Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó que 527 mujeres y 5.691 hombres se encontraban habilitados para sufragar.

Además, agregó que se ubicaron 62 juntas electorales en 42 Centros de Privación de Libertad en 20 provincias del país.

Luis Eduardo Zaldumbide, director del SNAI, señaló que la jornada refleja el compromiso por la participación política en el país.

Por otro lado, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, mencionó que trabajaron junto al Registro Civil, para la facilitación de las cédulas; para el tema de seguridad, contaron con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional, junto a los mencionados se establecieron medidas de seguridad para garantizar normalidad en el desarrollo de la jornada.

Dos funcionarios electorales y un privado de la libertad que conste en el padrón electoral son quienes integraron las juntas receptoras del voto.

Al terminar la jornada, los paquetes electorales son sellados y trasladados a los centros de procesamiento electoral. Es ahí donde estarán guardados hasta las 17:00 del domingo 9 de febrero, cuando se inicie el conteo de votos.

IF

La entrada 6.218 Personas Privadas de Libertad ejercieron su derecho al voto se publicó primero en La Calle.

¿Qué es el indulto presidencial?

Es una facultad «discrecional y privativa» del Presidente de la República. Consiste en otorgar, de oficio o previa solicitud, la conmutación, rebaja o perdón del cumplimiento de penas para personas privadas de su libertad (PPL) que cuenten con una sentencia ejecutoriada.

Los indultos se otorgaban a PPL que cumplían ciertos requisitos específicos, como padecer enfermedades graves o haber recibido penas ejecutoriadas por delitos menores, como robo, hurto o contravenciones de tránsito.

Decretos derogados y sus alcances

Noboa ordenó derogar los Decretos Ejecutivos 264, 265, 355, 816 y 949. El actual presidente argumenta que dichos decretos “han agotado sus efectos en relación con las personas privadas de libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada que, a la fecha de expedición de los citados decretos ejecutivos, cumplieron con los respectivos requisitos”.

¿En qué consistían cada uno de estos decretos?

Decreto 264 (2021): Contravenciones de tránsito

Otorgaba indultos a personas sentenciadas por contravenciones de tránsito leves, como conducir vehículos con llantas en mal estado o sin licencia.

Decreto 265 (2021): Enfermedades graves

Beneficiaba a PPL con enfermedades terminales, catastróficas o con infección de tuberculosis y VIH.

Ambos decretos, 264 y 265, se emitieron el 22 de noviembre de 2021 como parte del Plan Rescate Ecuador, cuyo objetivo era reducir el hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad (CPL).

Decreto 355 (2022): Delitos menores
Dirigida a PPL sentenciadas por delitos como hurto, robo sin violencia, estafa y abuso de confianza, siempre que hubieran cumplido al menos el 40 % de su pena y no tuvieran antecedentes disciplinarios.

Decreto 816 (2023): Mujeres privadas de libertad
Enfocado en mujeres privadas de libertad que cumplían requisitos específicos relacionados con delitos menores y condiciones de salud graves.

Decreto 949 (2023): Diagnósticos médicos graves
Indultaba a PPL con diagnósticos médicos graves validados por el Ministerio de Salud Pública, como cáncer, insuficiencia renal crónica o malformaciones congénitas del corazón.

¿Qué sucederá con las personas que ya recibieron indultos presidenciales?

Entre las nuevas disposiciones, se ratificó que la derogatoria no tendrá efectos retroactivos. Por lo tanto, los PPL con sentencia condenatoria ejecutoriada que hayan sido beneficiadas por los decretos derogados mantendrán los indultos otorgados, siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos en esos decretos antes de la fecha de expedición del nuevo Decreto Ejecutivo 511.

Nuevas reglas y sanciones bajo el Decreto 511

El Decreto Ejecutivo 511 establece que, en futuros indultos presidenciales, el Presidente analizará cada solicitud de manera individualizada. Este proceso se enmarca en la Constitución y la normativa vigente, lo que garantiza un análisis específico y transparente en cada caso.

Además, el decreto determina que los servidores públicos que hayan facilitado la excarcelación de PPL sin cumplir con los requisitos y la temporalidad de los decretos mencionados serán responsables tanto administrativa como penalmente.

