Sin embargo, un video que se filtró en redes sociales muestra las camas abandonadas y sin cobijas. La primera hipótesis es que utilizaron las sábanas para fugarse del centro. Una fuente a la que accedió Diario El Extra, mencionó los agentes de la Policía Nacional constataron que los tres sujetos ya no estaban en su celda.

Los implicados fueron identificados como Adán Herney U., Kevin Josué J., y Víctor Manuel L. Los implicados son procesados por delitos como asesinato y violación, respectivamente. Las autoridades iniciaron el proceso de búsqueda y localización.

El presidente Daniel Noboa dio paso a que los militares ingresen a los reclusorios del país y mantengan el orden en los centros. Desde el 14 de enero, día en el que los agentes ingresaron a las cárceles, han decomisado una serie de artefactos: cuchillos, armas, animales, piscinas, dispositivos electrónicas y sustancias ilícitas en las celdas.

Actualización 13:30

Las FF.AA. informó que la madrugada del 22 de febrero se percataron de la fuga de los implicados. Los uniformados realizaban el control de seguridad diario y los presos ya no estaban en su celda.

«Las FF.AA. reafirman el compromiso de trabajo y servicio a la Patria, a fin de garantizar la seguridad y la paz por un Ecuador libre de terrorismo».

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Noboa cuestionó que la estancia de un preso extranjero cuesta USD 10, mientras que un desayuno para niños está valorado en 0,38 ctvs. Además, aseguró que mantiene contacto directo con el presidente colombiano, Gustavo Petro, para dejar a los presos en la frontera. Alegó que es un proceso necesario para reducir el gasto del Estado.

De la misma manera, señaló que existen artículos de la Constitución que permiten la extradición de un preso. Por ejemplo, si un extranjero cometió un delito en el país y cumplió una sentencia de cinco años o más puede ser «expulsado del país».

«Respetamos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Vamos a seguir trabajando para que se quede así», dijo.

De acuerdo con las declaraciones del primer mandatario, su objetivo es restaurar la seguridad de los ecuatorianos. Además, permitirle a los jóvenes y niños regresar a las escuelas o universidades, que por motivos de inseguridad tuvieron que abandonarlas.

«O también velar por esa madre que no tiene idea de cómo mataron a dos de sus hijos en Nueva Prosperina. Esos derechos también debemos defender», alegó.

De varios destinos

El 10 de enero de 2024, Noboa comentó que empezará este proceso con los presos colombianos. Detalló que entre los reclusos de ese país, Venezuela y Perú suman más del 90 % de la población carcelaria. Asimismo, mencionó que con el decreto ejecutivo 110 y 111 que declaraba objetivo militar a las bandas delictivas, las fuerzas del orden tenían la misión de arrestar a estos sujetos.

Noboa explicó que cortó la luz e internet a los presos con el afán de retirar los «privilegios de esas personas». En aquella época justificó que tenían problemas con algunas cárceles porque están cerca de urbanizaciones y no podría cortar de manera directa la electricidad.

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El director del Instituto Penitenciario, Javier Llaque, comentó que los reclusorios peruanos albergan cerca de 162 ecuatorianos a nivel nacional. Según la autoridad, 15 de ellos pertenecerían a la banda delictiva «Los Tiguerones«. Mientras que, en los centros penitenciaros del país estarían aproximadamente 100 sujetos peruanos.

Las autoridades mencionaron que mantienen diálogos y se encuentran en las primeras coordinaciones con los agentes y responsables ecuatorianos. «Hemos brindado el apoyo legal y a nivel nacional con la Policía Nacional de Perú y Cancillería a Ecuador», expresó el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

Boluarte indicó que la deportación deberá seguir un proceso adecuado para no arriesgar la seguridad de ninguna de las partes. Recalcó que no es un proceso sencillo, pero realizan las labores de prevención para evitar cualquier acción penal.

Un preámbulo al asunto

Luego de la ola de inseguridad que se desató en el país, el presidente comentó que deportará a 1.500 presos en con el afán de reducir el hacimiento en los reclusorios.

