«En la Escuela de la Policía Nacional, se realizó la presentación de los 288 servidores que brindarán seguridad a los binomios presidenciales (calificados en firme) de las Elecciones 2025 y que los acompañarán de manera inmediata. Las cápsulas estarán equipadas con chalecos antibalas, radio comunicaciones, vehículos y armamento. La articulación interinstitucional fortalece los comicios», escribió la autoridad en una publicación.

Seguridad en las elecciones

La protección será para los binomios que estén calificados en firme para los comicios. La seguridad es un aspecto importante en estas elecciones tras lo que sucedió en agosto de 2023 con el candidato Fernando Villavicencio al que asesinaron en un mitin político.

A ello se suma, un ataque contra el vehículo del candidato presidencial por Centro Democrático, Jimmy Jairala, en el que se movilizaban su hijo y unos amigos dejando como herido al chofer que les prestaba seguridad. La policía todavía investiga los móviles del hecho. La ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo que se trataría de un intento de robo, declaraciones que Jairala refutó.

«Sigo sin entender por qué “concluyen” que el ataque armado contra el vehículo en el que viajaba mi hijo fue porque el custodio “trató de evitar un robo…”. NO fue eso lo que pasó. Las investigaciones deberán determinar cuál fue el móvil, cuál fue la intención de los agresores. Tomar como referencia lo que un familiar del custodio dijo haber escuchado del herido parece más una intención de minimizar el hecho», escribió. (MIB)

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Las imágenes muestran a miembros de la Fuerza Pública entrando por los muros y rompiendo las puertas externas de la embajada con el objetivo de sacar a Glas del lugar. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano olvida un pequeño detalle. El artículo 22 de la Convención de Viena dice que:

1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.

2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.

3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

Al exvicepresidente Jorge Glas lo llevaron a la Unidad de Flagrancia. El jefe de Cancillería y Asuntos Internos de la embajada, Roberto Canseco se enfrentó a la Policía para impedir la intromisión, no obstante, los agentes lo empujaron y lo arrojaron al suelo.

¿Qué dice el Gobierno?

Presidencia emitió un comunicado confirmando la intromisión y la detención:

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La madrugada de este 3 de abril, Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó un operativo simultáneo en El Oro, Azuay, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua y Guayas.

La personas involucradas serían jueces, secretarios, policías, exfuncionarios públicos y abogados en libre ejercicio que abusaron de sus cargos y realizaron argucias legales para favorecer a organizaciones delictivas.

La entidad levantó una orden de detención en contra del exjuez Simón G. en el cantón Rocafuerte, Manabí; el abogado José T. en Quito, sector de Calderón; a un ciudadano de nombre Lenin V., ya procesado en otra causa, en la Cárcel Nº 4 de Quito; al exjuez Ángel L., en Santo Domingo; a José A. y Omar J., exfuncionarios del SNAI, este último habría tenido documentación relacionada con beneficios penitenciarios; y a los policías Marco C. y Hugo A., en Guayaquil.

¿Una estrategia de Salazar?

Este es la tercera investigación que lanza la entidad en el marco de la corrupción implantada en el sistema judicial. Su titular, Diana Salazar lleva 20 años trabajando en la institución en diferentes cargos como amanuense, secretaria, fiscal hasta convertirse en la máxima autoridad gracias el nombramiento del Cpccs-T más conocido como ‘Trujillato’.

La fiscal culiminará su período en abril del 2025 sin la opción de ser reelegida. Su destino ahora es incierto, pues tiene encima un proceso de juicio político en la Asamblea.

Mientras tanto, en los últimos meses Fiscalía ha puesto en primera plana sus investigaciones relacionadas a las redes de corrupción en la justicia, un problema que el país ha venido arrastrando durante varios años. No obstante, siguen estancados los procesos del Caso INA Papers, en donde está involucrado el expresidente Lenín Moreno, y el Caso León de Troya, el detonante de la salida de Guillermo Lasso. (AGM).

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«Cabe recalcar que la seguridad que protegía al candidato Fernando Villavicencio contaba con tres cercos. Un interno conformado por el equipo de seguridad inmediata compuesto por cinco servidores policiales; un cerco intermedio de reacción integrado por el equipo de apoyo de la Unidad de Mantenimiento del Orden y dos patrulleros que conformaban el cerco externo», dijo en una rueda de prensa.

