Quito, 25 Mar (La Calle).- No alcanza el dinero del Presupuesto General del Estado (PGE) para cubrir todas las necesidades y no alcanzará a cubrirlas ni a generar empleo adecuado si no existe un crecimiento económico sostenido y compartido de al menos 5% anual.

Ecuador no puede vivir año tras año financiando sus necesidades con más deuda pública. Esta muy cerca el pago de fuertes amortizaciones de deuda pública que demandan enormes recursos que Ecuador no los tiene ni le será fácil conseguirlos.

El Gobierno debe mirar muy de cerca que la producción petrolera está lejos de ser la establecida en el PGE; que hasta ahora también es inferior el precio estimado del barril de petróleo previsto en el PGE; que el país tampoco puede financiarse en los mercados internacionales; que su economía ni es estable ni crece lo suficiente. Que debería ser evidente que se requiere cambiar la política económica.

Que si la economía no crece fuerte y estable los problemas del desfinanciamiento presupuestario, del subempleo, informalidad y enorme deuda pública no se solucionarán. Que no será posible generar oportunidades de progreso para los pobres.

Pero para que la economía crezca el Gobierno debe invertir. La inversión pública es crucial sobre todo si falta la privada.

Ecuador lleva 6 años haciendo lo mismo con la economía y no solo que no ha resuelto nada sino que ha sumado una insufrible y brutal inseguridad ciudadana.

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Varios importantes supuestos de la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2023, ya en ejecución, siempre fueron frágiles e inestables, no los ocultan declaraciones claramente antitécnicas que destruyen la verdad.

Comienzan a aparecer con fuerza creciente las debilidades del presupuesto ecuatoriano. Por mínima inversión pública que no está siendo compensada por la privada y en lo social tampoco es sustituible, por insuficiente crecimiento económico (PIB) que requiere no solo ser sostenido sino también compartido, por la imposibilidad actual de colocar en mercados internacionales los Bonos Globales previstos y presupuestados, por evidentes dificultades internas y externas para realizar la llamada «monetización de activos» del Estado, por fuerte caída de la producción petrolera prevista que es base sustantiva del PGE, por todos los proporcionales impactos resultantes sobre la recaudación tributaria. En suma, por mala economía profundizada por algunos factores exógenos fuera de control.

En estas circunstancias es altamente probable que las necesidades de financiamiento del PGE del año 2023 puedan sumar alrededor de 10.000 millones de dólares, nada menos que el 31,7% del total presupuestado, un 8,2% del PIB estimado por el Banco Central para el año 2023. Un monto que para ser cubierto exige no solo gran esfuerzo sino que trae implícitas previsibles consecuencias de hacerlo con deuda pública interna y externa, más el riesgo permanente de mayores o nuevos impuestos.

Mala economía significa costos adicionales para los ecuatorianos que conocen que el Gobierno desde su óptica del Estado mínimo y la privilegiada tranquilidad de acreedores internacionales y nacionales de deuda pública externa con privados, seguirá postergando invertir en la gente, en crecimiento económico suficiente, sostenido y compartido que es el único que en forma estable y no intermitente, permite la creación de empleo y reducción de pobreza. Significa continuar postergando la necesaria inversión en la infraestructura básica del país y en imprescindibles servicios públicos que el Gobierno está obligado a que no solo sean oportunos sino también de calidad permanentes.

Mala economía agravada por frustración popular e inestabilidad interna significa destrucción de expectativas positivas en la gente y además directamente perjudica la inversión privada. Significa atraso, injusticia y exclusión social. Significa que ni la economía, ni las políticas públicas, ni el Gobierno, ofrecen resultados concretos y favorables para la gente, especialmente para los pobres e indefensos que son muchísimos. Pero todo en la vida tiene un límite.

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La estatal Petroecuador proyectó que el precio del petróleo será de USD 65.9. Este monto se encuentra un 37 % debajo de los USD 104 del valor del barril en junio. Una de las principales causas de esta inestabilidad se debe a la invasión rusa en Ucrania.

Otro de los obstáculos es la inflación a nivel mundial y la desaceleración de la economía china. Ante la situación, el FMI pronostica que al menos un tercio de los países tienen el riesgo de caer en una recesión para el 2023.

