Veloz acusó a Quishpe de haber lanzado ofensas hacia ella, durante una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Concretamente en la sesión 772 donde se trataba la destitución de Guadalupe Llori como Presidenta de la Asamblea.

La votación a favor de la sanción tuvo los votos del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Independiente) y de los vocales del CAL, Darwin Pereira (PK), Johana Moreira (disidente de la Izquierda Democrática) y Ronny Aleaga (UNES).

Yeseña Guamaní (ID), segunda vicepresidenta del Legislativo y Nathalie Arias, del oficialismo y vocal del CAL, se abstuvieron.

El incidente ocurrió el pasado 31 de mayo, en donde se dieron cruces verbales entre Quishpe y la bancada de UNES, antes de destituir a Guadalupe Llori (PK) como presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador.

Denuncia contra Saquicela se esfuma en la Asamblea

El asambleísta Salvador Quishpe aún no ha emitido declaración alguna frente a la medida emitida pot el CAL.

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“El presidente Guillermo Lasso como autoridad del Ejecutivo no puede decir al Legislativo si reconoce o no al presidente. Hay un error de comprensión sobre la Constitución que entrega funciones y rompe estructuras de poder. El Pleno de la Asamblea tomó una decisión y esa se debe respetar”, dijo en una entrevista a Radio La Calle.

Agregó que es necesario sanar los problemas en el Legislativo. “Nosotros no reconocemos a Virgilio Saquicela sino a decisión del Pleno y si así lo indica la ley, nosotros avanzaremos en ese sentido. Hay una demanda a la que no se dio paso, si esa es la decisión del CAL, debemos respetar. Subsanar y seguir avanzando”.

En la Comisión de Garantías Constitucionales se ha trabajado en las reformas a la Ley Humanitaria, pero todavía no ha llegado en discusión al Pleno de la Asamblea.

Amenazas del presidente

Cabascango dijo que Lasso solamente amenaza al Legislativo cuando se siente en peligro. “Cuando investigamos el presidente amenazó con la muerte cruzada. Terminó la investigación y se calmaron las aguas. Cada vez que se siente arrinconado, el presidente amenaza a la Asamblea, pero nunca lo ha cumplido. Muchas veces hace declaraciones sin pruebas. En el caso de la acusación a 5 asambleístas de Pachakutik le pedimos pruebas y nunca las presentó”.

Sobre el caso Pandora Papers, el legislador expresó que, a pesar de los esfuerzos, no hubo respuesta del presidente. “Pandora Papers tenía los elementos suficientes para enviarlo a la Contraloría. El contralor hizo un examen de 20 días cuando dijo que ese proceso durará más de 60 días. Finalmente, la recomendación de que el presidente vaya al Pleno a dar explicaciones tampoco sucedió. Esperamos que en el futuro se pueda resolver este tema”. MIB

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Carrillo fue convocado para dar cuenta de las acciones que el Gobierno y su Cartera de Estado están desarrollando para combatir la inseguridad, la violencia y las muertes violentas en el cantón Durán, en la provincia del Guayas y en el resto del país.

Sin embargo, Carrillo no solventó ninguna de las preguntas de los legisladores ya que, como dispone el procedimiento parlamentario, una vez presentada su intervención el compareciente puede retirarse del Pleno y el debate puede abrirse sin su presencia.

Inconformidad de los legisladores

Para la asambleísta de UNES, Alexandra Arce, la intervención de Carrillo solo dejo dudas, pues el crimen organizado sigue incrementándose en el país.

“Que pena que, una vez más, el Pleno de la Asamblea Nacional sea tomado como una burla. La resolución es clara, el señor ministro del Interior tuvo que quedarse para que pueda responder a las preguntas que tenemos todos los legisladores en cuanto a materia de inseguridad”, expresó Arce.

Así también, el asambleísta por la Revolución ciudadana, Blasco Luna reiteró que Carrillo dejó más dudas que certezas.

Además, invitó a los legisladores a no olvidar que el ministro del Interior estuvo involucrado en la represión de octubre de 2019 y que en su contra pesa un proceso sobre la entrega de bombas lacrimógenas para la represión en Bolivia.

¿Qué está haciendo el Gobierno por la seguridad del país?