A pesar de la considerable cantidad de policías que reguardaban al candidato, no fueron capaces de impedir que le disparen a la cabeza dentro de la camioneta policial donde se movilizaba,

Añadió que el candidato tenía, por su cuenta, un carro blindado que se encontraba en un evento en Guayaquil y que, aunque lo trajeron a Quito, llegó demasiado tarde. «Del equipo de seguridad que brindaba protección hay tres heridos que estaban brindando cobertura en el vehículo en que se trasladaba el candidato», expresó.

Los gendarmes, de acuerdo con Salinas, realizaron una persecución y un cruce de balas, por medio del uso de la fuerza, sometieron a uno de los presuntos perpetradores que fallecería después. «De acuerdo al registro de antecedentes penales, detuvieron al delincuente muerto por tendencia y porte de armas el 17 de julio de 2023. Sin embargo se encontraba en libertad». (MIB)

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De esta cantidad, un total de 7.225 policías serán desplegados a las cinco provincias más inseguras de la región Costa, pese a que no cuentan con chalecos antibalas y los adecuados instrumentos para encarar al crimen.

No obstante, el ministro del Interior, Juan Zapata, explicó que continúan con los procesos de contratación de equipamiento, al menos dos están en trámite. Además, aseguró que el 16 de mayo firmará otro contrato para obtener 52 mil unidades para agentes activos, recogió Ecuavisa.

«Se cuenta con 52.000 prendas de ese tipo, pero esto es de sentido común. Hay provincias en donde no hay niveles altos de conflicto y se priorizará a los sitios con mayor necesidad», expresó.

En noviembre de 2023, se graduarán 5.000 uniformados más.

Otros inconvenientes

Zapata mencionó que una parte de los policías que serán trasladados a otras provincias no cuentan con viviendas, por lo que analiza el hospedaje en hoteles. Casi un tercio de los uniformados (2.700) serán enviados al Guayas, una de las zonas más conflictivas del Ecuador.

También se tiene en cuenta el pésimo estado de las unidades vehiculares. Actualmente, hay 15 mil patrulleros, motos y otros tipos de transportes, pero 5.000 están en estado «regular» o «malo».

Frente a esto, el comandante general Fausto Salinas dijo que invirtieron USD 11 millones en la adquisición de vehículos y motorizados, pero reconoció que aun así faltan suministros.

Según las autoridades, se ha ejecutado el 74 % del presupuesto en seguridad.

Otros números

El analista de políticas públicas, Juan Pablo Jaramillo solicitó una audiencia pública ante el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) para que el ministro Zapata informe acerca de la ejecución presupuestaria del Plan Anual de Inversiones (PAI) de la cartera de Estado.

De acuerdo a Jaramillo, en 2022 no se ejecutó ni un solo centavo del PAI, pese a que se contaba con USD 17 millones.

La audiencia está convocada para el 25 de mayo de 2023.

Asimismo, en redes sociales circulan videos sobre el mal estado de las unidades policiales y el exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez reconoció en una entrevista que los procesos de contratación de equipos seguían en proceso.

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De manera que los policías no se encuentran en las UPC todo el tiempo si no en la mañana, tarde o noche sin un horario fijo. 45 de las unidades están abandonadas, seis operan en la mañana, 14 en la mañana y la tarde y dos en la noche.

Según la secretaria de Seguridad, Daniela Valarezo, expresó a Primicias que solamente se manejan con el 30% del personal policial, es decir, si deben tener 10 agentes en una UPC, aparecen solamente 2 o 3.

“La Policía suele atender una llamada de la ciudadanía en 50 o 60 minutos, cuando el modelo de gestión dice que deben ser nueve”, agregó la funcionaria. El documento de la Secretaría también reportó una baja confianza de los quiteños en la Policía, el 69% ya no confía, mientras que el 55% opina que las UPC se encuentran en mal estado. (MIB)

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Los EE.UU. donaron al Ministerio del Interior y la Policía Nacional implementos para combatir a estas organizaciones que operan fuera de la ley. Entre los instrumentos hay equipos de comunicación, armas, trajes antibombas, robots y drones contra explosivos y vehículos blindados.

