“Una vez más asistimos a titulares sesgados y noticias torcidas…
¿Qué «traspié» señores de Ecuavisa?
Si querían informar de lo que realmente sucedió, el titular debería haber sido: «La bancada de ADN y sus aliados impiden que el dólar sea constitucionalmente reconocido como la moneda oficial del Ecuador» ¿Hasta cuándo descontextualizan la información?”, escribió en su cuenta de X.

En el Pleno Legislativo no se tuvieron los votos necesarios para conformar la Comisión Ocasional que deberá estar integrada por siete miembros. El proyecto de enmienda constitucional apareció en 2021 por iniciativa del exasambleísta y alcalde de Quito, Pabel Muñoz. En 2022, la Corte Constitucional aprobó su tratamiento.

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«Siempre defendimos la dolarización e incluso se reforzó durante la década de gestión del presidente Rafael Correa. Sin embargo y una vez más, quienes representan al Gobierno y sus aliados, bloquearon la creación de la Comisión Ocasional para dar trámite a la enmienda constitucional para reconocer al dólar como moneda oficial del Ecuador.
Paradoja: Quienes falsamente nos acusan de querer desdolarizar, impiden reconocer y  garantizar constitucionalmente la dolarización en nuestro país. Con esta negativa queda claro porque la derecha neoliberal bloqueó desde el 2021 esta enmienda a nuestra Constitución.
¡Quedaron en evidencia! ¡Se les acabó el cuento!», expresó en su cuenta de X.

La moción propuesta por la asambleísta Esther Cuesta no tuvo apoyo de la bancada oficialista y tampoco del PaertidoSocial Cristiano. Este proyecto de enmienda lo realizó el alcalde de Quito y exasambleísta Pabel Muñoz en 2021 y se aprobó en 2022 por la Corte Constitucional.

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«Mi repudio a la ilegal e inconstitucional pretensión de concesión del campo Sacha por parte del gobierno, que, en un concurso de hechos lesivos para el Estado, han instrumentalizado las condiciones para retirar la explotación del campo a Petroecuador y, a través del Ministerio de Hidrocarburos, entregarlo a manos privadas, en un proceso con claros vicios de ilegitimidad que le traerá millonarias pérdidas al país», escribió la autoridad en su cuenta de X.

https://twitter.com/VivianaVelozEc/status/1894896108637163988

La Comisión de Fiscalización se encuentra realizando las comparecencias respectivas para averiguar las razones detrás de esta concesión. El 26 de febrero recibió al procurador General del Estado, mientras que la ministra de Energía, Inés Manzano, se ha excusado dos veces de asistir.

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«Estimamos que Guadalupe Llori no llegará al 24 de mayo, por eso ella hoy adelantó la sesión solemne. Este jueves 12 de mayo tenemos la sesión por el Bicentenario», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

La asambleísta recalcó que Llori es una de las principales culpables de tener en decadencia al primer poder del Estado. Además, reiteró que la presidenta de la Asamblea no conoce de procedimiento parlamentario y ha quedado demostrado que no puede conducir la Asamblea Nacional.

“No podemos tener al frente a una persona que ha desestabilizado, que ha traído el caos, que ha abusado del derecho con la única finalidad de aferrarse a un cargo”, afirmó Veloz.

Por otro lado, aseguró que la Fiscalía ha sido utilizada para perseguir y armar pruebas en contra de los opositores políticos.

“Dice la señora Fiscal que no se va a utilizar a la Fiscalía para perseguir políticamente. ¿Por qué no archivó la denuncia improcedente que presentó la señora Guadalupe Llori?, cuestionó la asambleísta.

Veloz sostuvo que se encuentran frente a una Asamblea con una débil institucionalidad que no le está dando respuestas a las problemáticas que atraviesan los ecuatorianos.

“Se requiere autonomía, separación de funciones y trabajar con corresponsabilidad dentro de todas las funciones del Estado”, aseveró Veloz.

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Los hechos

La sesión inició con 137 legisladores y después de conocerse y aprobarse el primer cambio del orden del día del asambleísta Marcos Molina (ID) se debía tratar el siguiente punto. Llori no lo hizo. Alegó que las medidas cautelares estaban vigentes y no se podía conocer la denuncia de Esteban Torres (PSC) en su contra y la creación de una Comisión Ad Hoc. Provocó gritos de los legisladores de UNES y el PSC, sin embargo, no reculó.

