“No se colocarán vallas ni obstáculos, con el fin de mantener una libre circulación y no afectar el paso o ingreso a locales comerciales y sitios turísticos», expresó el Comandante General, Carlos Cabrera.

Cabrera manifestó durante una rueda de prensa que tras el anuncio de movilizaciones, desde varios sectores sociales, hacen un llamado a la ciudadanía a manifestarse de manera pacífica.

“Pedimos la colaboración de aquellas personas que orientan al caos y a la violencia, a que dejen de actuar de esa manera. Este país necesita progreso y trabajo”, sostuvo el comandante.

Además, recalcó que precautelarán que no se cause daño a ninguna infraestructura, ni bien público o privado para evitar afectaciones en las ciudades

“La Policía Nacional respeta a los manifestantes pacíficos, pero ante actos violentos hará uso progresivo de la fuerza amparada en los instrumentos legales y principios de derechos humanos”, aseguró Cabrera.

Además, recomendaron a los periodistas que estarán cubriendo las marchas a que tengan un plan de contingencia por cualquier inconveniente que se pueda suscitar durante las manifestaciones.

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Quito, 25 ene (la Calle).- Ante la ola de violencia que vive el Ecuador, el presidente Guillermo Lasso ha responzabilizado a la Asamblea por no tramitar leyes referentes a la seguridad. Ante estos cuestionamientos, José Vallejo, integrante de la Comisión de Seguridad, sostuvo: “Botan la pelotita a la Asamblea diciendo que lo que pasa en el tema de la justicia sucede por no establecer una ley del Uso progresivo de la fuerza”.

En una entrevista con Radio La Calle, Vallejo sostuvo que la inoperancia del Gobierno es una de las causas para que existan elevados índices de violencia. Además, mencionó otras causas como la inestabilidad en el mando de la Policía Nacional o la adopción de las medidas económicas en perjuicio de las mayorías.

“El estado de inseguridad no responde únicamente a un conjunto de normas que deben ser perfectibles, responden también a una inacción de carácter más amplio, entre ellas, la destrucción de la institucionalidad», aseguró, refiriéndose a la eliminación de algunos ministerios y entidades públicas.

Aclaró que hay una Ley que establece los principios básico de la proporcionalidad, legalidad, oportunidad y necesidad para aplicar el uso progresivo de la fuerza. Es decir, Vallejo afirma que si hay condiciones jurídicas que orienten el comportamiento de los uniformados.

Según el asambleísta, en el Acuerdo Ministerial 4472 aprobado en el 2014, se encuentra regulado el uso progresivo de la fuerza y permite que el policía haga uso de armas letales. Además, garantiza la capacitación de estos funcionarios. No obstante, dijo también, que hay una notable reducción en este procedimiento en los últimos años.

«La Asamblea no está cruzada de brazos”

“Estamos trabajando en eso, no es que estemos cruzados de brazos”, dijo Vallejo. Argumentó que se ha aprobado la Ley Orgánica de Desarrollo Integral Fronterizo. Además, está en tratamiento el proyecto de ley de las Fuerzas Armadas y el Código Orgánico de Seguridad del Estado, leyes que son relativas a la seguridad nacional.

Vallejo mencionó que están preocupados por las declaraciones de la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en las que que públicamente aclaró que no conoce nada de seguridad. “Ponerla en una cartera tan sensible, con conocimiento de que no es experta en el tema ya deja mucho que desear”, sentenció.

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“Se parte de un concepto muy sencillo: quien usa la fuerza no es un policía, un militar o un agente de seguridad penitenciaria. Quien usa la fuerza es el Estado que sí, efectivamente, lo emplea mediante el distinto personal y recursos que tiene. Pero es el Estado y por eso debe estar en el cuerpo legal que es lo que este proyecto propone”, sostuvo Andrade quien ha asesorado el proyecto de Ley.

También aseguró que los estándares que se incluyen respecto al progresivo de la fuerza son los mismos estándares internacionales desde hace mucho tiempo. “El proyecto de Ley es necesario porque hay cierta dispersión normativa. “Está autorizado el uso progresivo de la fuerza para la Policía, en un código, mientras que para las Fuerzas Armadas no existe, mientras que el COIP tiene otros criterios que no necesariamente empatan. Lo que se busca es homogenizarlo”, indicó.

La normativa que será entregada esta tarde por el Ejecutivo en la Asamblea Nacional, propone también reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado. En ese sentido, según explica Andrade, el Eje de la reforma es fortalecer los mecanismos que permitan la cooperación entre Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Se entiende que las Fuerzas Armadas tienen su propia misión constitucional y la Policía Nacional de igual forma, pero ambas coinciden en que son instituciones protectoras de derechos y libertades, y que hay amenazas de origen transnacional en las cuales se requiere su cooperación”, aseguró.