Carrillo aseguró que el Gobierno ha decido invertir UDS 1.200 millones en la seguridad, aunque dijo que el trabajo no solo debe radicar en la Policía Nacional, sino también en los ciudadanos y municipios para poder entender sus conflictos.

Según el ministro del Interior, los perfiles delictivos de los involucrados en delitos, oscilan entre los 22 y 23 años.

“El perfil de las personas que están privadas de libertad, en su mayoría, son jóvenes que nacieron aproximadamente a finales de los 90 a inicios de los 2000 y que hoy, a sus 22 y 23 años están ya envueltos en esto problemas y están perdiendo la vida”, dijo Carrillo.

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«Todo esto después de una atroz persecución», comentó en su testimonio para Radio La Calle. Asimismo, señaló que «desde diversos sectores se impulsó la iniciativa de brindar amnistía y reconocer la lucha como un derecho que asiste a todos los ecuatorianos y ecuatorianas».

La resolución deja en claro el derecho a la protesta y enmienda el proceder de la justicia ecuatoriana. El abogado Carlos Soria argumentó que este procedimiento propone el retiro inmediato de medidas cautelares a quienes recibieron la amnistía.

La resolución del Pleno de la Asamblea les brinda calma después de 27 meses de acoso y persecusión. «Salimos de la cárcel para seguir asumiendo infamias», cuenta. Juanto a González, otros líderes sociales como Leonidas Iza, Yofre Poma, Jaime Vargas, Paola Pabón o Virgilio Hernández, quienes extrajudicialmente fueron perseguidos, recueperan su libertar y, un poco, su fe en la justicia.

«Vamos a continuar luchando por mejores días para la gente (…) Nos apena que no hayan logrado sintonizarce las bancadas del Gobierno, Social Cristianos y algunos elementos de la Izquierda Democrática», dijo. Sin embargo, reafirmó el alivio que siente después de ser acusado de manera infame.

«Defender nuestra inocencia fue vital», mencionó. Y dijo que espera que a través de la amnistía otorgada puedan contar los atroces actos de los que fueron víctimas varios líderes sociales. También agradeció al aporte de Gerado Pizarelo, Adoración Guaman, Baltazar Garzón que nutrieron el informe que argumentó las razones para la amnistía.

¿Qué contempla la aprobación de la amnistía?

El abogado Carlos Soria explica que la amnistía extingue la acción penal, por tanto, propone el retiro inmediato de las medidas cautelares. «Cada minuto que pase, desde que se tomó la decisión de otorgarle amnistía a estas personas y ellos lleven los dispositivos electrónicos o cualquier medida cautelar es ir en contra de sus derechos constitucionales y derechos humanos», aseguró.

No retirar las medidas cautelares será consideardo una infracción de los derechos legales y constitucionales de las peronas.

Tras las protestas de octubre del 2019, por el retiro del subsidio a los combustibles, 60 personas fueron judicializadas. Otros 153 amnistiados son defensores de territorios comunitarios, 12 por administrar justicia indígena y 43 a defensores de la naturaleza.

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Con esta propuesta, el monto de las pensiones vitalicias disminuiría al menos 25% del valor que reciben actualmente los exmandatarios. Es decir, se estima que el rubro se reduciría en alrededor USD 1.260 mensuales.

Opiniones ante la disminución

Los legisladores de Pachakutik, Mario Ruiz, Bruno Segovia, Darwin Pereira, Manuel Medina y Peter Calo, consideran que las pensiones vitalicias deben eliminarse. Señalaron, mensualmente, en pensiones vitalicias se gastan más de USD 81.000.

Por su parte, Wilma Andrade expresó que no se puede afectar a exmandatarios que han terminado su período constitucional, solo a aquellos que no concluyeron su período o fueron sentenciados.

Luis Almeida, del Partido Social Cristiano, no está de acuerdo en que se ponga muchas restricciones. Dijo que las pensiones deben ser solo para exmandatarios que hayan sido elegidos por el pueblo.

El proyecto regresará a la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para el informe del segundo debate. Puesto a que, tendrá que recoger las observaciones presentadas en el pleno.

Valor actual de la pensión vitalicia

Actualmente los expresidentes de la República perciben una pensión vitalicia mensual equivalente al 75 % de la remuneración vigente del presidente de la República. Esto es USD 3.804, considerando que la remuneración de enero del 2022 del primer mandatario fue de USD 5.072.

