«Jorge G., prefecto de Cotopaxi, es detenido con fines investigativos por presunta delincuencia organizada en el operativo Depuración 1, que lidera Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional», escribió la institución en un tuit.

La detención del prefecto se realizó en su domicilio durante la madrugada del 28 de julio. Además, la Fiscalía indicó que se detuvieron, por el momento, a 9 personas (funcionarios públicos y contratistas) en el operativo Depuración 1.

También se allanaron las instalaciones de la Prefectura del Cotopaxi en busca de más indicios para la investigación.

¿Qué dicen desde el Gobierno?

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez reaccionó a esta detención. Expresó que el Gobierno «es enérgico en la lucha contra la corrupción»:

«El Gobierno del presidente Guillermo Lasso ha sido enérgico en la lucha contra la corrupción. El caso del prefecto de Cotopaxi levanta una alerta y un llamado a la Justicia para no dejar estos hechos en la impunidad. Los cargos públicos deben ser honrados», dijo el ministro en su cuenta de Twitter.

La entrada Fiscalía detiene al prefecto de Cotopaxi se publicó primero en La Calle.

“El juez cae en dos tipos penales. El primero es el prevaricato no por la acción de protección sino por la decisión de destituir al prefecto, también habría una sanción por incumplimiento de acciones de la autoridad competente. Según el artículo 83 numeral 1 es responsabilidad de los ecuatorianos acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente”, indicó el abogado a Radio La Calle.

En esta caso, el juez comete un grave error al tomar esta decisión. De acuerdo con el artículo 436 numeral 9 de la Constitución es atribución de la Corte Constitucional “Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales”.

Falta de pago

El juez se extralimita al proceder con la decisión de sancionar con la destitución, so pretexto de un supuesto incumplimiento por parte de la prefectura. La acción de protección ordena la restitución de los derechos, la suspensión de la terminación unilateral del contrato y se ordena que la prefectura cumpla con los pagos pendientes que es responsabilidad del prefecto”.

De acuerdo con el jurista hay un incumplimiento más bien del gobierno nacional que no efectúa los pagos a los gobiernos autónomos descentralizados. Entre ellos el Gobierno Provincial de Manabí.

“El Gobierno genera un problema por no entregar los recursos para el financiamiento, desde ese momento la Prefectura empieza a fallar en los pagos, luego el contratista reclama ante juez competente y este, en un acto equivocado, decide la destitución contra Orlando”, explica Aguilar.

La entrada El Gobierno no entrega recursos, el Prefecto de Manabí se retrasa en los pagos y…lo destituyen se publicó primero en La Calle.