Noboa señaló que con los acuerdos de tratados internacionales es posible expulsarlos y dejarlos en fronteras. «Allí les podemos decir muchas gracias, quédense por allá«, resaltó.

El artículo 61 del Código Integral Penal (COIP) detalla que las personas extranjeras que hayan cometido algún tipo de delito con una sentencia ejecutoriada de cinco años tendrán prohibido el regreso al territorio por diez años.

Si la persona es encontrada en la frontera, puerto, aeropuerto en cualquier otros lugar que le permita ingresar al país, será expulsada por la autoridad policial. Además, se expone a que el tiempo de prohibición de ingreso se computarice en un nuevo plazo.

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«Se tomó lista la noche anterior y a las 7:00 estaba ahí. /..) La suite estaba llena de cosas cuando nosotros entramos, pero de acuerdo con la información que tengo del SNAI en la noche se tomó lista. Aprendimos a la gente que estaba en ese turno y en el centro y ya emprendimos una investigación. Puede ser que también falsificaron esa lista. Estamos en una cacería activa por Colón Pico, por Fito. Nos estamos moviendo y están sintiendo que la cosa es totalmente diferente. Ahora es terrorismo y cambia la dinámica. Ahora tienen un poco más de cuidado al ayudar a un narcoterrorista”, dijo en entrevista con Canela.

Sobre la extradición de presos extranjeros

El mandatario se refirió al desalojo de reos extranjeros que han cumplido más de 5 años de su sentencia ejecutoriada. “Vamos a empezar con Colombia. Entre colombianos, venezolanos y peruanos son el 90% de la población carcelaria. Al sacar a esos presos nos ahorramos 1.500 y reducimos el hacinamiento En 1.500 presos se gasta el presupuesto y no en el desayuno de nuestros niños”, expresó.

Con respecto al Decreto Ejecutivo 111 y la denominación de objetivos militares a las bandas delictivas transnacionales, el presidente enfatizó que los militares tienen una misión. “Todos estos grupos terroristas son objetivos militares. Si es que quieren resistirse. Si quieren hacer el alarde como hacen en los vídeos en Facebook, en WhatsApp con rifles disparando al aire, diciendo que son Los Lobos, que son esto, el otro. Bueno pues, sean valientes, peleen con los militares, de frente. No estaría violando ninguna ley. Está basado en la ley humanitaria transnacional.

Noboa informó que se está cortando la señal y la electricidad de las cárceles. “Estamos desconectando la señal y la electricidad de las cárceles. Hay problemas con ciertas cárceles en las que no podemos hacer eso porque están cerca de la población. Se quedan sin señal los 50.000 ciudadanos que viven en el sector y eso es violación de derechos. Dejar sin electricidad, agua y señal de internet a las personas”.

¿Tendremos más recortes energía?

El jefe de Estado dejó plantada la duda de si continuaremos con los cortes de energía. “No voy a dañar la sorpresa, pero daremos una información importante desde el Ministerio de Energía y Minas (…) Exíjanles a los asambleístas que voten a favor. Parece que va a haber mayoría a favor de la ley. esperemos hasta las 5 pm”, dijo.

Acerca de la Consulta Popular, el presidente dijo que «nosotros hemos presentado preguntas, aceptados preguntas de otros grupos políticos. Tenemos preguntas bastante duras”. Añadió que no necesita la aprobación, pero si el apoyo de la Asamblea en la crisis que atraviesa el país. “Espero apoyo. No necesito su aprobación, pero si su apoyo. Les he pedido una resolución sobre este decreto y que se vote para fortalecer la unidad nacional». (MIB)

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«Son medidas para molestar al Gobierno. Me solidarizo con el personal de TC Televisión. Son funcionarios del Estado y soy el responsable de eso. Entramos con todo. Con la Policía Nacional para realizar el rescate», expresó en entrevista con Radio Canela.

