Compensación económica a las fuerzas del orden

Mediante los decretos ejecutivos 584 y585, ambos de caracter extraordinario, el Ministerio de Economía y Finanzas será el responsable de entregar los recursos a las instituciones y el Ministerio de Defensa se encargará de que la disposición presidencial se cumpla. El Gobierno Nacional entregará esta compensación económica denominada «Plan Legado de Honor» como retribución al esfuerzo y riesgo en el marco del
conflicto armado interno, decretado en enero de 2024.

Los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Jean Carlo Loffredo, aparecieron en un video de redes sociales juntos para enaltecer la decisión del presidente-candidato. Reimberg dijo que «aunque no hay forma de compensar ese nivel de sacrificio (…) tanto policías como miliatres merecen estar mejor».

Decisiones electorales de Noboa

La decisión del Ejecutivo respondería a las críticas de la candidata Luisa González en el tercer eje del debate, donde aseguró que el primer mandatario «dice que trayendo mercenarios nos va a traer seguridad». Dijo, además, que es una manera de humillar a las Fuerzas Armadas del país. Asimismo, la candidata se refirió a la reunión que el primer mandatario tuvo con Erik Prince, fundador de la empresa rivada internacional Blackwater, organización paramilitar que ha generado polémica por posibles denuncias de violaciones a derechos humanos.

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Sin embargo, no es la única medida de apoyo económica que el presidente-candidato ha prometido durante su campaña. Mediante el Decreto 576 oficializó el Programa de Incentivo Emprende, que promete la entrega de USD 1.000 a actores de la Economía Popular y Solidaria del IEPS. A su vez, el Ejecutivo impulsó la actualización del Registro Social para el acceso al Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Un día antes del inicio de la campaña electoral, el 22 de marzo, Noboa lanzó el plan “Ecuatorianos en Acción” que busca la entrega de 800 dólares en dos pagos a causa de la emergencia por lluvias, a personas de entre 30 y 64 años de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Los Ríos, provincias en las que la candidata Luisa Gonzales había generado mayoría en primera vuelta.

Previo a la primera vuelta electoral, también dispuso la entrega de hasta USD 1.410 a ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos por las políticas externas de Donald Trump.

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El desarrollo de la audiencia

En la audiencia, solicitada por Abad, su defensa argumentó que no se ha dado cumplimiento a la sentencia oral del 23 de diciembre de 2024. Esta sentencia fue notificada por escrito el 10 de enero de 2025.

Nubia Vera ordenó que el Ministerio de Trabajo deje sin efecto la resolución del sumario administrativo del 8 de noviembre de 2024.

La jueza exigió “la inmediata reintegración de la señora María Verónica Abad Rojas en su calidad de vicepresidenta de la República del Ecuador, con todas las facultades y prerrogativas que la Constitución de la República, las leyes y Tratados Internacionales le confieren para el ejercicio pleno de sus funciones, sin que con ningún acto administrativo posterior menoscabe la restitución al cargo”.

Damián Armijos, uno de los abogados de Abad, expresó que no están de acuerdo con la función asignada a Abad en Turquía. No obstante, aclaró que, para que pueda llevarse a cabo, primero es fundamental que Abad tenga acceso a su despacho, a su Quipux y a servidores de confianza. Sin embargo, “nada de esto ha sido posible”, afirmó el jurista, recordando que el 23 de diciembre Abad se presentó en la Vicepresidencia, pero no pudo ingresar al edificio.

Pidió a la jueza que deje sin efecto estos actos ulteriores y se disponga que hoy, viernes 7 de febrero a las 15:00, acuda a la Vicepresidencia y pueda constatar in situ, en compañía de la secretaria, Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, que Abad pueda ingresar y tomar posesión del cargo. Sin embargo, la jueza decidió que el traslado sería inmediato. La audiencia finalizó a las 13:10 y dijo que en aproximadamente 30 minutos estaría en el sitio.

Abad y la jueza Nuria Vera en la vicepresidencia

Al llegar, se percataron de que el ingreso a la vicepresidencia este encontraba cercado con vallas metálicas.

La jueza dijo: “Aquí se está cumpliendo un desacato y esto se configura en el 282 del COIP. Alguien tiene que ser responsable de admitir el acceso. Independientemente de que hagan teletrabajo debe haber un guardia y tienen que abrir la puerta”, pronunció.

Vera solicitó la colaboración y el respaldo de la fuerza pública para permitir el ingreso de Abad. Además, pidió que se contacte al jefe de la escolta presidencial.