En uno de los considerandos del Decreto 511, se señala explícitamente que ninguna autoridad está facultada para conceder indultos presidenciales sin cumplir con los requisitos constitucionales. Asimismo, se prohíbe interpretar o aplicar extensivamente las condiciones establecidas en los decretos ejecutivos previamente emitidos.

IF

La entrada Noboa deroga 5 decretos de indultos presidenciales emitidos por Guillermo Lasso se publicó primero en La Calle.

El dictamen, emitido el 15 de diciembre, señala que la reforma incumple el principio de no regresividad de los derechos consagrado en la Carta Magna. Según el pleno de la Corte, la modificación planteada por el Ejecutivo afecta garantías fundamentales, contraviniendo los artículos 11 y 84 de la Carta Magna, que prohíben la restricción de derechos y las regresiones normativas.

“La exclusión de las personas privadas de libertad como grupo de atención prioritaria menoscaba sus derechos fundamentales y debilita las obligaciones estatales de garantizar su protección en contextos de vulnerabilidad”, indicó el documento.

Propuesta del Ejecutivo

La iniciativa fue presentada por el presidente Daniel Noboa el 6 de noviembre de 2024. Según el comunicado oficial de la Presidencia, el objetivo era garantizar un “sentido de justicia e igualdad” en la distribución de recursos y atenciones estatales.

No obstante, la Corte señaló que los cambios constitucionales no deben responder únicamente a consideraciones políticas o administrativas, sino a modificaciones estructurales que respeten la integralidad del sistema jurídico.

“El presidente debe observar los límites y requisitos establecidos por la Constitución, propiciando reformas que persigan un fin claro en lugar de plantear modificaciones aisladas”, exhortó el máximo organismo constitucional.

Críticas de derechos humanos

La propuesta generó preocupaciones en sectores legales y de derechos humanos, quienes calificaron la reforma como regresiva y contraria a los principios constitucionales e internacionales.

Actualmente, las PPL son consideradas un grupo de atención prioritaria debido a las condiciones críticas del sistema penitenciario ecuatoriano, caracterizado por el hacinamiento, la violencia y la falta de acceso a servicios básicos como alimentación, agua potable y atención médica.

El informe 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó las condiciones de las cárceles ecuatorianas como “crueles, inhumanas y degradantes”, señalando la ausencia de medidas efectivas por parte del Estado para abordar la violencia y garantizar la seguridad de los reclusos.

Entre 2018 y 2022, 591 personas fallecieron en el sistema penitenciario, de las cuales el 76% fueron víctimas de matanzas carcelarias, según datos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador.

Decisión de la Corte

En su resolución, la Corte Constitucional destacó que la exclusión de las PPL como grupo de atención prioritaria “debilita las obligaciones estatales de garantizar condiciones mínimas de vida y seguridad”. Además, subrayó que cualquier reforma que implique la restricción de derechos debe justificarse de manera rigurosa, conforme al principio de progresividad.

El dictamen concluyó que la reforma no puede tramitarse por la vía de reforma parcial contemplada en el artículo 442 de la Constitución y recordó que el Estado ecuatoriano tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que deben ser observadas en cualquier modificación normativa.

Con este fallo, la propuesta del Ejecutivo no podrá ser enviada a la Asamblea Nacional para su debate. En respuesta, sectores sociales han instado al Gobierno a priorizar soluciones integrales a la crisis penitenciaria en lugar de reducir derechos a los reclusos.

El Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre el dictamen, pero la decisión de la Corte pone en evidencia las tensiones entre las políticas del Ejecutivo y los principios de protección de derechos humanos establecidos en la Constitución ecuatoriana.

La entrada Corte Constitucional rechaza la eliminación de presos del grupo de atención prioritaria se publicó primero en La Calle.

El incidente se produjo en el área de medicina interna del hospital Monte Sinaí, donde el reo, quien cumplía una condena de 13 años por secuestro, estaba ingresado desde el 13 de octubre debido a un diagnóstico de tuberculosis. La noche del martes, un grupo de hombres armados habría ingresado al hospital y, tras intimidar a los guardias, facilitó la fuga de Maikol E. C, según un reporte de Ecuavisa.

