Para el exjuez español, Baltasar Garzón, el Poder Judicial ecuatoriano ha sido usado como un instrumento del Derecho para la persecución política.

El comentario lo hizo como parte de una entrevista en Radio Pichincha cuando hoy, a un día del fallo de la nulidad de la sentencia del caso Singue, se analizará en un Seminario Internacional el caso Sobornos, en el que fueron condenados el expresidente Rafael Correa y varios funcionarios de su Gobierno.

Previo a referirse al caso Sobornos, analizó lo que sucedió ayer con el caso Singue, en el que uno de los procesados era el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, que compartió el primer período presidencial de Correa.

Dijo que el Seminario se va a dar en un momento cuando la justicia se cae, al admitir una vulneración del debido proceso que motivó la declaratoria de nulidad del caso Singue.

“Resulta casi inverosímil lo que ha ocurrido porque si se analiza el caso hubo una inconsistencia de todos los elementos de prueba. Las irregularidades nos llevan a considerar que hubo algo diferente a lo que fue el debido proceso y a una eliminación de lo que fue el adversario”, expresó.

Luego del caso Singue, dijo que es preciso hablar del caso Sobornos, el cual debe continuar por el lado de la lucha internacional ante los organismos interamericanos de Derechos Humanos.

Contó que en Naciones Unidas ya está al tanto del caso un Comité, luego de lo expuesto por el relator judicial que ha dicho que se ha dado una utilización perversa dirigida a personas como Correa y funcionarios de su Gobierno.

“Se ha dado una auténtica persecución política con la instrumentación del Derecho Penal que lo usan con frecuencia cuando se trata de perseguir a líderes”, expresó.

Garzón fue conocido por ordenar la prisión del ya fallecido exdictador chileno y senador vitalicio Augusto Pinochet por los delitos de genocidio y terrorismo, lo que le costó estar inhabilitado como juez. Para él, la justicia al igual de lo que sucede en el caso Sobornos fue usada como un instrumento de persecución.

Dijo que antes las persecuciones eran con estrategias militares, con el fin de tomar el control de las democracias. Pero que ahora es una guerra judicial.

Explicó que -años atrás- por la década del 70 se usaba la violencia física hasta el punto de la eliminación y la impunidad. Mientras que hoy ese tipo de acciones quedaron de lado, salvo en casos contados, debido a que se produce la utilización del Derecho Penal como un arma de guerra jurídica contra oponentes políticos.

Precisó que la idea es acabar con el oponente que piensa distinto y esa estrategia se emplea contra los líderes progresistas que han gobernado países por algunos años y se los quiere perseguir para que no vuelvan.

Expuso que en el caso Sobornos, la sentencia salió cuando Correa tenía la posibilidad de ser candidato y se quebraron normas.

“Cualquier jurista que lea con imparcialidad esa sentencia se escandaliza, cuando se habla de influjo psíquico. ¿Qué es el influjo psíquico?”, exclamó.

El jurista mencionó que el influjo psíquico es una actitud íntima que es imposible de concretarla ni siquiera en libre interpretación por parte de la justicia.

Garzón manifestó que el relato usado en el fallo es incomprensible y que el Derecho debe ser entendido.

“Hay un uso de pruebas espurias y hasta se redacta un testimonio en un vuelo, lo cual es preocupante porque se le dio una “consistencia” a una sentencia”, subrayó y acotó que el Poder Judicial realiza una persecución política instrumentada a través del Derecho.

Al referirse a Glas aclaró que no hay imparcialidad y eso se ha visto sobre sus pedidos de habeas corpus.

“La actuación ha sido arbitraria no solo hacia afuera, sino adentro armando consejos transitorios de la magistratura para ir acomodando las instituciones”, recalcó.

En este contexto y tras el fallo de ayer, puntualizó que la liberación de Glas es inaplazable y que su caso formará parte de una historia macabra en el devenir de un país. Sin embargo, consideró que habrá soluciones como lo que sucedió con Lula, en Brasil, aunque el daño está causado y la vida rota.

“Debería haber una exigencia popular para saber lo que está sucediendo con las instituciones”, expresó y agregó que hay un mal uso del Derecho también en otros ámbitos.

Mientras, en el caso Sobornos puntualizó que ya hay el camino trazado en el ámbito internacional para establecer la arbitrariedad en el proceso.

Redacción Radio Pichincha

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Una crónica publicada este lunes por La Hora, nos cuenta del perfume de la presidenta de la Asamblea, de la “persecución” que sufre por parte de sus colegas legisladores, de lo buena que es con sus subalternos pero, sobre todo, habla de Llori como el único freno que impide que regrese el «correísmo».