Mientras que, en el caso de los exvicepresidentes de la República, la pensión vitalicia se reduciría en USD 1.217,25 que corresponde a un 25% menos de la actual remuneración mensual, del segundo mandatario que según el portal web se ubica en USD 4.869.

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El inicio

3 de Octubre:  El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) presentó la investigación Pandora Papers. Una filtración de datos sobre empresas en paraísos fiscales. Personalidades de la política, deportes y espectáculos estaban involucradas en la trama. Entre ellos tres presidentes de Latinoamérica: Sebastián Piñera (Chile), Luis Abinader (República Dominicana) y Guillermo Lasso (Ecuador).

5 de Octubre: En sesión del Pleno de la Asamblea, la asambleísta Patricia Sánchez (PK) solicitó la creación de una Comisión que investigue el caso. El pedido no prosperó, sin embargo, el Pleno acogió la petición de Ronny Aleaga (UNES) para que el caso se investigue en una de las 15 Comisiones.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, se opuso a que otra Comisión realice la investigación. Finalmente, la Comisión de Garantías Constitucionales fue la encargada de fiscalizar el tema.

La investigación

11 de octubre:  La Comisión de Garantías Constitucionales empieza a diseñar el cronograma de comparecencias en el caso Pandora Papers. Entre los convocados está el presidente de la República y sus familiares.

12 de Octubre: El presidente Lasso reprochó por medio de una carta al diario El Universo de no publicar la información completa de su historial tributario. “Lo que si me preocupa es que su medio, conscientes de la sensibilidad de la opinión pública en temas como éstos, decida callar en lo que concierne a la historia completa de la vida del presidente de la República”, decía parte de la misiva.

20 de octubre:  La esposa del presidente Guillermo Lasso, María de Lourdes Alcívar y su hijo Santiago se excusaron de comparecer en la Comisión.

“Al respecto cumplimos manifestarle que, no siendo funcionarios públicos, no estamos obligados a atender la antedicha invitación, de conformidad con lo establecido en los artículos 120, numeral 9 de la Constitución y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, dijeron.

20 de octubre: El mandatario no se presenta a comparecer en la Comisión. envió una carta a la Comisión asegurando que no ha violado la ley de poseer bienes en un paraíso fiscal.

En carta, Guillermo Lasso aseguró que estaba listo para recibir a los miembros de la comisión en la sede del gobierno «una vez que se hayan completado todas las audiencias programadas (…)». «Tengo derecho a conocer de antemano las afirmaciones que se han hecho», dijo.

El Informe

5 de Noviembre: Con 6 votos a favor, 2 en contra una abstención, la Comisión de Garantías Constitucionales aceptó el informe que indica que el presidente Guillermo Lasso cayó en el incumplimiento del pacto ético en el caso Pandora Papers.

Entre las otras recomendaciones se solicita la comparecencia del presidente Lasso al Pleno del Legislativo, hasta ocho días después de aprobar el informe.

12 de Noviembre: Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, presentó el informe de su propia investigación del caso Pandora Papers. Villavicencio recomendó el archivo del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales.

Además, solicitó tener en cuenta los correctivos necesarios para garantizar las competencias de cada una de las Comisiones de la Asamblea e instruir a los asambleístas para actuar con objetividad “en el curso de una investigación de fiscalización, sin sesgos políticos”.

2 de Diciembre: El Pleno de la Asamblea se reunió para escuchar el informe íntegro de la investigación de Pandora Papers. El Pleno debatirá el informe en la sesión del 7 de diciembre a las 15:30.

6 de diciembre: La ICIJ filtra más información sobre las offshore que Lasso tuvo en Panamá.

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«Hoy sabremos quién es quién. Si bien hemos realizado una investigación facultados por la Constitución. Es un tema inmoral y legal. El presidente al igual que todos los funcionarios públicos debe cumplir la ley», dijo la legisladora a Radio La Calle.

No hay justificación, a juicio de la funcionaria, para evadir impuestos. «Los paraísos fiscales golpean a economías como la nuestra. El presidente no puede decir que puede guardar su plata donde quiera cuando se utiliza mano de obra ecuatoriana. Ahora es presidente de la República y debe responderle al país».

Sin abstención

Sobre la votación de la bancada, Cabezas indica que se pronunciarán a favor. «No hay espacio para la abstención. Pruebas existen y hay que decirle al presidente que debe responder».