De acuerdo al mismo medio, hay un guía penitenciario detenido en el marco de esta investigación. En su testimonio ante la Policía, el funcionario relató que cerca de las 16h00 recibió una llamada amenazante que le ordenaba abandonar el hospital o su vida y la de su familia estarían en peligro. Presionado por esta amenaza, el guía decidió retirarse sin reportar el incidente.

Historial judicial del fugado

El privado de la libertad registra un historial de cuatro procesos judiciales, relacionados con secuestro, robo y tráfico de drogas. La Policía de Guayaquil se encuentra en labores de búsqueda para localizar al reo, mientras avanzan las investigaciones sobre la fuga y el posible involucramiento de personal del centro penitenciario en el operativo de escape.

La entrada Un reo se echó a la fuga del Hospital Monte Sinaí se publicó primero en La Calle.

En 2018 existieron 15 asesinados; en 2019 fueron 30; en 2020, 51. Durante 2021, asesinaron a 348 ppl; 147 en 2022 y 89 en 2023. En estas muertes había un conocimiento previo, ya que los reos informaban a sus familiares de las masacres y el peligro de ser asesinados. La falta de reacción del Estado y la complicidad también agrava las cosas.

«Hasta la fecha, no existen protocolos de asistencia, acompañamiento y/o contención
emocional integral a las familiares que han recibido el cuerpo de su pariente fallecido en
prisión . De hecho, los procesos para brindar información han sido muy informales y
violentos. En la mayoría de casos, las familias han tenido que aportar con información al
Estado para la identificación de los cadáveres», dice parte de este informe. A ello se suma que las masacres mostraron actos de violencia extrema que evidencian las condiciones de vida para los PPL.

¿Qué pasa en 2024?

Con el ingreso de las Fuerzas Armadas a las cárceles del país, empezaron a evidenciarse actos que atentan contra los derechos de los PPL, entre los que se encuentran: la restricción de acceso a agua potable y alimentación desde el 15 de enero. También el decomiso de armas, ropa, elementos de higiene y objetos no prohibidos dentro de los centros carcelarios. Las familias indicaron que estaban incomunicados desde que inició la intervención de las FF.AA.

Otras prácticas que llegan a la tortura se habrían producido en el interior de los Centros de Reclusión: negación paulatina de alimentación, encierros en celdas con gas pimienta, toallas mojada con gas pimienta, golpes, azotes, entre otros actos que atentan la dignidad humana.

«En una visita realizada por el equipo del CDH el domingo 21 de enero y lunes 23 de enero del 2024 en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas N°1 (Penitenciaría del Litoral), se constató nuevamente la situación de tratos crueles, inhumanos y degradantes a los cuales fueron sometidas las familias de las personas privadas de
libertad debido a: falta de información, falta de espacios de contención emocional,
además la respuesta represiva de la fuerza policial», dice una parte de este documento.

Puede leerlo completo, aquí:

¿Qué sigue ahora?

El Comité de Familiares por la Justicia y el CDHGYE presentarán el informe al Comité contra la tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que revisarán el caso entre el 9 y 10 de julio, donde tendrán constancia del Informe de la sociedad civil y las organizaciones de DD.HH. como del Gobierno Nacional.

La entrada Entre 2018 a 2023, 680 PPL murieron en custodia del Estado se publicó primero en La Calle.

»Visitas, salud y alimentación», era el eco de una decena de personas a los exteriores de la Asamblea Nacional.

Activistas, madres, amigos, esposas y hermanos tenían desgarradores testimonios por contar. Ellos afirmaron que la condición de los centros penitenciarios en materia de derechos humanos empeoró desde que el primer mandatario ordenó que las Fuerzas Armadas (FF.AA) vigilen las cárceles de manera indefinida.

Desde varias provincias del país llegaron hasta la Comisión de Garantías Constitucionales a denunciar lo ocurrido. Tras una larga comparecencia, los legisladores de la mesa parlamentaria se comprometieron a llevar la investigación de los casos expuestos hasta las últimas instancias.

