Una vez más, la Ley ecuatoriana es sobrepasada por los intereses políticos. Esta recurrencia durante los últimos gobiernos también se pudo ver con la serie de inobservancias dadas, incluso a la misma Constitución, en la sesión de la noche de este lunes y madrugada del martes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Desde la petición de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado presentada por la asambleísta Gissela Garzón en mayo de este año, que también fue solicitada por el asambleísta Héctor Valladarez, los movimientos políticos dentro del Legislativo han sido el foco de confrontaciones entre bancadas, actores políticos y grupos relacionados con la política nacional.

En medio de esta polémica sesión, la apelación a la presidencia de Pamela Aguirre solicitada por César Umajinga, el desorden en las mociones presentadas y la ausencia de debate en un punto del orden del día provocaron discusiones y agravios entre los legisladores de las bancadas Revolución Ciudadana, ADN y PSC.

La reunión, que resolvió no calificar el juicio político en contra de la Fiscal, terminó con la retirada de los asambleístas de la RC y fuertes denuncias públicas, como el conflicto de intereses del asambleísta Umajinga a quien se le habría archivado procesos judiciales a cambio de su voto.

La sentencia del juez de primera instancia, Edgar Romero Salazar, que el 22 de agosto falló a favor de la acción de protección planteada por la asambleísta de ADN Inés Alarcón Bueno por el archivo de los juicios políticos en contra de tres exministros del gobierno de Guillermo Lasso, no fue acatada por el Legislativo por tratarse de una intromisión en las facultades de la Asamblea Nacional. Pero esto fue solo el punto de partida para esta nueva trifulca parlamentaria. Pues, las presiones también vinieron de la misma Fiscal quien el 19 de agosto, a través de sus redes sociales, solicitó se reanude su juicio luego de haber superado el alto riesgo en su reciente embarazo.

A pesar de existir una sentencia de mayor jerarquía de la Corte Constitucional, el juez Romero insistió con el cumplimiento de la suya y presionó a la presidenta de la Comisión con sanciones económicas diarias si no levantaba de manera inmediata el archivo de los tres juicios a los exministros, además de suspender el juicio en trámite contra de la actual ministra Mónica Palencia y de continuar con los procesos de fiscalización, entre los cuales está el de la Fiscal Diana Salazar.

El 13 de diciembre se instaló una sesión en la Comisión para resolver seis juicios pendientes de los que, en orden de prelación, se encuentran el de Salazar después de Palencia y antes de los exministros. Luego, en agosto de 2024, el CAL resolvió autorizar a la Comisión unificar los pedidos de juicio en contra de la Fiscal seguidamente solicitados por los legisladores Garzón y Valladarez de la bancada Revolución Ciudadana.

Esto indica que la inobservancia a la Norma Suprema y la interpretación a conveniencia de las normas específicas se ha venido normalizando en las decisiones de los cuerpos colegiados de las diferentes funciones del Estado, desde el periodo de gobierno anterior, a vista y paciencia del Ejecutivo.

Asimismo, el abuso de las garantías constitucionales, como las acciones de protección, es otro de los síntomas de una evidente desinstitucionalización donde priman los intereses políticos junto a la complicidad de los jueces del país. Es que parece que la justicia selectiva y la persecución ya hacen parte del quehacer político nacional, como un mal que dificulta cada vez más la supuesta lucha contra la corrupción que, por cierto, también está concebida en los mandatos de nuestra Constitución.

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Quito, 22 jul (La Calle).- Mario Godoy, presidente de la Judicatura, garantizó transparencia e independencia de funciones durante su periodo, asegurando que no se encuentra en su agenda revisar el caso Sobornos.

 “Yo soy muy respetuoso de la vital importancia que tiene el Consejo de la Judicatura, que es mantener la independencia en la resolución de las causas.” Dijo el nuevo dirigente de la Judicatura, este 22 de julio en el espacio de entrevistas de 24 Horas.

Godoy, afirmó que durante su trayectoria laboral ha realizado su trabajo con transparencia, objetividad y de forma profesional. Por lo que en su plan de trabajo lo enfocó sobre la idea de un “Gobierno abierto”, con el objetivo de transparentar las labores en el Consejo de Judicatura.

Asimismo el recién posesionado presidente confirmo que desconocía de las presiones al secretario de la Asamblea, por parte del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, para apresurar su posesión. Recalando que no ha tenido ningún contacto con el Gobierno hasta el momento. 

