«La salud es un derecho, la diálisis es vida», gritan los pacientes renales en los exteriores de la plataforma gubernamental, al norte de Quito.

Por su parte el ingeniero Alejandro Espín, representante legal de una las clínicas de diálisis, mencionó que el Gobierno se olvidó de estas instituciones que buscan «alargar el tiempo de vida de sus enfermos». Detalló que el IESS adeuda desde mayo de 2023, el Seguro Social Campesino desde diciembre de 2022 y el Ministerio de Salud Pública desde marzo de 2023.

Detalló que es un año que han esperado para que las autoridades paguen por sus servicios. Además, comentó que el panorama que enfrentan no es claro, pues los responsables no establecen una hoja de ruta para este problema. Aseguró que lo más preocupante es que los médicos o prestadores de servicios decidan suspenderlos.

«Si fuera un gobierno claro y organizado, el futuro de 2024 sería muy distinto, pero eso no está ocurriendo», terminó.

Desde el dolor…

Varios pacientes con varios carteles en sus manos, con gorras o bajo sombrillas y con las pocas fuerzas que reservan, piden al Gobierno que se haga responsable de los pagos que adeudan. Uno de los afectados, se descompensó en medio del plantón, aunque los médicos le brindaron atención de inmediato, su rostro palidecido ya no podía gritar de la misma manera.

La doctora Pamela Luna alertó que esa es la realidad que viven muchos pacientes. Recalcó que son personas de “primera línea” que necesitan recursos, atención, personal operativo. Enfatizó que el país ya no necesita un gobierno indolente o improvisado. Recalcó que la salud es un derecho y debe ser la prioridad del Estado.

«Pónganse la mano en su pecho, tenemos un poco de vida. Muchos pacientes han muertos y por eso nos vemos obligados a salir a pedir que nos ayuden, que cancelen», exclamó otra paciente.

Luna también detalló que la diálisis es una enfermedad catastrófica que debería estar en primera línea para que se atienda. Resaltó que son más de 16 mil pacientes y más de 500 familias se ven afectadas por esta decisión.

«Hemos tenido que vender algunos bienes, pero ya no tenemos cómo sobrevivir. Esto también nos mata, al igual que la inseguridad», refutó.

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Según reportó Radio Pichincha,  el rubro más elevado corresponde a alimentación por USD 308 905, entre lo que se incluyen 640 almuerzos, 256 cenas y 1 496 cocteles VIP.

Para hospedar a los invitados, se contrataron 20 habitaciones tipo suite, 25 ejecutivas y 20 estándar, por un valor de USD 50 250, mientras que el servicio de transporte en autos blindados, vehículos de alta gama y buses costará USD 79 200.

La logística para audio, sonido, iluminación, pantallas led, tarimas y sillas tendrá un costo de USD 69 850. Además, se colocarán 180 arreglos florales, por un valor de USD 19 800, y cuatro eventos culturales por USD 16 800.

Visteado

“He dispuesto al equipo de transición buscar eficiencia y responsabilidad. Que se trabaje con el gobierno saliente y se gaste menos del 50 % de la cantidad presupuestada para el cambio de mando”, dijo Noboa el pasado 13 de noviembre.

El evento para la despedida del presidente Guillermo Lasso, que podría realizarse en el Palacio de Gobierno u otro lugar, contará con una cantidad de más de 200 cenas y 500 copas de vino y champán.

He dispuesto al equipo de transición buscar eficiencia y responsabilidad.

Que se trabaje con el gobierno saliente y se gaste menos del 50% de la cantidad presupuestada para el cambio de mando

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 13, 2023

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La Cancillería fijó un gasto de USD 600.000 para los eventos y ceremonias oficiales que se realizarán el próximo 23 de noviembre. Sin embargo, a través de su cuenta de X, el mandatario dispuso a su equipo de transición que coordine con la administración de Lasso para gastar menos de USD 300.000.

«He dispuesto al equipo de transición buscar eficiencia y responsabilidad. Que se trabaje con el gobierno saliente y se gaste menos del 50 % de la cantidad presupuestada para el cambio de mando», publicó.

Sobre el evento

El servicio incluye la coordinación, ejecución y supervisión de las actividades relacionadas con el transporte, alojamiento, protocolo y alimentación de los invitados nacionales e internacionales.

La contratación ocurre mientras el país atraviesa una crisis presupuestaria grave que el presidente electo Daniel Noboa deberá asumir. No hay liquidez para pagar a los proveedores del Estado, los GAD y los décimos de los funcionarios públicos.