«Las sentencias son para cumplir, la ley no distingue«, expresó Vera ante algunas personas reunidas en la calle y la defensa de Abad.

Vera recordó que esta diligencia forma parte de la sentencia emitida en la audiencia de protección a favor de Abad. Según lo señalado por la jueza, en caso de incumplimiento de su fallo, se notificará a la Fiscalía, ya que las autoridades estarían incurriendo en desacato.

«Hay que llamar al 911 para comunicar a la Policía y que se informe que no nos dejan entrar», agregó Vera.

Vera, Abad y sus abogados permanecieron varios minutos en la calle Benalcázar sin lograr acceder al edificio. Por otro lado, la jueza solicitó a la policía hacer un parte de incumplimiento de sentencia. Además, llamó a efectivos policiales para dejar constancia de la gestión de verificación realizada.

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Un récord alarmante

Las estadísticas oficiales muestran un incremento sostenido en los homicidios durante los últimos años:

• Enero 2023: 517 homicidios.
• Enero 2024: 479 homicidios.
• Enero 2025: 600 homicidios en tan solo 24 días.

Esto representa un promedio de 25 muertes diarias, equivalente a una persona asesinada cada hora, reflejando la profundidad de la crisis de seguridad en el país.

Regiones más afectadas

El impacto de la violencia se concentra principalmente en el Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón, así como en provincias como Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos.

Enero de 2025, el mes más violento de los últimos cuatro años en Manabí

Manabí ha sido particularmente golpeada por la violencia de organizaciones criminales como Los Lobos y Los Choneros, cuya disputa por el control territorial de drogas ha trastocado el orden público. La provincia también enfrenta un aumento alarmante en la muerte de menores de edad en ataques armados.

Según las cifras oficiales, enero de 2025 ya es el mes más violento de la última década en Manabí. En comparación con 2023 y 2024, los homicidios en este mes casi se han triplicado, mientras que los registros de 2021 y 2022 fueron entre tres y seis veces menores.

La Fuerza de Tarea Conjunta Manabí, operando en la provincia desde abril de 2024, había anticipado que la violencia aumentaría en los primeros meses de 2025. «En las investigaciones que hemos hechos por inteligencia militar, es por la problemática del narcotráfico que tiene sus delitos conexos – es el plus que nos lleva a tener el incremento de la violencia”, declaró Kléber Guaytarilla a PRIMICIAS, comandante de la unidad.

La unidad ha estado activa en la provincia desde abril de 2024, enfocándose en reducir los niveles de criminalidad, desmantelar las economías de las organizaciones delictivas, capturar y neutralizar a los integrantes de estas estructuras criminales.

Factores detrás de la violencia

Según fuentes policiales, los principales factores que explican el aumento de la violencia son:

• Presión de carteles internacionales que buscan mayor influencia en el territorio nacional.

• Disputas territoriales entre bandas criminales.

• Aumento del desempleo, que fortalece al crimen organizado.

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Mediante un boletín de prensa, el órgano constitucional informó sobre la emisión del dictamen 11-24-EE/24 resuelto en la sesión ordinaria llevada a cabo el 14 de noviembre. Según el documento, la Corte verificó exclusivamente la configuración de la causal de grave conmoción interna y conflicto armado interno, como fundamento utilizado por el Ejecutivo para esta declaratoria que le suceden a múltiples estados de excepción declarados en el 2024 y años anteriores.

Al realizar el control constitucional a las medidas extraordinarias contenidas en el Decreto, la Corte consideró constitucionales únicamente a la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de correspondencia y de domicilio, así como la suspensión focalizada a la libertad de tránsito en 19 cantones y una parroquia de siete provincias del país. Este Decreto vigente por 90 días se dio en el contexto de los 27 incendios forestales iniciados en Quito el 24 de septiembre y que, consecutivamente, se dieron en otras localidades del país; lo que, incluso, habría sido la razón por la que el primer mandatario canceló su agenda en Estados Unidos. Pero, también, se dio en el contexto político que ponía en aprietos al Ejecutivo.

Un día después de esta declaratoria, el 4 de octubre, la ministra del Interior Mónica Palencia fue convocada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para la presentación de argumentos sobre su proceso de juicio político. La mañana del 3 de octubre la titular de la Cartera de Estado y el exministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, dieron una rueda de prensa desde Carondelet en la que se esperaba información sobre el Decreto; sin embargo, el espacio con medios fue para responder preguntas sobre el pedido de juicio en contra de la ministra Palencia.

