El juez Jhonatan Arizaga ordenó la liberación del candidato y sus tres acompañantes «por no contar con los elementos para formular cargos tras escuchar las intervenciones de las partes», reza la resolución en los archivos del Consejo de la Judicatura (CJ).

La noche del viernes 4 de agosto, la Policía Nacional detuvo a estos cuatro hombres en un operativo preventivo, en Machala. En la inspección, los uniformados decomisaron tres armas de fuego, 48 cartuchos sin percutir, cinco celulares y dos vehículos.

Becerra intentó burlar la ley con un permiso de tenencia de armas caducado en junio 2022. Otro de los aprehendidos registra antecedentes por tentativa de asesinato, extorsión y robo.

Centro Democrático -partido de Jimmy Jairala- es la organización política que impulsa a Becerra hacia el Legislativo. Asimismo, esta tienda política es la que respalda a la candidatura presidencial de Jan Topic.

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Entre los abogados que presentaron la demanda está el presidente del Centro de Investigación y Estudios de Derechos Humanos (CIEDH), Alexander Barahona, que anunció en redes sociales esta acción legal para dejar sin efecto lo dispuesto por el Ejecutivo.

La demanda argumenta que los artículos que regulan los requisitos para el porte y tenencia de armas de fuego letales y no letales a nivel nacional por parte de civiles tienen reserva de ley por su incidencia en derechos como la vida, la integridad y la libertad.

Asimismo, estos letrados consideran que el Ejecutivo debía haber efectuado una consulta prelegislativa a pueblos indígenas, ya que la normativa modificada ya contemplaba previamente el uso de armas ancestrales en territorios indígenas para usos tradicionales como la caza y la pesca.

«El riesgo a los derechos es evidente», afirmó Barahona, que confió en que la Corte Constitucional admita a trámite la demanda y disponga medidas cautelares urgentes.

Dizque aclaraciones del Gobierno

Antes de emitir los decretos que autorizan que un civil pueda llevar armas de fuego para defenderse de un delincuente, el Gobierno aclaró que no se trata de un libre porte de armas y que para hacerlo hay que lograr el permiso que otorga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Lo que se modificó en la normativa son los motivos esgrimidos para demandar el permiso de porte de armas e incluir el de defensa personal, para lo que se requieren todos los requisitos previamente dispuestos en la ley.

Entre las exigencias para lograr el permiso está ser mayor de 25 años y presentar una petición donde se justifique la necesidad de adquirir el arma.

También se requiere una certificación de dirección domiciliaria, la factura o contrato de compraventa del arma, un certificado biométrico emitido por la Policía Nacional, un certificado que acredite que no se cuentan con antecedentes penales y otro que demuestre no contar con denuncias o procesos de violencia familiar.

Asimismo, será igualmente necesario un certificado psicológico y toxicológico, así como uno que acredite destreza en el manejo y uso de arma de fuego.

Redacción: EFE

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El 1 de abril el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó la autorización del porte de armas para defensa civil. Entre los requisitos para sacar el permiso de tenencia se encuentra un certificado de una prueba psicológica y toxicología emitido por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

¿Cómo será el trámite?

En este sentido, Ruales señaló que existirán laboratorios calificados tanto por la entidad ministerial como por Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), para que emitan certificados relacionados con las adicciones, consumos de alcohol y otras drogas.

Además, manifestó que habrán especialistas con cuarto nivel en psicología forense para que emitan informes sobre las condiciones psicológicas de los ciudadanos que deseen hacer el respectivo trámite.

“De acuerdo con el decreto es lo que como Ministerio de Salud nos compete, certificar, no emitir los informes, sino certificarlos”, dijo en un conversatorio.

Requisitos para portar armas

Los permisos para porte o tenencia de armas de fuego para personas
naturales y jurídicas tendrán una validez de dos y cinco años respectivamente, y para su renovación, y deberán cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento y lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial que el Ministro de Defensa emita para el efecto.

Las personas naturales podrán tener y portar el arma de uso civil para defensa personal si cumplen con los siguientes requisitos:

• Cumplir al menos 25 años;
• Certificado de prueba psicológica avalado por el MSP;
• Certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional;
• No haber sido sentenciado con sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito;
• No registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar;
• Certificado de superar el examen toxicológico, que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica, emitido por el MSP;
• Los demás que establezca el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para el efecto.

