Tras el trabajo en las mesas de diálogo entre la Asamblea y el Gobierno Nacional, se realizó la entrega oficial del anteproyecto de la Ley de Inversiones. La transformación digital y las zonas francas son dos de los elementos principales que acoge la iniciativa.

En febrero del 2022, el proyecto de la ley de atracción de inversiones fue enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con carácter urgente, sin embargo, en el mes de marzo se dio paso a la moción de archivo. La justificación de algunos miembros del pleno se basaba en que la propuesta conducía a la privatización.

 Ante la situación el presidente Guillermo Lasso mencionó a través de su cuenta de twitter que la ley de inversiones fue negada porque el Gobierno Nacional no aceptó sus chantajes.

Hoy en día, después de 7 semanas de trabajo, tanto el poder Ejecutivo como Legislativo han llegado a un 90% de acuerdos con un mínimo del 10% en discensos. De las 118 observaciones se han acogido 104 para la construcción del documento en la ley de inversiones.

La propuesta será entregada el día miércoles al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en el Salón Tránsito Amaguaña de la sede legislativa. En lo posterior, el Ejecutivo entregará formalmente el proyecto a la Asamblea Nacional para su tratamiento de carácter económico urgente, si así lo dispone el mandatario.

El segundo peldaño en la comisión mixta

La violencia en el país es otro de los temas a tratarse en la comisión mixta. El próximo jueves 6 de octubre, se tiene prevista la instalación de una mesa de diálogo para establecer reformas que contribuyan a la erradicación de la violencia.

‘’ Es menester que toquemos temas como la inimputabilidad de menores de edad, exotrsión, porte armas con todos lo requisitos que deban establecerse (…)’’, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en el contexto de la inseguridad del país.

En complemento, Esteban Torres , asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC),  manifestó que el trabajo de la comisión mixta puede contribuir con aportes a la inimputabilidad de menores de edad, mismos que han caído en el reclutamiento del sicariato.

Respecto al porte de armas, resaltó que en diciembre del 2020 fue el primer legislador que presentó un proyecto relacionado a este tema controversial.

‘’No está prohibido el porte de armas en el Ecuador, pero hoy hay una serie de decisiones ministeriales y acuerdos que impiden que buenos ciudadanos cumpliendo los estrictos requisitos puedan acceder a un medio defensa, que no va a solucionar porsupuesto el problema de la inseguridad en el país, pero que va aportar a la seguridad especialmente de los hogares’’, dijo Torres en relación al tema de porte de armas.

A la mesa de seguridad se prevé que asista; el ministro del Interior, Juan Zapata; el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez  y los jefes de las bancadas que conforman la Asamblea Nacional. Además, se pretende invitar a los representantes de la Corte de Justicia, la Corte Constitucional, Defensoría del Pueblo y Policía Nacional. (A.G.)

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Quito, 10 feb (La Calle). – La división del Estado apareció en 1789 con la Revolución Francesa. Antes de ello, las naciones europeas concentraban el poder en una sola persona: el rey. ¿Cambió algo con la creación del Estado moderno? Si, pero no del todo varios. En muchos pasajes históricos la democracia tambaleó y llegó la dictadura. También funciones del Estado han sido controladas por entes ajenos a ellas. En algunos países la idea del rey aún existe, aunque con poder mucho menor al de otros siglos.

Así llegamos al siglo XXI, al 9 de febrero de 2022. Los golpes de Estado y las tomas de poder, como si fuesen las botanas en una mesa de bocaditos, no han cesado. En este capítulo, instancias que pertenecen al Ejecutivo se tomaron atribuciones ajenas para derrocar a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Organismo creado en 2008 y que iba a representar el poder ciudadano en el Estado.

Podríamos tomarnos un sinnúmero de páginas para explicar la intencionalidad del CPCCS. Los ciudadanos/as se preguntaron durante estos 14 años de existencia si este poder tenía alguna utilidad. La tiene, en efecto, es un poder con capacidad de veeduría, fiscalización, acompañamiento y por supuesto de convocatoria para elegir a las autoridades de control.

