«Siempre defendimos la dolarización e incluso se reforzó durante la década de gestión del presidente Rafael Correa. Sin embargo y una vez más, quienes representan al Gobierno y sus aliados, bloquearon la creación de la Comisión Ocasional para dar trámite a la enmienda constitucional para reconocer al dólar como moneda oficial del Ecuador.
Paradoja: Quienes falsamente nos acusan de querer desdolarizar, impiden reconocer y  garantizar constitucionalmente la dolarización en nuestro país. Con esta negativa queda claro porque la derecha neoliberal bloqueó desde el 2021 esta enmienda a nuestra Constitución.
¡Quedaron en evidencia! ¡Se les acabó el cuento!», expresó en su cuenta de X.

La moción propuesta por la asambleísta Esther Cuesta no tuvo apoyo de la bancada oficialista y tampoco del PaertidoSocial Cristiano. Este proyecto de enmienda lo realizó el alcalde de Quito y exasambleísta Pabel Muñoz en 2021 y se aprobó en 2022 por la Corte Constitucional.

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El tema es el único punto de discusión para esa sesión. Los legisladores, de acuerdo con la convocatoria, analizarán y tendrán una resolución sobre los atentados con coches bomba durante la primera semana de noviembre.

Saquicela estuvo presente en la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE). «Es importante dotar de los recursos económicos necesarios a la Policía para combatir la inseguridad», dijo el titular de la Asamblea. Anunció que se reuniría con los jefes de bancada para tratar el tema.

Al presidente del Legislativo lo invitaron a las celebraciones por los 202 años de Independencia de Azogues, de donde es oriundo. «Me enorgullece participar de la entrega de la ofrenda floral por los 202 años de independencia de mi querida Azogues».

La posición de las bancadas

Las bancadas legislativas han reprochado la falta de acciones contundentes para frenar el avance de la violencia y la inseguridad en el país. El Partido Social Cristiano (PSC) incluso evocó una frase del presidente de El Salvador en un comunicado.

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Quito, 02 nov (La Calle).– Políticos y expertos consideran la posibilidad de que la Asamblea Nacional active la muerte cruzada para destituir al presidente Guillermo Lasso por su manejo de la crisis interna frente a la ola de violencia que azota al Ecuador.

En junio, por el paro nacional, el Legislativo trató de activar esta carta, pero no logró los 92 votos necesarios para que Lasso salga del poder. Entonces, ya se intentó, pero ¿se puede “otra vez”?

Radio La Calle conversó con dos abogados constitucionalistas y un analista político. Los tres expertos coincidieron con que la Asamblea Nacional sí puede llamar a muerte cruzada, porque la primera vez no se aplicó debido a la falta de votos.

Otra oportunidad

Según el analista político Juan Pablo Jaramillo, el Ecuador está viviendo una crisis política y una gran conmoción interna. Por lo tanto, sería razón suficiente para lanzar la carta de la muerte cruzada. Esta opinión también la comparte el político y abogado Virgilio Hernández, quien manifestó que este mecanismo se debe operar en momentos como los que atraviesa actualmente el país.

“Esa vez no hubo los 92 votos, ni se ha llamado a elecciones anticipadas. Por ende, el mecanismo está vivo”, precisó Jaramillo. “En la crisis de junio se propuso, se votó, pero no se completó los 92 votos. De tal manera que no se aplicó el mecanismo de la muerte cruzada. Y es perfectamente posible poderlo aplicar desde la Asamblea”, coincidió Hernández.

También aclaró que esta acción puede ser aplicada por el Presidente de la República mediante un decreto de disolución. “Pero como él está ocupado en cuidar su puesto no lo va a hacer, mientras el país realmente se desangra”, recalcó.

De igual manera, el jurista Mauro Andino argumentó que se intentó, mas no se aplicó. Para explicarlo de mejor manera, puso otro escenario. Por ejemplo, si el presidente plantea disolver la Asamblea Nacional y hacer posible la muerte cruzada mediante un decreto Ejecutivo, sería ilógico decir que perdió esta capacidad solo porque antes ya hizo el intento de firmar.

Si la Asamblea Nacional decide activar este mecanismo necesitarían 46 firmas, es decir, la tercera parte de los parlamentarios tendrían que estar a favor de elevar la moción. Luego el presidente del Legislativo llama a comparecer en el Pleno al Mandatario para su defensa. Finalmente se necesitarían 92 votos para que se haga efectiva la muerte cruzada.

Los primeros pasos

El jefe de bloque legislativo de Pachakutik (PK), Salvador Quishpe, cuestionó la capacidad del presidente para controlar la crisis de violencia que atraviesa el Ecuador. «La muerte cruzada es inminente», anunció vía Twitter.