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Según la funcionaria, la medida aplica a los servicios complementarios, como el transporte escolar. La seguridad privada tendrá una regulación diferenciada.

Durante los próximos días saldrá un comunicado oficial del Ministerio para aplicar la medida en todo el país. El mismo estará vigente desde este año lectivo 2023-2024.

Según la Ministra, el propósito es evitar situaciones de riesgo para los alumnos, profesores y padres de familia. Por eso, tampoco se permitirá portar armas en los transportes escolares.

El porte de armas con las empresas de seguridad privada tendrá un trato de manera diferenciada, aunque se regulará el control. En estos casos se aplicará lo que disponga la autoridad competente, pero fuera del establecimiento educativo.

«Esto también lleva coherencia con las convenciones internacionales de derechos de las que Ecuador es parte», señaló la Secretaría.

Los antecedentes

El 1 de abril, el Gobierno dispuso varias medidas urgentes para contrarrestar la inseguridad que se vive en el país. Entre ellas está la autorización para la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal.

Las universidades del país y movimientos de la sociedad civil rechazaron la medida, mientras que un segmento de la ciudadanía considera que puede ser una alternativa para protegerse de la ola de violencia propiciada por el crimen organizado en el Ecuador. (M.J)

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En un mensaje a la nación, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que autorizaba la «tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de la ley y el reglamento».

La calificó como una «medida urgente» para combatir al «enemigo común» de Ecuador, «la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado».

El porte de armas en Ecuador está contemplado en la legislación desde los años 80, pero en 2009, bajo la presidencia de Rafael Correa, el porte quedó suspendido de modo indefinido, no así la tenencia de armas, que se mantuvo siempre bajo requisitos legales.

El porte de armas en América Latina

Existe una diferencia importante entre tener un arma y portarla. La tenencia consiste en poseer un arma para defensa personal o para otras actividades como la caza. Típicamente dicha arma no puede sacarse del hogar o de un determinado lugar.

Por otro lado, el concepto de porte de arma suele utilizarse para referirse a la autorización que recibe una persona para trasladarse con un arma que ha adquirido de forma legal.

El porte de armas de algunos ciudadanos está garantizado constitucionalmente -con muchas restricciones y condiciones- en Guatemala, Haití y México, mientras que en Honduras se autorizó en una ley aprobada a principios de siglo. En la isla de Puerto Rico, que es un territorio no incorporado de Estados Unidos, también es legal portar armas.

Pero incluso en estos lugares el sector está estrictamente regulado.

Aunque los mexicanos tienen el derecho constitucional a poseer armas, solo hay una tienda que las vende en el país, ubicada en Ciudad de México; por su parte en Haití es prácticamente imposible para una persona civil obtener una licencia en la actualidad debido a que el sistema de licencias colapsó hace algunos años.

En Brasil, el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro relajó en 2019 los requisitos para portar y poseer un arma por parte de particulares, lo que incrementó las ventas de armas de fuego a la población civil.

Pero a principios de este año, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto que inició el proceso de reestructuración de la política de control de armas del país, que obliga a aquellos que quieran portar un arma a tener una justificación.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro prohibió el porte de armas en diciembre del año pasado mediante un decreto que ha sido extendido hasta el 31 de diciembre de este año.

Venezuela, una de las naciones con más homicidios en todo el mundo, prohibió la venta privada de armas de fuego (salvo algunas excepciones) en 2012, dejó de emitir nuevas licencias de armas de fuego en 2013 y prohibió el porte de armas de fuego en lugares públicos en 2017.

¿Dónde si es legal?

En Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay la tenencia de armas por parte de civiles está permitida, pero se requiere una licencia.

Otros países como Bolivia, Colombia, Cuba y Perú piden además una buena justificación para tener un arma.

«América Latina es la región con una política de armas más restrictiva en todo el mundo, se trata de un sector con muchas limitaciones», le dice a BBC Mundo Carlos Pérez Ricart, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), con sede en la ciudad de México.

«En general, los países latinoamericanos tienen reglas muy limitantes para la tenencia de armas, debido a que la región ha seguido una tradición de desarme desde mediados del siglo pasado, como resultado de varias guerras civiles que ocurrieron en la región», agrega el experto en seguridad y crimen organizado y tráfico de armas.

Origen de las armas en Latino América

No obstante, tales restricciones no se han traducido en menos armas circulando en las calles de América Latina.