El texto dice que Llori es “la piedra en el zapato” del expresidente Rafael Correa y que la comisión que la evalúa está dirigida por el Partido Social Cristiano (PSC) y el correísmo, sus “enemigos políticos”.

Queda claro el mensaje de este trabajo periodístico: hay que sostener en la presidencia de la Asamblea a Guadalupe Llori, para evitar que el correísmo regrese. No importa si Llori tiene o no la capacidad para dirigir el órgano legislativo, no importa las veces que ha frenado el trabajo de la Asamblea, no importa que rompa con el proyecto político del partido al que pertenece. El único fin es impedir el retorno del «correísmo».

¿Y la democracia? Parace que han olvidado su concepto y que el 47.50% de ecuatorianos votó, en 2021, por aquel proyecto político ideológico que hoy pretenden deslegitimar a toda costa.

Es necesario recordar también que sus propios coidearios de Pachakutik han repetido en varias ocasiones que Guadalupe LLori es servicial al Gobierno de Guillermo Lasso y que ha dado la espalda al movimiento indígena y a su proyecto político al intentar favorecer leyes antipopulares, de corte empresarial.

Denuncias de corrupción contra Llori

Hace poco, el exPachakutik, Bruno Segovia, dijo que Llori era el “peón de Lasso» y que denunciará formalmente a la presidenta de la Legislatura por gestión de cargos públicos. Aseguró que la funcionaria tuvo una confrontación con la prefecta de Orellana, Magali Orellana, por el reparto de cargos dentro de diversas instituciones de la provincia.

Asimismo, la bancada de UNES presentó tres denuncias en contra de la presidenta de la Asamblea por “corrupción, diezmos y piponazgo”.

Pero Llori sigue insitiendo en que el correísmo, el Partido Social Cristiano y algunos de sus coidearios autodenominados «rebeldes» intentan “tomarse por asalto” la Asamblea, desestabilizar el país y luego ir por el Consejo de Participación Ciudadana, para designar las autoridades de la Contraloría, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral.

Es más, dice que la Asamblea nunca se paralizó, que siguen trabajando y que incluso tiene «altas posibilidades» para reelegirse. Sin embargo, parecería que los unicos que la quieren y defienden son los oficialistas de CREO.

Todos los poderes en pugna

La bancada oficialista, sutilmente, se pone de lado de Llori, apelando a la democracia. El propio presidente Guillermo Lasso dio, públicamente, su respaldo a la presidenta de la Asamblea. En declaraciones anteriores dijo que están en contra de los “intentos de desestabilización” que podrían darse en el interior de la Legislatura.

Asimismo, dijo que grupos liderados por Rafael Correa; el líder del PSC, Jaime Nebot; y el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, pretenden desestabilizar al país, empezando por la Asamblea.

Por su parte, Guadalupe Llori, haciendo honor a su afirmación de que solo Dios la sacará del cargo, ha apelado a la Función Judicial para mantenerse en el poder, primero, solicitando medidas cautelares y ahora pidiendo investigar a aquellos que quieren investigarla a ella.

La fiscal General, Diana Salazar, defendió esta investigación aduciendo que la institución debe indagar todas las denuncias, de cualquier ciudadano. Sin embargo, no dijo ni ha hecho lo mismo con los pedidos de investigación referentes a INA Paper o Pandora Papers, por ejemplo.

UNES, PSC, y un sector de Pachakutik, ligado a la CONAIE, rechazaron la actuación del poder judicial y denunciaron injerencia de funciones. Dicen que Salazar pretende interferir en las competencias del Legislativo. Pese a todo ello, 93 investigaciones están en curso.

«Siempre he generado pasiones de odio o de amor«, dice

Esta larguísima crónica de La Hora nos deja claro que los medios no están fuera de la pugna de poderes. La objetividad e imparcialidad ya no están en el discurso de los medios tradicionales y ahora, de frente, toman partido en el objetivo de “descorreizar” al país, sea lavando la imagen de funcionarios o callando ante la ineficiencia del gobierno de turno.

Pero también nos deja claro que Llori se ve a sí misma como un estandarte de la lucha «anticorreísta», más no como una representante del poder popular, como una representante del pueblo de a pie, cuya obligación es trabajar para dar bienestar a los ciudadanos.

«Si yo me voy, regresa el correísmo. Y no puedo hacerle eso al país», ha dicho la presidenta de la Legislatura, como una de sus mejores justificaciones para seguir en el cargo.

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