En esta misma rueda de prensa, el exministro Félix Wong y vocero del Ejecutivo dijo ante los medios de comunicación, que le cuestionaron sobre la emisión del Decreto 410, que no permitirían que se calienten las calles. Estas declaraciones parecían hacer alusión a las marchas que se venían dando en septiembre por sindicatos de trabajadores y los prestadores externos de salud que le exigían al gobierno el pago de la deuda sostenida por el IESS. Pero también por las reacciones que habría provocado el plan de racionamiento de energía al sector industrial, y las manifestaciones que habían anunciado los sindicatos y organizaciones sociales en rechazo a las medidas tomadas por el presidente Daniel Noboa ante la falta de gestión ante los apagones intensificados a inicios de septiembre que, además, provocó un decrecimiento económico en varios sectores del país.

El 9 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró al Ecuador en estado de conflicto armado interno luego de los amotinamientos en las cáceles del país y la fuga de alias “Fito”. Desde entonces, el uso recurrente de estados de excepción a nivel nacional y focalizados se han normalizado durante los 11 primeros meses del gobierno del presidente Daniel Noboa. La noche de este 20 de noviembre, el Bloque de Seguridad recordó a la ciudadanía que se encuentra vigente el estado de excepción del Decreto 410 y que, por tanto, está restringido el derecho a la libertad de reuniones en espacios públicos. Esto, sobre las manifestaciones anunciadas para este 21 de noviembre por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). En este marco, el dictamen de la Corte concluye en su boletín de prensa que, en este año, cuando culmine los 90 días de estado de excepción, la población habrá vivido 9 de los primeros 11 meses del año bajo esta figura que habrían sido dirigidos específicamente a combatir la situación de violencia que atraviesa el país y con suspensión de derechos. Además, en su parte final, exhortó al Gobierno Nacional a tomar las medidas de política pública y/o legislativas necesarias para combatir la crisis de violencia.

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Por ahora, no se han revelado mayores detalles sobre las últimas investigaciones desplegadas por el agente asesinado.

La institución policial expresó su pesar por la pérdida de Ramírez. En un comunicado oficial, reafirmaron su compromiso de continuar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, subrayando que la muerte de su compañero no quedará impune.

Actualmente, las investigaciones de la Policía están en marcha con el fin de identificar y capturar a los autores del crimen. Equipos especializados de la Policía trabajan en la recolección de pruebas para esclarecer el ataque y arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon el trágico desenlace. El ataque a un miembro activo de la fuerza ha intensificado el clima de inseguridad que se vive en Esmeraldas.

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Equipos de emergencia, incluyendo una ambulancia del Ministerio de Salud, patrulleros de unidades especiales y una lancha de la Armada Nacional, llegaron rápidamente al lugar para socorrer a las víctimas y asegurar la zona.

Personal especializado recolectaba pruebas para identificar a los responsables del atentado. En tanto, la vivienda donde ocurrió la explosión quedó completamente destruida, con daños graves en su estructura y techo, además de afectar a otras domicilios cercanos.

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Tras la llegada del presidente Noboa al poder, Ecuador ha pasado por seis estados de excepción a nivel general, incluso, uno de los decretos fue respaldado por la »Asociación Mundial de Juristas», como un peso adicional para no recibir otra objeción por parte de la Corte Constitucional (CC).

En esta ocasión, el Ejecutivo anunció que la medida tendrá una vigencia de 60 días y permitirá la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las siguientes provincias y cantones:

• Guayas
• Los Ríos
• Manabí
• Orellana
• Santa Elena
• El Oro
• El Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, cantón que vuelve a constar en esta lista desde enero.
• Camilo Ponce Enríquez, Azuay

El decreto dispone la suspensión al derecho de la inviolabilidad de domicilio y el de correspondencia, así como el derecho a la libertad de reunión en los territorios antes descritos.

De igual manera, el Primer Mandatario dispuso la medida del toque de queda todos los días de 22h00 a 05h00 en los siguientes cantones:

• Camilo Ponce Enríquez, en Azuay
• Durán, Balao y parroquia Tenguel, en Guayas
• Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma, Montalvo, en Los Ríos

¿La situación se sale de las manos?

Según la justificación del Gobierno el detonante de este Decreto está relacionado con los asesinatos a tres funcionarios del SNAI, lo cual evidenciaría el intento de las organizaciones delictivas para influir en las decisiones gubernamentales.

Asimismo citó un informe de la Policía que detalla que entre el 8 de enero y el 15 de septiembre se ha registrado la detención de un número preocupante de menores de entre 12 y 17 años, quienes estarían reclutados por bandas delictivas. El 63% de estas detenciones se concentran en las provincias de Guayas (27%), Pichincha (14%), El Oro (8%), Los Ríos (7%) y Manabí (7%).

