A través de una rueda de prensa dirigida por la presidencia de UNE anunciaron la convocatoria a esta nueva movilización. Solicitan que se atienda a las necesidades del gremio, y, sobre todo, con los salarios justos para los docentes.

Isabel Vargas, presidenta del gremio recalcó que otro de los motivos por los que se convocó a la movilización es acerca del presupuesto para la educación, la aplicación a la LOEI, reintegro de docentes, entre otros.

“Este año el presupuesto tenía que llegar al 4.2% sin embargo se aportó apenas el 3,11%”, manifestó Vargas durante la rueda de prensa.

El coordinador de UNE, Andrés Quispe, comentó que el Gobierno se comprometió a entregar una propuesta para el incremento progresivo de sueldos, sin embargo, hasta el momento no existe respuesta.

“El 24 de marzo el Ministerio de Finanzas iba a entregar una propuesta de cómo cumplir con la equiparación salarial, Han pasado varios días y el Gobierno no se ha pronunciado”, expresó Quispe.

Por otro lado, UNE se solidarizó con los profesionales de la salud que fueron desvinculados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Quito Sur.

“Rechazamos la política del régimen que tiene como propósito debilitar el sistema de salud para beneficiar a sectores externos y buscar su privatización”, expresa el comunicado de prensa.

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Isabel Vargas, presidenta de la UNE, mencionó en Ecuavisa que seguirán movilizándose y mantendrán las vías de dialogo. Sin embargo, si el Gobierno insiste en incumplir el mandato de la Corte Constitucional, emprenderían una demanda de destitución por incumplimiento.

El pasado 15 de marzo, el Ministerio de Finanzas dijo no existe presupuesto para el incremento salarial de maestros. Si bien existe un incremento de ingresos, fruto del alza en el precio del barril de petróleo y los recursos de la reforma tributaria, argumentan que si el precio del petróleo se estabiliza o desciende, el alza salarial se quedará sin sustento. Finanzas habló de 2.175 millones para la equiparación salarial.

Posteriormente, el 17 de marzo, el Gobierno difundió un comunicado en el que reconoce la labor docente y ofrece un incremento progresivo del sueldo, pero señala que no fue consultado sobre la disponibilidad financiera y que el alza tendría un impacto presupuestario de USD 500 millones anuales. También ha calificado la resolución de la Asamblea de aprobar las reformas a la LOEI como «populista e irresponsable».

¿Existe sustento para proceder la destitución?

La iniciativa estaría amparada en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que señala: “en caso de que servidoras o servidores públicos incumplieran una sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución”.

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Señala que educación y salud son los rubros a los que más se despojó de presupuesto, con el pretexto de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19.

El Frente recuerda que el neoliberalismo, a partir de los años 80 y toda la década de 1990, planteó la destrucción del Estado bajo los imaginarios de modernización y achicamiento del mismo y que esto no era otra cosa que la generación de plusvalía para los sectores privados a través del despojo de lo público.

“En el caso de la educación superior, la estrategia fue dejarla a la deriva, sin presupuesto y exacerbando lo que en otras partes se ha llamado neoliberalismo por olvido. Esto al menos se observa en los datos recogidos en los últimos años, donde el presupuesto en educación, cultura, salud y desarrollo comunal, han ido disminuyendo. En el gobierno de Guillermo Lasso, está tendencia se mantendrá, lo que deja en evidencia una reducción pública sistemática tras sus acuerdos con el FMI”, señala el documento.

Reitera, además, que la educación pública está amenazada y debe ser defendida con reflexión creativa. “Gracias a ella es que podemos cuestionar las posiciones del primer mandatario, como ignorantes o negacionistas de la historia de modo asombroso, al analogar la Conquista española como una anécdota familiar y contra natura sería discutir dicho suceso, cuando muchos de nuestros profesores-investigadores y estudiantes han sabido estudiarla, ofreciendo una serie de respuestas a los relatos que se han erigido sobre esta en América Latina y en el Ecuador”, sostienen.

Argumentan que si los poderes de turno intentan retomar la grieta dejada por el neoliberalismo de fines de los años noventa, también se reactivarán las resistencias de esos mismos años.

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Dentro de este tema, convocaron a los rectores a la audiencia pública para exponer su situación. La misma, según el comunicado de la Función Judicial se dará “el día viernes 04 de septiembre del 2020, a las 10:00”.

Entre los rectores de las universidades que enfrentarán al Gobierno en este proceso están: Universidad Central, ESPE, ESPOCH, UNACH, YACHAY, IKIAM, UNAE, Universidad de Guayaquil y más de 20 universidades más. Antes de la audiencia, las instituciones deberán entregar documentos que avalen su declaración. Tal es el caso de una “copia certificada o constancia debidamente certificada de la fecha que enviaron al Ministerio de Finanzas el Comprobante Único de Registro de pago por el mes de julio del 2020”.

Antecedente

En el mes de julio, la Federación de profesores universitarios y politécnicos del Ecuador (FEPUPE) exigieron la devolución de los recursos públicos por parte del Ministerio de Finanzas.

«En la segunda instancia de la acción de inconstitucionalidad no hay un dictamen, pero si una resolución. Debían devolver los recursos porque quitarlos es una medida inconstitucional. Reducir el presupuesto a lo público atenta contra la Constitución. Ese dinero le pertenece directamente a las universidades”, indicó Joselito Tañez, representante de la FEPUPE.

Un docente de la Politécnica Nacional indico que el Gobierno tiene apuro para pagar o renegociar la deuda externa y no, en cambio, para trabajar en la crisis del país. “Hasta finales de año existirán 850.000 desempleados y al final del período de Moreno serán un millón”, dijo.

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