Quito, 11 feb (La Calle).- La Fiscalía General del Estado informó que, en conjunto con la Policía Nacional allanaron las instalaciones de TC Televisión, en la ciudad de Guayaquil. Debido a la investigación en curso sobre denuncias de malversación de fondos por contractos relacionados con servicios publicitarios entre 2020 y 2021.

En este sentido, la Fiscalía reveló que la diligencia estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. De modo en que, se levantaron indicios de las áreas administrativas, de contratación pública, y archivo del canal en mención.

De acuerdo con el diario El Expreso, el gerente de TC Televisión, Rafael Cuesta, expresó que se trató de un allanamiento para recabar información puntual sobre los contratos. «Hay una denuncia presentada en la que dicen que se benefició en exceso a esa empresa en época de pandemia. Hemos entregado toda la información al fiscal», señaló.

«Nuestras puertas siempre están abiertas a la justicia. No era necesario un allanamiento con tanto despliegue, bastaba una solicitud, tienen nuestro apoyo», concluyó.

De igual forma, la Fiscalía manifestó que realizó inspecciones en las instalaciones de la empresa con la que el canal de televisión firmó contratos de publicidad.

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Sin embargo, después de un año, no hay información sobre el desenlace de la investigación.

Michelena vs La Posta

El pasado 28 de noviembre de 2020, Fiscalía inició una investigación contra Michelena tras una publicación del portal La Posta. Según documentos del Ministerio de Trabajo, difundidos por este medio, el exministro habría ejercido cargos públicos y, a la vez, la gerencia de Véritas DDB, una empresa privada de publicidad.

El escándalo contra Michelena se sostiene al evidenciar que Véritas DDB se benefició con contratos estatales, presuntamente mientras ocupaba a la vez cargos públicos.

Michelena, por su parte, ventiló los contratos que este portal digital mantuvo con el Gobierno de Moreno. Reveló facturas que La Posta realizó con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Allí figuran costos por la presencia de la marca CNT en programas de ese medio.

Lo último que se supo…

El pasado 15 de enero de 2021, el entonces ministro Michelena acudió voluntariamente a la Fiscalía a rendir su versión por los supuestos crímenes. Asimismo, publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que negó participación alguna en los presuntos delitos.  

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¿Qué es el caso Sucre?

El caso del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) data del 2016. En ese año, la Contraloría General del Estado (CGE) remitió un Informe de Responsabilidad Penal (IRP) sobre exportaciones “ficticias” a través del Sistema Sucre, entre enero de 2011 y finales de junio de 2013. Las exportaciones se habrían realizado por diferentes empresas desde Ecuador a Venezuela.

No obstante, de este informe no se tenía conocimiento hasta que el pasado 15 de diciembre, el contralor Carlos Riofrío lo reveló al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio.

El mencionado IRP exhortaba a la Fiscalía investigar a 31 exfuncionarios en el Gobierno del expresidente Rafael Correa. Las entidades a investigar eran el Banco Central del Ecuador (BCE) y dependencias directas e intermedias del Servicio de Aduanas del Ecuador (Senae) y la Dirección del Servicio de Rentas Internas (SRI).

El informe de Fiscalización

El informe de la Comisión de Fiscalización de Villavicencio sobre el que se basará la investigación señala un presunto financiamiento de la campaña del expresidente Rafael Correa, con fondos de dichas exportaciones ficticias. También se sostiene un presunto uso irregular a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) para anticipar pagos a exportadores ecuatorianos que habrían realizado las exportaciones ficticias.

La Fiscalía decidió iniciar con el proceso de indagación previa por peculado, es decir, malversación de fondos. La causa, indica el comunicado, se sustenta en el artículo 257 del Código Orgánico Integral Penal.

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“Lo razonable sería que el presidente de la Corte Provincial de Justicia dicte un auto de sobreseimiento (…) El señalamiento al Alcalde es que ha incurrido en peculado por declarar la emergencia sanitaria en la ciudad”, explicó Albán

Otras razones para poner fin a la investigación según Albán es que Yunda resolvió: 1) delegar funciones a determinadas secretarías municipales, 2)levantar los techos de gasto para adquirir los insumos médicos.

El pasado 26 de abril, La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió dictamen acusatorio en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, como presunto autor mediato.

Fiscalía aseguró que los elementos de convicción recabados durante la investigación demostrarían que el acalde de Quito, “tuvo conocimiento – en todo momento- del proceso de contratación y que preparó las condiciones esenciales para que Lenin M., exsecretario de Salud, suscribiera un contrato con Salumed S.A. por USD 4’226.880 para la adquisición de reactivos PCR Polimerasa para detectar COVID-19″.

El 27 de abril, Fiscalía solicitó prisión preventiva para Yunda, debido a que de la investigación de la compra de pruebas PCR se derivan otros procesos que involucran a sus familiares. En ese momento, el burgomestre expresó “me sorprende que la FGE solicite prisión preventiva cuando al ser alcalde de Quito, no existe riesgo de fuga”.

Qué es Sobreseimiento según el COIP

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Sobreseimiento es una institución jurídica regulada en el Art. 605 del COIP, que finaliza el proceso investigativo.

Art. 605.- Sobreseimiento.- La o el juzgador dictará auto de sobreseimiento en los siguientes casos:

1. Cuando la o el fiscal se abstenga de acusar y de ser el caso, dicha decisión sea ratificada por el superior. 2. Cuando concluya que los hechos no constituyen delito o que los elementos en los que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir la existencia del delito o participación de la persona procesada. 3. Cuando encuentre que se han establecido causas de exclusión de la antijuridicidad

Las consecuencias del sobreseimiento se contemplan en el Art. 607 de la misma normativa:

Art. 607.- Efectos de sobreseimiento. Con el sobreseimiento, la o el juzgador revocará toda medida cautelar y de protección. En el caso de prisión preventiva, ordenará la inmediata libertad, sin perjuicio de que vuelva a ordenarla si el auto de sobreseimiento es revocado. No se podrá iniciar una investigación penal por los mismos hechos.

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Esto es parte de las medidas cautelares que Yunda debe cumplir dentro de la investigación por presunto peculado en la compra de pruebas Covid-19.

«En mi vida he recibido muchos galardones, muchos premios, medallas, preseas, pero esta es especial, esta significa haber salvado 50 mil vidas. En el proceso demostraremos toda nuestra inocencia. Gracias por el apoyo de todos», dijo el Alcalde durante la colocación del grillete.

Yunda agradeció el trabajo de la Secretaria Metropolitana de Salud de Quito, Ximena Abarca y Linda Guamán, asesora técnica para el procesamiento de pruebas Covid-19. «Saldremos de esta injusticia», aseguró.

El pasado 16 de febrero, la Fiscalía del Ecuador recomendó la prisión preventiva de Yunda y seis sospechosos de la compra de pruebas de COVID-19 para Quito.

El presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Wladimir Jhayya dictó medidas substitutivas a la prisión preventiva: presentación periódica, uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país.

Las personas involucradas son: Ximena Abarca, actual secretaria de Salud del Municipio de Quito; la coordinadora técnica Linda G., Daisy H., Paola C., Erik A., Marco R. y a Juan Alejandro V., como representante legal de la empresa Salum.

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