»Las cifras son alarmantes: de las detenciones a menores, 281 corresponden a tráfico de drogas, 233 a posesión de armas y 230 a robo», detalló el documento.

Respecto a las cifras de violencia, el Ministerio del Interior informó que desde enero del 2024 se documentaron 500 homicidios intencionales, de los cuales 363 corresponden a dobles asesinatos, 96 a triples, y así sucesivamente, hasta eventos de 10 víctimas en un solo ataque.

Además, el registro de 109 víctimas colaterales o indirectas durante el mismo período.

Homicidios durante el estado de excepción

Esta medida no resuelve por completo la ola de violencia que atraviesa el país. Por ejemplo, en marzo, durante la renovación de 30 días al primer decreto de estado de excepción a nivel nacional se registraron varios homicidios.

• En Manabí, el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Briggite García, y el director de comunicación del Municipio, Jairo Loor
• Seis asesinatos en Santa Elena
• Amenaza de bomba en Latacunga
• Asesinato a un miembro de las Fuerzas Armadas y a uno de la Policía, en Sucumbíos y Los Ríos respectivamente

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Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 26 años de cárcel a 4 expolicías Erick Salinas, Mario Cevallos, Aurelio Chila y Marcos Villacrés, el rosto de Salinas quedó plasmado en una fotografía de diario El Universo llevando detenido a un hombre, cuyo rostro lo cubría su propia camiseta. El expolicía vestía de civil en el operativo y luego se supo que no pertenecía ya a las filas de la Policía Judicial.

Los desaparecidos

El hombre era Johnny Gómez, a quien su esposa reconoció en la fotografía del diario. Desde que recibió la llamada de su esposo diciendo: «mija, estoy en los patios de la P.J metido en un carro rojo, ven entra hasta el fondo. Me van a matar», la vida de Dolores Guerra se convirtió en un vía crucis buscando respuesta del paradero de su esposo, a quién no volvió a ver. Estudió derecho en ese proceso para entender los periplos del juicio en contra de los expolicías.

26 años es la máxima pena que da el Estado ecuatoriano por el delito de desaparición forzada. Los culpables deberán pagar a Guerra y su hijo USD 237.000 por los daños causados y pagar el tratamiento psicológico por 5 años. La misma multa se estableció para la madre y hermano de César Mata. En el carro rojo iban Gómez, Mata, Erwin Vivar y  Seydi Velez, única sobreviviente de este caso.

No es la primera vez que hay un proceso judicial por este caso, mientras la Policía mantenía la versión de inocencia para los exagentes, las inconsistencias reabrieron el caso en 2014. Allí el peritaje determinó los argumentos para determinar que lo sucedido el 19 de noviembre en la farmacia Fybeca no era un operativo sino una masacre cruel.

Los hechos

Durante los años 90, el poder de la Policía Nacional creció en Guayaquil ante el aumento de los casos de delincuencia en la ciudad, así lo explica la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Programas como “Más Seguridad” terminaron siendo tapadera de abusos, torturas y violaciones a los derechos humanos.

En ese contexto, la primera versión del caso habla de un intento de robo a la farmacia Fybeca de La Alborada, miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía, bajo el mando del mayor Eduardo René González Flores (que aún continúa prófugo) abrieron fuego contra los presuntos asaltantes.

Como resultado ocho personas murieron Carlos Germán Andrade Almeida, que fue a comprar pañales a la farmacia; el mensajero del establecimiento Guime Elisandro Córdova Encalada, José Vicente Cañar Reyes, Jasmany Alexánder Rosero López, Raúl Javier Salinas Chumacero, Miguel Ángel Quispe Portilla, Richard Gonzalo Tello Jácome, y Genry Germán Aguiar Vargas (presuntos delincuentes).

Los vacíos

Aparecieron las inconsistencias, el jefe de Criminalística indicó que los registros de balística revelaron que no hubo disparos de los supuestos asaltantes. Asimismo, un informe del Ministerio Fiscal Distrital de Guayas y Galápagos determinó que no hubo dicho enfrentamiento.

A eso se suma que las autopsias indican que por el lugar de los disparos, estos se realizaron de adelante hacia atrás o por la espalda. Según los testimonios que recoge la Comisión de la Verdad, Carlos Andrade suplicó que no lo maten que él era pastor evangélico. Al mensajero le dieron tres disparos estando en el suelo boca abajo, el de la nuca le produjo la muerte.