Agregó que el 11 de enero presentarán las megacárceles que se construirán en Pastaza y Santa Elena. «Mañana enseñaremos como van a ser las dos cárceles. Ahi estamos barajando nombres, querían ponerle a la cárcel de máxima seguridad, cárcel del encuentro. Seguimos pensando».

El secuestro de los guías también es – a juicio del presidente – una forma de presión. «Estamos haciendo el esfuerzo para recuperar a los rehenes y no vamos a acceder a las estupideces de los terroristas. Es duro, mi solidaridad con las familias. Estamos en un estado de guerra y no vamos a ceder».

De acuerdo con el mandatario, los delincuentes exigían que no se muevan a los líderes de las «suites» y que tampoco se construyan nuevas cárceles, por lo que ahora empiezan los actos de terror. «No vamos a parar ¿una sarta de terroristas quieren ahuyentar al gobierno entrero. No vamos a permitir, vamos a presentar las nuevas cárceles».

Noboa dijo que ellos cortaron la señal de transmisión de TC Televisión, pero que otros canales transmitieron la señal. «Nosotros cortamos la señal. Magicamente los que estaban enlazados era Teleamazonas ¿por qué quieren espectacularizar? ¿Por qué agarraron la señal de TC? Eso se debe investigar».

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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que se trató de siete presos de una cárcel de Portoviejo que «evadieron los protocolos de seguridad».

En coordinación con la Policía Nacional, la entidad desplegó personal para dar con la recaptura y logró la aprehensión de tres reos. Además, mantiene el patrullaje en distintos sectores de la ciudad de Portoviejo para dar con el paradero del resto. Finalmente, aseguró que se presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de evasión.

Noticia en desarrollo…

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Alrededor de las 9:20 de este sábado, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra los nueve involucrados.

El juez no calificó la legalidad de la aprehensión de Sánchez debido a que en el parte policial no se adjuntaron los comprobantes de evidencias. Fiscalía investigará a quienes elaboraron dicho parte policial. En cambio, para el resto se dictó prisión preventiva.

A los implicados se les formula cargos de acuerdo al quinto inciso del artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción puede llegar a los 14 años de prisión al tratarse de funcionarios públicos.

La tarde del 4 de agosto, nueve funcionarios del SNAI fueron detenidos por su participación en el delito de ingreso de objetos prohibidos a los recintos carcelarios. Dos directores, cinco servidores administrativos y dos guías penitenciarios.

Durante una requisa, la Fiscalía General del Estado (FGE) halló fusiles, bombas, granadas, explosivos y droga en oficinas del Guayas. El operativo lo llevaron la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Los agentes realizaron los operativos luego de que las PPL terminaran el orden de distintos reclusorios en el país. Luego de 61 reos muertos y más de una centena de guías penitenciarios tomados como rehenes, el presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción en los centros.

Entre los objetos incautados están: un fusil, 15 pistolas, dos revólveres, 13 alimentadoras, municiones, drogas, radios y electrodomésticos.

“Otras requisitas”

Las entidades del orden ingresaron en horas de la madrugada a los pabellones 2 y 5 de la cárcel de Guayas, donde encontraron otras armas, municiones y otros objetos prohibidos.

Los agentes se mantienen en constante control, tanto así que en la Penitenciaria del Litoral encontraron un piscina de tilapias, 15 perros y aves. Según las autoridades, esa sería la tercera vez que en menos de 15 días ingresaron al reclusorio.

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«Guayas: se eleva a 31 el número de fallecidos y a 14 el de heridos tras los enfrentamientos registrados desde el sábado al interior de la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil», escribió la Fiscalía en un tuit.

Asimismo, la institución informó que «dispondrá de un centro de atención para familias de privados de libertad fallecidos, con información para su identificación. Un fiscal y su equipo laborarán desde las 08:00 en el Departamento de Criminalística, adjunto a la Policía Judicial en Guayaquil».

Por su parte, el Servicio Nacional de Privados de la Libertad (SNAI) anunció que los 13 Centros de Rehabilitación Social levantaron la medida de huelga de hambre.