Sobre el concurso de jueces, Wilman Terán y el presupuesto

El funcionario aseguró que el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia seguirá “acorde al cronograma aprobado”.

De la misma manera Godoy indicó que el presupuesto para el Consejo de la Judicatura no se verá afectado por la acción de protección por Wilman Terám.

El mismo indico que el presupuesto fue canalizado y se realizaron acciones administrativas para garantizar el funcionamiento del organismo.

“Pueden confiar en mi”

El titular de la judicatura admitió que es difícil acabar con la corrupción en solo cinco meses. Sin embargo admitió que planteará acciones para mejorar y recuperar la imagen institucional. Una de ellas es un prueba de confianza al cual el personal, parte de su administración, deberá obligatoriamente someterse.

“ Pueden tener confianza. Estoy encaminado que estos mese se sienten las bases para que la nueva administración continué con una línea clara, con especial atención en la lucha contra la corrupción” declaró Godoy.

Godoy también comentó sobre las acusaciones de supuesto vínculos con el narcotráfico. El ahora presidente de la judicatura afirmó que hay grupos que “pretenden deslegitimar” su trayecto.

Sobre su conexión con los hermanos Larrea (vinculados al narcotráfico), el abogado indicó que su participación en su defensa, durante un caso no penal en el año 2014, cuando existía un vinculo familiar. Sin embargo recalco que dicho vinculo ya no existe, desde antes de la sentencia de los hermanos Larrea por situaciones irregulares en el 2019. (N.C)

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«Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune. El Gabinete de Seguridad se reunirá en pocos minutos en Carondelet. He pedido a la presidenta del CNE, Diana Atamaint; a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar; al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; y a las demás autoridades, de Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado al país. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley», escribió en un tuit.

Por otra parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, condenó el crimen. «Profundamente consternado y dolido por el avance desgarrador de la violencia. Esto rebasó todos los límites. Mi absoluta solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio y de quienes han sido heridos. Rechazo total con lo sucedido. Mi exigencia que encuentren a los culpables», expresó.

¿Qué dijeron los otros candidatos?

La candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González lamentó este hecho violento. «Con indignación recibo la terrible noticia del atentado que produjo el fallecimiento de Fernando Villavicencio, esto nos enluta a todos, mi abrazo solidario a toda su familia y coidearios. ¡Este vil acto no quedará en la impunidad!». posteó.

Otto Sonnenholzner también se pronunció sobre el crimen. «Nuestro más sentido pésame y profunda solidaridad con los seres queridos de Fernando Villavicencio. Que Dios lo guarde en su gloria. Nuestro país se ha ido de las manos», expresó.

El candidato de la alianza Ecuador sin miedo, Jan Topic escribió «Como ecuatoriano lamento profundamente el asesinato de Fernando Villavicencio en manos de criminales. Mi sentido pésame a sus familiares y solidaridad con sus seguidores y amigos. Hoy mas que nunca se reitera la necesidad de actuar con mano dura contra la criminalidad. Que Dios lo tenga en su gloria».

Xavier Hervas también lamentó el hecho en sus redes. «Hemos llegado a un punto crítico. Mi solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio. Se trata de un ecuatoriano más que ha caído víctima del crimen organizado. Nos unimos en oración a sus familiares, amigos y coidearios. Hoy es un día negro para la democracia. Un día de luto para el Ecuador». (MIB)

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La campaña electoral 2023 acaba de iniciar oficialmente esta semana, aunque el ambiente electoral ya se siente desde hace algunos meses. Como ya se ha hablado, este 5 de febrero próximo el Ecuador no solo votará por sus nuevas autoridades locales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sino también lo hará sobre las 8 preguntas que conforman la consulta popular que el gobierno de Guillermo Lasso ha presentado a la ciudadanía. Esto último hará que el flujo de información electoral gravite mucho más sobre la consulta popular que sobre las candidaturas antes mencionadas y sus planes de trabajo.

Analizamos en un anterior artículo sobre cómo, en un nivel discursivo, esta nueva consulta popular es un intento del Ejecutivo de Lasso para recuperar el control del debate público a medio plazo y contrarrestar el peso de una gestión neoliberal mediocre. Los temas propuestos en las preguntas claves (extradición, reducción de asambleístas y facultades del CPCCS) le permitirían encender de nuevo, desde su populismo de derecha, la hoguera del anticorreísmo infiriendo ahora una nueva
excusa para reducir la idea de pueblo en Ecuador. Ya hemos presenciado al presidente Lasso acusar de narcotraficantes a quienes apoyen el «No» en su consulta popular. La frontera que está trazando desde hace unas semanas el gobierno lassista implica redoblar la apuesta populista que tanto le funcionó en la consulta popular de febrero de 2018 y en las elecciones presidenciales de 2021.