De acuerdo a la ONU, en el continente americano se concentra el 37% de los homicidios de todo el planeta, con apenas 8% de la población mundial.

Aunque la mayoría de los países de América Latina mantienen estrictas medidas sobre el control de armas, estos esfuerzos se ven socavados por el flujo ilícito de material que llega desde el extranjero, especialmente de Estados Unidos.

Según cifras del Departamento de Justicia de Estados Unidos del año 2017, el origen de al menos un tercio de las armas de fuego incautadas en México, El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua era estadounidense.

Varios casos han puesto en evidencia cómo muchas armas compradas en Estados Unidos terminan en América Latina.

En mayo de 2022, un tribunal de Texas condenó a Charles Anthony Lecara a más de 7 años de prisión por liderar una red de tráfico de armas con sede en Texas.

En Estados Unidos, esta red funcionaba mediante personas que compraban «armas de fuego populares entre los cárteles» y aseguraban que las armas eran para uso personal.

Dichas armas terminaban en manos de Lecara, quien luego las enviaba a carteles en México.

En otro caso, en agosto de 2020, las autoridades de Florida arrestaron a dos ciudadanos venezolanos tras encontrar un arsenal de armas de fuego en un avión privado que había declarado como destino San Vicente y las Granadinas, pero que en realidad se dirigía a Venezuela.

Violencia en las ciudades

Pérez Ricart afirma que más armas en un contexto urbano de tráfico de drogas fomenta la violencia.

Esta es una teoría que ha respaldado con el estudio «¿Más armas, más violencia? Evidencia de una compleja relación desde América Latina«, publicado el año pasado.

«La ecuación de ‘más armas es igual a más violencia‘ no es válida en cualquier contexto, pero más armas en lugares violentos como las ciudades de América Latina sí que propician más violencia».

El experto del CIDE insiste en que no existe un solo caso, en un contexto de «mucha criminalidad« como los centros urbanos latinoamericanos, donde el aumento del número de armas haya ayudado a reducir la violencia.

Un caso reciente que sirve como ejemplo afuera de la región es el de Estados Unidos, afirma Eugenio Weigend, de la Universidad de Míchigan.

A lo largo y ancho del territorio estadounidense las ventas de armas se dispararon durante la pandemia de covid-19. Según Small Arms Analytic, los estadounidenses compraron alrededor de 23 millones de armas de fuego en 2020, un incremento del 65% con respecto a 2019.

Durante el mismo periodo se registraron más de 19.400 homicidios con armas de fuego, lo que representó un incremento del 25%, según datos de la organización estadounidense Gun Violence Archive (GVA).

Pérez Ricart pronostica que «muy probablemente» en Ecuador pase lo mismo.

«La evidencia muestra que la medida del gobierno ecuatoriano va a propiciar un aumento importante en el número de homicidios, suicidios, accidentes y en general en muertes por armas de fuego», resaltó.

Redacción: BBC Mundo

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Los educadores y trabajadores de la cultura no solo criticaron la última decisión de Lasso, sino que también se opusieron a los discursos y prácticas que motivan a la violencia social que afectan a grupos vulnerables.

“Nos oponemos a las decisiones del Gobierno Nacional que impiden imaginar el futuro de nuestra convivencia”, reza el comunicado.

Entre los centros que se pronunciaron están:

• Fundación Museos de la Ciudad,
• Museo del Carmen Alto,
•  Museo de la Ciudad,
• Museo Interactivo de Ciencia
  Yaku Parque Museo del Agua,
• Centro de Arte Contemporáneo,
• Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador (MAE),
• Sistema Integrado de Museos y Herbarios de la Universidad Central del Ecuador,
• Museo Comunitario de Agua Blanca,
• Arte Actual FLACSO,
• Museo Municipal Remigio Crespo Toral,
• Comité Nacional del Consejo Internacional de Museos,
• Museo de los museos (Chile), Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración,
• Dirección de Museos de la Sede Nacional de la Casa de las Culturas,
•  Museo Antropológico Antonio Santiana MAAS,
• Museo universitario de la Diversidad,
• Museo de Enfermería Iralda Benítez de Núñez MEIBN,
• Museo Universitario MUSE.

Otras instituciones se suman al rechazo

Varias universidades del Ecuador rechazaron el porte de armas para uso civil que firmó Lasso.

