En las protestas de octubre del 2019 fallecieron 13 personas. Además 22 sufrieron lesiones graves como pérdida de un ojo o lesiones cerebrales. A esto se suma la impunidad que existe en este caso. Fiscalía recibió 743 denuncias, la mayoría por daño de bienes. De este total, solo 66 han sido procesadas y 19 recibieron sentencia condenatoria.

Esta información salió a la luz como parte de una investigación llamada El negocio de la represión, en la donde participaron El Universo de Ecuador, Cerosetenta de Colombia, El Deber de Bolivia, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros nueve medios de la región. Y que recoge diario El País en su edición internacional.

Préstamos de Colombia

La exministra habló con Guillermo Botero Nieto, en ese entonces ministro de Defensa colombiano y que ahora es embajador de ese país en Chile. Sin embargo, no precisó con qué autoridad peruana trató. “Es un tema de cooperación entre policías (…). No recuerdo que el presidente (Lenín Moreno) haya hecho o haya tenido que hacer una llamada”, dijo Romo. Las llamadas son de tipo diplomático para alertar que el comandante de Policía ecuatoriano llamara a sus colegas para determinar el préstamo.

Un informe de la Comandancia de Policía detalla lo que envió Colombia entre el 9 y 10 de octubre: 7.140 cartuchos calibre 37 mm, 2.000 calibre 40 mm, 8.000 granadas de mano trifásica, 2.000 granadas multimpacto y 10 fusiles lanzagases.

El Gobierno colombiano informó que fue una ayuda única. “No ha habido ningún otro préstamo de armamento no letal, tampoco de elementos de consumo, a otros cuerpos policiales o militares de algún país de América Latina en los años 2018 a 2022″, dijo en su respuesta el general Henry Sanabria Cely, director administrativo y financiero de la Policía colombiana.

El préstamo de Perú

Por otra parte, no constan archivos del préstamo de Perú. Una fuente cercana a la exministra Romo le dijo a El Universo que eso no fue un préstamo sino donación y que no recordaba si los gases estaban caducados a cerca de su fecha de caducidad.

“Estoy casi segura de que fue donación. No sé si es que hubo una parte que era donación y una parte que era préstamo. Tendría que verificar en los documentos (…) No conozco los detalles, peor aún la motivación para donar, pero si Perú tenía más material o ya había contratado un recambio, tal vez para Perú era una opción donar”, añadió Romo.

Perú prestó 1.000 granadas lacrimógenas, 5.000 cartuchos lacrimógenos de calibre 37 mm y 6.000 cartuchos de perdigones de goma. El expresidente Martín Vizcarra confirmó el préstamo. “Hubo un acuerdo directo entre las direcciones generales de la Policía entre Perú y Ecuador. Este fue el único préstamo interinstitucional. La idea era que se devuelva inmediatamente apenas llegara el material que compró ese país”.

Presión por los préstamos

El 21 de noviembre se desataron protestas en Colombia, un joven llamado Dylan Cruz se transformó en una de las víctimas de la violencia policial y llevó a la Corte de Justicia colombiana a suspender el uso de escopetas de calibre 12 mm, el arma no letal con la que apuntaron directamente a Cruz, que murió dos días después.

En medio de estas protestas, el Gobierno colombiano presionaba directamente a sus pares de Ecuador para que devuelvan el préstamo de bombas que hicieron en octubre. Los oficiales ecuatorianos presionaban a su vez a sus homólogos bolivianos a quienes también prestaron bombas durante las protestas por el golpe de Estado.

En junio de 2021, el asambleísta Fausto Jarrín (UNES) denunció por posible peculado a Lenín Moreno y a María Paula Romo, por la entrega de las bombas lacrimógenas a Bolivia. Según él, el perjuicio al Estado ecuatoriano alcanzaría los USD 300.000.

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Compras desconocidas

El ahora ministro del Interior, Patricio Carrillo, era parte activo de la Policía Nacional y presentó un proyecto para adquirir más bombas y material. Esto debido a la mayoría de éstos estaban caducados. Un informe del Ministerio de Finanzas muestra que se destinaron USD 14,2 millones al proyecto de Carrillo, pero se devengaron apenas 2,5 millones. Se desconoce en qué se utilizó ese dinero.