Investigaciones

La Fiscalía también anunció la apertura de dos investigaciones de oficio previas. La primera por el asesinato de los privados de libertad y la segunda por terrorismo, por las detonaciones y cantidad de armas y municiones encontradas al interior del centro carcelario.

Sistema fuera de control

En un audio que difundió el medio Primicias, un guía de la Penitenciaría indicó que la cárcel sería manejada por los reos. «Tal vez que ya se acabó el armamento (de los presos) y ellos (La Policía) procedieron a ingresar. Nadie va a ingresar y también se les entiende porque los policías tienen familia», dice una parte del testimonio.

Agregó que cuando los presos hacen un alto al fuego, ingresan los gendarmes, pero que es mentira. «Usted sabe que el control lo tienen las mafias. Nosotros somos como aparentar y mientras haya algo de por medio se hacen de la vista gorda». (MIB)

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Durante el operativo, las autoridades decomisaron armas, celulares, herramientas, drogas, licor, routers y equipos tecnológicos.

En la requisa participaron 500 militares, 140 efectivos de la Policía Nacional y 37 servidores del Grupo Especial de Seguridad en Situación de Crisis (Gessic) del SNAI.

«Como parte de la Transformación Penitenciaria en el CPL Los Ríos N°2, se ejecutó operativo de planificación para fortalecer la seguridad de los centros de privación de libertad», publicó la entidad a cargo del sistema carcelario en su Twitter.

Operativo en las cárceles

El 10 de junio, un total de 124 personas privadas de libertad (PPL) de la Cárcel de Esmeraldas fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios del país.

El SNAI informó que las acciones formaron parte de operativos desplegados por la seguridad de los recintos carcelarios con el objetivo de prevenir hechos violentos y cuidar la integridad de los presos.

De igual manera, otro grupo de 64 reos fueron desplazados desde la Cárcel de El Inca, en Quito, a diferentes centros. El SNAI aclaró que por motivos de seguridad no se puede revelar a qué cárceles fueron enviados los presos.

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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) informó que las acciones forman parte de operativos desplegados por la seguridad de los recintos carcelarios con el objetivo de prevenir hechos violentos y cuidar la integridad de los presos.

De igual manera, otro grupo de 64 reos fueron desplazados desde la Cárcel de El Inca, en Quito, a diferentes centros. El SNAI aclaró que por motivos de seguridad no se puede revelar a qué cárceles fueron enviados los presos.

Los operativos estuvieron a cargo del Grupo Élite de Acción Penitenciaria (GEAP) y miembros de la Policía Nacional en estricto apego a los derechos humanos.

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El SNAI confirmó que ocurren incidentes y que los guías penitenciarios han activado los protocolos de seguridad para controlar la situación. Se desconoce si se trata de repercusiones por el asesinato de Junior Roldán, alias ‘JR’, exlíder de «Los Choneros».

Las autoridades activaron las alertas en las cárceles desde que se conoció la muerte de ‘JR’, el sábado 6 de mayo en el departamento de Antioquia, en Colombia. Según explicó el ministro del Interior, Juan Zapata, cuando el líder o cabecilla de una banda delictiva muere «viene la disputa de quién quiere tomar su lugar, y esto provoca actos violentos».

Hasta el cierre de esta nota no se reportan presos fallecidos o heridos, tampoco se conoce qué pabellones se están enfrentando o cuántos son los reos rebeldes.

Actualización 19:26

El SNAI informó que logró controlar oportunamente los incidentes en el centro penitenciario. Los carcelarios, policías y militares sometieron a los PPL sin que se registraran muertos o heridos.

Video: Noticias al Instante

La muerte de ‘JR’

El Ministerio del Interior confirmó que el cadáver encontrado en Colombia, de acuerdo a las pruebas dactilares, pertenece a alias JR.