Ahora, ser conscientes de estas intenciones discursivas no implica para los grupos de oposición al actual gobierno (especialmente para los bloques de izquierdas) que se deba operar obligatoriamente dentro de estos marcos. Está claro que el gobierno está usando sus vastas herramientas comunicacionales a su disposición (públicas y privadas) para mejorar sus posición relativa y así asegurar el cumplimiento de sus objetivos oligárquicos, pero los demás actores no tienen por qué responder en estos mismo términos. Es más, aceptar los marcos de discusión que plantea Lasso y su equipo sería entregarles una ventaja innecesaria en un momento de mucha debilidad gubernamental.

Entonces, ¿qué podrían plantear los grupos y movimientos de izquierda para enfrentar esta nueva arremetida de la derecha? Para esto hay que entender el por qué el bloque oligárquico en el Ecuador se embarcó en la narrativa populista de derecha en primer lugar. Si algo significó discursivamente la Revolución Ciudadana en el Ecuador, fue la oportunidad de disputar abiertamente la hegemonía del discurso neoliberal y oligárquico que había primado por más de 25 años en la sociedad ecuatoriana. A partir de 2006 y hasta 2017, el proyecto político liderado por Rafael Correa representó mantener abierta esa disputa hegemónica en dónde la idea de pueblo se amplió, reivindicándola frente a unas élites impugnadas que habían mantenido por décadas al país bajo su dominio para proteger sus
privilegios.

Como en otros lugares, las élites desplazadas del poder buscan mover el marco del debate a otro en el que no se vean tan desprestigiadas, y, por tanto, tratan de alejar el debate público de los ejes de clase, como pueden ser el izquierda-derecha, el pueblo-oligarquía, o los de arriba-los de abajo, entre otros sucedáneos. El anticorreísmo es hijo de esta intención de cambiar los ejes de discusión político
hacia unos en los que la oligarquía pueda debatir en mejores condiciones y desprestigiar a sus oponentes. Así construyeron un relato en el que el odio político hacia un proyecto político es su ADN principal. Fue un camino largo de años en los que trató de luchar contra el discurso nacional y popular de la Revolución Ciudadana. De a poco fue ganando más y más terreno, y fue hasta que Rafael Correa dejó el poder en 2017, llegó Lenín Moreno, su traición política y la consulta popular de 2018 en la que el anticorreísmo logró su objetivo de ser el eje principal de discusión política.

A partir de ahí, ha sido muy complicado evadir la discusión en ese eje, especialmente, por el ecosistema de medios de comunicación que tiene el Ecuador y que ha formado un cerco mediático muy fuerte para consolidar ese tipo de relatos. Este fue el que protegió a Lenín Moreno, el Trujillato y aceitó la campaña política de Guillermo Lasso en 2021 y sus casi dos años de gobierno.

Pero luego de 4 años de gobierno oligárquico maquillado y, principalmente, después de casi 2 años de ser gobierno abiertamente, los resultados de su gestión empiezan a palparse todos los días en calle. No han sido capaces de mejorar lo que tanto se criticaba y al mismo tiempo han destruido lo que llegó a funcionar mejor. Es decir, el discurso anticorreísta entró en cortocircuito pues no se lo puede recibir de la misma forma siendo oposición que desde el sillón presidencial en Carondelet. El lugar de enunciación de los discursos siempre cuenta y condiciona su recepción.

Así es como los actores políticos en oposición al lassismo tienen ahora la oportunidad de disputar y romper el discurso lassista, pero recuperando otros marcos en los que la oligarquía y sus medios evitan debatir porque se sienten incómodos al verse expuestos. Algo que sería casi imposible si se termina debatiendo dentro del discurso anticorreísta que propone el gobierno.