Asimismo, dos asambleístas del PK, Mireya Pazmiño y Dina Farinango hicieron un llamado a través de Twitter a sus homólogos para llevar a cabo la muerte cruzada. Por su parte, los legisladores  por UNES, Ronny Aleaga y Mónica Palacios también promovieron la iniciativa.

¿Qué dice la Constitución del Ecuador?

La Constitución habla sobre este mecanismo en los artículos 130 y 148. Ahí se detalla que el procedimiento para una muerte cruzada se da por las siguientes causales:

• Cuando la otra función, se hubiere arrogado funciones que no le competen;
• Cuando exista grave crisis o conmoción interna; o,
• en caso de disolución de la Asamblea Nacional, cuando el Ejecutivo considere que esta obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

Además, dicho trámite puede ejecutarse una sola vez y en los tres primeros años de mandato gubernamental. Quien resulta electo luego de la destitución del Presidente o la disolución de la Asamblea, no inicia un nuevo período (4 años), sino que completa el período de la persona cesada del cargo.

La muerte cruzada es la facultad que tiene el Presidente de la República para disolver el Legislativo. Asimismo, es el mecanismo para que la Asamblea Nacional destituya al primer mandatario. El objetivo es renovar estos poderes por las razones antes descritas.

Conmoción interna

El 1 de noviembre se convirtió en una fecha llena de violencia e incertidumbre para Ecuador. Los cinco homicidios policiales, las amenazas de los reos y bandas delictivas, y casi una veintena de atentados en las provincias de Esmeraldas y Guayas, presumen “conmoción interna”.

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«El presidente de la Asamblea,Virgilio Saquicela, procede de manera virtual a la posesión de Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos. «Por Dios, por la patria y mis hijos», enfatizó el actual titular de la Superintendencia de Bancos en el acto», informó el Legislativo.

La posesión tuvo lugar debido a la resolución de la asambleísta Mireya Pazmiño (PK) para oficializar a González en el cargo. La decisión se toma a pesar de que existe una acción de protección aprobada por la jueza Larissa Ibarra que dispone la anulación del proceso y el envío de una nueva terna. MIB

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Guamaní asumió su destitución del cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, cuando el Pleno ni siquiera había votado sobre si acoger o no el informe de la Comisión Ad Hoc que recomienda su destitución.

“La ciudadanía es inteligente y no la pueden engañar. Cuando se expresan se observa la vergüenza en sus rostros porque saben en su interior que están acostumbrados a contaminar. Me voy con honor y dignidad porque la dignidad no se negocia. La persecución y la conspiración les ha permitido tener los votos, pero no tienen la razón”, dijo en su alegato de defensa.

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“Ante la ausencia de convocatorias nuevas para que se conforme la Comisión Ad Hoc al amparo del artículo 18 y 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, iniciamos la recolección de firmas para una autoconvocatoria que debía estar para el 22 de abril a las 10 de la mañana”, dijo el legislador a los medios.

Agregó que consiguieron un número mayor al que consiguieron la vez anterior. “89 firmas, legisladores que quieren que se cumpla con la ley y que hay un cambio en esta Asamblea Nacional. Lamentablemente por falta de tres firmas no se han completado las necesarias para esta convocatoria”.

Torres solicitó públicamente al resto de legisladores que pertenecen a la bancada gobiernista del Ban, a la facción gobiernista de la Izquierda Democrática. Además de la facción gobiernista de Pachakutik que se sumen para dar una solución en la crisis en la Asamblea.

El 11 de abril, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la resolución sobre la denuncia de Esteban Torres contra Guadalupe Llori por incumplimiento de funciones. En dicha resolución consta llamar a una sesión del Pleno para poner en conocimiento. También armar la Comisión que evaluará si Llori incumplió o no sus funciones.

Los que se negaron

En un comunicado, la Izquierda Democrática expresó que no darán sus firmas para la autoconvocatoria por considerarla ilegal e improcedente. “ID defiende la institucionalidad y el Estado de Derecho […] La Conformación de la Comisión Multipartidista es procedente, siempre y cuando se cumpla con los procedimientos y requisitos previstos en ordenamiento jurídico”. MIB

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Entre los temas a discutir están: el Informe no vinculante a la objeción parcial del presidente al Proyecto de Ley Orgánica que garantiza la Interrupción del embarazo en casos de violación. El informe para el segundo debate de las reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado. El informe de amnistías prorrogadas. Llori informó en una rueda de prensa que estaba abierta a la creación de la Comisión.

La funcionaria dijo que, a pesar de que no existe la figura constitucional ni legal, no objetará el tratamiento de este tema en la sesión del Pleno: “Como presidenta he cumplido con mis atribuciones legales y constitucionales y es lo que espero respeten todos los asambleístas”, expresó.