El caso se llamó las Dolores, por el nombre de las viudas de Andrade y Córdova, a las que se suma la viuda de Gómez. Erwin Vivar apareció en Venezuela en 2016, según su testimonio recibieron torturas y luego los arrojaron a un estero, donde les dispararon a él y a Gómez. Sin embargo, ni los restos de Gómez o Mata han sido encontrados. (MIB)

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Quito, 17 jul (La Calle).- La Policía abatió a un antisocial y aprehendió a otros tres, entre ellos un menor de edad, durante la madrugada del 17 de julio en el Redondel del Ciclista, norte de Quito.

“Los antisociales serían parte de una organización delictiva que se dedicaba al secuestro exprés y robo de vehículos”, comunicó la Policía Nacional a través de su cuenta en la red social X.

Sucesos y Evidencia

Según el reporte preliminar de la Policía Nacional, el hecho sucedió alrededor de las 2:00 de la madrugada cuando recibieron una alerta sobre una banda que estaría robando desde el sector Aeropuerto, pasando por Carcelén, avanzado por la Simón Bolívar. Los individuos se movilizaban en un vehículo robado.

La Policía Nacional logró ubicar el automóvil en el Redondel del Ciclista. Los asociales al notar la presencia policial abrieron fuego contra los uniformados. La Policía respondió a la amenaza.

La persecución terminó cuando el auto de los sospechosos chocó contra una montaña. Se capturó a dos hombres de nacionalidad ecuatoriana y un menor de edad que fue aislado. Una cuarta persona, la cual conducía el automóvil, fue abatida.

Las autoridades incautaron diversos elementos que evidencian actividades delictivas de los sospechosos, entre ellos se encuentran:

• 1 arma de juego
• 2 chalecos balísticos
• 1 casco
• 1 vehículo reportado como robado
• varios celulares
• múltiples prendas de vestir

Inseguridad en Quito 2024

La seguridad en la capital es un tema que preocupa a los quiteños y quiteñas. Especialmente con los hechos de violencia que vivió el Ecuador en el 2023. Según una consulta realizada por el diario El Comercio a la Policía Nacional, desde el 1 de enero hasta el 4 de julio de 2024, los niveles de delincuencia en Quito aumentaron un 8%.

Wilson Pavón, general de la Policía Nacional y comandante del Distrito Metropolitano de Quito,  manifestó que los robos de vehículos o de sus partes se han vuelto comunes. Este tipo de robos se han producido con más frecuencia en los sectores de la República, El Salvador, La Mariscal, La Shyris y Eloy Alfaro.

Pavón detalla que también existe aumento en el delito de robo a personas. Dice que los antisociales que practican este delito frecuentan sectores transitados y comerciales. Se conoce que entre enero y abril de este 2024, el Servicio Integrado de Seguridad registró 3.127 emergencias relacionadas con robos.

Violencia en Quito 2024

Wilson Pavón, aseguró que los índices de violencia de Quito bajaron en comparación del 2023. La Policía Nacional dividió en dos tipos los homicidios que ocurren en Quito: criminales e interpersonales.

Pavón comentó que en el caso de violencia criminal se da por peleas territoriales por el micro – tráfico de droga y otras actividades ilícitas. Los interpersonales se dan por eventos relacionados a riñas callejeras y altercados intrafamiliares.

En Quito, según el subcomandante de la Policía del Distrito Metropolitano, Juan Orquea, los operativos se concentran en disminuir el poder económico de las organizaciones narco delictivas que dominan actividades como el micro tráfico, trata de personas, robo y extorciones. (N.C)

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Durante el operativo de este domingo, realizado en su casa en el sector María Auxiliadora de la ciudad de Manta, la Policía encontró una pistola, diez cartuchos y una alimentadora.

Alias «Perro Negro» es considerado un miembro clave de Los Choneros, organización liderada por Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, quien está prófugo tras escapar de la cárcel Regional de Guayaquil en enero de este año.

«Perro Negro» tenía antecedentes

El historial judicial de alias «Perro Negro» incluye nueve procesos por diversos delitos, registrados en el sistema del Consejo de la Judicatura. Sus problemas legales comenzaron en 2009 por asuntos de alimentos y abandono de hogar. En tanto, en 2011 y 2012 enfrentó cargos por robo y drogas. El pasado año fue procesado por porte ilegal de armas.

La captura de alias «Perro Negro» fue resultado de una intervención conjunta de la Policía Judicial, Criminalística y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) dentro del plan de acción 2.0, destinado a combatir la delincuencia en Manta.