Las historias detrás de las rejas

El pasado 25 de junio, un ppl de la cárcel de Latacunga identificado como Argenis Peña falleció por un cuadro de inanición crónica, es decir, la forma más extrema de desnutrición. El cuerpo debería ser entregado a sus familiares, sin embargo, activistas indicaron con preocupación que entierran a los ppl en fosas comunes.

Para Gabriela Anangonó, esposa de un ppl, desde el 13 de enero el país vive una crisis carcelaria. Manifestó que en esa misma cárcel hay personas enfermas con tuberculosis, hepatitis, gastritis crónica y hasta mujeres embarazadas de tres y cuatro meses que no reciben la atención médica adecuada.

Asimismo, Odalys Cayambe, activista trans y expresidiaria, denunció que en la Penitenciaria del Litoral, 22 mujeres trans fueron mutiladas, y recibieron torturas con pinzas y corriente eléctrica. También indicó que hay migrantes que están desapareciendo de las cárceles y las autoridades no llevan su registro.

Mayra Carranza, quien tiene dos hijos privados de la libertad, denunció la falta de atención médica y malos tratos por parte de las FF.AA. Relató que durante su permanencia en la salida de Penitenciaría del Litoral evidenció que hay presidiarios que salen con problemas físicos.

Abuso de poder

Evelyn Herrera, esposa de un ppl, acudió desde Machala para denunciar lo que ocurre al interior del centro penitenciario del cantón. Además de la prohibición de visitas, señaló que existe maltrato por parte del personal militar ya que a los reos »les tiran la comida en la cara» y »les ponen gas».

Cade mes, los familiares envían útiles de aseo que no llegan a las manos de los ppl, ya que, a manera de tortura, los militares estarían desechando estos implementos.

Actualmente, existe el caso de dos jóvenes en agonía, uno por desnutrición y otro por el maltrato al que fue sometido al interior de la cárcel. La tuberculosis también es otra plaga que amenaza la salud de los presidiarios debido a que todos se alojan en una misma celda sin aislar a las personas que padecen esta enfermedad contagiosa.

Manuel Minga, desde la provincia de Napo, advirtió que durante un mes atendieron la alimentación de sus familiares. Expresó que teme por su vida e integridad física al denunciar lo que está sucediendo en las cárceles del país y la administración de justicia. Informó que en el caso de la cárcel de Archidona existen casos de malos tratos y daños en la salud de los PPL. (AGM).

La entrada Familiares de ppl denuncian graves torturas al interior de las cárceles se publicó primero en La Calle.

Agentes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) realizaban el traslado de tres PPL de la cárcel de El Inca hacia dicho hospital. «En la parte de emergencias los interceptaron tres individuos a la carcelera, quitan a un PPL y se dan a la fuga», dijo el coronel Patricio Gordillo, jefe del distrito La Delicia.

La Policía retornó a los dos PPL hacia el Centro de Reclusión. No se conoce el estado de la guía penitenciaria, quien recibió heridas de bala.

La entrada Fuga de un PPL tras balacera en el hospital Pablo Arturo Suárez se publicó primero en La Calle.

»El personal militar procedió a retirar e inhabilitar alrededor de 1.500 metros de cable UTP y cable coaxial, que eran utilizados por los PPLs», dijo el Ejército en su cuenta de X.

Desde el pasado 14 de enero, las fuerzas del orden público empezó a realizar operativos para retomar el orden en las cárceles. Según la institución se presume que las conexiones también eran utilizadas para la planificación de actividades ilícitas al interior del centro penitenciario.

De acuerdo a los datos del Censo Penitenciario realizado a finales del 2022, cerca de 6 mil presos declararon haber tenido acceso a un celular, mientras que 5.432 afirmaron tener acceso a internet, es decir, el 17 % de la población carcelaria. (AGM).

La entrada Militares cortaron conexiones de internet a reos de Machala se publicó primero en La Calle.

»¡Queremos saber cómo están nuestros familiares!», dijo el familiar de un ppl recluido en la cárcel de Machala.

Por otro lado, los parientes de los reos en la prisión de Cotopaxi señalaron que ya hay buses de traslado para expulsar a personas de Colombia y quizás de Venezuela. La vía está cerrada, sin acceso para las familias y no se les ha dado ninguna información.