El 1 de mayo se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del GIR, en Quito, donde las máximas autoridades de la cartera de Estado y la Policía presentaron los recursos otorgados.

Fausto Salinas, comandante general de la Policía, expresó que las instrucciones norteamericanas se basarán en operativos policiales, tácticas y técnicas de emboscada y actuación en el combate cercano. «La preparación está fijada para personal preventivo», refirió.

Se espera que los uniformados que accedan a estos «cursos» se integren a las filas del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y la Dirección Nacional Antinarcóticos, que son las unidades más experimentadas contra las organizaciones criminales.

Tras la declaratoria del Gobierno

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró como terroristas a las bandas narcodelictivas por considerarlas una amenaza a la seguridad nacional. La iniciativa nació del Ejecutivo tras la ola de violencia que ha rebasado a la Policía Nacional y -a criterio del Gobierno- necesitas el apoyo de los militares.

Juan Zapata, ministro del Interior, explicó que el objetivo es atacar sin compasión a los grupos de delincuencia organizada (GDO).  

Los crímenes intencionales se han quintuplicado desde 2017 por el sistemático abandono del Estado tanto en la inversión social -que protege a los ciudadanos de caer en las garras del crimen- como en la dotación de implementos para que las fuerzas del orden puedan combatir a estos grupos.

Solo el pasado mes de abril se registraron dos matanza: una en un puerto pesquero en Esmeraldas que dejó como saldo nueve personas asesinadas; y otro en Guayaquil, donde 10 vidas fueron cegadas por sicarios durante un tiroteo.

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La indignación tomó las calles. Activistas kurdos, políticos de izquierda y grupos antirracistas protestaron el sábado en París tras la muerte de tres personas en un centro cultural kurdo por un ataque que las autoridades aún investigan pero que tendría motivación racial. 

La concentración fue mayoritariamente pacífica, aunque algunos jóvenes lanzaron proyectiles y enfrentaron a la policía, que disparó gases lacrimógenos. Algunos manifestantes gritaron consignas contra el gobierno turco. 

Los manifestantes volcaron vehículos y quemaron objetos cerca de la Plaza de la República, un lugar habitual para las manifestaciones en París. El descontrol continuó al menos por dos horas antes de que los manifestantes se dispersaran.

La mayoría de los manifestantes eran kurdos de distintas generaciones que se reunieron para rechazar la muerte de los miembros de su comunidad, así como compartir su preocupación por la inseguridad y preguntarse cómo es posible que se produzca un atentado de este tipo en el centro de París.

«No se nos protege en absoluto. En 10 años, seis activistas kurdos han sido asesinados en pleno corazón de París a plena luz del día», declaró Berivan Firat, portavoz del CDK-F, a BFM TV durante la manifestación.

Un nuevo golpe a los kurdos en Francia

El viernes un hombre armado perpetró los asesinatos en un centro cultural kurdo y una cafetería cercana en una zona concurrida del distrito 10 de París, golpeando a esa comunidad que se preparaba para conmemorar el 10º aniversario del asesinato no resuelto de otras tres activistas.

La policía detuvo al atacante de 69 años que, según las autoridades, había sido puesto recientemente en libertad a la espera de juicio por atacar con sable un campamento de migrantes en París hace un año. 

El tiroteo también hirió a tres personas y avivó la preocupación por los crímenes de odio contra grupos minoritarios en un momento en que las voces de extrema derecha ganan protagonismo en Francia y Europa. 

El agresor resultó herido y detenido. Según los reportes es un parisino que ahora enfrenta posibles cargos de asesinato e intento de asesinato por motivos racistas, según informó el sábado la fiscalía de París.

Las protestas ocurrieron el mismo día en que el jefe de la policía de París se reunió con miembros de la comunidad kurda para tratar de disipar sus temores.

Aumento de ataques de odio

En 2021 hubo un incremento del 13% de los delitos relacionados a temas raciales con respecto a 2019, según datos del Ministerio del Interior de Francia. Entre 2019 y 2018 también aumentó un 11%. 2020 no fue incluido en las estadísticas oficiales por los cierres relacionados con la pandemia. 

Según las autoridades francesas un número desproporcionado de estos delitos tiene como objetivo a personas afrodescendientes, y también cientos de ataques basados en la religión. 

