Quito, 28 julio (La Calle).- Desde 2017, la calidad de los servicios públicos en Ecuador ha ido en declive. El despido masivo de funcionarios y la eliminación progresiva de instituciones han reducido la capacidad operativa del Estado, afectando directamente a la ciudadanía. Esta tendencia, marcada por las decisiones de los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, ha coincidido con el fortalecimiento de los vínculos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que impone exigencias de ajuste estructural a cambio de préstamos millonarios.

REDUCCIÓN DEL ESTADO IMPACTA EN LA VIDA DIARIA

Los efectos de los recortes estatales ya se sienten en todo el país. En el Registro Civil, la falta de turnos para cédulas y pasaportes genera malestar ciudadano, mientras que hospitales públicos enfrentan escasez de medicamentos e insumos básicos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la percepción de la calidad del servicio público cayó de 6,9 puntos en 2014 a 6,4 en diciembre de 2024, con una tendencia a la baja desde el gobierno de Lenín Moreno.

DE 130 A 101 INSTITUCIONES EN 8 AÑOS

Tras la salida de Rafael Correa en 2017, que dejó 130 instituciones activas, Moreno eliminó 29 entidades y recortó más de 67.000 cargos bajo su “plan de optimización”. Lasso continuó esta política, y ahora Noboa profundiza el recorte: desde el 24 de julio de 2025 inició el despido de 5.000 funcionarios públicos y anunció la fusión de ministerios, reduciendo de 20 a 14 carteras y de nueve a solo tres secretarías. Esta medida representa una disminución del 41% en el tamaño del gabinete ministerial.

LEA TAMBIÉN: Fusiones ministeriales de Noboa: ¿Quién sobra cuando todo se recorta?

FMI MARCA LA HOJA DE RUTA

La influencia del FMI ha sido determinante en este proceso. Desde 2020, Ecuador firmó múltiples acuerdos con el organismo internacional. El más reciente, firmado el 31 de mayo de 2024, por USD 4.000 millones y ampliado a USD 5.000 millones en julio de 2025, exige una reducción constante del gasto público, incluidos sueldos, inversión y funcionamiento estatal. Noboa, al igual que sus antecesores, ha alineado su política económica con los lineamientos del Fondo, priorizando la “racionalización del gasto” sobre la calidad de vida de la población.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1949092338602778740

UNA EFICIENCIA QUE EXCLUYE

Mientras el Gobierno central cumple con los indicadores de eficiencia impuestos por organismos multilaterales, miles de ecuatorianos enfrentan un Estado cada vez más ausente. La reducción del gasto y la eliminación de instituciones no solo debilitan la estructura pública, sino que agudizan la crisis social en sectores vulnerables. La pregunta que queda es: ¿quién se beneficia de esta eficiencia si los servicios básicos siguen deteriorándose?

La entrada Ecuador, más cerca del FMI que de su gente se publicó primero en La Calle.

Ecuador, en la lista negra laboral mundial

Esta clasificación forma parte de un listado anual que evalúa a 151 países según 97 indicadores sobre violaciones a los derechos de los trabajadores. El resultado para Ecuador fue contundente: una puntuación de 5 (la peor calificación posible), lo que significa que no se garantizan los derechos laborales básicos. En la lista negra de 2025, Ecuador comparte deshonor con países como Egipto, Esuatini, Filipinas, Myanmar, Nigeria, Túnez y Turquía, todos señalados por un grave incumplimiento de las libertades sindicales y condiciones laborales mínimas.

Un informe que revela la crisis de derechos laborales

El informe de la CSI, conocido como Índice Global de los Derechos, califica el cumplimiento de derechos laborales colectivos como la libertad de asociación, la negociación colectiva y la huelga. Ecuador ha venido apareciendo recurrentemente en los últimos años entre los peores puestos de este índice, evidencia de un retroceso sistemático en materia laboral.

“Si este ritmo de deterioro continúa, de aquí a diez años no quedará ni un solo país con la calificación máxima en respeto a los derechos de los trabajadores. Estamos ante un escándalo mundial”, advirtió Luc Triangle, secretario general de la CSI, al presentar el informe.

La radiografía global es preocupante, pero la situación ecuatoriana destaca negativamente incluso en la región: América obtuvo en 2025 su peor promedio histórico (3,68/5), siendo la región más peligrosa del mundo para los sindicalistas –con 16 asesinatos documentados en el último año–, y aun así Ecuador logró estar por debajo del ya crítico promedio regional.

El Índice Global de Derechos 2025 se anunció durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, y expone con datos la realidad que las y los trabajadores ecuatorianos vienen denunciando: un clima generalizado de violaciones a sus derechos.

