Hubo tres pronunciamientos durante la mañana de este lunes 6 de noviembre. El Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) realizaron ruedas de prensa para expresar su malestar por la medida del régimen.

La prefecta de Pichincha y presidenta del Congope, Paola Pabón, mantuvo una reunión con sus homólogos de las provincias para tomar acciones ante la suspensión de entrega de asignaciones y la «deuda histórica» del Gobierno Central.

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, indicó que la deuda asciende a los USD 563 millones. «No pedimos nada extra, lo único que pedimos es que cumpla el Ministro de Finanzas», refirió.

El presidente nacional de Congaropare, Pabel Cantos, anticipó que los integrantes de las juntas parroquiales se movilizarán de manera pacífica el día miércoles 8 de noviembre de 2023.

Deudas a los municipios

El alcalde de Nabón y presidente de AME, Patricio Maldonado, señaló que no han obtenido una respuesta satisfactoria del régimen y que los recursos no han llegado a los municipios.

La Asociación advierte que los acuerdos ministeriales 027 y 062 del Gobierno lesionan los recursos con un recorte del 6.63 % del presupuesto de GAD’s municipales. Las medidas equivalen un golpe de USD 147.76 millones de valores pendientes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Maldonado precisó que el Gobierno Central adeuda USD 511.92 millones a los diferentes municipios por diferentes rubros, solo al cabildo quiteño le debe USD 200 millones. Los montos a cancelar se dividen así:

• USD 5.5 millones por la Ley 047
• USD 392 millones por el Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico desde 2019 a 2023
• USD 27 millones (aproximadamente) por devolución de IVA desde las resoluciones de julio de 2023
• USD 62.8 millones por la Ley Orgánica de Servicios Públicos y Energía Eléctrica
• USD 24.3 millones por fondos Fingad

Tras la reunión, los alcaldes y simpatizantes ase volcaron a las calles de Quito hacia el ministerio del ramo, ubicado en la Plataforma Financiera al norte de la capital.

Marcha en el Guayas

Por otro lado, en Guayaquil se produjo una marcha encabezada por la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, en compañía de varios alcaldes de la provincia. Las autoridades y manifestantes presentes exigían al régimen que desiste en su decisión de reducir las asignaciones.

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“Entramos como salimos. Exactamente igual. El Gobierno reconoció que el tema seguridad le compete a él. Reconoció que nuestra única función como alcaldes y prefectos es coordinar con la Policía Nacional. Dije que, hemos ido más allá de eso porque nuestro gobierno ha dado recursos a la Policía y que a los demás alcaldes y prefectos, incluyendo mi ciudad, se les debe las rentas y el IVA. Hablaron pocos alcaldes, Esmeraldas, Quito, Guayaquil, AME. Después el presidente y las autoridades. Terminó diciendo que el problema es el narcotráfico y el crimen organizado y que le competía a él y que iba a comprar carros blindados, helicópteros, aviones, etc”, dijo Viteri a modo de resumen.

Durante la reunión, que fue a puerta cerrada, Viteri sostuvo un pequeño cartel que indicaba la deuda que el Gobierno central sostiene con la municipalidad de Guayaquil. “USD 60 millones le debe a Guayaquil.

Por otra parte, la prefecta Pabón dijo que no hubo ningún plan para la seguridad. “Después de tres horas y media. Lamentablemente no hubo ningún resultado en concreto. Se nos convocó para hablar de un plan, nunca se nos presentó. En la reunión escuchamos varios discursos de los ministros y el presidente de la República”.

La funcionaria agregó que el Ejecutivo responsabilizó a los gobiernos anteriores del problema. “No pudimos conocer una sola cifra, inversión, ni las medidas inmediatas que tomará el Gobierno Nacional. Fue el discurso de la mano extendida, el problema de la seguridad es de todas y todos”.

Roces entre Ejecutivo y Viteri

La alcaldesa de Guayaquil llegó a la reunión con una caravana de camionetas de la seguridad municipal y un grupo de agentes metropolitanos. Ante ello, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena calificó a la acción como un “show” y dijo que Viteri se disfrazó de “Top Gun”, en referencia a la película y la vestimenta de Viteri.

 “Trabajar en equipo no consiste en disfrazarse de Top Gun y montar un show llevando decenas de camionetas de la AMT y CSCG hasta Quito malgastando recursos. No es correcto. Hay muchos alcaldes que sin haber dado una sola camioneta tienen un mejor manejo y coordinación de su cantón en temas de seguridad”, escribió en un comunicado. MIB

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“El único organismo que puede emitir una sentencia de destitución a una autoridad de elección popular es la Corte Constitucional cumpliendo el debido proceso, pero ese proceso contempla el derecho a la defensa, el cual me han negado como ciudadano”, dijo Orlando en una rueda de prensa.

La autoridad agregó que la decisión del juez es inconstitucional. “No defendemos posición personal sino la dignidad del pueblo manabita en un arduo trabajo con los alcaldes de la provincia. Vamos a consagrar todo nuestro trabajo a mantener la dignidad y nuestros principios éticos y morales. Vamos a mantener a Manabí sin corrupción. Sabemos los intereses que están en juego. A no permitir que nos roben la esperanza, que no nos roben nuestros sueños”.

La sentencia

De acuerdo con el juez Ángel Tapia, el prefecto no cumplió de forma total la acción de protección de una contratista del Gobierno Provincial de Manabí después de finalizar un contrato por una obra de construcción de un sistema de riego y drenaje en los cantones Sucre y Tosagua.

Según la acción de protección, la terminación del contrato incluye rubros como la inhabilitación del contratista en el Servicio de Contratación Pública y se ordena retroceder el proceso contractual “al momento anterior a la medición de dicha terminación unilateral”.

El prefecto se hallaba en periodo de licencia entre el 21 de enero al 4 de febrero. Orlando retomaría sus funciones el próximo 5 de febrero.

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