En el último ataque el sospechoso tenía como objetivo claro a extranjeros, actuó solo y no estaba afiliado oficialmente a ningún movimiento de extrema derecha u otros movimientos radicales, según dijo el ministro del Interior, Gerald Darmanin. 

Según algunos activistas kurdos la policía les había advertido recientemente de amenazas contra objetivos kurdos. 

Los asesinatos del viernes se dieron previo al aniversario de los asesinatos de tres mujeres kurdas en París en enero de 2013. La investigación fue abandonada después de que el principal sospechoso muriera poco antes de llegar a juicio. 

Las tres mujeres activistas kurdas, entre ellas Sakine Cansiz, una de las fundadoras del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, fueron encontradas muertas a tiros en un centro kurdo de París.

«La comunidad kurda tiene miedo. Ya estaba traumatizada por el triple asesinato (de 2013). Necesita respuestas, apoyo y consideración», comentó David Andic, abogado que representa al CDK-F.

Actualmente el ejército turco lucha contra militantes kurdos afiliados al proscrito PKK en el sureste de Turquía, así como en el norte de Irak. El ejército turco también lanzó varios ataques aéreos y de artillería contra objetivos de militantes kurdos sirios en el norte de Siria. 

Redacción: France 24

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Según diario El Universo, el mayor Carlos F. y el policía Álex P. detenidos la tarde del 29 de octubre en Ataranza (norte de Guayaquil), seguirán en sus cargos hasta que la investigación por Fiscalía determine su cargo de culpabilidad.

El coronel Fabary Montalvo, subcomandante de la Zona 8, también mencionó que el mayor Carlos F. tomó vacaciones desde el lunes 31 de octubre. Un día después de presentarse a trabajar el domingo con total normalidad, luego de que la jueza del caso, Gabriela Macías, dictó medidas alternativas contra los involucrados.

El último policía involucrado, Steven Andrés F. es, hasta ahora, el único con prisión preventiva. Andrés F. conducía el vehículo rojo en el que iba la droga, por lo cual su vinculación con el delito es directa. Aunque existen videos de seguridad que involucran a los dos policías restantes, la jueza del caso solo dispuso la detención para uno.

Fiscalía y el ministro del Interior, Juan Zapata, se pronunciaron frente a la decisión del caso. “Lastimosamente solo dictan prisión para uno de ellos, y a través de dirección de Antinarcóticos, vamos a apelar esa decisión”, dijo Zapata.

Recorrido de la detención

El 29 de octubre detuvieron a un oficial mayor de la Policía Nacional (Carlos F.), dos miembros de tropa (Álex P. y Andrés F.) y un individuo de nacionalidad colombiana (Carlos Humberto C.).

El motivo fue el presunto tráfico de 221 paquetes de cocaína, por unidades con jurisdicción en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. El informe del suceso también detalla la presencia de un arma de fuego, una ametralladora con 11 cartuchos, dos teléfonos y prendas de uso policial.

Mayor condecorado, ahora acusado

El mayor Carlos Alfonso Fuel Almeida lleva casi 20 años dentro de las filas de la Policía Nacional. En la actualidad es jefe del circuito de Ataranza y jefe encargado del distrito Modelo. En 2019, la Gobernación de la provincia de Cotopaxi lo condecoró por su combate a la corrupción. (J.P.C)

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Este es un resumen informativo de cómo el país se tiñó de sangre y cayó en caos en menos de 24 horas:

Atentados y coches bomba

El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, informó al menos 12 atentados en las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas. Esta es la línea de tiempo:

• 01:34 – Un artefacto explosivo detonó en la avenida Daule, en una gasolinera en Pascuales, en Guayaquil.
• 01:35 – En la UPC 2 de la Alborada, un coche bomba fue detonado en las avenidas Baquerizo Nazur y Demetrio Aguilera, sector Modelo, en Guayaquil.
• 01:42 – Cuatro antisociales quemaron un vehículo en las calles JR. Coronel y Gran Colombia, en Esmeraldas.
• 01:49 – Un vehículo fue incinerado en las avenidas Colón y Guayas, en Esmeraldas.
• 02:00 – Detonaciones de explosivos cerca de la UPC del barrio La Guacharaca, en Esmeraldas.
• 02:05 – Un artefacto explosivo (que ya fue detonado) fue arrojado a una gasolinera en Nueva Prosperina, en Guayaquil.
• 03:05 – Otro artefacto explosivo fue detonado dentro de un vehículo en el terminal terrestre de Pascuales, vía Daule, en Guayaquil.
• 03:24 – Otro explosivo se registró en las afueras en la UPC Pascuales 1, en Guayaquil.
• 03:24 – Detonación de un artefacto explosivo dentro de un vehículo de transporte escolar en la Cooperativa Los Ángeles, en Guayaquil.
• Alrededor de las 16:00 – Detonación de un explosivo hallado en un vehículo abandonado en el sector Intacto, al norte de Guayaquil. Negocios aledaños cerraron y evacuaron por seguridad.
• Alrededor de las 16:00 – Se reporta un coche bomba en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil en la gasolinera Terpel.
• Alrededor de las 17:50 – Explota una bomba en el Municipio de Durán, donde funciona la agencia de agua potable. No se reportan víctimas mortales.
• Alrededor de las 18:00 – Se registra una balaceera e intentos de saqueos en El Paseo Shopping Durán.

Policías asesinados

Esmeraldas y Guayaquil fueron epicentros de una serie de asesinatos. Hasta las 18:00, se contabilizan cuatro policías asesinados y varios heridos:

• 02:30 – Dos uniformados murieron tras ser disparados dentro de un vehículo de patrullaje en el suburbio de Guayaquil.

• 14:30 – Tres agentes policiales fueron asesinados en las calles Yaguachi y Pedro Pablo Gómez, en Durán.

Según la Fiscalía y la Policía, estos hecho son producto de las acciones que el Gobierno tomó para combatir el crimen organizado (…) no habrá impunidad», precisó Salinas.

Guías penitenciarios secuestrados

El SNAI habría informado el traslado de los PPL a la Penitenciaría del Litoral. Esta situación fue el detonante para que los internos de la cárcel de Esmeraldas secuestraran a ocho guías penitenciarios. “No se metan con los pabellones ocho y nueve, no permitan que pase una desgracia”, dijo uno de los reos.

En el vídeo difundido por los reos en redes sociales, se puede observar que los guías penitenciarios están atados de manos y con explosivos pegados a su cuerpo. “Si quieren guerra, guerra van a tener. Les vamos a explotar a estos guías. Apenas se activen con el pabellón ocho y nueve, nosotros también nos activaremos’’, dijo el PPL anónimo.

Por la mediación del director del SNAI, a las 08:00 am se liberaron a cuatro guías penitenciarios. Los otros cuatro fueron liberados cerca del mediodía. Los rehenes salieron sin heridas y permanecieron en los exteriores de la cárcel.

Rueda de prensa…de los presos

Después del altercado, el SNAI informó que se trasladaría a algunos PPL de la Penitenciaría del Litoral a otras cárceles del país. Ante la situación los reos de la cárcel de Portoviejo emitieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación pues los presos trasladados serían los mismos que organizaron el motín del 23 de febrero del 2021.

Falso motín en la Cárcel del Inca

Para complementar el caos y la violencia del 1 de noviembre, se registraron supuestos enfrentamientos en la cárcel del Inca. Refuerzos policiales acudieron al lugar, lo cual generó gran incertidumbre en los familiares de los PPL. Más tarde se informó que todo fue una falsa alarma.

Respuestas de las autoridades

Zapata y Salinas

El ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de la Policía, Fausto Salinas respondieron durante una rueda de prensa en la mañana que han ejecutado las diligencias correspondientes. Sin embargo, no detallaron el plan de acción argumentando que eso alertaría a las bandas criminales.

Apuntaron que el Ministerio y la Policía solo pueden actuar de apoyo al SNAI y que le corresponde a esta efectuar la plafinicación y acción de control en los centros penitenciarios. Asimismo, recriminaron a los medios de comunicación y al caso de María Belén Bernal para sostener que las fuerzas del orden fueron debilitadas por el linchamiento mediático.

