Quito 13 de Oct (La Calle).-La actual secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, sostuvo que para resolver la crisis del olvido del Estado frente al Sistema Penitenciario se debe trabajar en una política que priorice la prevención.  

Esta fue de las conclusiones del conversatorio del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación.

Entre las siete actividades que este organismo detalló consta una agenda de sesiones permanentes para la construcción de la política pública de rehabilitación social.

Entre los puntos de este plan se mencionan: la integración de organismos internacionales, como la Agencia Regional de la ONU contra la droga, y la actualización de la política pública a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Según Ordóñez, persiste un cúmulo de problemas sociales en relación a la violencia intrafamiliar, tráfico de drogas y una economía sumergida en el lavado de dinero.

“Todas las funciones del Estado y las instituciones tienen un rol que cumplir. La Asamblea Nacional tiene que trabajar de manera urgente en las reformas al Código Orgánico Integral Penal y al Sistema Nacional de Rehabilitación Social”.

Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos

Es necesario que, desde la función Ejecutiva se priorice el tema de seguridad para intervenir los Centros de Privación de Libertad.

Desde la función judicial se deben desarrollar investigaciones con la debida diligencia y trabajar en el tema de cargas procesales, además que la Unidad de Análisis Financiero y Económico brinde información sobre el dinero de actos ilícitos.

Según Ordóñez, no se han podido solventar estos inconveniente puesto que la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI han tenido problemas de gestión y de documentación.

“Para poder sacar nuestro sistema contable y pasar al del SNAI se debe tener actas de entrega y recepción, informes técnicos y una constatación física de bienes”

Comentó Bernarda Ordóñez.

Nueva política pública de rehabilitación

Hasta el momento se han realizado más de 22 sesiones de trabajo con diferentes áreas técnicas, jurídicas, administrativas y financieras para solventar dichos problemas. Además, están trabajando en una nueva política pública de Rehabilitación Social que estaría lista en febrero de 2022.

La política centrará sus acciones en lo relativo a los adolescentes que mantienen conflictos con la ley.

Según Ordóñez, esta política pública se entregará hasta 2022, ya que esta requiere un trabajo exhaustivo de indicadores.

La política pública actual que consta de 88 páginas carece de presupuesto, no tiene acciones claras, ni indicadores.

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