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El operativo en el que participaron miembros de la Fuerza Investigativa Criminal se desarrolló la madrugada de este 30 mayo. Los agentes realizaron 24 allanamientos en las provincias de Guayas y Manabí.

Capturaron también a otras 19 personas pertenecientes al grupo criminal de Los Choneros por los delitos de sicariato, secuestro, robo de vehículos, robo en ejes viales, extorsión y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Alias ‘Mongolo’ estaría vinculado a la economía criminal de Fito, pues planificaba y autorizaba los operativos delictivos, asimismo manejaba las finanzas del grupo criminal.

Por otro lado, la pareja del narcotraficante identificada como Verónica B., fue localizada en Manta. Su nombre salió a la luz en 2021 cuando estuvo por seis días en la cárcel Regional de Guayaquil junto a alias ‘Fito’, posteriormente intentó escapar con la vestimenta de una guía penitenciaria.

Ella fue detenida junto a una guía penitenciaria para trasladarlas a la Unidad de Flagrancia, pero fueron liberadas por un supuesto acuerdo con el narcotraficantes, sin embargo, las autoridades de turno lo negaron todo.

¿Cómo escapó ‘Fito’?

La fuga de Fito se habría perpetrado cuando fingió una cita médica fuera de la cárcel de Guayaquil. Según el exministro de Justicia, José Serrano el antisocial “regresó varias horas más tarde, pero en las cámaras de seguridad solo se registró la entrada de un sujeto encapuchado.

Luego del escape del antisocial, una ola de violencia se desató en el país. Los disturbios en los centros penitenciarios iniciaron el 8 de enero del 2024. Producto de estos acontecimientos, cerca de 200 servidores penitenciarios fueron retenidos y se desataron varios enfrentamientos entre reclusos y agentes del orden.

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«Se realizaron 13 allanamientos a una organización delictiva que se dedicaba al presunto delito de lavado de activos en las provincias de Guayas y Los Ríos. Estaba liderada presuntamente por las ciudadanas Lady R. y Lizeth H., quienes podrían haber mantenido un vínculo sentimental con el ciudadano Junior Roldán, quien había sido declarado meses atrás como fallecido», dijo el coronel Manuel Gómez a cargo del caso.

Las dos mujeres habrían recibido depósitos en sus cuentas de su grupo familiar y societario por un valor aproximado de USD 5 millones por personas con las que no mantienen ninguna relación económica o de sociedad. Los ingresos ilegales se camuflaban a través de la constitución de empresas y la adquisición de inmuebles a nombre de estas ciudadanas por un valor de USD 3.5 millones. Las transacciones ilegales se habrían realizado entre 2023 y 2019.

La investigación se realizó desde hace un año y medio. No se dio más detalles ya que la audiencia de formulación de cargos respectiva todavía no tiene lugar y Fiscalía llevará adelante el caso.

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«Cuatro policías me tenían así (sostenido por cada extremidad) y ahí me leyeron los derechos, mientras este sinvergüenza, un jovencito (…) y luego lo vuelven a filmar para hacer un amarre. Me sientan, yo estaba todo apaleado, me ponen nuevamente a leerme los derechos. Me sientan ahí y yo me desvanezco. Me dicen: ¡párese! ¡párese!, yo trtaba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado. Hay dos vídeos, el verdadero cuando me bajaron del carro todo torturado, humillado, colgado de los pulgares como en la época de la dictadura. Y el segundo vídeo», dijo en la conversación.

Agregó que lo que tiene claro es que no va a claudicar. «El asilo político no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político».

El expresidente Rafael Correa se pronunció acerca de su compañero de militancia y la situación por la que atraviesa. «Responsabilizamos a Daniel Noboa por la integridad física y emocional de Jorge», escribió.

Berlín busca comunicación con Ecuador

El exvicepresidente Glas, de 54 años, tiene también la ciudadanía alemana, por lo que Berlín intenta establecer contacto con las autoridades ecuatorianas.

«Estamos siguiendo muy de cerca el caso del señor Glas y estamos tratando de establecer contacto directo con las autoridades ecuatorianas», informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania a la revista Spiegel.

Una de las tareas de las misiones alemanas en el extranjero es precautelar el cuidado de los ciudadanos alemanes encarcelados. (MIB)

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El pasado 17 de marzo, un grupo de 114 jóvenes se unió a la Escuela de Formación de la Policía Nacional. Después de la emotiva ceremonia iniciaron el entrenamiento con una actividad de trote, sin embargo, se interumpió debido al percance con dos jóvenes a los que trasladaron al Hospital José María Velasco Ibarra.