»Ayer, sacaron al patio a hombre extranjeros para recabar información, según nos explican.
No hay presencia de DDHH según la gente que pudo acercarse hoy domingo por la mañana, para vigilar que se cumpla el debido proceso con estas personas. Y la gente fue desalojada», reportó el colectivo Corredores Migratorios.

Agregó que las madres y familias que migraron a Ecuador para apoyar a sus familiares en prisión están solas y sin información.

»Todo procedimiento administrativo que implique derechos y obligaciones debe respetar las garantías del debido proceso, inclusive en contextos de estado de excepción», respondió el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil.

La entrada Familiares de ppl en protesta por la situación carcelaria se publicó primero en La Calle.

Además, incautó 15 bombas molotov, nueve armas de fuego, 308 cartuchos, seis motocicletas y seis vehículos de los primeros operativos. La entidad del orden emitió este informe a través de su canal oficial en X.

Entre los 70 detenidos se encuentran 13 implicados en el atentado contra TC Televisión. Debido a los últimos acontecimientos, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto 111, con el que declaró conflicto armado interno y las bandas delictivas son objetivo militar.

Mientras que los servidores policiales fueron liberados la noche del 9 de enero, un día después de que antisociales invadieran una UPC. En este hecho, aprehendieron a 10 supuestos implicados.

La entrada 70 personas capturadas, tres policías liberados y 17 PPL recapturados, tras los disturbios en Ecuador se publicó primero en La Calle.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que se trató de siete presos de una cárcel de Portoviejo que «evadieron los protocolos de seguridad».

En coordinación con la Policía Nacional, la entidad desplegó personal para dar con la recaptura y logró la aprehensión de tres reos. Además, mantiene el patrullaje en distintos sectores de la ciudad de Portoviejo para dar con el paradero del resto. Finalmente, aseguró que se presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de evasión.

Noticia en desarrollo…

La entrada Tres de siete reos de una cárcel de Portoviejo han sido recapturados se publicó primero en La Calle.

»El miedo lo vamos a sembrar y el respeto lo vamos a cosechar», dice una de las paredes en los patios de la Penitenciaría del Litoral, el logo que antecede a esta frase pertenece al de la banda delictiva de Los Tiguerones.

Mientras el titular de la cartera de Estado promete una respuesta inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el SNAI no da mayores detalles respecto a la crisis carcelaria en el país y se limita a responder, solo mencionan que aún se están ejecutando los operativos de control.

Familiares de los PPL denunciaron la falta de información de la Secretaría respecto a esta situación. De igual manera, se desconoce el estado de los demás centros penitenciarios en donde iniciaron huelgas de hambre.

Enfrentamientos en »La Peni»

Este 25 de julio ya se cumplen tres días de enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral. El mismo ministro del Interior confirmó que al interior de la cárcel se percibe un mal olor por los cuerpos en descomposición.

Según los últimos datos del SNAI se mantiene como cifra oficial la de los seis reos asesinados y 11 heridos. Además, varios guardias de seguridad siguen retenidos tras los disturbios en diferentes centros penitenciarios del país.

Aparentemente la noche del sábado 22 de julio todo estaba bajo control. Sin embargo, la madrugada del domingo 23 y la mañana del 24 de julio los familiares de los reclusos denunciaron una realidad diferente. (A.G.M).

La entrada Zapata dice todo está bajo control con 100 guardias retenidos en las cárceles se publicó primero en La Calle.

La entidad aseguró que los motines se deberían a la ruptura de la «alianza» delictiva entre los grupos delictivos «Los Tiguerones» y «Los Lobos». Al parecer las requisas que el presidente Guillermo Lasso comenta diariamente no es una alternativa de control en los CPL. En el decreto 823, las autoridades mencionan que los internos poseen armas de tipo militar lo que dificulta «el accionar de los agentes penitenciarios y la Policía Nacional».

La cartera de Estado indicó que otras PPL se unieron a los disturbios desde otros centros para «ganar privilegios penitenciarios». Señalaron que desde el CPL de Guayas se envían órdenes a las cárceles de Cotopaxi, Loja, El Oro, Pichincha, Cañar, Chimborazo, Tungurahua.