Pedido del cambio del orden del día

La bancada de UNES, tras los fallidos pedidos de apelación a la presidencia de la Asamblea Nacional, presentó por escrito el 29 de marzo, un pedido de cambio del orden del día, donde se incluya como segundo punto un proyecto de resolución para la creación de una Comisión AD HOC Multipartidista para investigar las actuaciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Este pedido se realizó para “la próxima nueva sesión que convoque al Pleno de la Asamblea después de la signada con el número 770”. El pedido tenía como remitentes tanto a la presidenta como al secretario general, Álvaro Salazar.

Crisis en la Asamblea

El pasado 29 de marzo tras un debate sobre las declaraciones del presidente Lasso sobre los presuntos casos de corrupción por parte de los asambleístas, la presidenta solicitó la votación. Esto causó reclamos por parte de UNES y Pachakutik y la petición de apelación a la presidencia. Llori suspendió la sesión y salió, no sin antes hacer un gesto obseno a sus compañeros.

El 31 de marzo, la cabeza del Legislativo informó que, después de la reunión con los jefes de bancada decidieron suspender la sesión del Pleno programada para el 1 de abril. Los asambleístas informaron que las declaraciones de Llori eran falsas y que no se había llegado a esa decisión. Las bancadas de UNES, PSC y una parte de Pachakutik abogaron por la auto convocatoria y empezaron a recolectar firmas. MIB

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«Con 91 votos ha sido aprobada la moción de no acoger el informe de Fiscalización que recomienda el archivo; y llamar a juicio político a Ruth Arregui, titular de la Superintendencia de Bancos, por incumplimiento de funciones; moción presentada por Darwin Pereira», escribieron en un tuit.

El debate en la Asamblea

«¿Cómo así se quiere archivar este juicio tan trascendente para el país? Cómo quieren archivar este juicio político de una persona que ha dejado hacer y ha dejado pasar, sin cumplir con las funciones que le encomendaron», expresó el asambleísta Roberto Cuero (UNES).

Por su parte, el asambleísta proponente del juicio, Darin Pereira dijo que las investigaciones apuntan a un trabajo doloso de Arregui. «Hemos descubierto historias dolorosas. Familias que se quedaron en la calle. A las que les cobraron intereses sobre intereses. Hemos decubierto que se dilapidaron fondos de la Superintendencia de Bancos».

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, expresó que el informe de la comisión fue hecho con criterios jurídicos. «Aquí hay un criterio jurídico y político de la COmisión de Fiscalización no de su presidente, que con cinco votos de diferente orientación política concluyó que no existe motivación ni pruebas para un juicio político».

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“Yo me abstuve en la votación del informe que recomendaba la sanción al señor Recalde porque no hay pruebas. La asambleísta denunciante intentó pasar un cheque en blanco girado. No hay un perito que indique cómo se realizó la investigación ¿Cuáles son las pruebas contra él? Dos testigos, uno de ellos una trabajadora que fue recomendada por la asambleísta alterna de Recalde”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

González agregó que se debe mantener la seguridad jurídica en los procesos de destitución. “Hay que pronunciarse ajustados al derecho. Si no hay pruebas no se puede procesar a una persona y ante la duda va libre”. La legisladora indicó que probablemente se abstenga en la votación del Pleno. “Yo he expuesto a mi bancada las razones de mi abstención y las haré conocer en el Pleno”, precisó.

La decisión

En el informe del Comité de Ética se encuentran las pruebas tanto de cargo como de descargo. Entre las pruebas presentadas por la asambleísta denunciante, Johanna Moreira (ID), están testimonios y un cheque que señalaría la culpabilidad de Recalde en este caso diezmos. Por su parte, el legislador indicó en sus pruebas de descargo, que el proceso estaba viciado de nulidad.

Para la destitución de Recalde se necesitaría de una mayoría calificada, es decir 90 votos.

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De acuerdo con el informe jurídico del Consejo Nacional Electoral (CNE), se le recomendó al pleno aceptar parcialmente el pedido de reclamación del candidato de Pachakutik. Otra de las recomendaciones es que se recontee el 100% de actas en la provincia del Guayas.

También el 50% en Azuay, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Los Ríos, Santo Domingo, Santa Elena. Las provincias de Pichincha, Manabí, El Oro, Tungurahua, Esmeraldas y Morona Santiago.

Desavenencias

Mientras se procedía a leer las recomendaciones, el consejero Luis Verdesoto, ausente en primera instancia, llegó para indicar que solo tuvo 30 minutos para leer el informe. Señaló que no contiene la historia del acuerdo entre Lasso y Yaku.