Insistió en que la cooperación entre ambas instituciones es fundamental para la seguridad pública. “Ha sido en tiempos recientes un poco complicado que coordinen efectivamente, porque no había suficientes fundamentos legales para que esto fluya”, dijo.

Respecto al caso del policía Santiago Olmedo, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, informó existen disposiciones legales de la Ley orgánica de Servicio Público para manejarlo. “Lo que vamos a hacer es garantizar mecanismos necesarios para que el Estado pueda asumir los honorarios de los abogados que van a realizar la defensa, que es la parte que la Ley no prevé”, dijo.

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Quito, 16 Jun (La Calle). – La Policía Nacional del Ecuador (PNE) realizó hoy un operativo en horas de la madrugada en tres centros carcelarios de la ciudad de Guayaquil. El operativo se ejecutó como consecuencia de las revueltas ocurridas el pasado fin de semana en la Penitenciaría del litoral.

1.520 policías realizaron la requisa en los 12 pabellones donde se encuentran más de 10.000 personas privadas de libertad (PPL).

Hasta el momento la PNE ha decomisado 8 armas de fuego, 168 armas blancas, 154 dispositivos móviles, 575 municiones, 195 dosis de droga y 8 bombas. Entre otras cosas se halló un taller donde se fabricaban armas con vidrios, tubos, entre otros materiales.

Fin de semana en la Penitenciaría del Litoral.

En el Centro de Privación de Libertad de Varones del Guayas, más conocida como Penitenciaria del Litoral, se registraron dos disturbios durante el fin de semana. Un grupo de 26 PPL intentó fugarse derrumbando el muro que conecta con la cárcel de mujeres. Los amotinados fueron capturados en la noche del domingo y llevados a la Unidad de Flagrancia para comenzar las pericias correspondientes.

El domingo se registraron enfrentamientos entre bandas narcodelictivas en los pabellones 3, 9 y 11. Como consecuencia del disturbio murieron dos miembros de la banda «Los Lagartos».

Violencia de Febrero

En febrero de 2021 se registraron los hechos más violentos en los centros penitenciarios. Como consecuencia del enfrentamiento entre las bandas de Los Choneros, Tiguerones, Chone Killers, y los Lobos murieron cerca de 80 PPL.

La Policía Nacional mantiene la hipótesis de que los enfrentamientos son por la disputa del liderazgo del crimen organizado dentro de las cárceles, luego de la muerte de Jorge  Luis  Zambrano (Alias Rasquiña), líder de los Choneros.

En redes sociales circularon videos que daban cuenta de los altos niveles de violencia al interior de los Centros de Rehabilitación Social.

Deuda con los Privados de Libertad

El 16 de mayo del 2019, el expresidente Lenín Moreno decretó estado de emergencia en el sistema carcelario por disturbios que provocaron la muerte de 29 reos.

El Gobierno de turno dijo que trabajará en un programa estructural con una inversión de 38 millones de dólares. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas recortó ese presupuesto, en tres ocasiones, dejándolo en 1,8 millones de dólares.  

El hacinamiento supera el 40% de capacidad en las cárceles, este es otro de los problemas que el gobierno debe atender de forma urgente. La capacidad de los centros carcelarios es de 28 mil y actualmente están más de 38 mil personas privadas de la libertad.

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«La Policía Nacional desplegó sus fuerzas para la protección de los ciudadanos. Este día se prevé la ejecución de 17 marchas, 13 plantones, seis cierres de vías y cuatro caravanas. La institución responderá a la movilización dependiendo de la violencia que se produzca», dijo durante una rueda de prensa el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, pablo Rodríguez, esta mañana.

De acuerdo el gendarme, en el Centro Histórico se concentrarán cerca de 1.700 policías para resguardar el lugar. «Ya sea una protesta pacífica o no, el personal policial tiene que resguardar las movilizaciones», añadió el general.

Con violencia responderemos

Vallas, alambre de púas y obstáculos… así amaneció la Capital, tras la decisión de la ministra de Gobierno, María paula Romo. La víspera, la titular afirmó que la Policía responderá con violencia en caso de que los ciudadanos se manifiesten de la misma manera.

Adicionalmente, las iglesias del Centro Histórico están cerradas para «evitar daños en el patrimonio», según lo manifestó el alcalde de Quito Jorge Yunda en el mismo evento. Esta medida surge para prevenir hechos similares a los ocurridos durante las protestas en Santiago de Chile, donde los manifestantes incendiaron algunas iglesias. (GG)

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