Entre los desfases

Mientras el presidente Guillermo Lasso y las autoridades de su gabinete mencionan que el establecimiento en los mantiene en control, el SNAI reportó que en los reclusorios se encuentran 31.189 centros a nivel nacional, lo que reporta un hacimiento del 3,80 %, pues su capacidad es de 30, 169 %.

Además, resaltaron la capacidad de equiparse de las PPL, pues tienen armamento tipo militar en como fusiles de alto calibre y explosivos.

«Todo eso sobrepasa la la capacidad de los Agentes del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria e incluso del personal policial asignado al servicio de Contingencia Penitenciaria», reza el comunicado.

Aclaración: La fotografía utilizada en esta es referencial.

La entrada Ruptura de alianza entre «Lobos y «Tiguerones» desató los disturbios se publicó primero en La Calle.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron armas, celulares, herramientas, drogas, licor, routers y equipos tecnológicos.

En la requisa participaron 500 militares, 140 efectivos de la Policía Nacional y 37 servidores del Grupo Especial de Seguridad en Situación de Crisis (Gessic) del SNAI.

«Como parte de la Transformación Penitenciaria en el CPL Los Ríos N°2, se ejecutó operativo de planificación para fortalecer la seguridad de los centros de privación de libertad», publicó la entidad a cargo del sistema carcelario en su Twitter.

Operativo en las cárceles

El 10 de junio, un total de 124 personas privadas de libertad (PPL) de la Cárcel de Esmeraldas fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios del país.

El SNAI informó que las acciones formaron parte de operativos desplegados por la seguridad de los recintos carcelarios con el objetivo de prevenir hechos violentos y cuidar la integridad de los presos.

De igual manera, otro grupo de 64 reos fueron desplazados desde la Cárcel de El Inca, en Quito, a diferentes centros. El SNAI aclaró que por motivos de seguridad no se puede revelar a qué cárceles fueron enviados los presos.

La entrada Decomisan armas, drogas y equipos tecnológicos de la Cárcel de Los Ríos se publicó primero en La Calle.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) informó que las acciones forman parte de operativos desplegados por la seguridad de los recintos carcelarios con el objetivo de prevenir hechos violentos y cuidar la integridad de los presos.

De igual manera, otro grupo de 64 reos fueron desplazados desde la Cárcel de El Inca, en Quito, a diferentes centros. El SNAI aclaró que por motivos de seguridad no se puede revelar a qué cárceles fueron enviados los presos.

Los operativos estuvieron a cargo del Grupo Élite de Acción Penitenciaria (GEAP) y miembros de la Policía Nacional en estricto apego a los derechos humanos.

La entrada Más de 100 presos fueron trasladados de la Cárcel de Esmeraldas se publicó primero en La Calle.

El SNAI confirmó que ocurren incidentes y que los guías penitenciarios han activado los protocolos de seguridad para controlar la situación. Se desconoce si se trata de repercusiones por el asesinato de Junior Roldán, alias ‘JR’, exlíder de «Los Choneros».

Las autoridades activaron las alertas en las cárceles desde que se conoció la muerte de ‘JR’, el sábado 6 de mayo en el departamento de Antioquia, en Colombia. Según explicó el ministro del Interior, Juan Zapata, cuando el líder o cabecilla de una banda delictiva muere «viene la disputa de quién quiere tomar su lugar, y esto provoca actos violentos».

Hasta el cierre de esta nota no se reportan presos fallecidos o heridos, tampoco se conoce qué pabellones se están enfrentando o cuántos son los reos rebeldes.

Actualización 19:26

El SNAI informó que logró controlar oportunamente los incidentes en el centro penitenciario. Los carcelarios, policías y militares sometieron a los PPL sin que se registraran muertos o heridos.

Video: Noticias al Instante

La muerte de ‘JR’

El Ministerio del Interior confirmó que el cadáver encontrado en Colombia, de acuerdo a las pruebas dactilares, pertenece a alias JR.