La academia advirtió que este es un “gran error” del Gobierno Nacional y lo único que logrará es agudizar los conflictos y la violencia en el país. Además, exigieron al Ejecutivo dar de baja inmediatamente esta decisión y formular verdaderas políticas para garantizar la seguridad y promover un ambiente de convivencia.

Al pronunciamiento se suma la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de las Artes, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad Tecnológica Equinoccial.

FLACSO se pronuncia

De la misma manera, la FLACSO en una carta firmada por 46 docentes y estudiantes solicitaron a la Asamblea del Sistema de Educación Superior que interponga una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 707.
«Exigimos la inmediata observación y monitoreo de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre la situación que se presentará en Ecuador», finaliza el comunicado. (C.A.V)

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«La violencia y la criminalidad ha generado una grave situación de incertidumbre en la sociedad ecuatoriana. El problema obedece a algunas causas estructurales que deben ser abordadas con estrategias a corto y mediano plazo«, inicia el comunicado refiriéndose a la raíz de la crisis que vive el país actualmente.

Según se argumenta, la medida implica riesgos imprevisibles y pretende aplicarse sin tomar en cuenta las advertencias sobre estos posibles riesgos. Especialistas sostienen que la medida podría desencadenar aún más violencia en los sectores más vulnerables del país.

Incorporar a personal policial apto es una opción

Para la UCE, la incorporación de nuevos miembros mediante la selección de los postulantes más idóneos para cargos como policías, es indispensable para que la ciudadanía se sienta resguardada por personal capacitado y con vocación de servicio. Asimismo, la institución se ofreció a brindar su ayuda para que estos procesos cumplan con todas las exigencias del caso.

«Las empresas privadas de seguridad también deben contar con apoyo de observatorios de la sociedad civil para mantener estándares apropiados como organizaciones complementarias de seguridad y deben disponer de una dotación mínima de disuasión; pero no se puede vender armas a los ciudadanos«, enfatizó el centro de estudios superiores.

«En el mundo las sociedades menos violentas son las que han alcanzado alto grado de desarrollo humano: salud, educación universal, ingreso familiar y mayor expectativa de vida«, se menciona en el comunicado.

Anaquilar el desempleo e invertir en educación

Una de las alternativas que se proponen para combatir la ola de violencia es generar mayores fuentes de empleo. El objetivo es que las familias del país lleguen a un punto de estabilidad. Asimismo, expresa que promover la educación alejará a los jóvenes y adolescentes del peligro de vincularse al crimen organizado. Para ello, ampliar la oferta académica resulta imprescindible.

«La disminución del desempleo es urgente en esta política contra la violencia, eso exige inversión agresiva en créditos productivos y en obra pública«, expresa la UCE.

Por último, se afirma que el decreto 707 vulnera el principio de legalidad prescrito en el numeral 2 del Art 132 de la Constitucion. «Se aspira a establecer la preminencia de los ciudadanos frente a la delincuencia, es impostergable revisar las leyes pertinentes y las políticas públicas. Es decir, combatir la impunidad», concluye el comunicado.

A la Universidad Central del Ecuador se suman seis centros de educación superior que también rechazaron la autorización del porte de armas para uso civil promovida por el presidente Guillermo Lasso.

JR

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De los 121 legisladores presentes en esa reunión, 117 votaron a favor de las reformas, 4 se abstuvieron y hubo 16 ausentes.

Los legisladores Joel Abad, Fernando Cabascango, Peter Calo y Mireya Pazmiño se abstuvieron de votar. Mientras que en las ausencias figuraron siete asambleístas de UNES, cuatro oficialistas, tres independientes y dos de Pachakutik. Ningún legislador se opuso.

Dicho proyecto pasó al Ejecutivo y luego se aplicó un veto parcial. Posteriormente, la Asamblea aceptó parcialmente las observaciones aplicadas. Después, el texto fue al Registro Oficial publicado con el No. 279 el pasado 29 de marzo.

El anuncio de Lasso sobre porte de armas

El primer mandatario argumentó en la cadena nacional, emitida el 1 de abril, que la posibilitar el porte de armas permitirá combatir la inseguridad que afronta el país.

A su vez prohibió la fabricación, registro y tenencia de armas artesanales. Según mencionó, la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación. El proceso contará con controles y registro informático. Adicionalmente, expuso que el uso de gas pimienta será para defensa personal.