Sin embargo, en política no pasa mucho tiempo para que las cosas se mancillen. El CPCCS mantuvo sus actividades sin tantos sobresaltos hasta que llegó el gobierno de Lenín Moreno. En 2018, después de pasar meses denostando este poder y diciendo que fue una argucia de Rafael Correa para controlar Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, el Ecuador fue a Consulta Popular y dijo si a un proceso de cambio en el Consejo. Entonces llegó el transitorio con Julio César Trujillo a la cabeza.

Trujillo estuvo siempre en política. Roldós Aguilera decía que era parte de “los patriarcas de la componenda”, un insulto muy bien consolidado, pero insulto al fin. No pensábamos que, en sus últimos años de vida, Trujillo iba a dejar sentadas las bases de una bomba que tardó tres años en explotar. El Transitorio nombró nuevas autoridades. Carlos Pólit a Contraloría, Diana Salazar a Fiscalía, Íñigo Salvador a la Procuraduría. Las actuaciones de los tres funcionarios son material de otra columna.

En 2019 se nombraron a los miembros elegidos por votación popular. La muerte le sobrevino a Trujillo en el último día de funciones, pero las semillas estaban sembradas. El CPCCS siempre fue frágil, pero ahora era como un cristal al que, cualquier movimiento podría trizar. En dos años y cuatro meses de trabajo pasaron tres presidentes. José Tuárez, envuelto en una trama de tráfico de influencias. Christian Cruz, con un carnet de discapacidad sospechoso. Cualquiera pensaría que, con Sofía Almeida, las aguas menguarían. Que equivocados estábamos.

2022 es un año importante. El CPCCS empezaba a armar los concursos para elegir a las autoridades de control. Contralor General, Defensor del Pueblo y miembros del CNE para una renovación parcial. Poderes muy importantes en un Estado, por lo tanto, sometidos al interés de unos cuantos aprovechados.

En enero ya empezaron las quejas. Hernán Ulloa enarboló la bandera y aunque, a primera vista parecía que la presidenta cometió un error. Sin embargo, al explicar que el Ministerio de Economía no había realizado el tema de presupuesto y los montos para el Consejo, uno puede sospechar hacia donde van las huellas. El 9 de febrero, un grupo de policías, ayudaron a Ulloa y compañía a entrar en las instalaciones. El CPCCS estaba sesionando de forma virtual por el aumento de contagios de la COVID-19 ¿A quién rinde cuentas la policía? Al Ministerio de Gobierno. Como burdos delincuentes, consejeros y gendarmes rompieron las puertas de la institución. Y en una sesión y de un plumazo destituyeron a Almeida.

No es la primera que sucede un episodio así. En 1984, en la presidencia de León Febres-Cordero, los jueces designaron como presidente de la Corte a Gustavo Medina de la oposición. La acción llevó al Ejecutivo a enviar tanques de guerra que rodearon la Corte para evitar que los magistrados asuman los cargos. En 2007, el Tribunal Supremo Electoral destituyó a 57 diputados. Un caso que llegó a la CIDH.

Los opinólogos de redes sociales dicen que el CPCCS. Aunque tuvieran razón, habría que preguntarse la verdadera utilidad de los poderes del Estado ¿El Legislativo crea leyes en beneficio de sus ciudadanos? ¿El Ejecutivo organiza el Estado de forma beneficiosa? ¿La Justicia no está secuestrada por un grupo? La política no es solo la ciencia que estudia la organización de los Estados. También analiza el poder. Ese poder que es como el ser humano que lo ostenta. Efímero, con fecha de caducidad. Los que quieren obtenerlo de formas dudosas deberían pensar dos veces antes de intentarlo.

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“Ante los hechos de las últimas semanas. Las funciones del Estado están consternadas por las perdidas humanas y se solidarizan con las familias de las víctimas. El Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico que pretenden tomar control de las cárceles y quitarnos la tranquilidad. Las funciones del Estado hemos acordado acciones conjuntas para una respuesta integral conforme al 226 de la Constitución. Es importante enfrentar en unidad esta crisis, la más grande de las últimas décadas”, dijo el mandatario.

El Acuerdo

Este acuerdo, anunció el presidente, tiene siete puntos:

1. Proceso de pacificación a través del diálogo.
2. Un Proyecto de Ley de Defensa Ciudadana que elaborará Ministerio de Gobierno y la Procuraduría.
3. El Consejo de la Judicatura coordinará acciones para el trámite de los beneficios penitenciarios.
4. Coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de forma indefinida.
5. El CPCCS promoverá la participación de mesas de diálogo entre Estado y ciudadanía. Se realizará un proceso de reparación a familias afectadas.
6. Indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas.
7.  Fiscalía acelerará los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos.