“El día sábado 6 de mayo en una zona rural denominada vereda El Mango en el municipio de Fredonia, departamento de Antioquia, Colombia se reportó una persona fallecida que sería de origen ecuatoriano. […] Se remitieron a través de Interpol a la Fiscalía de Colombia, las fichas que permitían identificar a la persona fallecida”, dijo el ministro Juan Zapata.

El experto en Seguridad Jean Paul Pinto descartó que la muerte de Junior Roldán haya sido por un conflicto entre organizaciones criminales.

Según Pinto, el disparo que recibió Roldán, posiblemente, salió de un miembro de su mismo entorno, pues el occiso se movilizaba con su escuadrón de seguridad. Además, comentó que este escenario respondería al conflicto interno en la organización por tratar de cambiar de líder.

“Seguramente fue alguien de la misma organización en Colombia o México. Lo más probable es que su anillo de seguridad lo victimó”, refirió para Noti Mundo.

El experto mencionó que si el atentado hubiese venido de otro rival la muerte se hubiese hecho pública de distintas maneras. Es decir, las fotografías y videos se hubiesen hecho públicas en redes sociales.

De la misma manera, indicó que es poco probable que incrementen los niveles de violencia en los reclusorios de Ecuador, pues al no ser un problema entre bandas no existiría un ajuste de cuentas.

La entrada Balacera en «La Peni»: ¿repercusiones por la muerte de ‘JR’? se publicó primero en La Calle.

Los carcelarios hallaron el cuerpo cuando realizaban la revisión diaria a los pabellones del reclusorio. Las autoridades del centro penitenciario levantaron el cadáver e iniciaron con las investigaciones del caso. (N.J.C)

Noticia en desarrollo…

La entrada Hallan un preso muerto en la Cárcel de El Inca, en Quito se publicó primero en La Calle.

«El SNAI, en coordinación con Policía Nacional, activó protocolos de búsqueda y recaptura de la PPL Jesús Z., la cual evadió los filtros de seguridad en el CPL Cotopaxi N°1″, confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.

Por ahora, no se han otorgado más detalles respecto.

Noticia en desarrollo

JR

La entrada Persona privada de libertada logró fugarse de la Cárcel de Cotopaxi, confirma SNAI se publicó primero en La Calle.

La mañana del 12 abril agentes penitenciarios encontraron los cuerpos sin vida de los reos. Según información extraoficial, pertenecían al pabellón cinco y fueron asesinados por no pagar una cuota.

Se presume que el pabellón donde fueron asesinados los reos está bajo el control de la banda delictiva Los Águilas. Al lugar acudieron agentes de criminalística, la Policía Nacional y el SNAI.

Noticia en desarrollo…

La entrada Seis reos colgados en la Penitenciaría del Litoral se publicó primero en La Calle.

Según información preliminar, los internos del centro fueron quienes alertaron de la presencia de un cuerpo colgado en el pabellón B6, en horas de la madrugada.

Miembros de la Dinased sugieren que el occiso se suicidó, pues encontraron un taburete de madera debajo del cuerpo. El mismo fue trasladado al centro forense de Esmeraldas.

Dos casos similares se registraron en enero

El pasado 23 de enero dos PPL: Wilson H. (35 años, detenido por narcotráfico) y José Y. (43 años, quien cumplía condena por asesinato), murieron en circunstacias idénticas. Ambos cuerpos fueron hallados colgados en este centro penitenciario.

Alertas en Turi

La tarde de este 28 de febrero se registró la alerta de un amotinamiento en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Turi. Ante la tentativa, unidades especiales de la Polícia Nacional y militares. Minutos despúes se confirmó que se trató de una falsa alarma.

Según William Egas, jefe de la Subzona Azuay, a las 16h30 se registró el fallecimiento de una interna. Según dijo, el deceso ocurrió por causas naturales. Esta fue la única novedad registrada en dicho centro.

A partir de las 17h00 el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), confirmó que al final no se registró alerta de amotinamiento. No obstante, informaron que un grupo de internos presentó peticiones que van a ser analizadas.

JR

La entrada Terror en cárceles: dos PPL mueren en Esmeraldas y Azuay, respectivamente se publicó primero en La Calle.