En cuanto a la nueva filtración de ICIJ, la asambleísta añadió que «el presidente Lasso no puede decir que los 600 periodistas son correistas. Debe responder porque hay muchas mentiras, incoherencias e inconsistencias. El debate sobre las guaridas fiscales recién empieza».

Investigación

En el proceso aparecieron varias violaciones a la ley y la Constitución. «Ante la presión mediática y la evidente vinculación con Pandora Papers empezó la investigación. Sin embargo, la Comisión es investigada por la Fiscalía a pesar de que tenemos inmunidad parlamentaria. La Fiscalía deja mucho que desear, debe ser independiente y no atarse al poder político», explicó.

Cabezas considera que debe existir una voluntad política para un proceso de juicio político. «En lo personal creo que la Asamblea debería empezar un proceso que permita darle una salida a este tema. Debe existir la voluntad política de los 137 legisladores para ir un paso más allá».

La posibilidad de una muerte cruzada no preocupa a los asambleístas de UNES. «Si el gobierno de Lasso le hace tanto daño al país y representa ir más allá, lo haremos. Nosotros no estamos cuidando el cargo».

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La Comisión explica en su informe una explicación cronológica del conglomerado de empresas MultiBG de propiedad de la familia Lasso – Mendoza y Lasso – Alcívar. Los Pandora Papers documentan, además, la relación que Lasso tuvo con once entidades de Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Delaware (EE. UU.). Todas fueron canceladas, algunas antes de que se aprobara la ley de 2017.

De acuerdo con la investigación de Pandora Papers, “Lasso ha tenido vínculos con diez compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware (estos dos últimos están en Estados Unidos de América) y considerados paraísos fiscales”.

Banco de Guayaquil

La Comisión realizó una investigación de la historia del Banco de Guayaquil y encontró que en 1994 se traslada a una offshore llamada Andean Investment que se liquidó en 2011. El conglomerado MultiBG, ese mismo año tiene el 78.71% de las acciones del Banco de Guayaquil. La familia Lasso posee el 90.2% de las acciones del grupo.

MultiBG

Entre las conclusiones del conglomerado están que la mayor parte de responsabilidad se asienta en Guillermo Lasso Mendoza. “Maneja él solo cerca del 40% de las acciones de la Corporación MULTIBG S.A., mientras  que  el  resto  de  su  familia,  incluida  su  esposa  e  hijos,  manejan  el  50% restante”.

La actividad fiscal de MultiBG también deja muchos vacíos, ya que existen miembros que nunca han reportado pago de impuesto a la renta. Solo en 2015 aparecen pagos de impuesto de MultiBG, pero únicamente 19 de 59 empresas pagan impuesto a la renta. Lo mismo en los años siguientes. Algunos miembros del grupo como María de Lourdes Alcívar Crespo, esposa del presidente nunca han tributado.

Responsabilidad política

La Comisión consideró que el presidente Lasso tiene responsabilidad política en este caso. En primer lugar por incumplir el pacto ético 2017 al ejercer hasta la actualidad dominio indirecto sobre sus empresas offshore. También por el conflicto de intereses en el proyecto de ley de reformas tributarias (Ley de Oportunidades) por plantear la eliminación del impuesto a la herencia y la creación del impuesto a la regularización de activos en el Ecuador.

En las recomendaciones se solicita al Pleno determinar  la  inobservancia  por  parte  del  Presidente  de  la  República  al  Pacto  Ético que se aprobó por Consulta Popular en 2017. Además de solictar que se apruebe un exhorto para que en el plazo de ocho días, el mandatario acuda a responder las preguntas de los legisladores y comparezca.

El Pleno debatirá el informe en la sesión del 7 de diciembre a las 15:30.

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La Comision de Régimen Económico, con votos de Pachakutik y de UNES aprobó una proforma fiscal técnicamente mal hecha que reduce el gasto público en más de 4.000 millones de USD. En el informe, jamás se cuestiona la incorporación arbitraria e ilegal de la cuenta petrolera (CFDD)», alertó el experto.

El informe se aprobó con cinco votos a favor, cuatro abstenciones, cero blancos y cero negativos y se debatirá en el Pleno Legislativo el 18 de noviembre.

La Proforma

El presupuesto de 2022 contempla una asignación de USD 210 millones, para la desvinculación de los servidores públicos de las diferentes modalidades.