Viteri

Por su parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, señaló que han apoyado logísticamente a los uniformados. «Aconsejó» a la ciudadanía a no salir de sus hogares y protegerse de los actos delictivos y violentos en las calles que ella administra. También, se considera la suspensión de clases presenciales en planteles educativos. Algunos ya se acogieron a la virtualidad.

Lasso

Finalmente, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en las provincias de Esmeraldas y Guayas. Además, a partir de las 21:00 habrá toque de queda.

Finalmente, enfatizó que intensificará las acciones de las fuerzas del orden y que no permitirá que se apelen a los derechos humanos para quienes perpetraron estos actos violentos y atroces.

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«Para el sábado 29 de octubre, se realizará el dispositivo de seguridad desde las 06h00 a 19h00 horas. Un servicio preliminar con 180 uniformados realizarán un barrido de la zona y 1.305 efectivos en los exteriores e interiores de Estadio Monumental», dice la institución en un comunicado.

La final se juega entre dos equipos brasileños, Flamengo y Paranaense, por lo que hinchas brasileños arribarán a Guayaquil desde el miércoles 26 de octubre. El servicio que brindará nuestro país es completo. Tendrán facilidades para el ingreso en la frontera con Huaquillas y transporte directo al estadio Modelo el día del partido.

Inseguridad en Guayaquil

Es comprensible que el Ministerio del Interior, Turismo y Deporte se tomen tantas molestias. Si tomamos en cuenta que la zona 8 (Guayaquil, Durán, Samborondón) reportó 1.000 muertes desde el 1 de enero hasta el 14 de septiembre de este año.

La situación se agrava más con el aumento de enfrentamientos entre bandas criminales. También las extorsiones o ‘vacunas’ que los delincuentes cobran en los barrios de Guayaquil. La situación mantiene en zozobra a los habitantes de la ciudad porteña.

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Los miembros policiales se dedicarían a la extorsión para la devolución de vehículos sustraídos en el sector Playa Grande ubicado en el cantón Quevedo, provincia de los Ríos.

En el lugar de la captura fueron encontrados tres vehículos que estaban reportados como robados. Sobre el hecho, ninguna autoridad ha dado algún pronunciamiento. Con esto se intensifican los casos que involucran a agentes policiales en diferentes delitos, en lo que va del año.

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«Los policías en servicio activo Mario David N. y Cristian Paúl A. son procesados por su presunta participación en el robo y muerte del ciudadano Luis Bautista, de 50 años, ocurrido en Cuenca», informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El juez Franklin Barahona dictó prisión preventiva contra los policias, acogiendo el pedido de la FGE.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Fernando Sánchez presentó varios elementos de convicción que vinculan a los detenidos.

Entre las pruebas presentadas consta el informe médico legal que indica que la víctima habría recibido 54 puñaladas, el parte policial, los videos de las cámara de seguridad, la cadena de custodia de las evidencias, testimos de funcionarios del ECU 911 y allegados a la víctima.

Contexto

El pasado 25 de agosto, el fallecido fue encontrado en su vivienda cubierto con una cobija con sus manos amarradas a la espalda y con heridas en todo el cuerpo.

En la escena del crimen se halló un cuchillo y se tomó muestras de la sangre encontrada en la pared y el piso.

Así también, al revisar las cámaras de seguridad se observa la llegada de un patrullero con miembros policiales horas antes de encontrar el cuerpo, quienes sacan unas fundas negras que fueron guardadas en la cajuela del patrullero.

La víctima tenía en su poder USD 70.000, los cuales aparentemente fueron sustraidos por los procesados.

En el allanamientos se incautaron varias pertenencias de la víctima, una DVR, una computadora, una cadena de oro y su billetera.

También se encontró uniformes manchados con sangre pertenecientes a los detenidos. En el domicilio del conductor del patrullero no se encontró nada con relación al delito.

De comprobarse la culpabilidad los dos miembros policiales pueden recibir entre 22 a 26 años de prisión.

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«Ocurrió dentro de un inmueble ubicado en las calles Manuel Vega y Córdova, en el sector de San Blas. Aproximadamente a las 11:10, alertados por el ECU 911, unidades policiales acuden a ubicar a una persona fallecida», explicó el comandante Edison Padilla.