El secretario general Álvaro Salazar recordó que hay que escuchar a la asambleísta proponente. “En la Asamblea mando yo”, dijo Llori. Después de los reclamos y una pequeña paralización de la sesión, Llori tomó una decisión inesperada, aceptó la apelación a la Asamblea por parte de Esteban Torres. Las dos veces anteriores le había negado ese derecho.

De allí, Virgilio Saquicela tomó el control de la sesión. Con la votación afirmativa de 84 legisladores se apeló a la presidencia. Llori se quedó en una curul y Saquicela solicitó votar por el cambio del orden del día de Holguín. 93 votos a favor permitieron que el pedido de la asambleísta se debata como segundo punto en el Pleno.

El debate

La asambleísta ponente abrió el debate. “Se caerán las caretas y sabremos quienes son los del pacto. Nadie está por encima de la ley y deben reconocerlo. Que las medidas cautelares no interfieren con la creación de una Comisión multipartidista Ad Hoc”, dijo Holguín.

El asambleísta Juan Fernando flores del BAN, bancada oficialista, criticó este cambio del orden del día y dijo que la bancada no se prestará para irregularidades y el irrespeto a la Primera función del Estado. Acto seguido, los legisladores del BAN abandonaron la sesión. Una parte de la bancada de la Izquierda Democrática.

Finalmente con 84 asambleístas presentes se dio paso a la votación. Con 81 votos y tres abstenciones se creó la Comisión Multipartidista Ad Hoc para evaluar a Guadalupe Llori. Estará conformada por: Pamela Aguirre (UNES), Peter Calo (Pachakutik), Pedro Zapata (PSC), Lucía Placencia (ID) y Jhon Vinueza (independientes). Tendrá 35 días para presentar su informe. MIB

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En este sentido, dijo que tras aprobarse el veto del Ejecutivo a la Ley de Aborto por Violación lo que les queda es demandar la inconstitucionalidad de la ley.

“No podemos permitir que permanezca una ley como la que va a entrar en vigencia. Es una ley que revictimiza a las mujeres y promueve la violencia obstétrica”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Vera aseveró que la Ley tiene un objeto totalmente diferente al texto aprobado inicialmente por la Asamblea.

“El veto del Ejecutivo promueve la objeción de conciencia y las niñas y adolescentes pierden el derecho de decidir sobre la interrupción del embarazo”, sostuvo la coordinadora.

“Lo que dicen las leyes internacionales es que la causal violación es incompatible con los plazos porque una sobreviviente de violación necesita que la ley sea amplia para el acceso al aborto”, añadió Vera.

La coordinadora recalcó que a la ciudadanía le hace falta tomar conciencia de lo que implica forzar a una niña o mujer a un embarazo producto de una violación. Reitera que forzar a la maternidad es una forma de tortura.

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Por ello, dijo, la presidenta de la Asamblea tilda de conspiradores a quienes promueven su destitución y que incluso tiene el apoyo del presidente Lasso.

Álvarez dijo que, en su momento, UNES se opuso a la elección de Llori debido a su falta de capacidad para presidir la Asamblea y su alineación al oficialismo. Es por esto que «el tiempo le ha dado la razón» a quienes votaron en contra de la elección de la actual presidenta.

«Vamos a hacer respetar la institucionalidad», dijo Ferdinan Álvarez, refiriéndose a la falta de respuestas del Gobierno central.

Álvarez también precisó que el mismo Gobierno inició un «mercadeo de votos», que han denunciado varios legisladores oficialistas. Dijo que, como mayoría, velarán por los intereses de la ciudadanía.

La reciente ley de inversiones

Aclaró que la Ley de Inversiones, presentada por el Ejecutivo; pretende favorecer al sector financiero. «Si hay un proyecto de ley (…) que apoya y que realmente enfoca la solución de los problemas de los ecuatorianos, tengan ustedes la seguridad que nosotros vamos a apoyarla. Pero, si hay leyes creadas «como traje a la medida». en favor de grupos, eso nosotros no lo vamos a apoyar en absoluto», advirtió el asambleísta.

Asalto al CPCCS

Como último punto, Álvarez señaló que «hubo un golpe de Estado» contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). «Se tomaron por asalto una institución del Estado, orquestado por varias organismos del Ejecutivo» afirmó.

Indicó que varios Ministerios como los de Gobierno y Trabajo, así como la Policía Nacional y cuatro consejeros del CPCCS tomaron por la fuerza el control de la institución. También afirmó que no existía una razón administrativa o constitucional para reemplazar a la presidenta del Consejo.

«En algún momento la Corte Constitucional va a tener que pronunciarse por estas acciones», dijo el asambleísta.

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