Un riesgo al presupuesto del país

Según el FMI, los ingresos netos de las exportaciones petroleras pueden caer de USD 11. 117 millones en 2023 a USD 9.952 millones dentro de cinco años. La situación afectaría al Presupuesto General del Estado ya que un tercio de la totalidad es financiado por este recurso.

Un «factor positivo” que recalca el organismo multilateral es que las cuentas fiscales del país son menos dependientes de esta materia prima por el reciente acuerdo de crédito completo. El Gobierno recibirá del FMI una suma de USD 700 millones a finales de diciembre.

En la entrega de la proforma presupuestaria al Legislativo, en octubre, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, manifestó que USD 65 era un precio prudente para que el Gobierno pueda manejarse frente a los posibles problemas económicos.

Después de las observaciones realizadas por la Asamblea, Arosemena expuso las intenciones con el posible excedente de los ingresos petroleros.

“En caso de que se reciban más ingresos petroleros a los proyectados inicialmente, se procederá, de acuerdo con la normativa legal y como lo ha venido cumpliendo el Ministerio de Economía, a realizar una reliquidación a favor de las instituciones que reciben preasignaciones”, dijo en un comunicado.

Subsidios

Otro supuesto alivio para el Estado y la ciudadanía es que a menor precio del petróleo, menor gasto en subsidios. En este sentido, se prevé que estos gastos caigan de USD 4 millones en 2023 a USD1.987 millones en 2027. (A.G.M)

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Es inviable y perjudicial el invento por el cual el presidente debe fijar precios diferenciados de venta interna de combustibles y no con base en el costo de producción nacional y en el costo internacional de importación.

Conociendo la inelasticidad con que funciona el Presupuesto General del Estado, cuando baje el precio del petróleo, los ecuatorianos muy seguramente se quedarán pagando precios por sobre los internacionales.

¿Los surtidores de combustibles en Ecuador estarán en capacidad de discernir entre cinco diferentes criterios para definir el precio de venta de un mismo producto?

No parece posible que el mecanismo creado resuelva y elimine los mercados negros en la comercialización del diésel que representa un 50% del total del esfuerzo fiscal por diferencia entre el costo de importación y el precio de venta interno.

¿Los combustibles de producción nacional también tendrán un precio de venta local con base al costo de importación de combustibles de producción internacional?

Lo que se anuncia ha sido resuelto en las «mesas de diálogo» luce inaplicable por su complejidad operativa. Forzar la unión de partes inconexas creará un muy costoso Frankeinstein operativo.

Por ley, en Perú los precios de los combustibles se rigen por la oferta y la demanda. Se fijan por la libre competencia de los agentes que participan en su producción o importación. Mejor si Ecuador no trata de «inventar el agua tibia».

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En Ecuador la calidad y oportunidad de los servicios públicos han sido convertidas en un verdadero desastre por los fanáticos del “gobierno mínimo” que creen que los problemas del crecimiento económico y del déficit fiscal se resuelven destruyendo la inversión social y el empleo públicos.

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«Hay banqueros que vinieron a seguir juicio al Estado por el famoso vuelto. Ya está en el presupuesto del Estado. En la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización hay una artículo donde dice que si le ganan al Estado, éste tiene que pagar del presupuesto general del Estado. Está en el Plan Nacional de inversiones y esto no es una inversión», explicó a Radio La Calle.

Los hermanos Isaías se vieron beneficiados por un tribunal del Guayas que ratificó la devolución de los bienes incautados. Los hermanos mantienen la demanda por USD 2 mil millones al Estado ecuatoriano.

Además, los laudos o deudas en contra de Ecuador también saldrán del presupuesto estatal. «Me ha sorprendido que hayan puesto en inversión algo que le llaman programa de preservación de capital y son recursos que van a permitir atender la amortización y costo de obligaciones firmes del Estado (deuda), cumplimiento de sentencias o laudos, cobertura de gastos relacionados a los procedimientos arbitrales y cumplimiento de sentencias «.

Sobre la deuda pública

«La deuda pública ha crecido en los últimos años, pero ya no para incrementar la inversión pública y cada vez es más importante la participación de los multilaterales y los tenedores de bonos», resaltó la experta.