Opiniones variadas en el Pleno

Para la asambleísta María José Plaza (BAN), una de las decisiones del Gobierno en materia de seguridad es permitir que los guardias de seguridad vuelvan a portar armas para trabajar en conjunto con la Policía Nacional.

Sin embargo, el legislador Ramiro Narváez (Izquierda Democrática) sostiene que «es responsabilidad del Estado ecuatoriano garantizar la seguridad de cada ciudadano». Por lo que se opone a cualquier intento de «armar a la ciudadanía para auto defenderse», pues considera que la medida podría generar más violencia.

JR

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«No va a cambiar en los esencial nada de lo que sucede. Tiene pros y contras (…) Hoy estamos enfrentados al crimen organizado que tiene una gran diferencia en cuanto al armamento que usa, tácticas que emplea. No es que va a cambiar sustancialmente nada, el que podamos tener un arma las personas privadas», expuso el ex político de 82 años.

Durante una entrevista en Sonorama, Moncayo enfatizó que aunque dicha decisión posibilitará a la ciudadanía defenderse en escenarios concretos, la medida está lejos de garantizar un entorno seguro.

«Un arma a lo mejor nos puede servir en el hogar para defendernos ante cualquier ataque que pueda haber. Pero no soluciona en el fondo nada. Solamente volvemos a una situacion que ya existía antes. Esperemos que en algo ayude al tema de la seguridad, tan importante para los ecuatorianos», concluyó Moncayo.

Los requisitos

Entre los requisitos para portar un arma en Ecuador, el interesado debe tener al menos 25 años de edad, un certificado de prueba psicológica y examen toxicológico (para determinar si la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o que no sea alcohólica) emitidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Adicionalmente, requiere un certificado de destreza en el manejo y uso del arma avalado por el Ministerio de Defensa Nacional. Por último, tampoco debe tener sentencia ejecutoriada condenatoria por comisión de un delito, o registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros de su familia.

Los antecedentes

El Gobierno de Guillermo Lasso autorizó el porte de armas de uso civil para defensa personal a partir de este mes de abril. En paralelo, el Pleno legislativo tramita tres proyectos de ley relacionados al delito de tenencia y porte de armas, regulación respecto de importación y comercialización de las mismas.

El antecedente principal respecto a esta decisión ocurrió durante la sesión 832 del Pleno ejecutada el pasado 5 de enero de 2023. Un total de 117 asambleístas votaron a favor del proyecto que reformó varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, y que regula la tenencia y el porte de armas en el país.

JR

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La academia advierte que este es un gran error del Gobierno Nacional y que lo único que logrará es agudizar los conflictos y la violencia en el país. Además, exigen al Ejecutivo inmediatamente esta decisión y formular verdaderas políticas para garantizar la seguridad y promover un ambiente social de convivencia.

Al pronunciamiento se suma la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de las Artes, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad Tecnológica Equinoccional.

Flacso se pronuncia

Una carta firmada por 46 docentes y estudiantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) expone su preocupación por la medida del jefe de Estado.

Los firmantes argumentan que la tenencia y porte de armas son un retroceso social que intensificará la violencia en lugar de pacificarla. Además, solicitan a la Asamblea del Sistema de Educación Superior que interponga una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 707.

«Exigimos la inmediata observación y monitoreo de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre la situación que se presentará en Ecuador», finaliza el comunicado.

¿Y la Central?

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), convocó al Honorable Consejo Universitario a sesión extraordinaria para emitir un pronunciamiento institucional sobre el decreto del régimen.

La reunión de las autoridades está prevista para este lunes 3 de abril a las 10:00 de forma virtual.

Autodeclaratoria de «Estado fallido»

El 1 de abril, el primer mandatario y su equipo llegaron a la conclusión de que el libre porte y uso de armas y gas pimienta para defensa personal es una parte de la solución en medio de la inseguridad que engulle al Ecuador.

«Hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas, es decir, en términos generales: 1. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamentos. Se autoriza también el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal», dijo en cadena nacional.

Entre otras medidas también está prohibida la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal, se establece controles y registro informático y la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación.

Los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad. Además han instalado el puesto de mando unificado de manera permanente en Guayaquil que rotará entre Santa Elena y los Ríos.

Estado de excepción

Lasso decretó el estado de excepción en la zona 8 que conforman los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón en Guayas y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. El toque de queda será de 01:00 a 05:00 a partir del 2 de abril. La delcaratoria tendrá vigencia durante 60 días.