“Tocará hablar con un abogado y ver qué nos dicen. (Exigimos) transparencia, si es que hay algún culpable, que nos diga quién es, qué es lo que pasó, qué es lo que le hicieron”, dijo a Ecuavisa Henry Rosero, padre de aspirante fallecido.

El otro aspirante afectado, Fricson Arteaga Valladares, de 23 años, llegó a cuidados intensivos y su familia también busca explicaciones. Carlos Maullin, familiar de Arteaga, rechaza la idea de que su pariente tenga alguna afectación médica, pues es futbolista.

Hasta el cierre de esta nota periodística, la institución policial no se ha pronunciado ante esta situación, pese a los pedidos de información. (AGM).

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El pasado 14 de marzo la cartera de Estado realizó un evento denominado “Mujeres Construyendo el Nuevo Ecuador”, el cual contó con la presencia del embajador de Alemania en Ecuador, Philipp Schauer, y la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez.

El acto se desarrolló en el Parque de la Mujer, en Quito, con la cooperación de la empresa alemana GIZ. La ministra Nuñez entregó la certificación a un total de 21 instituciones públicas y cuatro privadas como petroleras y laboratorios clínicos.

«En el marco de este importante proceso, más de 50 000 funcionarios policiales se han capacitado y ahora tienen herramientas indispensables para cumplir con el compromiso, que ya es universal, hacia la igualdad», exhaltó la ministra del Interior, Mónica Palencia.

Casos de acoso

En el 2022, tras la grave conmoción que ha generado la desaparición de María Belén Bernal, salieron a la luz las críticas contra el accionar de instructores y cadetes dentro de la Escuela Superior de Policía (ESP). 

La periodista Viviana Erazo narró como sus excompañeros de colegio – que habrían ingresado a la ESP- no pueden si quiera hablar con sus compañeras cadetes si un oficial las está acosando.

“Una vez salí a un bar con amigos, entre ellos, ex compañeros que estaban en la ESP. Al bar entró una chica muy guapa que casualmente también estaba en la ESP. Ellos la conocían, sin embargo no la saludaron, pero hablaron entre ellos”, explicó Erazo.

¿Cual era la razón? Uno de los superiores estaba merodeando a esa cadete. “A esa cadete no se le puede ver porque ya es de mi Capitán” escuché decir a uno.

– ¿Es de mi Capitán? Le pregunté… entonces me explicaron que si alguien de rango superior pone los ojos en una Cadete, a esa chica otro hombre no se le puede acercar”.

Si se rompe esa ‘regla’, el cadete en cuestión puede ser sometido constantemente a castigos, prohibirle los francos e incluso llegar a expulsarlo de la ESP. “Solo por tocar a la mujer de su superior. Superior que seguramente es casado y tiene hijos”.

Acoso sistematizado

Las cadetes mujeres que ingresan a la Escuela Superior corren el riesgo de convertirse en objeto de acoso por parte de los oficiales instructores. En esta historia, el oficial que perseguía a la chica era 10 años mayor y ella no quería nada con él. No obstante, el rechazo habría impedido que siga desarrollando sus actividades y truncaría su sueño de ser subteniente.

“La chica consideró que no tenía otra opción que responderle los mensajes, aceptar las salidas”. Además que denunciar no es una opción. Sus superiores no le creerían y el «compadrazgo» dentro de los rangos superiores empeoraría la situación para ella. (AGM)

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Rosero alertó que en ese grupo también se encuentran estudiantes de otros colegios «de prestigio de Guayaquil». Según el abogado, si un estudiante quería acceder a determinado video tenía que cancelar un determinado valor.

«Allí se vanagloriaban y alardeaban de los abusos que profanaron. Los adolescentes filtraban ahí los nombres y clips de sus víctimas», reprochó para los medios de comunicación.

De la misma manera, cuestionó el accionar de las autoridades, la Policía Nacional o Dinased ante estos casos. Detalló que toda la información proporcionada será enviada a la Fiscalía General del Estado (FGE) para su valoración.

La pesadilla en SEK

El 7 de marzo de 2024, se denunció un tercer caso de violación en el mismo colegio. En esta ocasión, se trataría de una pequeña de cinco años. Su abogada, Soledad Angus, explicó que el abuso ocurrió en diciembre del año pasado y desde entonces no han dado con los responsables. Además, mencionó que la menor no continuó con sus estudios desde esa fecha, a causa de las trabas en el sistema judicial y de parte de las autoridades de la institución.