Además del recorte de USD 231 millones en el presupuesto de las Universidades Públicas. De USD 1.252 millones en 2021, el presupuesto pasará a USD 1.038 millones para 2022.

La proforma presupuestaria de 2022 está fijada en alrededor de USD 34.000 millones, un incremento de USDD 2.438 millones frente al 2021. Sin embargo, el aumento de presupuesto, como se observa, no irá a engrosar el rubro social .

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Asambleístas que más faltaron

En el primer lugar se encuentra la asambleísta independiente por Manabí, Karla Cadena. Registra un total de 413 faltas, 683 asistencias y 39 excusas. El segundo lugar es para la legisladora de Alianza PAIS por Pichincha, María José Carrión con 405 faltas, 679 asistencias y 42 excusas. En tercer lugar se encuentra Fabricio Villamar del partido Ahora 65 por Pichincha, destituido de sus funciones el 10 de mayo, con 379 faltas, 809 asistencias y 10 excusas.

En cuarto lugar aparece Wendy Vera, ex Alianza PAIS (366 ausencias), Esther Cuesta de la Revolución Ciudadana (367 ausencias), Liuba Cuesta de Alianza PAIS (353).

Los que más asistieron

El asambleísta con más Carlos Cambala de Alianza PAIS por Santa Elena con 1.174 asistencias, 12 faltas y 5 excusas. En segundo lugar aparece la asambleísta nacional independiente  Mae Montaño con 1.157 asistencias, 35 ausencias y 5 excusas. El tercer lugar es para Juan Cardenas de la Revolución Ciudadana por Cañar con 1.142 asistencias, 69 faltas y 1 excusa.

En cuarto lugar está Fredy Alarcón de Sociedad Patriótica (1.126 asistencias), le sigue el legislador Emilio Campoverde de CREO (1.121 asistencias).

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El pedido, tras el juicio político que se llevó a cabo contra Isch, obtuvo 45 votos afirmativos, 15 negativos y 56 abstenciones.

El debate

Después de que la asambleísta Marcela Holguín, una de las interpelantes del juicio, expusiera las razones del incumplimiento de funciones del Ministro Isch, los legisladores dieron su opinión.

Para Gabriela Larreátegui, el ministro no incumplió la ley y las motivaciones serían de carácter personal. «Este juicio político definitivamente inicia por la animadversión contra el ministro Isch, seguramente porque en el gobierno anterior estaban acostumbradas a que se haga lo que las interpelantes querían».

Por otro lado, la legisladora Mónica Alemán indicó que existen varias personas en el desempleo. «Hace un años en cuidades como Guayaquil clamaban por atención en los Centros de Salud. En medio del caos las familias se quedaron sin sustento. Este es el juicio político de los trabajadores».

Réplica y contraréplica

Isch explicó al Pleno que «la Ley de Apoyo Humanitario creó dos herramientas para que no se pierdan más plazas de trabajo y se generen nuevos contratos de trabajo, lo que desaceleró la pérdida de plazas de trabajo y se incorporó nuevo personal».

No obstante, la asambleísta Holguín indicó que los empleadores utilizaron el Código de Trabajo para despedir a varios empleados de forma intempestiva y que el Ministerio no realizó un control adecuado.

Isch estuvo acusado de incumplimiento de funciones respecto a la interpretación del Art. 169.6 del Código del Trabajo, no entregar información al Observatorio de la  Ley de Discapacidad y la progresividad en la fijación del salario básico unificado.

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«En dos años y dos meses de gestión he comparecido en cuarenta ocasiones contando el día de hoy», así empezó su discurso la funcionaria. Según el COESCOP me corresponden 18 responsabilidades», dijo la exministra.

Romo se refirió a dos funciones «la primera es crear planes, programas, reglamentos en torno al ordenamiento y seguridad pública y establecer planes operativos para la Policía Nacional en circunstancias extraordinarias», agregó.

Su alegato de defensa jamás tomó en cuenta a los asesinados de este Gobierno.

Paro de Octubre 2019

«Quiero hacer una diferencia clara entre la violencia y la expresión que se le puede hacer a un gobierno en democracia. La libre expresión está protegida, pero eso no implica violencia, vandalismo y los delitos», acotó.