“La única forma de vencer a los enemigos es la unidad de todos los poderes con la Constitución y la ley”, finalizó.

Crisis carcelaria

324 personas han fallecido en lo que va del año por masacres en las prisiones del país. El 28 de septeimbre, 119 personas perdieron la vida en la Penitenciaría del Litoral en Guayas, producto de un nulo control por parte de las autoridades en este rubro.

El 13 de noviembre fallecieron 68 personas en el pabellón de transición de ese mismo centro carcelario.

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“Eso les conviene a los poderes fácticos y muchos caen en esa trampa. Con la consulta mañosa se creó el Consejo de Participación Ciudadana pasando por encima de la Constitución sin que nadie les haya dado ese poder, con eso desbarataron al Estado. Cuando se llega a esta situación de acefalia política y social, ¿quiénes gobiernan? los medios de comunicación, las cámaras de producción con sus intereses. Si somos una sociedad moderna se requiere la política. La forma racional de tomar decisiones es la acción colectiva”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

Estos poderes fácticos traen de regreso prácticas neoliberales en el gobierno. El exmandatario indicó que el gobierno de Guillermo Lasso tiene una agenda que mostró durante la campaña electoral.

“El neoliberalismo es el no hacer, el mercado todo lo arregla, el sálvese quien pueda. La competencia como modo de vida. En la región más pobre del planeta como América Latina es descabellado […] La libertad es la no dominación. Necesitas oportunidades de educarte, sanarte, tener un techo digno. Para eso se necesita acción colectiva, el rol del Estado. Yo no espero sorpresas. Están haciendo lo que ofrecieron en su programa de gobierno. Reducir el rol del Estado, privatizaciones, regreso al CIADI, reservas en Suiza en lugar de trabajar para Ecuador. No están trabajando para superar la crisis. Requerimos políticas económicas activas”.

Añadió que esperar la regulación del mercado tardará muchos años, contrario a la crisis que necesita ser resuelta de forma rápida, y los que ganaran son los banqueros. “En la crisis del 2020, los banqueros ganaron más de USD 200 millones. Yo no espero ninguna sorpresa”.

Lasso en el poder

“Es muy duro entender cómo es que Lasso logró ganar. Hay factores explicativos: una prensa totalmente entregada a Lasso, una campaña sucia sin precedentes, el lawfare. A mí me sacaron una sentencia en 17 días para impedirme ser candidato y regresar al país. Solamente con estar en el país, Lasso jamás hubiera sido presidente. Con una campaña más organizada hubiéramos ganado. Lasso es el pasado y ha estado con el poder”, explicó el expresidente.

Correa dijo que como movimiento estarán atentos a cualquier medida que se oponga a los intereses de la ciudadanía. “Lo dijimos claramente usted ganó, su programa ganó. Nos oponemos democráticamente en todo lo que perjudique al pueblo ecuatoriano, pero permitiremos la gobernabilidad, pese a que podemos fastidiarlo todos los días”.

Crisis carcelaria

Para Correa, la crisis carcelaria empieza cuando se desbarataron todas las instituciones que administraban justicia y rehabilitación en las prisiones del país. “Eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad que trabajaba de forma conjunta. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Inteligencia. No es solo represión es desarrollo humano. El Ministerio de Gobierno se volvió un todólogo. A María Paula Romo le devolvieron todo el poder y se dedicó a  perseguir. Hoy las cárceles la manejan las mafias, hay una inseguridad total. Hay 5.000 presos que debieron salir libres para evitar el hacinamiento”.

También se refirió al nombramiento del coronel retirado, Fausto Cobo al frente del Servicio Nacional de Protección a Privados de Libertad (SNAI). “Fausto Cobo es un tipo muy elemental, fascista, odiador. Estuvo en el golpe de Estado de Lucio Gutiérrez a Mahuad. Lasso era del gobierno de Mahuad y lo premia dándole las cárceles. Tan desesperado debe estar para aceptar este puesto de tercer nivel”, expresó.

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