«El momento del acuerdo no se recoge en el informe. En el segundo lugar quedaron dos candidatos. Uno representa a la Sierra y otro a la Costa. Es un informe parcial, necesitamos un informe sabio que acepten los dos candidatos. Debe retirarse el informe», dijo.

La presidenta Diana Atamaint pidió la lectura del informe. Y después se preguntó si alguien apoyaba la moción de Verdesoto. Al no tener apoyo, el consejero se retiró de la sala.

La indecisión sobre el pedido de reclamación de Yaku Pérez se da en medio de anuncios de movilizaciones de la Ecuarunari, Conaice y Pachakutik. Los ciudadanos avanzarán esta noche desde la ciudad de Loja a Quito.

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“La omisión en la que incurre el Pleno es inaudita. Yo quiero hacer notar que la sentencia de la causa 80 tiene fecha 30 de octubre. Han pasado 44 días que se desperdiciaron, se pasaron por alto e ignoraron por las autoridades del CNE, a quienes también debo recordarles que la Constitución les impone la obligación de asumir las consecuencias de sus acciones y de sus omisiones”, dijo Cabrera.

El funcionario indicó que la falta de decisión también constituye una infracción de carácter penal, que puede juzgarse por la justicia ordinaria y puede ser motivo de la presentación de quejas por quienes ven vulnerados sus derechos.

Polémica por la candidatura

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres indicó que miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y líderes de partidos políticos acordaron evitar la participación de Álvaro Noboa en las elecciones 2021.

El pasado 11 de diciembre, el Pleno del CNE debía resolver el llamado a las elecciones primarias de Justicia Social, sin embargo, la sesión no tuvo el quorum necesario debido a la falta de los consejeros: Enrique Pita, Luis Verdesoto y José Cabrera, situación que se repitió el 12 de diciembre. Al día siguiente se canceló la sesión para el 14 de diciembre a las 18:00.

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La Sesión demoró en reinstalarse. En un inicio estaba prevista para las 21h00, pero empezó pasadas las 23:00. Además, fue irregular por el ausentismo del consejero Enrique Pita, quien ingresó a la reunión poco antes de la votación.

«Se concede a la organización UNES 48 horas para el cambio de candidato para la vicepresidencia de la República», indica el informe.

También la alianza UNES – Centro Democrático debe presentar la cédula de identidad actualizada del candidato a presidente Andrés Arauz en un plazo de dos días. Ya que el documento no coincide con el ciudadano.

El expresidente Correa recibió una condena de ocho años por el Caso Sobornos 2012-2016 en el que se lo acusa de cohecho. Además de la pérdida de los derechos políticos por 25 años. Ambas cosas lo inhabilitan para aparecer en la papeleta.

El pasado 23 de septiembre, el CNE aceptó de forma oficial la candidatura de Arauz y Correa. Un día antes, ellos habían registrado la candidatura en el sistema del organismo electoral. Esto debido a que tuvieron el respaldo de las bases en las elecciones primarias de la coalición.

El Pleno del CNE, según la ley, pedirá a Centro Democrático reemplazar al candidato a vicepresidente. De esa forma, el nuevo binomio sería Andrés Aruz y Carlos Rabascall.

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Anunció Atamaint, que mañana (19 junio) el Consejo Nacional electoral determinará varios aspectos centrales de las próximas votaciones, entre ellos el presupuesto, la fecha de la  primera vuelta electoral que podía retrasarse como máximo 15 días y la forma de votación.

Al respecto de este último punto, descartó que las elecciones 2021 se hagan por voto telemático o electrónico, más bien se analiza aumentar el número de recintos electorales y ampliar el horario de votación.

En cuanto a los vocales, fue enfática en sus críticas al consejero Luis Verdesoto, quien sostuvo que tenía otras actividades en la última sesión del organismo y la dejó sin quorum. “Estamos enviando las convocatorias a tiempo, sin embargo, reclaman que no conocen los textos y terminan votando todo en contra o en abstención”.  La Presidenta del CNE lamentó, además, la inexistencia de un estatuto interno para sancionar a los vocales, al estilo del de la Asamblea Nacional. Así mismo, negó que haya comprado apoyo en la Asamblea Nacional para evitar un juicio político y solicitó a sus ex interpelantes que investiguen primero antes de lanzar un “show”.

Finalmente, descartó que una persona sin derechos políticos, como es Galo Lara, se presente en la próxima justa electoral, pues tiene sentencia ejecutoriada. De otro lado, está a la espera de un informe definitivo de Contraloría para tomar una decisión sobre cuatro organizaciones políticas, entre ellas el Movimiento Compromiso Social.

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