La policía defendió el accionar de los gendarmes. «La policía respondió porque es su tarea y responsabilidad según la ley (…) El 3 de octubre cumplí con mi tarea política en ese contexto. Resulta absurdo pensar que cada uno de los 52.000 policías consulta a la ministra de gobierno antes de actuar frente a un hecho violento (…) Respaldo y defiendo todas las decisiones operativas que se tomaron», expresó.

La contraparte

El asambleísta independiente, Roberto Gómez dijo: «como Asamblea no podemos contribuir a dejar otra herida abierta en el Ecuador. Octubre en realidad es otro 30S, el asesinato en Mataje, el secuestro de jóvenes por el Estado, el asesinato de un presidente en una avioneta».

Gómez enfatizó: «el único día donde podemos hacer justicia política para un funcionario que violó la ley es hoy».

Sin embargo, quien dirigió la palestra fue la asambleísta Amapola Naranjo (RC) quien increpó duramente las acciones de la funcionaria. «Es la señora ministra quien es sujeto de un juicio político no la Policía. Debo reconocer la astucia de la ministra, ese cinismo con el que nos miente».

«La policía siguió un plan que usted aprobó, como lo dijo el comandante. Y el resultado son heridos y fallecidos. Ciudadanos desarmado que llevan un dolor permanente. Usted es una insensible ministra», recalcó.

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A las 8H00, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Elio Peña, sesionó de modo virtual para analizar y votar por el informe que recomienda dar paso a un juicio político contra la funcionaria. Tras la aprobación del informe, el proceso contra la ministra continuará en el pleno de la Asamblea Nacional.

El Juicio

Después de semanas de investigación, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional socializó un informe con las causales del juicio político contra María Paula Romo. De acuerdo con el documento, tres causales fueron interpuestas contra la ministra para justificar su destitución por incumplimiento de funciones.

La comisión determinó el uso de bombas lacrimógenas caducadas, el ataque a centros de paz y la convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas como las causales del proceso contra la ministra. Sin embargo, la comisión desestimó el último punto, pues evaluaron que la convocatoria del comité no era potestad de la ministra.

Pronunciamientos

La mayoría de los asambleístas coincidió en que sugerir el juicio contra Romo era parte de sus competencias y una responsabilidad histórica.

Bairon Valle, asambleísta afín a la Revolución Ciudadana, consideró que las disculpas de Romo no son suficientes ni la eximen de su responsabilidad política. “Los muertos y las 20 personas que perdieron su ojo, exigen y merecen justicia”, mencionó el asambleísta.

Mercedes Serrano, asambleísta del PSC, también respaldó el informe contra Romo. “Esto no es un mensaje contra la policía, es un juicio político”, aclaró la legisladora.

En defensa de la ministra, intervino la asambleísta oficialista Noralma Zambrano. Pese a que reconoció “exabruptos” de la fuerza pública y violaciones a los derechos humanos, concluyó que no se puede demostrar en realidad la responsabilidad de la María Paula Romo y se abstuvo de votar por el informe.

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El 25 de agosto, el Pleno de la Asamblea aprobó el COS, con 79 votos afirmativos, 8 negativos y 48 abstenciones. El texto contiene 405 artículos.

Centros de tortura

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifiesta que “los supuestos servicios de ‘curación’ de personas con orientación sexual no heterosexual carecen de justificación médica. «Representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de las personas afectadas”, sostiene.

La comunidad LGBTIQ+ denunció que varios grupos “Provida” patrocinan estos centros de tortura de la orientación sexual e identidad de género, con “premisas teocráticas”.

El Art. 208 del COS prohíbe “la oferta de servicios que tengan como finalidad cambiar la orientación sexual o la identidad de género, por cualquier tipo de método o bajo cualquier circunstancia”

“Provida” no aceptan el Art. 193

El artículo 193 del COS prohíbe “la oferta o realización de procedimientos de asignación de sexo en casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual”.

La comunidad LGBTIQ+ explica que este artículo sirve para que los médicos no reasignen o influyan a los padres de familia en los casos de personas intersex (características sexuales masculinas y femeninas en una misma persona), en su nacimiento, niñez o adolescencia.

Esta prohibición se respalda en varios años de procesos clínicos y consta en el “Protocolo de Atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual”.