Compras Públicas no aclaró si conoce sobre el uso de esta plataforma. Romo indicó que durante su gestión se hicieron dos grandes contratos a través de esa plataforma digital. El fin era adquirir los productos directamente a los fabricantes internacionales sin pasar por los intermediarios locales, para ahorrar dinero. También aseguró que estas compras fueron declaradas confidenciales por cuestiones de seguridad nacional.

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Estas tarifas llevan a los países a desviar sus fondos y no utilizarlos en los gastos que genera el COVID-19. Así informó el New York Times. «Los críticos argumentan que los recargos llegan en el peor momento posible, cuando los países ya necesitan desesperadamente fondos para brindar ayuda para la pobreza y servicios de salud pública», explica un artículo.

18 demócratas en el Congreso estadounidense enviaron una carta a la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen pidieron que apoyara el fin de la política de recargos. «El recargo desalienta la inversión en salud pública por parte de los países en desarrollo. Este resultado perverso socavará la recuperación económica mundial”, decía la carta.

Resultados contradictorios

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía y Kevin Gallagher, profesor de la Universidad de Boston realizaron un análisis y concluyeron, entre otras cosas, que forzar reembolsos excesivos crea un efecto contraproducente en la economía de esos países. De manera que el acreedor (FMI) y los deudores terminan perdiendo.

“El FMI no debería estar en el negocio de obtener ganancias de países en una situación desesperada”, dijeron.

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Además, para 2021 las estimaciones prevén un crecimiento del 3,6% en Latinoamérica, 1,6 puntos porcentuales por debajo de lo que se pronostica crecerán las economías del resto del mundo. 

América Latina ha sido una de las regiones más afectadas por el COVID-19. Si bien en la región está solo el 8% de la población mundial, representa el 20% de las infecciones y el 30% de las muertes por el coronavirus. Ante la crisis, muchos países han optado por pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, que ha prestado billones de dólares.

En el mundo, la pandemia de coronavirus ha infectado a casi 78,5 millones de personas y matado a 1,7 millones. Los países latinoamericanos han sido posiblemente los más golpeados: solo Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, México, Perú y Chile suman más de 13,5 millones de contagios.

La Directora General del Consejo de las Américas, Susan Siegel identificó tres razones por las que la región se ve más afectada económicamente que otras del mundo: 

1. Crecimiento lento en los años anteriores.
2. Una gran proporción de trabajadores empleados en industrias dependientes de contactos que se hicieron más vulnerables por la crisis.
3. Una falta general de inversión en la atención de la salud y otros sistemas sociales. 

También advirtió contra una recuperación en la que los trabajadores altamente cualificados y las partes de la economía centradas en lo digital se recuperan, pero los que tienen menos cualificaciones y los grupos vulnerables, como las mujeres y los jóvenes, se quedan atrás.

Cronología de los préstamos del FMI a países Latinoamericanos

Según información del FMI actualizada el 21 de diciembre, 21 países de América Latina y el Caribe habían solicitado préstamos por un monto total de 63.809 millones de dólares. 

• Ecuador pidió en primera estancia 643 millones de dólares el 1 de mayo, y otros 6.000 millones de dólares el 30 de septiembre.
• El 13 de abril el Gobierno de facto de Jeanine Áñez negoció para Bolivia un préstamo con el FMI de 327 millones de dólares.
• El día siguiente, El Salvador pidió 389 millones de dólares.
• El 15 de abril Panamá negoció 515 millones de dólares.
• Una semana después, el 21 de abril Paraguay pidió 274 millones de dólares.
• El 1 de mayo, Colombia pidió el primero de sus créditos al F MI, por 10.800 millones de dólares. El país gobernado por Iván Duque volvería a acudir al FMI el 25 de septiembre, cuando conseguiría un préstamo de 6.200 millones de dólares.
• El 28 de mayo Perú pidió al FMI 11.000 millones de dólares.
• Chile pidió al FMI 23.930 millones de dólares el 29 de mayo.
• Honduras pidió el 1 de junio 223 millones de dólares.
• El 10 de junio Guatemala pidió 594 millones de dólares al FMI
• Nicaragua obtuvo 185,3 millones de dólares tras un acuerdo el 3 de noviembre. 

