Los agentes lo tienen en Flagrancia y será trasladado a la Fiscalía de Pichincha para el respectivo proceso. Existen 16 denuncias y tres detenidos en proceso de investigación por los incendios forestales en Quito y se espera que se encuentre a los autores intelectuales en caso de existir.

«Desde el 24 de septiembre enfrentamos 27 quemas, algunos barrios afectados: Guápulo, Bellavista, Bolaños, González Suárez, Parque Metropolitano. Los puntos graves se encuentran en el cerro Auqui, la avenida Simón Bolívar», expresó el alcalde Muñoz.

Agregó que no se pueden descuidar otros puntos debido a que se están generando quemas en otros sectores de la ciudad. A las 14:55 hubo una quema en San Carlos, a las 15:02 ocurrió otra en Pifo. Seis casas en los lugares del incendios se quemaron y el COE Metropolitano activó las actividades de ayuda humanitaria y el trabajo de la diferentes secretarías para este propósito.

Asimismo, el COE – M declaró el estado de emergencia en la ciudad. Trabajando codo a codo con el gobierno provincial y nacional. El alcalde solicitó que mientras dura la emergencia, el Gobierno no corte la energía eléctrica en la capital.

Más detalles en breve…

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La asambleísta Patricia Sánchez de la bancada de Pachakutik envió una solicitud de investigación y sanción en contra de Mireya Pazmiño en la Asamblea por supuestas irregularidades del informe sobre la empresa Flopec y sus transacciones en los últimos años.

La demanda permitirá recoger detalles de la forma en que se elaboró el informe sobre el caso. Sánchez afirma que lo realizaron personas externas a la mesa de Régimen Económico y que Pazmiño no socializó el documento antes de su votación.

La legisladora espera que la investigación llegue al Comité de Administración Legislativa y califique el documento al Comité de Ética de la Asamblea para su respectiva sanción a la funcionaria.  

Mientras tanto, Pazmiño enfrenta a otras acusaciones en la Fiscalía por sus colegas en el marco del juicio político de Lasso por pregonar los mismos informes. La Fiscalía se encuentra en comparecencias por las respectivas demandas.

Otras Demandas

La funcionaria enfrenta dos denuncias presentadas por presunto fraude procesal y falsedad ideológica presentados por el legislador Fernando Villavicencio y otros asambleístas de UNES. En razón de elaborar presuntos reportes falsos en la Comisión de Régimen Económico para las empresas de Flopec y Amazonas Tanker.

La petición de investigación se deriva luego de que Pazmiño y otros legisladores promovieron la solicitud del juicio político en contra de Guillermo Lasso por el presunto delito de concusión y peculado. (A.F.)

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El diario informó que no tenía forma de corrobar lo que la entrada del blog decía. Radio La Calle revisó las páginas de la Superintendencia de Compañías y otras entradas para informarles qué hay de cierto en el caso Villavicencio. Esto es lo que sabemos hasta ahora

Conflicto de interés

Tres candidatos para asambleístas de la Alianza Honestidad conocían o tenían relación con Fernando Villavicencio. Bryan García Andagama, presidente de la empresa Biotecnología y medicina BIOAMIGA fue candidato a asambleísta nacional.

Su hermana Nicole García es accionista de la compañía, mientras que Celia Andagama Cadena, la accionista es hermana de Sandra Andagama, quien fue candidata suplente para asambleísta nacional. Adriana Mateus fue candidata a asambleísta nacional y es key account manager (KAM) institucional de Bioamiga.

La relación de Villavicencio con Bioamiga, según el artículo, se remontaría a que Villavicencio tuvo información de casos de corrupción de farmaceúticas a través de Bioamiga y ADNFARMA y cuando ya obtuvo su curul en el Legislativo, habría denunciado a otras farmaceúticas de la competencia para beneficiar a los dos empresas conocidas. Si bien esta parte que señala el artículo no se puede probar. Lo cierto es que Bioamiga y ADNFARMA si se beneficiaron en las compras públicas y engañaron al sistema.

Compras públicas y sobreprecios

En octubre de 2019, el Centro de Salud tipo A de El Coca del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) realizó un concurso de adquisición de fármacos en la modalidad de subasta electrónica inversa, es decir cuando el pujante ofrece una cifra menor al límite.

El Centro de Salud otorgó el concurso a ADNFARMA por USD 20.050. Según la Superintendencia de Compañías, el gerente general de la empresa es Bolívar Duque, el mismo gerente general de Bioamiga. Además, ambas se encuentran en el Pinar Bajo en la misma calle y con el mismo número de domicilio.

Por lo que, en la subasta, no importaba el resultado, ya que ambas empresas, relacionadas entre sí, fueron las únicas que postularon. Sin competidores se crearía un perjuicio al Estado.

En otra subasta para adquisición de fármacos para la Dirección Distrital 07D04 Balsas – Marcabeli – Piñas, participó Bioamiga y Tepro. En este caso para asegurarse el puesto, el gerente Duque envió una proforma con precio y Osiris Farma envió otra con un presupuesto referencial sustancialmente más alto.

Osiris es el nombre comercial de la señora Sofía Araceli Baldeón Moreno, y tiene como actividad comercial “Venta al por Mayor de Productos de Limpieza” Baldeón es gerente de Marketing de Bioamiga, lo que demuestra otro perjuicio al Estado en la adjudicación de la subasta.

Sobre si Villavicencio recibió el 6% por estos negociados y si su familia está involucrada en este posible delito no hay certeza total. Puede leer todo el artículo aquí:

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 “Estamos aquí para poder responder a la justicia ecuatoriana, pero también para colaborar con la Fiscalía General del Estado. Estamos aquí y vamos a responder cuántas veces sean necesarias. Hemos sido denunciados por un ciudadano prófugo de la justicia (Alberto Dahik) que durante 20 años no le ha respondido al país”, dijo Jaime Vargas.

El dirigente de Conaie no pudo dar su declaración porque se acogió al derecho de rendir versión en su idioma natal (achuar). “Tenemos el legítimo derecho de comparecer, ya sea en castellano o nuestro idioma. Es nuestro derecho constitucional”, acotó.

“Esta absolutamente claro que es una persecución política porque el señor Dahik es parte de una comisión asesora. En definitiva, es parte del gobierno de Lenín Moreno. No es posible que ahora los delincuentes que pasaron prófugos durante 20 años, que desequilibraron el sistema financiero del país y no han dado respuestas, sigan haciendo denuncias», Leonidas Iza.

Las declaraciones aparecen en el contexto de la investigación por presunto delito de terrorismo. La denuncia la interpuso el 17 de octubre de 2019 por el exvicepresidente de la República, Alberto Dahik.

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