“El día sábado 6 de mayo en una zona rural denominada vereda El Mango en el municipio de Fredonia, departamento de Antioquia, Colombia se reportó una persona fallecida que sería de origen ecuatoriano. […] Se remitieron a través de Interpol a la Fiscalía de Colombia, las fichas que permitían identificar a la persona fallecida”, dijo el ministro Juan Zapata.

El experto en Seguridad Jean Paul Pinto descartó que la muerte de Junior Roldán haya sido por un conflicto entre organizaciones criminales.

Según Pinto, el disparo que recibió Roldán, posiblemente, salió de un miembro de su mismo entorno, pues el occiso se movilizaba con su escuadrón de seguridad. Además, comentó que este escenario respondería al conflicto interno en la organización por tratar de cambiar de líder.

“Seguramente fue alguien de la misma organización en Colombia o México. Lo más probable es que su anillo de seguridad lo victimó”, refirió para Noti Mundo.

El experto mencionó que si el atentado hubiese venido de otro rival la muerte se hubiese hecho pública de distintas maneras. Es decir, las fotografías y videos se hubiesen hecho públicas en redes sociales.

De la misma manera, indicó que es poco probable que incrementen los niveles de violencia en los reclusorios de Ecuador, pues al no ser un problema entre bandas no existiría un ajuste de cuentas.

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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el de Familiares por Justicia en Cárceles y la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad presentaron esta acción de protección en Guayaquil.

La demanda está firmada por 30 familias que han sido víctimas de estos escenarios. Sin embargo, la organización busca que los otros 600 núcleos respalden esta medida.

Las demandantes piden que se reconozca la vulneración de los derechos constitucionales de las víctimas y los familiares. Alegan que es injusto que hayan tantos muertos en un lugar que se supone está bajo la custodia del Estado, de acuerdo con EFE.

«Son más de 600 muertos dentro de las cárceles desde el 2019. Es la primera vez que de forma colectiva reclaman justicia ante mecanismos judiciales por los hechos en los reclusorios», detalla el comunicado de las acusantes.

Les dan un pésimo trato

Las organizaciones y colectivos de derechos humanos indicaron que los familiares de los presos reciben un trato inhumano. Desde registros íntimos, extorsiones, torturas psicológicas hasta peticiones de dinero a cambio de la seguridad de los reos.

Las entidades aseguraron que el Gobierno ha normalizado los disturbios y muertos en distintos pabellones de las prisiones, pues responsabilizan a una supuesta disputa de territorio a todos estos conflictos.

¿Qué es lo que buscan?

El director ejecutivo del CDH, Willy Navarrete, indicó que las familias vulneradas esperan disculpas públicas del Gobierno, implementación de una comisión de la verdad y atención psicológica gratuita y permanente a todos los perjudicados.

Además, solicitaron una mesa técnica interinstitucional y multidisciplinaria que implemente reformas en el sistema penitenciario y una indemnización económica, estipulada por jueces, por el daño al proyecto de vida. (N.J.C)

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Cinco horas después, el SNAI confirmó que se registraron incidentes entre los pabellones 3, 5, 8 y 9. Asimismo, acotó que se activaron los protocolos de seguridad del sistema carcelario junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Al momento, la situación está controlada y «ya no se registran novedades».

Usuarios en redes sociales grabaron la madrugada aterradora donde se escuchaban ráfagas de disparos entre los presos. La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil informó que los disturbios obligaron a la Policía a cerrar la vía a Daule, la cual al cierre de esta nota ya está habilitada.

‘La Peni’ = muerte

La anterior semana de abril, la Penitenciaría del Litoral registró tres hechos que culminaron en 21 muertes violentas.

• 12 de abril: Seis reos colgados fueron hallados en sus celdas, pertenecían al pabellón 5.
• 13 de abril: Tres guías penitenciarias fueron asesinadas mientras almorzaban en las afueras de la cárcel.
• 14 de abril: Se produjo un motín que dejó como saldo 12 reos fallecidos y tres heridos. La cifra la confirmó el SNAI casi 24 horas después del suceso.