Es por esto último, que la ventana de una campaña electoral tan amplia como la que acaba de empezar (elecciones locales, CPCCS y consulta popular) es una coyuntura importante para que el bloque de oposición pueda romper el marco propuesto por el lassismo en el poder, pero proponiendo la edificación de otros nuevos en los que los intereses populares puedan aparecer como el horizonte movilizador principal y los intereses del bloque oligárquico queden nuevamente descubiertos. Recuperar y renovar los discursos nacionales y populares se ha convertido en una urgencia latente luego de más de 5 años en los que el odio y la mentira política han sido el centro de gravedad del discurso político en Ecuador. Lo contrario significará seguir despertando los monstruos que habitan dormidos en los rincones más oscuros de toda sociedad.

Renato Villavicencio Garzón es Máster en Estudios sobre Globalización y Desarrollo por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Máster en Análisis Político por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Actualmente es doctorando en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid.

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“Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir, la inversión es dar vida, es creativa. Saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia. Cuando escondemos es porque algo está funcionando mal. Claridad, transparencia y producción”, dijo Su Santidad en un mensaje.

Entre esos personajes se encuentra el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, quien habría tenido 14 empresas en paraísos fiscales. El mandatario indicó posteriormente que se deshizo de ellas, sin embargo, no explicó el proceso o si pagó impuestos al deshacerse de las compañías.

Al momento, la Comisión de Garantías Constitucionales realiza la investigación de los nexos del mandatario con los Pandora Papers. Deberá presentar un informe el 6 de noviembre próximo.

¿Qué es un paraíso fiscal?

Los llamados paraísos fiscales son jurisdicciones que, intencionalmente, han creado marcos legales con la finalidad de beneficiar a personas no residentes para evadir impuestos.

De acuerdo con la organización Oxfam, estos territorios permiten que personas tanto físicas como jurídicas, es decir empresas, reducir al mínimo, o el total, del importe de impuestos que deben pagar en los países en los que realizan una actividad económica sustancial.

Asimismo, las jurisdicciones contempladas como paraísos fiscales dan ventajas a los no residentes como no tener que justificar su actividad económica. A esto se suma que hay una falta de cooperación con las administraciones tributarias.

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“Tracalada de politiqueros angurrientos, cavernícolas, atrasapueblos. Politiqueros que viven del caos, del desorden, del relajo, miserables. No regresaron al poder o que no se mantuvieron en la teta, en el mangoneo. Querían mangonear al presidente. Quieren tumbar al gobierno, quieren incendiar al país ¿Qué les pasa?”, dijo.

El presidente Lasso indicó que existe un “triunvirato de la conspiración” para sacarlo del poder en el que estarían Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Iza.

“Así como lo escuchan quieren incendiar al país. Vivimos una crisis económica, política y social. Nadie quiere apoyar a la causa del país. Cuatro energúmenos quieren jalar agua para su molino y los usan a ustedes para sus perversos fines”.

Hasta a la Asamblea

“En apenas cinco meses el presidente Lasso sigue vacunando, luchando con la crisis carcelaria contra la crisis económica. Ha presentado un proyecto que puede mejorarse. Mejórenlo pues, hagan algo ¡¿Para qué fueron elegidos? ¿Para pelearse quién es el más corrupto y quién cobra más diezmos? Hay proyectos presentados, ya tramiten. No hacen nada ni dejan hacer”.

“¿Cuál es la diferencia entre un pillo violento y un político violento? Nada, son la misma cosa. Dejen trabajar al presidente Lasso angurrientos, tragaldabas. Ganen las elecciones. Ya no nos engañen, cobardes. Ya dejen trabajar al presidente Lasso que ni de lejos se parece a ustedes”, sentenció.

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Al parecer eso se fue al tacho de la basura porque a los “Padres de la Patria” poco o nada les importaron esas consideraciones de los electores.

Las malas prácticas políticas del antiguo Congreso Nacional se hacen recurrentes, evidentes y negociables en pleno Siglo XXI. En una época en la que se supone habíamos madurado políticamente, en la que la politiquería supuestamente había sido desterrada, en la que el sistema político y democrático en la esfera pública, y a la interna de los partidos políticos, se había fortalecido.

Pero no, el popular “camisetazo” o teóricamente conocido, en Ciencia Política, como el transfuguismo político, vuelve a ser noticia en nuestro país. En menos de un mes, ocho asambleístas dejaron sus partidos, fueron separados o expulsados por no acatar, supuestamente, la disciplina partidaria
Pachakutik llegó con 27 legisladores y se quedó con 25, el PSC obtuvo 18 escaños y ahora tiene 14, la ID contaba con 18 voluntades pero ahora solo tiene 16 y a esa lista se suma UNES que ayer tuvo su primer tránsfuga.