El veto vulneraría los derechos LGBTIQ+

A pesar que el COS tiene una baja inclusión en temas LGBTIQ+, es el inicio para que se respete y promueva los derechos pendientes en materia de orientación sexual e identidad de género.

Para la comunidad LGBTIQ+, el veto total o parcial de estos articulados significa “ajustarnos a posturas ultraconservadoras, retrocediendo drástica y consecutivamente”.

Políticos piden el veto del COS

El pasado 28 de agosto, el banquero Guillermo Lasso solicitó a Lenín Moreno, a través de una carta, el veto de los artículos 115, 193 y 208 porque responden a “una ideología altamente cuestionada y cuestionable”. 

La vicepresidenta, María Alejandra Muñoz anticipó su posible renuncia en caso de que el Ejecutivo apruebe el Código.

Fabricio Correa aseguró que si llega a la Presidencia deslegitimará el Código Orgánico de la Salud. Se refirió a la vicepresidenta María Alejandra Muñoz y le pidió que renuncie en caso de que el mandatario no vete esta normativa.

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En rueda prensa, Romo aseguró tener el respaldo presidencial para aferrarse a su cargo. La ministra mencionó que Moreno “ha ratificado esta mañana su apoyo, respaldo y, también su sorpresa, su molestia por esta actuación desde el punto de vista de la Asamblea Nacional”, juzgando así las decisiones del Legislativo.

Romo expresó un rotundo rechazo a los pronunciamientos de la Asamblea. Así, los desafió públicamente: “estaré cumpliendo con mi deber, aunque le estorbe a la Asamblea Nacional”, sostuvo la ministra.

El reparto de hospitales

El miércoles 16 de agosto, un portal digital filtró información reservada sobre el presunto reparto de hospitales, que tendría por centro a la actual Ministra de Gobierno. Fiscalía General del Estado (FGE) cuestionó la filtración de la información. Por ello, aseguró que podrían invalidarse esas pruebas. “La exhibición de información (…) hecha hace pocas horas por un medio de comunicación podría incluso invalidarlas como prueba” sostuvo en comunicado oficial.

Frente al escándalo, la Asamblea Nacional se pronunció al respecto de las acciones de Romo, cuestionadas desde el Legislativo. La ministra lleva ya tres intentos de juicio político y, pese a ello, se mantiene enquistada en la cúpula de poder. La noche del 27 de agosto, 123 asambleístas en pleno decidieron exigir la remoción de Romo de su cargo como actual Ministra de Gobierno. (JBS)

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La sesión inició con la intervención del asambleísta por la bancada de Revolución Ciudada, Hermuy Calle quien criticó la inconstitucionalidad de la ley. Ejemplificó el artículo 157 de la Ley de Crecimiento Económico que, dijo, pretende determinar la autonomía del Banco Central (BCE), lo que transgrede el artículo 303 de la constitución.

Además, los artículos 230 y 237 del proyecto proponen la disminución gradual de la proporción de liquidez doméstica. Calle sostuvo que mientras actualmente, el 60% de los depósitos de los ecuatorianos en la banca están obligados a que sean invertidos en el Ecuador, con la ley, esta obligación se eliminará. A su parecer, este proceso seguirá un círculo vicioso que nos llevará a una crisis sistémica parecida a la de 1999.

Pabel Muñoz, legislador por Revolución Ciudadana, estuvo abierto a recibir un nuevo proyecto de ley por parte del Ejecutivo. “Nos comprometeríamos, entiendo yo, a trabajar sábados y domingos para tratar un nuevo informe de ley, pero no cabe que este se preste a ese tipo de juegos”, puntualizó.

Tello y Almeyda mocionaron el archivo

La moción de negación y archivo vino desde los asambleístas Raúl Tello, independiente, y Vicente Almeyda de la bancada socialcristiana.

Para Raúl Tello la propuesta del Ejecutivo afectaba a la mayoría más vulnerable de la población. Resaltó que sí se debe dar trámite a la remisión de los intereses por deudas de estudiantes y beneficios a maestros comunitarios. “Veo que aquí en primera instancia existe la tozudez del Presidente de la República. Hay inconstitucionalidades como por ejemplo, que el proyecto trataba varias materias y no como dice la Constitución que trate solo una. El artículo 141 es lesivo a los derechos de los afiliados y jubilados de este país. En el último acto castrense que participó el Presidente de la República se comprometió a dejar fuera a la Policía y a las Fuerzas Armadas, el ISPOL y el ISSFA, esto es discriminatorio porque los ecuatorianos somos todos iguales de acuerdo a la Constitución y a la ley”, dijo el asambleísta.