El estudio documenta casi 90% de países a nivel mundial que vulneran el derecho de huelga, y cerca del 80% que niegan la negociación colectiva. Ecuador, al figurar entre los peores, refleja una combinación letal de factores internos que explican este pésimo desempeño.

A continuación, examinamos esas causas: el debilitamiento deliberado de los derechos laborales vía reformas regresivas, la represión al movimiento sindical y el auge de la informalidad y precarización del trabajo.

Reformas regresivas y debilitamiento de derechos de los trabajadores

Detrás de la mala calificación de Ecuador subyace un marco jurídico cada vez más restrictivo para los trabajadores. La CSI advierte que en el país los empleadores pueden interferir libre e impunemente en la formación de sindicatos, aprovechando leyes y prácticas que obstaculizan la organización laboral. Las autoridades rechazan sistemáticamente las solicitudes de registro de nuevos sindicatos, tanto en el sector público como en el privado, sin justificación legal.

Esta política de Estado, sumada a cambios normativos regresivos, ha ido minando los derechos conquistados tras décadas de lucha obrera.

Un ejemplo claro fue la propuesta de “Ley Creando Oportunidades” impulsada por el gobierno de Guillermo Lasso en 2021. Bajo el argumento de modernizar el mercado laboral y generar empleo, el proyecto planteaba medidas polémicas: ampliar el período de prueba de 3 a 5 meses, instaurar la “recuperación” de horas no trabajadas y hasta exigir una indemnización del trabajador al empleador en ciertos casos de ruptura contractual.

Los sindicatos rechazaron enérgicamente esta visión. “Esto representa una regresión total a los derechos, el trabajo debe darse en condiciones dignas y con un sueldo justo”, denunció Ángel Sánchez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), al evaluar dicha propuesta. La iniciativa finalmente no prosperó en la Asamblea Nacional por su evidente contradicción con principios constitucionales, pero marcó la pauta de las intenciones gubernamentales.

Otra arista fue la llamada Ley Humanitaria aprobada en 2020 durante la pandemia, que permitió reducciones de jornada laboral de hasta 50% con la consecuente merma salarial.

Aunque se justificó como medida de emergencia, organizaciones laborales la tildaron de “ley antiobrera” que institucionalizó la precarización bajo la excusa de la crisis sanitaria.

Asimismo, en 2023 el gobierno intentó mediante referéndum introducir el contrato por horas como modalidad general. El FUT y otras centrales sindicales calificaron esa pregunta de consulta popular como “regresiva y atentatoria a los derechos”, alertando que legalizar el trabajo por horas abriría la puerta a la explotación y la inestabilidad crónica.

La ciudadanía finalmente rechazó esa propuesta en las urnas, reflejando un amplio rechazo social a la flexibilización extrema del Código de Trabajo.

Estas reformas (tanto las consumadas como las intentadas) han tenido un efecto tangible: la pérdida de protección para el trabajador común. Hoy es más fácil despedir sin consecuencias, contratar bajo figuras temporales o tercerizadas, y desconocer contratos colectivos.

Todo ello erosiona el poder de negociación de los empleados y desequilibra a favor del capital, como han señalado analistas laborales. No es casualidad, remarcan los sindicatos, que Ecuador esté en la lista negra: cuando las leyes retroceden, los abusos avanzan.

Represión sindical y criminalización de la protesta de los trabajadores

El otro gran factor que explica la pésima clasificación de Ecuador es la represión sistemática al movimiento sindical y social. El propio informe internacional lo destaca: en Ecuador existe un “clima antisindical generalizado y peligroso”, donde los trabajadores que intentan formar o unirse a un sindicato se enfrentan a amenazas de muerte y despidos.

La CSI documentó casos estremecedores: en una empresa procesadora de palma africana, los empleados recibieron amenazas de muerte por el solo hecho de querer sindicalizarse, mientras que en una entidad pública 26 trabajadores fueron despedidos tras intentar crear un sindicato. Estas prácticas antisindicales buscan infundir miedo y desactivar cualquier reclamo colectivo, violando flagrantemente convenios internacionales suscritos por el Ecuador.

La situación se agrava cuando las y los trabajadores deciden salir a las calles a protestar por sus derechos. El informe de la CSI recuerda lo ocurrido en junio de 2022, durante el Paro Nacional convocado por organizaciones indígenas, sindicales y sociales contra las políticas económicas del gobierno.

