescentes menores de 18 años, víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 22 semanas de gestación. Para las víctimas gestantes de 18 años en adelante, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 20 semanas de gestación.

Debido a la condición especial de personas con discapacidad mental, víctimas de violación, se observará lo dispuesto en la Guía de Práctica Clínica denominada «Atención del Aborto Terapéutico», expedido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

El documento también especifica que «bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa alguna a la niña, adolescente, mujer o persona gestante que desee interrumpir su embarazo producto de violación».

«En aquellos casos donde exista una denuncia y esta haya sido interpuesta previamente y siempre que la víctima tenga este documento consigo, la o el médico tratante procederán a anexar este documento al formulario, con fines meramente informativos», señala. Y agrega que «para garantizar el acceso a la justicia y la no impunidad, todos los casos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía por el establecimiento de salud para su investigación y sanción, en el plazo máximo de 48 horas».

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Quito 18 de dic (La Calle).- “¡Gracias corrupción por esta Navidad!”. De esta manera, la Alianza Nacional por la Salud (ANS) instó este viernes a cuatro plantones en Quito, Guayaquil, Cuenca e Ibarra. Los manifestantes exigen medicinas, tratamientos y carnés para los pacientes.

“Nos sentimos indignados por la falta de atención del Gobierno a los grupos de atención prioritaria, mientras que en la cárcel se otorgan camas ortopédicas a los corruptos. Durante el proceso de compras públicas se evidenció la mala práctica en el sistema de adquisición de medicamentos», dijo el presidente de la ANS, Paul Garate.

La organización convocó a la acción en los alrededores la Plataforma gubernamental, en Quito; al Parque de la madre, en Cuenca; la Plaza de San Francisco; en Guayaquil y El Obelisco, en Ibarra. Desde las 10:00, los manifestantes alzaron la voz para pedir que el Gobierno dote de la medicación necesaria. «Hay personas que deben esperar meses para un turno. No hay stock de medicamentos porque el Estado no asume el deber constitucional. Esto nos obliga a salir a las calles con las medidas de seguridad en medio de una pandemia”, manifestó.

No hay atención para pacientes graves

De acuerdo con las estadísticas, más del 50 % de los pacientes que sufren enfermedades catastróficas no tienen atención actualmente. «Los familiares tuvieron que enfrentar la muerte de muchos de ellos por la falta de medicamentos. Hemos presentado acciones de protección, pero las autoridades administrativas no se hacen cargo. Debes tener dinero para enfrentar al Estado», añadió.

¿Qué dice la Ley al respecto?

El artículo 170 de la Ley Orgánica de Salud (LOS) plantea que los medicamentos deben cumplir con los siguientes requisitos: estar debidamente identificados y etiquetados, sin alteraciones ni enmiendas; contener en sus etiquetas el número de registro sanitario nacional, el precio de venta al público y la fecha de expiración. Los medicamentos no deben estar caducados; ni provenir de instituciones de servicio social, de programas estatales, de donaciones, entre otros aspectos.

La sanción por incumplir la Ley es la clausura temporal o definitiva y una multa de hasta diez salarios básicos, equivalente a $4000.

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En compañía de gremios de salubristas, la Subcomisión de Salud respaldó las exigencias que los médicos del país presentaron al Gobierno. Estos trabajadores, quienes han enfrentado la pandemia del Covid-19, exigen un nuevo reglamento para la aplicación de la Ley Humanitaria. Para ellos el actual no respeta el espíritu inicial de la normativa ni les garantiza estabilidad laboral.

Los trabajadores de la salud continuarán con movilizaciones y plantones

Ismael Espinoza, representante de la Confederación de Trabajadores de la Salud, afirmó que continuarán con plantones, exigiendo el respeto a sus derechos. Además, afirmó que, si no se cumplen sus demandas, apoyarán procesos de juicio político contra los representantes del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública. “Nos sentimos embaucados por el Gobierno. Con el reglamento actual deshicieron todo lo que está en la Ley Humanitaria”, sentenció el vocero de los médicos.

El presidente de la Comisión de Médicos Voluntarios del Ecuador, Carlos Ulfe, secundó las palabras de su colega. A criterio de Ulfe, si el Gobierno no cumple con los plazos y no garantiza un reglamento que respete lo estipulado en la Ley Humanitaria, demostrará que “no hay la voluntad de ayudar a los salubristas”.

Posición de la Subcomisión de Salud

Angel Sinmaleza, presidente de la Subcomisión de Salud, manifestó las resoluciones del ente legislativo. La subcomisión exige que, en un plazo de 48 horas, el ejecutivo reforme el reglamento para la aplicación de la Ley Humanitaria. Los legisladores también piden que se vuelva a contratar a los trabajadores de la salud desvinculados.

Si en ese lapso el Gobierno no cumple con las exigencias del ente legislativo, la Subcomisión de Salud presentará solicitudes de juicio político contra quienes hayan irrespetado los derechos de estabilidad laboral concedidos al personal de salud por medio de la Ley Humanitaria. (JEB).

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“Exigmos una ley de emergencia económica para Galápagos que incluya amnistía tributaria, créditos blandos, condonación de deudas por el período de la pandemia. Nuestro motor comercial es el turismo y actualmente no funciona”, dijo a Radio La Calle Victoria Mediavilla, representante de la Junta Ciudadana de San Cristóbal.

«Solicitamos la salida del titular del Consejo de Gobierno Norman Wray y de la secretaria técnica Mónica Ramos «, añadió.

“Hay gente durmiendo en la calle. Hay gente que no tiene que comer, la situación es realmente precaria. Aquí nos vamos a quedar hasta que la situación mejore y que tengamos derecho al acceso digno y solidario de comida, y respuestas para todo el pueblo de Galápagos”, expresó un ciudadano el lunes 24 de agosto.

La respuesta de Norman Wray

El pueblo, gremios y juntas ciudadanas de todas las Islas han desarrollado platones e intervenciones en las vías principales desde el 17 de agosto. Norman Wray justificó su ausencia en las islas por problemas de salud. Atribuyó la falta de recursos a la pandemia y aclaró que el siempre ha dado la cara a los galapagueños. “Es un logro que en la isla no exista contagio comunitario. Eso ha permitido reactivar el turismo pues Galápagos puede ser considerado un sitio seguro”, mencionó Wray. El día miércoles 26 de agosto, los galapagueños tendrán la visita de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, para dar una posible solución a los requerimientos de la población

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