América Central: un doble desafío

La pandemia y los desastres naturales plantean un «doble desafío» a la destrucción económica en América Central, según el FMI. A la crisis del COVID-19 se le suman los múltiples desastres naturales que han azotado en 2020 a la región: dos tormentas tropicales en junio en El Salvador, una grave sequía en Honduras y dos recientes huracanes que afectaron especialmente a Nicaragua, Guatemala y Honduras.

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“Progressive Internacional” reclama que se produzcan recortes presupuestarios, salariales y liquidaciones a cambios de fondos de rescate para el Gobierno.

La ONG ha emitido un comunicado «solicitando que el organismo de financiamiento asegure de que los préstamos cumplen con las demandas del pueblo ecuatoriano y suprimen las demandas de austeridad”.

En 2019, Ecuador enfrentó disturbios que generaron once muertes. Un gran número de personas se unió a las protestas contra un paquete de austeridad respaldado por el FMI.

El gobierno finalmente decidió retirar el paquete.

Nuevos préstamos

Hoy, 15 de diciembre vence el plazo para que el FMI revise los términos de su nuevo préstamo.

Según Progressive International, “el FMI y las autoridades ecuatorianas promueven recortes, reducciones salariales y liquidaciones a cambio de fondos para el gobierno”.

“La revisión ofrece una oportunidad para que el FMI reflexione sobre los fracasos de su agenda de austeridad y responda al descontento en todo el país».

La preocupa a la ONG que esta sea otra oportunidad perdida, por la cual el pueblo de Ecuador será el que más sufrirá, continúa el comunicado.

La declaración de Progressive International está firmada por economistas de varios países de todo el mundo.

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Martínez enfatizó sobre el pago de USD 347 millones como anticipo de la Deuda Externa, que pese a las críticas, le ahorró al país USD 175 millones por pago de bonos Petroamazonas, que actualmente se fusionó con Petroecuador.

Por otro lado, el primer mandatario, resaltó los créditos conseguidos por USD 2 mil millones de varias entidades como el BID, Banco Mundial, y FMI, este último, renovado en un nuevo acuerdo por USD 6.500 millones. Además, de un posible préstamo con China por 2 mil millones más. 

Para finalizar su intervención, el mandatario mencionó: “El camino que se tomó, es el camino correcto.”

Añadió también, que la credibilidad del Ecuador en el mundo es alta debido a las políticas que el gobierno tomó, y que ha tenido como resultado la reducción del Riesgo país de 6 mil puntos a 2.100 puntos; lo que permitirá un flujo económico para el sector privado y público. 

Por otro lado, añadió, que todas las decisiones las analizaron varios expertos en economía representantes de instituciones como el BID, FMI, CAF. Instituciones a las que el presidente Moreno acudió para los préstamos. 

Los sacrificios del Gobierno de Moreno

Para mantener la dolarización, el presidente trabajó muy de cerca en acuerdos con el FMI, que en 2019 le representó 4.200 millones y una movilización de 12 días debido a las condiciones impuestas a cambio del financiamiento. En 2020 los prestamos sumaron USD dos mil millones.

En el campo de la salud se desvinculó a 300 trabajadores durante la emergencia sanitaria, y se concesionó 7 empresas públicas y se registró la Ley Humanitaria, esto al momento, ha dejado un millón de personas sin empleo.   

Pagos al IESS

Los pagos de las aportaciones al IESS se han realizado puntualmente, pero también se han desafiliado a 326 mil personas, según un reporte la entidad. Es decir, personas que se quedan sin empleo.

Deuda externa

En cuanto a la renegociación de la Deuda Externa, el Ecuador tuvo que llegar a otro acuerdo con el FMI, que vencía el 1 de septiembre, para cerrar la negociación. Esto deja un país endeudado hasta el año 2040.

Sin embargo, todos estos préstamos no han disminuido la deuda pública de USD 42 millones según cifra de Banco Central del Ecuador (BCE)

Finalmente, la credibilidad del Ecuador, radica en las políticas afines a la carta de intención del FMI y reciben el aplauso del gobierno. (DC).

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