¿Qué hay detrás de los “camisetazos”? Los cálculos políticos de los partidos para lograr una mayoría que les permita una gobernabilidad legislativa para la aprobación de leyes acordes al proyecto político del Ejecutivo.

Sin embargo, estas nuevas mayorías denominadas móviles son perniciosas para el Gobierno de turno y los partidos, porque se convierten en fusibles que pueden causar un corto circuito el momento de implementar el plan del Gobierno, tomando en cuenta que los “camiseteros” no estarán dispuestos a vender su voto por migajas, siempre exigirán más pasta y cuotas de poder.

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 ¿Por qué existe el cargo ad honorem?

La denominción de ad honorem implica una especie de voluntarismo sin que reciban nada a cambio. Evidentemente eso no existe en la Ley de Servicio Público, no lo permite la Constitución. A excepción de algunos cargos en el servicio exterior, pero eso se regula en su propia ley. En el caso de servidores públicos en general no existe este puesto porque la Constitución establece con claridad que todo trabajo deberá ser retribuido a cambio de un salario justo. Trabajar de forma gratuita representa una vulneración a los derechos.

¿El ad honorem puede ser un punto ciego que impida al Estado obtener la rendición de cuentas de estos servidores?

Es loable que alguien quiera contribuir con su país. No hay que estigmatizar que alguien quiera dar su aporte intelectual, académico o profesional, pero hay que diferenciar los espacios. Si uno quiere hacerlo desde la sociedad civil porque no quiere recibir una retribución económica puede hacerlo desde una ONG, fundaciones, propuestas de política pública.

El ser servidor público conforme a la ley evita que exista la posibilidad de evadir las responsabilidades. Un servidor público debe rendir cuenta, los ciudadanos pueden fiscalizar sus actos. La Asamblea puede fiscalizar y requerir información de los funcionarios en el país. El artículo 120 de la Constitución lo establece. Si el ciudadano no tiene esa figura ¿cómo pedimos que rinda cuentas? Genera sospechas. Podemos pensar que esa persona no quiere acceder al servicio público de forma regular.

¿Cómo beneficia el cargo ad honorem a una persona?

Esta discusión no es solo normativa. Hay que tener cuidado con este tipo de cargos se construyen una narrativa para quedar bien ante la opinión pública, como si solamente se contribuye por estricto amor a la patria y desinterés. Como no existe un vínculo jurídico que les ate a la institucionalidad, el ciudadano puede aprovechar los vínculos políticos que tiene.

No hay que generalizar, no todos los que pertenecen a las elites económicos quieran llegar al Estado para sacar una tajada para sus intereses. Pero existen varios funcionarios que históricamente y que hoy generan dudas, mirando al Estado como una herramienta que les permita favorecer a su sector.

Este tema da lugar a la “puerta giratoria”. Estar al frente de una transnacional, ya sea explotación de recursos, petrolera, minera y entrar al Estado. Una vez allí crear las políticas que beneficien a esa compañia. Es decir poner en primer lugar los intereses corporativos y perjudicar los intereses de la nación.

O viceversa. Estás en el Estado y una vez que dejas el cargo, pasas a esa transnacional. Nuestra constitución prohíbe el tema de la puerta giratoria en el artículo 153 de la constitución. Los exfucionarios de Estado deben esperar dos años para ir a un alto cargo privado en empresas que tengan contratos con el Estado.

¿Quiere el Gobierno que veamos el servicio público como filantropía?

Lo que se intenta es enviar un mensaje de que aquí lo que sirve la filantropía, la buena fe, el desprendimiento. De que yo voy al servicio público a ayudar. Y es un mal mensaje. La ciudadanía debe tener un servicio públicos con servidores y servidoras que perciban una remuneración de acuerdo a la Ley. Para poder exigirle más y mejores decisiones.

Si alguien lo hace sin cobrar nada a cambio. El día de mañana puede decirnos “ustedes no tienen derecho a reclamar nada porque yo les estaba haciendo un favor. No me estaban pagando nada”. En el fondo termina por atacar el valor de lo público. Hace que el resto de servidores se vean como interesados, vagos, que quieren ganar un salario para enriquecerse. Esto no es así. También se puede construir un relato de que solo los que tienen grandes fortunas pueden llegar al sector público.