El pasado 5 de marzo, se difundió el caso de otra joven que habría sido violada por tres compañeros de clase en un paseo de fin de año en Punta Cana, República Dominicana. Los abogados de la víctima indicaron que el hecho ocurrió en noviembre de 2023, pero por negligencia de la Fiscalía, dos implicados ya están fuera del país.

Allí no termina el escenario, pues el 6 de marzo otra víctima levantó su voz y denunció otro caso de abuso en el mismo colegio. Los padres de la joven pidieron al abogado Fernando Rosero que también los represente. La menor no hizo público el acto por vergüenza y para no revictimizarla, detalla El Universo. Este caso ocurrió el mismo día del paseo de fin de año.

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La fiscal General del Estado, Diana Salazar, alegó que estos allanamientos se desprenden del caso Metástasis. Una investigación que reflejaba la penetración del narcotráfico en el sistema judicial.

Los detenidos

Producto del operativo fueron detenidos: la expresidenta de la Corte Nacional de Justicia de Guayas, María Fabiola G. En su hogar hallaron documentos, joyas, equipos electrónicos y de almacenamiento. Según las autoridades, los elementos serán procesados para determinar si existe o no elementos de convicción.

Otro detenido es el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo M. En la vivienda del exlegislador se levantaron los siguientes indicios: dos armas de fuego, teléfonos celulares, relojes Rolex, licores, joyas, documentos, más de USD 7 mil y 505 euros.

Además, el juez de la provincia Johan Gustavo M.; y otros magistrados Guillermo V.; Fausto A.; Saúl M.; Reinaldo C., Henry T. T. y Alberto L. Y. En total, 12 personas fueron detenidas y realizaron 12 allanamientos adicionales.

Según Salazar, este sería el primer paso «para el saneamiento» de las instituciones del Estado y desarticular la descomposición estructural que sufrieron. En las próximas horas formulará cargos contra los implicados.

«Estos actos permitieron que las economías criminales encuentren una ruta rentable para la impunidad», señaló.

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El hecho ocurrió la mañana de este 1 de marzo cuando los servidores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) identificaron a un vehículo sin placas y con vidrios polarizados que circulaba en el espacio definido para el transporte público.

Según la entidad municipal, los infractores no presentaron sus documentos de identificación e irrespetaron las indicaciones impartidas por los agentes al tiempo de proferir amenazas.

»Como institución de control rechazamos todo tipo de violencia, amedrentamiento e irrespeto al carril exclusivo», dijo la AMT en un comunicado.

Declaraciones Muñoz

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó su rechazo al altercado ocurrido y respaldó a los agentes de tránsito afectados. Además, destacó que destacar que este incidente no afectará la positiva relación que el Municipio sostiene con la Policía Nacional. (AGM).

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La CNJ, a través de un comunicado, pidió formalmente que la justicia argentina envíe a Luque al país. El juez a cargo del caso ratificó el pedido el 26 de febrero. El implicado deberá rendir cuentas a la justicia ecuatoriana por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada.

«Corresponde a la Cancillería ecuatoriana gestionar este pedido de manera expedita», finaliza el documento.

Un año y piquito…

Aunque la promesa del expresidente Lasso fue traer «del cogote a Luque» luego de que todo el entramado se filtrara en los medios de comunicación, el implicado pasó un largo tiempo en Argentina. Según el exministro del Interior, Juan Zapata, el ahora recluso salió de Ecuador el 9 de enero de 2023. Desde entonces la notificación de su arresto se difundió en la Policía Nacional y la Interpol.

Luque guardaba una estrecha relación con el Lasso por sus cargos en el Banco de Guayaquil. Fue vicepresidente de las Oficinas de Banca Personal y Comercial del Banco de Guayaquil, según el portal de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

A parte de su larga estadía en el Banco de Guayaquil, el exjefe de Estado lo nombró coordinador de las 13 empresas públicas, a través del decreto ejecutivo 107, el 14 de julio de 2021.

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Los integrantes de la base militar se percataron del hecho y activaron los protocolos de seguridad, con lo que evitaron que los implicados sustrajeran ese material. las autoridades revisaron el departamento donde guardan el material bélico y otras áreas, pero no reportaron mayor incidente.

Los afectados relataron que el intento de robo se habría coordinado con un cabo primero de la brigada. Los implicados fueron entregados a la Policía Nacional para que inicie con las investigaciones correspondientes.

«Estas acciones que van en contra de la seguridad y bienestar nacional, serán censuradas en estricto cumplimiento a las normativas administrativas disciplinarias», reza el comunicado.

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