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El asambleísta, Esteban Torres indicó que, tres años después de presentar la propuesta socialcristiana para la tenencia de armas, finalmente se debate en la Asamblea. Aseguró que esta iniciativa está permitida desde 1830.

“Los agentes de la ley tienen todo el respaldo que necesiten, si tienen que tirar a matar a los delincuentes tienen el respaldo de la bancada”, recalcó el asambleísta.

Destacó que las leyes más fuertes siempre han salido por iniciativa de la bancada. Además, precisó que se demandan soluciones “inmediatas, firmes y contundentes” contra la delincuencia. “Son cerca de 3 mil civiles asesinados por muertes violentas en lo que va del año”, enmarcó.

Grupos divididas sobre la tenencia de armas

Según Torres, son inconcebibles los últimos atentados que se registraron en el país y presenta como una solución la tenencia de armas. “No vamos a permitir que en el Ecuador se continúen detonando choches bomba, secuestrando, que vacunen a los negocios y a la gente pobre”, mencionó.

Por otro lado, el abogado Stalin Sacoto en entrevista con Vera a su manera mencionó que el país presenta tres grupos a la hora de debatir la tenencia de armas.

• Primero están las personas que han tenido malas experiencias con las armas. “Son personas a las que les dijeron que las pistolas son cosas del diablo”, acentuó.
• Segundo, las personas con buenas experiencias, las que quieren registrarlas, tenerlas en casa, “personas de bien”, dijo
• Por último, “los doble cara”, aquellos funcionarios, ministros de Estado que tienen escoltas y se oponen a que los civiles defiendan su patrimonio. (N.J.C)

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“Voy a presentar, lo haré a través del presidente Lasso porque él tiene iniciativa legislativa, un proyecto de ley que cierra las puertas a los delincuentes. Que permite, porque creo, que los inocentes si deben portar armas. Ahora un delincuente se acerca a tu carro, te apunta con un revolver porque sabe que tú estás desarmado”, dijo en una entrevista.

Añadió que los que rompen la ley de prohibición de porte de armas son los delincuentes y no los justos porque eso hay que reformar. “Los justos deben estar armados, la gente debe tener derecho a defenderse. Por otro lado, aquí no puede entrar cualquier persona sin presentar antecedentes penales para ingresar al país”.

Presupuesto para seguridad

Viteri indicó que son la única ciudad del país que han entregado presupuesto de otras obras para la seguridad de Guayaquil. Dinero que se ha gestionado desde la Gobernación del Guayas. En total se han entregado USD 24 millones.

“Guayaquil en este momento debería tener al Ejército en las calles, no solamente a la Policía. Ellos deberían tener todos los recursos para movilizarse en la ciudad y no estar esperando a que les den combustible, armas, teléfonos, pilas. Es lo que hace el Municipio de Guayaquil”, precisó.

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Quito, 18 sep (La Calle).- Militares y policías despliegan operativos en Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Pichincha debido a que los índices de inseguridad y violencia han incrementado en el último año.

El Gobierno ha concentrado refuerzo militar y policial en diversas zonas del país debido a los altos índices de inseguridad. En las provincias costeras de Los Ríos y Guayas se efectuaron controles de armas, explosivos y municiones en lugares considerados un alto índice delincuencial. Dentro de los controles se prevé labores de reconocimiento aéreo e identificación de posibles zonas y pistas de aterrizaje no autorizadas o clandestinas.

Alexandra Vela, ministra de Gobierno, aseguró que es un tipo de intervención que no es la normal. «Esto eleva el nivel de las operaciones para enfrentar la situación de crisis”, dijo.

Operativos y controles militares hasta diciembre

Los controles de prevención, seguimiento y desarticulación de organizaciones delictivas continuarán hasta diciembre de este año.

Según datos oficiales, de enero a julio de 2021, se han registrado cerca un 80% de denuncias por tráfico de drogas, el 90% por asesinatos y el 82% por delitos relacionados con robo.

En los crímenes que más se registran están los homicidios intencionales, feminicidios, robos a domicilios, a unidades económicas, robos de motos y vehículos, así como bienes, accesorios y autopartes. Por ello, los militares reforzarán el control.

El narcotráfico es otro tema que preocupa al gobierno. Ecuador se ha convertido en un puente, centro de almacenamiento y transporte de drogas hacia diferentes países, entre ellos Estados Unidos.