«En el caso de Ecuador, en la auditoría de la deuda, se conoció que muchos de ellos eran banqueros. Los acreedores de la deuda pública están dentro del país. (…) La deuda crece en medida de que no existe crecimiento económico y esta es una condición gravísima». La experta agregó que después de la recesión económica por la COVID-19 ni el gobierno de Moreno ni el de Lasso se han preocupado por una activación real de la economía, la poca reactivación se dio por factores externos como el aumento del precio del petróleo y las exportaciones.

Presupuesto y proforma presupuestaria

«En la Ley de Reordenamiento de las finanzas públicas hay un artículo en el que los excedentes del precio del petróleo que sobrepasen lo presupuesto en la proforma aprobada por la Asamblea tiene que ir a un fondo, es decir que no se lo puede utilizar, eso habría que cambiar».

Además de ese cambio, los ministros de Economía deben entregar el presupuesto a los ministerios. «Han utilizado poquísimo del presupuesto. El Ministerio de Energía utilizó solo el 5%, el de Vivienda solamente el 7% de vivienda para todos pasamos a vivienda para nadie».

Se ha obtenido un superávit fiscal, los ingresos superaron a los egresos. «Tienen el dinero guardado que incluso los Policía no tienen chalecos antibalas y deben comprárselos de su propio bolsillo. Los patrulleros están dañados ¿Por qué? Por la austeridad, un acto bárbaro y criminal contra la población ecuatoriana. Un austericidio».

Pago de impuestos

«El Gobierno se queja del déficit fiscal, entonces debe cobrar los impuestos. Lasso dijo que iba a luchar contra la evasión fiscal. La CEPAL estima que Ecuador pierde alrededor del 7% del PIB en evasión fiscal. Esto es sobre los USD 7.000 millones. Desde el gobierno anterior imperan las excenciones tributarias. Para unos, grandes facilidades», explicó la economista.

En la Ley tributaria se aplican beneficios a los morosos al fisco. «La ley tributaria se volvieron a incluir condonación de intereses, multas y recargos a deudores que pagan sus impuestos en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y que, en consecuencia, se benefician utilizando los recursos que deberían ser del SRI».

Hasta julio del 2022, los 500 deudores en firme del SRI sumaban USD 1.892 millones. Las deudas impugnadas suman USD 882 millones. Entre los dos suman USD 3.800 millones. Salgado afirmó que Lasso «Gasto del personal en obras públicas es parte de la inversión, pero el pago a personal de salud educación o seguridad son gastos corrientes, no inversión». (MIB)

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Esta variación sustantiva de 1334 millones de dólares en tan corto plazo se debe a la excesiva y letal austeridad fiscal que directamente destruye inversión pública y colabora fuertemente a que Ecuador se mantenga sin crecimiento económico suficiente, sobre endeudado, empobrecido, desempleado, subempleado, inseguro e incapaz de al menos ofrecer razonables oportunidades de progreso para la gente.

La reserva internacional excede los 9000 millones y dólares y supera con holgura los depósitos de las instituciones privadas en el BCE.

Los ingresos petroleros devengados del PGE en el primer trimestre del año 2022 respecto de igual periodo del año 2021, crecieron en 370,6%, de 143 a 673 millones de dólares, gracias al incremento en los precios internacionales del petróleo. Sin embargo en el mismo periodo la inversión pública a través del Plan Anual de Inversiones (PAI) del PGE se redujo 5,7 veces, de 436 a 77 millones de dólares.

Para generar superávit primario en el PGE devengado del primer trimestre del año 2022 no solo se usaron excedentes petroleros sino recursos que estaban destinados a la inversión pública a través del PAI del PGE. Son evidentes los resultados en lo social y económico, seguridad social y ciudadana.

Ecuador no puede seguir siendo conducido desde los extremos económicos. Como lo están haciendo los países de la región hay que ir reduciendo el déficit o desbalance fiscal gradualmente para no asfixiar la economía, permitiendo impulsar la inversión social, producción y crecimiento, impidiendo que las instituciones, los servicios y el país colapsen.

Econ. Marco Flores T.

Abril 28 de 2022

Fuente OPF / MEF

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