Foto del arte: Sputnik

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En el reclusorio de máxima seguridad «La Roca» se presume un intento de fuga, pero el SNAI no ha confirmado esta información. Sin embargo, un equipo de TC Televisión que se encontraba en el lugar confirmó varias detonaciones al interior.

Además, la Policía Nacional acordonó el lugar para evitar que los ciudadanos y familiares de los presos resulten heridos. De la misma manera, un grupo especializado de la entidad del orden ingresó al centro de rehabilitación para controlar la situación.

Penitenciario del Litoral

En este centro se reportó una fuerte balacera entre los pabellones 8 y 9 que pertenecerían a las bandas delictivas «Los Tiguerones» y «Los Lobos» contra el pabellón 5 conformado por «Los Fatales».

«Los presos están ahí solitos, matándose unos a otros. Ni la Policía ni los militares hacen algo para detenerlos», dijo el familiar de un preso.

Hasta el momento, el SNAI no ha brindado mayor información de los disturios en estas dos penitenciarías.

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«En el Centro de Privación de Libertad Esmeraldas N°2, durante el recorrido de pabellones servidores del Centro encontraron dos cuerpos colgados sin vida», confirmó la entidad a través de redes sociales.

El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria hallaron los cadáveres de las PPL. Posteriormente, se levantaron los cuerpos y se realizan las investigaciones del caso.

Sobre los presos

Según Primicias, las autoridades identificaron a los reos como José Luis Ll. y Wilson H. El primero hallado en el pabellón A1 colgado en las rejillas del baño. El segundo fue encontrado en el pabellón A4. Ambos presos tenían antecedentes penales por tráfico de drogas y uno de ellos por asesinato.

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El operativo se llevó a cabo la madrugada de este viernes 18 de noviembre. Hasta el cierre de este reportaje, el sector cuenta con fuerte presencial policial y militar en las calles aledañas.

«El responsable de la matanza en la cárcel El Inca en Quito, hoy ha sido aislado con éxito (…) trasladaron al cabecilla de la banda narcoterrorista «Lobos», a la cárcel de máxima seguridad La Roca», dijo el primer mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Según el SNAI, fueron trasladados «Bermúdez», mando superior de «Los Lobos» y Archundia, cabecilla de la banda R7. Este último responsable de los disturbios en la cárcel de Santo Domingo. También fue llevado a La Roca.

Moradores del sector enviaron estas fotografías a Radio La Calle.

Masacre del 7 de noviembre

El SNAI confirmó que se registraron enfrentamientos en la cárcel de El Inca, en Quito. Los disturbios dejaron un saldo de cinco personas fallecidas, tres heridas y un guía penitenciario herido.

La noche de este lunes 7 de noviembre a las 19:00, las autoridades reportaron disturbios con detonaciones entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, recibieron la alerta a las 17:30. Las fuerzas del orden acudieron al lugar y también personal de paramédicos.

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Según el medio, todos los reos pertenecerían a integrantes de bandas alineadas a «Los Choneros». Extraoficialmente, se tratarían de internos de los pabellones 3 y 5 de la agrupación de «Las Águilas». Otro grupo sería del pabellón 12, de «Los Fatales». Ambas bandas lideradas por Junior Roldán (JR) y Adolfo Macías (Fito). Los presos del 5 habían sido reubicados durante los traslados de los atentados a inicios de noviembre.

Por su parte, el SNAI señaló que al momento no puede dar una cifra, que investigan el caso y después de verificar la cifra exacta dará un pronunciamiento al respecto. Pidió comprensión sobre el hecho tras la fuga masiva en sus narices.

El escape ocurre cuatro días después que seis bandas habían suscrito un «acuerdo de paz»: Los Lobos, Los Tiguerones, Los Lagartos, Mafia 18 Tiburones, Los Duendes y la nación Latin King habrían confirmado a través de una serie de videos un pacto para detener la violencia en las calles y cárceles.