“El Gobierno reprimió brutalmente las protestas masivas en favor de la democracia y los derechos colectivos… Las fuerzas policiales actuaron con violencia desmedida contra los manifestantes, deteniendo, hiriendo e incluso matando a muchas personas”, denuncia el reporte.

Aquella jornada dejó un saldo trágico de al menos siete fallecidos y decenas de heridos, además de una oleada de detenciones arbitrarias y procesos judiciales contra dirigentes sociales, según documentó Amnistía Internacional. Esta respuesta estatal punitiva envía un mensaje escalofriante a la clase trabajadora: alzar la voz puede costar caro.

Los líderes sindicales de los trabajadores señalan que la persecución no terminó allí.

José Villavicencio, presidente del FUT, ha denunciado recientemente una cacería de brujas contra dirigentes sindicales en distintos sectores. “Hay persecución de dirigentes que denuncian la incapacidad del Gobierno… Vemos empleadores públicos y privados desatando represalias, buscando despedir o enjuiciar a quienes defienden los derechos laborales”, afirmó Villavicencio en septiembre de 2024.

La presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), Marcela Arellano, respaldó esas declaraciones y rechazó la “persecución desatada por empleadores” contra activistas laborales, solidarizándose con sindicalistas sancionados en empresas eléctricas y del sector petrolero.

En la práctica, esto significa que un trabajador en Ecuador no solo enfrenta obstáculos legales para organizarse, sino que arriesga su sustento, su libertad e incluso su vida al exigir condiciones dignas.

La criminalización de la protesta también ha tenido un efecto amedrentador en la base trabajadora. Tras las movilizaciones de 2022, muchos empleados públicos fueron advertidos de no participar en huelgas bajo amenaza de despido. Se han registrado casos de maestros y personal de salud sumariados o separados de sus cargos por apoyar paros y reclamos gremiales.

Todo esto configura un entorno hostil para la acción sindical, donde el derecho a huelga –garantizado en la Constitución– queda en papel mojado. No sorprende, entonces, que la CSI catalogue a Ecuador entre los peores del mundo: un país donde protestar por mejores salarios o condiciones puede terminar en represión violenta o despidos masivos.

Auge de la informalidad y trabajo precario

A la par del retroceso en derechos formales, Ecuador enfrenta una explosión de la informalidad y la precarización laboral. Los propios datos oficiales confirman la magnitud del problema. Al cierre de 2024, solo 4 de cada 10 ecuatorianos tenía un empleo formal, con plenos derechos, mientras que el 58% de los trabajadores estaba en la informalidad.

Se trata del nivel de informalidad más alto de los últimos años, indicador de que más personas deben sobrevivir sin contrato, sin estabilidad y sin protección social. La tendencia se ha agravado: el empleo formal disminuyó de 41,8% a 38,4% entre enero de 2022 y diciembre de 2024, mientras la informalidad saltó de 53,1% a 58% en ese período. En otras palabras, en lugar de avanzar hacia trabajos decentes, Ecuador está retrocediendo hacia la precariedad generalizada.

Detrás de las cifras de trabajadores hay rostros humanos.

Significa que millones de ecuatorianos trabajan en la calle, en la venta ambulante, en la economía gig o en empleos temporales sin ninguna garantía. El Frente Unitario de Trabajadores estima que más de 6,5 millones de personas en el país se hallan en situación de desocupación, subempleo o trabajo precario, una proporción escandalosa en una fuerza laboral total que ronda los 8 millones.

Especialmente cruda es la realidad de los jóvenes, mujeres y poblaciones rurales, quienes sufren tasas aún mayores de empleo informal. En zonas rurales la informalidad supera el 77%, reflejando décadas de abandono y falta de oportunidades.

Esta precarización del trabajo no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de políticas económicas y laborales que han desprotegido al trabajador. Con la flexibilización de contratos y la ausencia de controles, muchas empresas optan por figuras informales o por tercerizar responsabilidades laborales. Al mismo tiempo, la falta de empleo adecuado fuerza a la gente a aceptar condiciones indignas por necesidad.

“El Ministerio de Trabajo se ha convertido en cómplice de la política antiobrera, de una explotación moderna”, acusó José Villavicencio, señalando que el propio gobierno reconoce que subempleo e informalidad han trepado del 70% al 78% de la fuerza laboral en el último año.

Esto implica que casi 8 de cada 10 trabajadores en Ecuador no encuentran un empleo pleno, ya sea porque están desempleados, subempleados o en la economía informal. La dignidad del trabajo, pilar del desarrollo social, se ve socavada por esta realidad.