Por su parte, Vicente Almeyda del Partido Social Cristiano, criticó el tratamiento del proyecto de Ley. “El pueblo tiene que saber que en este parlamento han ocurrido situaciones vergonzosas que dejan la imagen de la Asamblea Nacional más debilitada de lo que se encuentra. Hemos denunciado y condenado que este proyecto arrastra una serie de nulidades, irregularidades, ilegalidades que van desde la convocatoria al tratamiento del informe”. Para el asambleísta hubo anexos enviados que no se trataron y que la misma ley se resume en 8 hojas que no representa la esencia del proyecto.

El respaldo a la moción

El apoyo al archivo contó con la aprobación de la bancada de Revolución Ciudadana, la del Partido Social Cristiano, Suma y algunos asambleístas de CREO.
A continuación los nombres de los legisladores que apoyaron la moción de archivo:
Marcela Aguiñaga
Verónica Arias
Carlos Bergmann
Rodrigo Collaguazo
Hermuy Calle
Juan Cárdenas
José Chalá
Kharla Chávez
Esther Cuesta
Liliana Durán
Ronny Aleaga
Augusto Espinosa
Carmen García
Diego García
Verónica Guevara
Marcela Holguín
Juan Cristóbal Lloret
Esteban Melo
Pabel Muñoz
Amapola Naranjo
Mauricio Proaño
José Agualsaca
Carmen Rivadeneira
Silvia Salgado
Franklin Samaniego
Mónica Alemán
Doris Soliz
Bairon Valle
Juan Pablo Velín
Wendy Vera
Lira Villalva
Nancy Guamba
Lexi Loor
Wilma Andrade
Magda Zambrano
Raúl Auquilla
Henry Cucalón
Mercedes Serrano
José Ugarte
Henry Llanes
Guillermo Celi
Segundo Yunga
Jeannine Cruz
Lourdes Cuesta
Mauricio Zambrano
Javier Cadena
Elio Peña
Freddy Campoverde
Doris Calderón
Cristina Reyes
Roberto Gómez
Mariano Zambrano
Jimmy Candell
Encarnación Duchi
Jaime Olivo
César Rohón
Vicente Taiano
Manuel Mendoza
Esteban Torres
Gabriela Larreátegui
Héctor Muñoz
Raúl Tello
Eddy Peñafiel
Tito Puanchir
Fredy Alarcón
Vicente Almeyda
Dennis Marín
Soraya Rodríguez
Fabricio Villamar
Héctor Yépez

A su vez, se abstuvieron los asambleístas:
Esteban Albornoz
José Serrano
Ivan Casanova
Elizabeth Cabezas
Lenin Plaza
Andrea Yaguana
Lina Astudillo
Fernando Burbano
Eliseo Azuero
Fernando Callejas
Rina Campain
Absalón Campoverde
César Carrión
Ángel Sinmaleza
René Yandún
Homero Castanier
Pedro Curichumbi
Patricio Donoso
Fernando Flores
Rosa Verdezoto
Ángel Gende
Diana Saltos
Mae Montaño
Henry Moreno
Luis Pachala
César Solórzano
Boris Estupiñan
Washington Paredes
Marcelo Simbaña
Byron Suquilanda
Tanlly Vera

Pero también hubo parlamentarios que estuvieron en contra de la moción de Tello y Almeyda. En su mayoría pertenecen a la bancada oficialista de Alianza PAIS:
Alberto Arias
Marcia Arregui
Karina Arteaga
José Marquez
Rubén Bustamante
Carlos Cambala
Fausto Terán
Calletano Tenorio
Gabriela Cerda
Jorge Corozo
Liuba Cuesta
Michel Doumet
Brenda Flor
William Garzón
Fafo Gavilánez
César Litardo
Ana Belén Marín
Daniel Mendoza
Manuel Ochoa
Rosa Orellana
Ximena Peña
Nelly Andrade
Luis Quijije
Julio Quiñónez
Guadalupe Salazar
Carlos Vera
Martha Chactong
Juan Carlos Yar
Noralma Zambrano
Alberto Zambrano
María Mercedes Cuesta
Franco Romero

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