El contrato incluye una serie de eventos y actividades, entre los que se encuentran:

• Atención en la sala VIP del aeropuerto de Quito, con servicio de cafetería para los invitados y delegaciones.
• Un evento para la despedida del presidente Guillermo Lasso, que podría realizarse en el Palacio de Gobierno u otro lugar, para el que se requirió una cantidad de más de 200 cenas y 500 copas de vino y champán.
• Servicio de refrigerio y cafetería para el cambio de mando en la Asamblea Nacional.
• Un almuerzo VIP para la bienvenida al presidente electo, Daniel Noboa, para el que se han solicitado 640 platos, 1.200 copas de vino y champán.
• otro acto de bienvenida a Noboa en el Palacio de Carondelet, que incluye refrigerios, bocaditos, copas de vino y champán.

Además de las cortesías del Gobierno para los invitados que incluyen: hospedaje, transporte y obsequios, entre estos, sombreros de paja toquilla, bufandas de alpaca, chales, mancuernas, figuras de plata, para lo que la contratista no podrá sobrepasar los USD 9.000.

Adelanto de la posesión

El cambio de fecha para la posesión presidencial, antes prevista para el 30 de noviembre, atiende a varias razones. Políticas, ya que el equipo de transición de Daniel Noboa alegó que es importante resolver los problemas del país de forma rápida y sin perder más tiempo.

Sin embargo, también hay una razón personal. Según diario El Universo, el 30 de noviembre será el cumpleaños número 36 de Noboa y quiere evitarse que ambos eventos choquen. La Asamblea, en cambio, tendrá su sesión inaugural el próximo 17 de noviembre.

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Hasta agosto pasado el Ministerio de Finanzas debitó USD 670 millones de diferentes cuentas de empresas e instituciones públicas para a través de los llamados «convenios de liquidez», dedicarlos a financiar el desfinanciado Presupuesto General del Estado vigente, escribió en su cuenta de X. 

La deuda pública del país, según datos del Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Finanzas, ha alcanzado los USD 80 mil millones, lo que representa el 75% del PIB. Los pagos por capital e intereses de esta deuda absorben alrededor del 25% del Presupuesto General del Estado (PGE).

Este escenario genera un círculo vicioso en el que el gobierno debe recurrir a más endeudamiento para financiar los pagos de la deuda, lo que a su vez aumenta el peso de la deuda sobre la economía y dificulta el crecimiento.

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No es el único problema

El débil crecimiento económico es otro factor que contribuye a los problemas económicos de Ecuador. En los últimos 6 años, el PIB ecuatoriano apenas creció un promedio de 0,5% anual.

Este crecimiento insuficiente se debe a una serie de factores, entre los que se encuentran la caída de los precios del petróleo, la incertidumbre política, las nulas políticas económicas del gobierno para generar ingresos y la debilidad de la inversión privada. (MIB)

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«Luego de un manejo de las cuentas fiscales realmente desastroso, que se origina con una intencionalidad política para demostrar, falsamente y manipulando la información de la gestión del Ministerio de Economía, que el gobierno dejaba la casa en orden. La consecuencia directa e inmediata es que no tienen un centavo en la caja fiscal», dijo en entrevista en Aunque no esté de moda de Radio Municipal.

Agregó que el gobierno no movió un dedo en reactivar la economía real. «Poner en marcha una economía en la que se incremente el consumo, la producción y el empleo, para eso se necesita una economía económica desde lo fiscal que sea fuerte y orientada a la inversión pública».

Esto llevó a crear una inversión pública que solo constara en las actas y no en la práctica. «La inversión pública en el papel era la quinta o sexta parte de la inversión que fue hace 10 años. Se retiraron, desde la gestión del gobierno, recursos que circulaban normalmente en la economía. Por ellos menos dinero en la economía, menos posibilidad de que la economía se reactive».

Cifras erradas

«Lo peor de todo es que para mostrar como que si fuera un éxito de este gobierno la reducción del déficit fiscal. En el presupuesto general del estado en 2023 se inflaron notablemente los ingresos y se desinflaron los gastos. El resultado final aparecía muy positivo, pero en la realidad los ingresos eran bastante menores», explicó

Es el caso del sector petrolero. De acuerdo con lo que consta en el presupuesto general del Estado se producen diariamente 515.000 barriles en promedio, sin embargo, esta cifra no concuerda con la realidad ya que se producen 486.000. Por cada barril de petroleo falso, eran USD 70 menos que entran diario a la caja fiscal. Además que habían muchos más gastos de los que estaban en el presupuesto.

«El resultado, simple y llanamente, es que no alcanzó la plata. Este momento no tienen para poder cerrar el año y le dejan al nuevo gobierno el peor mes, diciembre, para que se hagan cargo de este muerto bastante grande», acotó el experto.