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El SNAI confirmó la fuga de los adolescentes. Precisó que se ha notificado y coordinado acciones con las instituciones pertinentes para las investigaciones. Además, anunció que si los reclusos tuvieron ayuda de los funcionarios del centro para escapar, serán sometidos a procesos administrativos y legales. Por su parte, la Fiscalía investiga la fuga.

«Las autoridades de la Institución han dispuesto que quienes hayan faltado a las normas y disposiciones para precautelar el orden y seguridad del Centro serán sometidos a los procesos administrativos y legales respectivos», publicó a través de Twitter la Dirección General del SNAI.

Sobre el adolescente

Según Primicias, el joven que mató a Escobar tiene 16 años y respondería al nombre de Christian D. Aquel 19 de septiembre en que perpetró el crimen, el menor viajaba en una moto junto a otro antisocial cuando disparó 15 veces contra la víctima en las afueras de la Fiscalía del Guayas.

Antes del asesinato, Christian D. había salido hace tres meses del mismo centro por delito de robo. La jueza del caso cambió la resolución de internamiento por medidas preventivas.

Las autoridades dictaminaron un tratamiento de rehabilitación de charlas y capacitaciones de apoyo durante cuatro meses. El joven solo asistió un mes y medio. Su madre lo acompañaba, pero de repente el menor dejó de ir.

«Cristhian proviene de una familia disfuncional y escapó de la casa donde vivía con su madre y la pareja de ella. Lo último que se supo fue que estaba refugiado en casa de su abuela», reseñó el medio.

Tras dejar el tratamiento, ninguna autoridad estatal continuó con el seguimiento ni se activó ninguna alerta del poder judicial.

El fiscal Escobar

Édgar Escobar era fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil. Fue baleado por dos sujetos en moto aquel fatídico día.

Él tenía encargado casos de sicariato y asesinatos ocurridos en la Penitenciaría del Litoral los días 12 y 13 de noviembre de 2021. Las masacres dejaron un saldo de 70 muertos en ese tiempo. Escobar procesó a dos PPL sobre esos disturbios.

También investigó las muertes del Jaime Fernando Villagómez y del periodista Fausto Valdivieso. El primero, asesinado en un restaurante en Samborondón. Procesó a un sujeto.

Actualización

El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que la Policía Nacional capturó a tres de los cuatro menores fugados del CAI, aproximadamente a las 15:00 de este jueves. Uno de los detenidos fue el presunto asesino del fiscal Escobar.

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La noche de este lunes 7 de noviembre a las 19:00, las autoridades reportaron disturbios con detonaciones entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, recibieron la alerta a las 17:30. Las fuerzas del orden acudieron al lugar y también personal de paramédicos.

«Son cinco los PPL asesinados con signos de violencia, cinco heridos, tres estables y dos fueron trasladados a casas de salud (…) Estamos haciendo los operativos, recogimos armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización con el apoyo de las Fuerzas Armadas (…) En dos horas terminaremos con el registro de las 12 celdas y el total de PPL (…) la situación ya está controlada», confirmó el general de la Policía, Víctor Heredia, comandante del Distrito Metropolitano de Quito.

Según reportes preliminares, los enfrentamientos se habrían dado entre disputas de bandas por el control del centro.

Familiares de los presos se encuentran en los exteriores de la cárcel a la espera de información.

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El documentos está firmado por madres, hermanas, esposas e hijas de los presos. Expresan que la política de rehabilitación social del Gobierno (asistencias técnicas realizadas y todas las acciones para proteger a los reos) son insuficientes si el Estado no tiene el control de las cárceles. «Esto genera que no tengan la capacidad la vida de ellos», publicó la agrupación.

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

La Penitenciaría del Litoral se ha vuelto, nuevamente, el escenario de motines, balaceras y asesinatos entre las bandas criminales. Frente a estos enfrentamientos la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) han intervenido el centro para controlar la situación. La escalada de violencia ha dejado como resultado internos y agentes del orden muertos.

La entrada Familiares de PPL presentan medida cautelar ante la CIDH se publicó primero en La Calle.