El occiso responde a los nombres de Luis Bautista Mejía de 52 años. Según los indicios se puede observar a un patrullero del sector, por lo que se ha solicitado a la Fiscalía recavar indicios sobre el grado de culpabilidad de los implicados. La víctima tiene heridas de arma blanca y esperan la autopsia para determinar si esa fue la causa de la muerte.

Además de la investigación de Fiscalía se realiza un proceso de administración interna, al tratarse de servidores policiales. Los gendarmes esperan la audiencia de formulación de cargos.

De acuerdo con una cámara de vigilancia se puede observar que los policías salen con una funda del domicilio de Bautista. Al comerciante le faltaban USD 70 mil en su domicilio que iba a invertir en un negocio.

Enterrado en cemento

En el sector el Cebollar, el 23 de agosto se encontró el cuerpo de José Octavio Tapia, de 62 años. El cuerpo estaba en una tina de cobre llena de cemento. En el levantamiento del cadáver se encontraron algunas heridas en el occiso. Se presume que su pareja sentimental sería culpable del homicidio.

El fiscal de Azuay Leonardo Amoroso certificó que el cadáver estaba en estado de putrefacción, por lo que se presume que el crimen se habría cometido unos cuatro o cinco días previos al hallazgo.

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Los policías tienen un salario básico unificado que va desde los USD 933 a los USD 5.560, según las resoluciones de fijación de salarios emitidas por el Ministerio del Trabajo el 24 de enero de 2022.

Si se establece un día de salario básico (USD 933) para los 51 mil uniformados desplazados para las protestas, esto significa un total de USD 1.534.290 por cada día de movilización.

¿Y en bombas?

Según un reportaje de diario El Universo, el precio de una bomba de gas lacrimógeno oscila entre los USD 11,5 y USD 37 en los contratos públicos. No obstante, el costo de estos artefactos varía mucho dependiendo el tipo de bomba.

Aun así, si se calcula con el precio más bajo (USD 11,5), esto representa un total de USD 277.000,5 solo en granadas de gas, mientras que en cartuchos la cifra asciende a USD 340.572,5.

En total, el Gobierno de Guillermo Lasso gastó en material lacrimógeno USD 617.573 para contener la movilización nacional e indefinida convocada por la CONAIE.

Otros materiales

La Policía Nacional informó que otros medios logísticos son utilizados.

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“Cuando tengan 30.000 policías en servicio, los primeros oficiales, se gastarán USD 560 millones anuales. En términos de alimentación se gastaría USD 38 millones, uniformes USD 90 millones. Sin tomar en cuenta el entrenamiento que necesitan y los gastos operativos del empleo de estos efectivos. Aproximadamente USD 800 millones”, explicó en entrevista con Radio La Calle.

Para el comandante retirado, la violencia no es un problema general, sino que tiene varias aristas. “El problema de seguridad hay que analizarlo desde las facetas de la violencia: discriminatoria, género, familia, sexual común, organizada. Cada una merece atención diferenciada. La seguridad no es solo militarización o policía. Este gasto puede representar una factura para los gobiernos locales”.

El posible gasto en nuevos policías, de acuerdo con Altamirano, equivale al 80% del gasto en educación superior y el doble de lo que se gasta en el sector de telecomunicaciones. Ambos sectores importantes para el desarrollo del país.

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Política de seguridad

Para Altamirano es importante, volver a tener instituciones de seguridad que garanticen políticas. “Hay que crear una política en el sector por lo que hay que reestablecer los institutos de la seguridad. […] El Ministerio coordinador de seguridad se eliminó, los consejos de seguridad es una organización AD HOC que no resuelve el problema”.

 Sobre el reclutamiento, el excomandante expresó que se debe realizar una revisión. “Se debe revisar la conscripción. Se puede revisar para que sea con continuidad de carrera. Los cuarteles no son correccionales. Hay que educar en la doctrina y examinarla”.