“Basta ya”: clamor sindical y social por un cambio de rumbo

El sombrío panorama que pinta el informe internacional ha resonado con fuerza entre sindicatos y organizaciones sociales ecuatorianas. Lejos de sorprenderse, muchos lo ven como la confirmación de denuncias que llevan años realizando. En redes sociales y medios locales se multiplicaron las reacciones. “Ecuador es el tercer peor país para los trabajadores” publicó un medio en X (antes Twitter), difundiendo la lista de la CSI y subrayando las “leyes regresivas y violencia policial contra huelguistas” detrás de esta calificación.

La etiqueta #DerechosLaborales estuvo presente en decenas de publicaciones que exigían atención urgente a la crisis laboral nacional.

Para los dirigentes obreros, este informe debe servir como llamada de atención contundente. Mesías Tatamuez (antes de su reciente fallecimiento en 2024), junto a otros históricos líderes sindicales, venía advirtiendo que las políticas neoliberales y los pactos con el FMI estaban “eliminando derechos sociales y laborales” y empujando al país a un colapso en estándares laborales.

Las centrales sindicales –FUT, CEOSL, CEDOCUT, UGTE, entre otras– han ratificado un frente unido para frenar cualquier nueva regresión. “No aceptaremos más precarización ni abusos. Este informe de la CSI confirma lo que vivimos día a día los trabajadores ecuatorianos”, declaró públicamente el dirigente Villavicencio, convocando a la unidad y la movilización.

De hecho, el FUT llamó a manifestaciones frente al Ministerio de Trabajo en Quito, exigiendo respuestas al gobierno de turno y el cese de la persecución a dirigentes sindicales.

El objetivo de estas voces críticas es generar conciencia en la ciudadanía y presión sobre las autoridades. Insisten en que el modelo económico debe ponerse al servicio del ser humano y no al revés. Eso implica, por ejemplo, derogar las normativas regresivas, reforzar la inspección laboral para evitar abusos, garantizar el libre derecho a sindicalización y destinar inversión a la creación de empleo digno. Organismos internacionales como la OIT han instado a Ecuador a cumplir sus compromisos en materia de derechos laborales, pero la voluntad política interna es crucial.

En última instancia, la lucha por los derechos de las y los trabajadores es una lucha por la justicia social y la dignidad humana. Cada contrato estable ganado, cada sindicato que logra inscribirse, cada jornada de protesta que evita un recorte de derechos, es un paso hacia un Ecuador más justo.

El informe que hoy nos sonroja ante el mundo puede convertirse en una hoja de ruta de lo que debe cambiar. Desde una mirada crítica, social y profundamente humana, la consigna es clara: no hay desarrollo posible con trabajadores explotados y silenciados.

Ecuador enfrenta el reto impostergable de reconstruir su tejido laboral con respeto, equidad y esperanza, para que nunca más sea considerado uno de los peores lugares del planeta para quienes viven de su trabajo.

La entrada Ecuador, la alarma mundial de los derechos laborales: entre los peores países para los trabajadores por precariedad y represión se publicó primero en La Calle.

El documento expone que entre septiembre del 2019 y el mismo período del 2020, el empleo adecuado cayó 24 puntos porcentuales. Es decir, casi 800 mil personas perdieron los derechos laborales mínimos y la calidad de su empleo se deterioró.

El informe sostiene que no es cierto que el empresariado, con las ventajas inconstitucionales otorgadas por esta Ley, protegió el empleo formal. Señala que, al contrario, solo mermaron las condiciones laborales.

Otro efecto, fue la flexibilización de las condiciones para la terminación de contratos. Según el estudio, entre diciembre del 2019 y septiembre del 2020, casi 200 mil personas cayeron en el desempleo. Esto significó el incremento del 27% de la población desempleada.

De igual forma, entre diciembre del 2019 y septiembre del 2020, medio millón de personas entraron en el subempleo; que creció en 28% a nivel nacional, 42% en el área urbana y 4% en el área rural.

La investigación subraya que el aumento del subempleo no se correlaciona con la reducción del sector informal de la economía. Al contrario, la informalidad creció a la par del subempleo.

En conclusión, el informe sostiene que la calidad del trabajo se ha visto perjudicada por la Ley de Apoyo Humanitario. El incremento de personas en condiciones de precariedad laboral y desempleo es innegable.

También destaca que las mujeres son las más afectadas por la pérdida de empleos adecuados. Además, señala que se han visto forzadas a buscar trabajo, aún en condiciones de precariedad e informalidad, para compensar la caída de ingresos en sus hogares.

La entrada Ley de Apoyo Humanitario: la normativa que provocó desempleo y precarización se publicó primero en La Calle.