Preocupación Internacional

Esta situación de violencia e inseguridad no solo preocupa a las autoridades nacionales y a la ciudadanía residente en los puntos calientes o conflictivos, sino también a representaciones diplomáticas de naciones como Canadá y Alemania, que emitieron comunicados de alerta a los turistas, con recomendaciones para disfrutar de una estancia tranquila.

Fuente: Prensa Latina

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«Para el agro ecuatoriano, la ruralidad que es donde es más importante el porte y tenencia de armas. En ciudades hay el 911, el patrullaje de la policía. En los caseríos están a merced de los cuatreros», dijo el nuevo legislador en Un café con JJ.

Agregó que «no está bien que el delincuente tenga mejores que los que respetan la ley. En el agro está permitida la tenencia de armas, solo que no está implementada. Ponen trabas».

Chiriboga agregó que en «la zona rural se facilitará el uso con los controles respectivos, revisión de antecedentes de consumo de drogas, enfermedades mentales y un curso de manejo».

Promesa de campaña

«El ciudadano que cumpliendo los requisitos de la ley, (exámenes psicológicos, entrenamiento, comportamiento y antecedentes) quiera tener o portar un arma de fuego. Eso hay que autorizarlo», dijo Jaime Nebot en un mitin electoral el 1 de diciembre del 2020.

«Aquí se está dando un mensaje terrible al delincuente, que está armado porque sabe que no va a tener una respuesta. Que quede claro, tenemos un compromiso con Guillermo Lasso y en la próxima legislatura se aprobará el derecho del ciudadano a defender su vida»

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Junto a Guillermo Lasso y algunos candidatos de la alianza CREO-PSC, Jaime Nebot, recordando el estilo de gobierno de los 80, celebró la decisión de impulsar la libre tenencia de armas. El exalcalde recordó su gestión como gobernador y el discurso en defensa de los llamados escuadrones de la muerte. Nebot retomó sus palabras de aquel entonces: “vayan hagan lo que tienen que hacer, yo respondo”, comentó en respaldo a la policía y el uso de armas de fuego.

Pese al entusiasmo de la alianza CREO-PSC, expertos en temas de seguridad y ciudadanía abrieron su agenda para Radio La Calle y criticaron severamente la iniciativa de Lasso.

Hacia una cultura de la muerte

Según la socióloga Patricia De la Torre, la propuesta de Lasso da escalofríos. La analista considera que el derecho a portar armas encaminaría al Ecuador hacia una cultura de la violencia y la muerte. “El uso de un arma, que mata, se introduciría en la cultura y las relaciones, donde la solución de los conflictos sería matar”, advirtió De La Torre.

Adicionalmente, la socióloga señaló que el uso de armas letales no soluciona conflictos, sino que los crea. “Estudios de Harvard comprobaron que el uso de armas, en manos de los ciudadanos, no es una solución. Más bien se crean condiciones de conflictos posteriores: aumento de suicidios, agresiones y accidentes”, comentó la analista.

De La Torre no siente sorpresa por la propuesta de Lasso. Según la socióloga, el neoliberalismo es el gran dispositivo que ha generado las relaciones más violentas. “Lasso y Nebot tienen un patrón de relacionamiento con la sociedad, con los pobres, violenta”, opinó la experta.

Es charlatanería política

A criterio del jurista Ramiro Aguilar, la seguridad ciudadana es un tema amplio. “Tiene que verse desde dos ámbitos: colectiva e individual”, explicó Aguilar. La seguridad individual implica el derecho a no ser violentado, mientras que la colectiva abarca instancias patrimoniales y espirituales. Según el jurista, la propuesta de Lasso pretende proyectar la seguridad individual en la colectiva y construir un discurso en base al miedo.

Según Aguilar, Lasso piensa su campaña desde un imaginario hollywoodense, donde un pueblo será más seguro cuando los ciudadanos lleven el revólver al cinto. “La sola propuesta ya implica levantar un lenguaje de violencia”, alertó. Según el jurista, la oferta pretende confundir el derecho a la legítima defensa, ya estipulado en la ley, con una licencia para matar.

Adicionalmente, el jurista calificó la propuesta como una demagogia irresponsable producto de la desesperación política. “Es un charlatán político…Es el argumento del fascismo”, criticó. (JEB).

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