El acto fue convocado como sesión extraordinaria del Consejo Provincial, por parte de la viceprefecta del Guayas, Susana González. Ante la dignataria llegó la denuncia en contra de Morales.

En los próximos 10 días, la Comisión de Mesa convocará al prefecto Morales para que presente sus pruebas de descargo en torno a la denuncia. Así lo indica el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Posteriormente, la Comisión de Mesa tendrá cinco días para elaborar el informe. A partir de allí, podrán convocar a la sesión del Consejo Provincial. La misma deberá contar con al menos 18 del total de sus miembros.

El prefecto tendrá tres días para pedir una revisión al pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El TCE tendrá hasta 10 días para decidir sobre la destitución del prefecto.

La denuncia en contra de Morales inició una vez conocida su supuesta participación en el presunto delito de tráfico de influencias y peculado en la compra de insumos médicos. La Fiscalía General del Estado investiga esta y otras causas irregulares cometidas durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

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Por el contrario, Ordeñada dispuso la aplicación de medidas alternativas como la presentación periódica, prohibición de salir del país y uso de grillete electrónico. La decisión causó indignación en la ciudadanía y las autoridades de justicia.

La FGE investiga al Prefecto por el presunto delito de tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Esta actuación se identificaría como una conducta antijurídica que podría devenir en una presunta infracción disciplinaria establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Según la fiscal general Diana Salazar, en entrevista con varios medios de comunicación nacionales, el prefecto Morales intentaba escapar de la justicia. Explicó que al momento de allanar su vivienda, el Prefecto no se encontraba en la misma y, por el contrario, al abandonar su casa, dejó sus celulares para no ser rastreado.

No es el único sumario abierto el 5 de junio

La tarde del 5 de junio, la jueza de Garantías Penitenciarias de Latacunga, Alzira Beatriz Benítez Telles concedió la prelibertad a favor de Jorge Luis Zambrano González, alias «Rasquiña» y líder de la banda de «Los Choneros». El mencionado tenía una sentencia condenatoria de 20 años de privación de libertad por asesinato. Tan solo cumplió seis años en prisión.

Por este accionar, el CJ también inició un sumario administrativo en contra de Benítez Telles.

Otro sumario disciplinario enfrentan los jueces Ordeñana, Gabriel Jama y Martha Sánchez por un retardo de aproximadamente siete meses en la emisión de la sentencia escrita en un proceso de garantías jurisdiccionales.

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