La corrupción dentro de las instituciones es también, a juicio del excomandante, un tema para explorar. “El peor mal no es el crimen organizado sino la impunidad dentro de las instituciones. Se debe fortalecer otras instituciones como Fiscalía. Los crímenes comunes se alimentan de la pobreza. Hay que atacar el problema. Se deben generar campañas de salud para prevenir el consumo de drogas. […] El narcotráfico busca penetrar en lo político para evitar los controles. Hay que revisar a la interna. Hacer pruebas de confianza que no se lo ha hecho en las FF.AA., como en la policía”. MIB

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“Estamos muy preocupados porque se han extendido en el país estas estructuras financieras piramidales. En lo administrativo, la Policía Nacional inició un proceso e identificó a los dos funcionarios que han realizado el video. Es real ese video y están procediendo desde la inspectoría general y asuntos internos ha elaborado los informes. Nos preocupa que los fajos de billetes tengan incluso los sellos de las cooperativas incluyendo la de la Policía Nacional”, dijo Carrillo.

El ministro se reunirá con los miembros de la Superintendencia de Bancos esta tarde para continuar con las investigaciones sobre la naturaleza de esas entidades. “De lo que conozco esto inicia como una estafa meses atrás y la Fiscalía continuará con las indagaciones”.

Carrillo informó que ambos funcionarios son policías que trabajan en Quito, sin embargo, por cuestiones de las investigaciones, sus nombres están en reserva.

Policías en las pirámides

Aunque todavía no se tienen bases de datos de “Renacer”, el ministro mostró preocupación por la cantidad de policías que llevan su dinero a captadoras ilegales. “En el caso de Big Money se identificaron a 300 funcionarios con volúmenes que van de USD 15 a 20.000. Se estima que, en este nuevo caso, la cantidad sería parecida”.

El funcionario expresó que los policías no podrán justificar su patrimonio, entre otros delitos que pesarían en su contra. Carrillo también explicó los avances del caso “Don Naza” e indicó que su muerte es un delito común y hay personas involucradas, no obstante, dijo que si el culpable es un funcionario policial o militar habría actuado individualmente.

El ministro también informó que «Don Naza» se había trasladado a la Latacunga el 13 de abril para gestionar un habeas corpus para los cuatro detenidos en el Ministerio de Defensa y que en su regreso a Quito acontecieron los sucesos que llevaron a su muerte. MIB

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En el vídeo se puede observar a un hombre, identificado por el policía como “Don Marquito” contando billetes de USD 100 en un total de USD 10.000. El hombre le dice que esa es la ganancia duplicada de su inversión. “Dios le pague don Marquito, don Dieguito, a la familia Renacer. Le agradezco mucho y como les dije gracias por abrirme las puertas del grupo Renacer y para esa gente a la que uno le avisa de esta bendición, esto es real”, dice mirando a la cámara

Captación ilegal de dinero

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) impone una pena de cinco a siete años para las personas que tengan actividades de intermediación financiera de forma ilegal.

Artículo 323.- Captación ilegal de dinero. – La persona que organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina, actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. MIB

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«Vengo de ocho, 10 horas de sol. Usted dice que estamos cometiendo delito, entiéndanos, las habas hoy a USD 2. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde está nuestro trabajo? La arveja a USD 8. Lo que les pido es conciencia», dijo el agricultor.

El ciudadano fue muy claro al decirles a los policías: «Mañana cuando tomen café se acordarán que el pan que comen es hecho con la harina del trigo que sembramos los agricultores».

«Pedimos que se respeten nuestros derechos y nuestro trabajo», añadió.

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Los manifestantes exigieron respuestas sobre las supuestas irregularidades en inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), que presuntamente le causaron a la institución una estafa por más de USD 500 millones.

“La mañana del martes 1 de diciembre de 2020 policías en servicio pasivo realizaron una marcha en Quito para protestar contra «el más grande atraco de la historia». Según sus propias palabras, la desaparición de más de USD 500 millones de las aportaciones los comandos en servicio pasivo”, informó Pichincha Comunicaciones.

El presidente de la Fepol, Washington Bayas y policías en servicio pasivo, señalaron para Ecuavisa, que sus reclamos responden a esclarecer si las inversiones irregulares se identificaron en el portafolio que custodia los bonos de inversión por parte de Decevale. Así mismo, exigen se señale a los responsables de la presunta estafa y las acciones legales emprendidas hasta el momento.

“Insistir en la obligación que tiene el mando institucional de informarnos cuál ha sido el avance del proceso investigativo que tiene relación con las presuntas malas inversiones de los fondos previsionales del ISSPOL”, indicó Bayas para el medio de comunicación.  

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