Hay que tener cuidado con este tipo de discursos. Lo público en el gobierno de Moreno se construyó como lo peor. Por eso se redujo el Estado y se despidieron a los servidores públicos.

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“Alertamos a la comunidad internacional que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pretende suspender las elecciones en Ecuador, a una semana de su realización, para evitar la victoria segura de Andrés Arauz. Ese sería un gravísimo atentado contra la democracia”, escribió Morales.

El exmandatario paraguayo mostró también su preocupación en sus redes. «Toda la comunidad internacional debe estar atenta a lo que sucede en Ecuador». Además declaró su profunda preocupación «ante rumores en relación con la supuesta presión del presidente Lenín Moreno de suspender las elecciones presidenciales».

Alberto Fernández solicitó que el trabajo del Consejo Nacional Electoral sea efectivo. “Seguimos con especial atención el proceso electoral de Ecuador que debe culminar con las elecciones del próximo día 7 de febrero. Esperamos que el trabajo del CNE sea correcto y que el veredicto popular se respete y que así se fortalezca la democracia ecuatoriana”.

Presión estadounidense

Un artículo del politólogo español Katu Arkonada en el diario mexicano La Jornada indica que existirían intenciones de la derecha para un supuesto fraude electoral. “Han creado un Observatorio para el control electoral a cargo de Mario Pazmiño, ex jefe de la Policía, vinculado a servicios de inteligencia estadunidenses. A este operativo se han sumado el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Internacional Republicano (IRI) de Estados Unidos”, dice una parte del escrito.

La CIA: el necio fantasma que recorre Latinoamérica

Arkonada agrega que el NDI recluta ciudadanos para participar en los programas de transparencia electoral. Este programa lo lidera Julian Charles Quibell que trabaja en el NDI desde hace 18 años.

“El NDI ejecuta un proyecto en Ecuador financiado con USD 2 millones de USAID (…) apoya a sectores de la derecha ecuatoriana y a personal vinculado al escrutinio, en un proyecto en cuya ejecución se implica directamente el gobierno de Lenin Moreno, a través de la cancillería y el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, explica el artículo.

El próximo 7 de febrero, los ecuatorianos elegirán un nuevo presidente y 137 asambleístas para los siguientes cuatro años.

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Quito, 20 de ene (La Calle).- Viejos rostros de la política ecuatoriana intentan ganar una curul en los próximos comicios de febrero. Algunos de ellos regresan después de diez años de ausencia en el panorama nacional. Otros, incluso con juicios penales en proceso. Y por supuesto, no faltan quienes cambian de partido auspiciante o que entran en combo familiar.

Viejos rostros

Por el Partido Socialcristiano (PSC), Carlos Fálquez inició su carrera política en 1979 con el extinto partido Concentración de Fuerzas Populares (CFP). Llegó a ser diputado de la provincia de El Oro.

Para las elecciones legislativas de 1990, 1998, 2002 y 2017 los socialcristianos auspiciaron su candidatura a la Asamblea a la misma provincia. Todas las ganó. Ahora busca un curul.

El político del PSC César Rohon Hervas fue elegido para el escaño en 1997, 2007, 2017 (actual periodo). Ahora busca un lugar a la Asamblea por la misma organización política.

La exmiss Ecuador, Soledad Diab, es candidata del PSC a la función legislativa por la provincia del Guayas. En 2007 fue diputada por la misma tienda política. No obstante, fue una de los asambleístas destituidos durante la Crisis Legislativa del 2007.

Otro socialcristiano Luis Almeida intenta ser legislador por Guayas. Fue diputado en tres periodos: 1996, 2003, 2005. No lo terminó porque fue parte de los destituidos por la Crisis Legislativa del 2007.

En aquel entonces 57 diputados fueron destituidos por bloquear el pedido del expresidente Rafael Correa de convocar a una Asamblea Constituyente. 

Por Unidad Popular, el ex asambleísta Jorge Escala se postuló al Pleno por Guayas para las siguientes elecciones. Sin embargo, fue legislador para UP en 2007 y 2009.

Por parte de Fuerza Ecuador, Fernando Rosero fue diputado en tres ocasiones por el entonces llamado Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). Ocupó el cargo en 1992, 1996 y 1998 por la provincia del Guayas y una como asambleísta Nacional.

Ximena Bohórquez es actual candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Sociedad Patriótica. También fue legislativa en la Asamblea Constituyente del 2007. Fue Primera Dama; su esposo es el expresidente Lucio Gutiérrez.

En Pachakutik, Salvador Quishpe representó a la provincia de Zamora Chinchipe en el Pleno durante dos periodos 2003 y 2007. En aquellos tiempos fue acusado peculado y decenas de delitos. Intenta volver al legislativo en estos comicios 2021.

Los que cambian de partido

La asambleísta independiente por la provincia del Azuay, María Lourdes Cuesta, busca la reelección en la Asamblea Nacional por la misma provincia. Sin embargo, llegó a la función legislativa en 2017 auspiciada por CREO; partido del que se desafilió. Actualmente es candidata a asambleísta provincial por el Partido Socialcristiano (PSC) para la misma localidad.

César Rodríguez es aspirante al Legislativo por Unión Ecuatoriana para las elecciones de febrero. Sin embargo, alcanzó un curul en el periodo 2009-2013 auspiciado por Alianza País.

Los familiares

El candidato a la Asamblea por Centro Democrático en Los Ríos, Humberto Alvarado, quiere alcanzar una banca en el Pleno. Es hermano de los exsecretarios de Estado en los gobiernos del expresidente Correa, Fernando y Vinicio Alvarado Espinel.

La candidata a asambleísta Nacional por el PSC, Nathalie Viteri Jiménez, es la hermana de la alcaldesa de Guayaquil Cinthya Viteri.

Los Bucaram también figuran en la papeleta de asambleístas nacionales. Abdala Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Machuca se postularon por Fuerza Ecuador. El padre está implicado en los presuntos delitos de tenencia de armas y piezas arqueológicas, y el hijo fue acusado por delincuencia organizada por la presunta venta irregular de insumos médicos en la pandemia. 

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Por otro lado, la etiqueta #LaSaludNoSeVeta en respaldo al COS también hizo su aparición en el espectro digital. Aunque la incomodidad de Muñoz frente a los artículos del COS no se informó de manera oficial, la discusión política sobre este Código viene desde todos los frentes. El pasado 28 de agosto, el candidato presidencial, Guillermo Lasso envió una carta al presidente Moreno, pidiendo que vete la ley. ¿Cuáles son los artículos del COS que molestan a los políticos?

Salud reproductiva

El Código Orgánico de Salud aglutina una diversidad de temas sobre la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En el artículo 9, se permite que los ciudadanos accedan a servicios de salud en casos de emergencia. Ninguno de los establecimientos que prestan servicios sanitarios se puede negar.

De acuerdo al Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, existen cuatro millones y medio de mujeres en edad fértil que podrían mejorar su calidad de vida si se aprueba el COS. Ellas accederían a servicios de salud que protejan su vida durante una emergencia médica. Eso incluye los abortos en curso, abortos prematuros o sangrados en el período gestacional.

El artículo 201 permite que sean reconocidas como emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente. Así como las patologías que comprometan la salud de la madre y el feto. De manera que, los prestadores y profesionales de la salud no pueden negarse a atender estos casos y deben guardar confidencialidad.

Política Pública en la salud reproductiva

El artículo 22 recuerda que los adolescentes son sujetos de derechos, de acuerdo con la constitución ecuatoriana. Plantea que puedan recibir información integral (incluida salud sexual y reproductiva) sobre autonomía y autocuidado para que puedan ser partícipes de las decisiones que afectan su desarrollo social, psicológico y biológico.

El artículo 115 indica que el Estado debe implementar políticas públicas y programas educativos para los centros de desarrollo integral para la primera infancia y establecimiento educativos a nivel nacional en materia de educación sexual. Esto para prevenir el embarazo en adolescentes, cuya tasa es alta en el país.

La falta de educación sexual en las unidades educativas tiene como consecuencia el aumento de abuso sexual a niños/as y adolescentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de la madre de Paola Guzmán, una niña que sufró abuso sexual por el vicerrector y el médico de su colegio. Abuso que la llevó al suicidio en 2002. Entre las disposiciones de la CIDH están que el Estado disponga políticas sobre este tema.

Entre otros artículos importantes está el 208 que prohíbe la existencia de oferta de servicios que tengan como finalidad cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona por cualquier método o circunstancia. Esto significaría un avance en los derechos de la comunidad GLBTI+ en el país. A nivel de Latinoamérica, México prohibió las llamadas «clínicas de deshomosexualización».

El presidente moreno tendrá 30 días para decidir si veta o aprueba el Código Orgánico de Salud.

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