¿Y las soluciones?

Para el ex ministro hay varias salidas y todas requieren una brutal política. Una de ellas es cobrar los impuestos. «A la fecha, ya estamos con alrededor de USD 2.000 millones de impuestos que no han sido pagados por grandes contribuyente morosos y el SRI debería echar mano de esos recursos. Una de las empresas relacionadas al presidente electo está en esa lista».

En vista de que un nuevo gobierno asumirá el poder en diciembre, Noboa deberá presentar la proforma al presupuesto general del Estado máximo hasta enero de 2024. El problema es que no existe una base de ingreso y egresos para establecer dichos presupuestos, lo que sí hay es una acumulación de deudas enormes sin registrar. «A esto los economistas le llamamos la bola cuando se hace mal un presupuesto. En el papel sí aguanta, pero en la realidad no hay dinero y empiezan a generarse muchos atrasos».

La deuda de los GAD provinciales, por ejemplo, se acerca a los USD 600 millones. Sumadas a los GAD municipales llega a los USD 1.500 que deben pagarse por ley. Sin embargo, esos pagos no son los únicos. Están los proveedores del Estado a los que no se han pagados USD 2.000 millones. Como todo esto consta en el presupuesto general no se los denominan deudas si no atrasos porque se supone que en un momento entrará esa plata. Eso será el siguiente año, pero como no está registrado, el pago se retrasa cada vez más y se forma una bola de deuda. (MIB)

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Hubo tres pronunciamientos durante la mañana de este lunes 6 de noviembre. El Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) realizaron ruedas de prensa para expresar su malestar por la medida del régimen.

La prefecta de Pichincha y presidenta del Congope, Paola Pabón, mantuvo una reunión con sus homólogos de las provincias para tomar acciones ante la suspensión de entrega de asignaciones y la «deuda histórica» del Gobierno Central.

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, indicó que la deuda asciende a los USD 563 millones. «No pedimos nada extra, lo único que pedimos es que cumpla el Ministro de Finanzas», refirió.

El presidente nacional de Congaropare, Pabel Cantos, anticipó que los integrantes de las juntas parroquiales se movilizarán de manera pacífica el día miércoles 8 de noviembre de 2023.

Deudas a los municipios

El alcalde de Nabón y presidente de AME, Patricio Maldonado, señaló que no han obtenido una respuesta satisfactoria del régimen y que los recursos no han llegado a los municipios.

La Asociación advierte que los acuerdos ministeriales 027 y 062 del Gobierno lesionan los recursos con un recorte del 6.63 % del presupuesto de GAD’s municipales. Las medidas equivalen un golpe de USD 147.76 millones de valores pendientes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Maldonado precisó que el Gobierno Central adeuda USD 511.92 millones a los diferentes municipios por diferentes rubros, solo al cabildo quiteño le debe USD 200 millones. Los montos a cancelar se dividen así:

• USD 5.5 millones por la Ley 047
• USD 392 millones por el Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico desde 2019 a 2023
• USD 27 millones (aproximadamente) por devolución de IVA desde las resoluciones de julio de 2023
• USD 62.8 millones por la Ley Orgánica de Servicios Públicos y Energía Eléctrica
• USD 24.3 millones por fondos Fingad

Tras la reunión, los alcaldes y simpatizantes ase volcaron a las calles de Quito hacia el ministerio del ramo, ubicado en la Plataforma Financiera al norte de la capital.

Marcha en el Guayas

Por otro lado, en Guayaquil se produjo una marcha encabezada por la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, en compañía de varios alcaldes de la provincia. Las autoridades y manifestantes presentes exigían al régimen que desiste en su decisión de reducir las asignaciones.

La entrada Alcaldes y prefectos reclaman deudas y recortes presupuestarios por parte del Gobierno se publicó primero en La Calle.

Este presupuesto se utilizará para el fomento productivo, infraestructura turística rural, vialidad estratégica, infraestructura social, protección y conservación ambiental, desarrollo tecnológico e innovación. Este esfuerzo busca dinamizar la economía rural y combatir la desigualdad existente.

Esta inversión tiene en cuenta la protección ambiental. El 92% del suelo que debe ser conservado se encuentra en las parroquias rurales, especialmente las que pertenecen al Chocó Andino.

La entrega de este fondo se realizará en la parroquia de Tumbaco, en un evento en el que estará presente el burgomaestre.

Trabajar para la ruralidad

Quito se convierte, de esta manera, en la primera capital de la región en pensar en un enfoque de desarrollo rural. Entre los proyectos para la parte rural está una Dirección Metropolitana de Desarrollo Rural, una Estrategia de Gestión Integral de la Ruralidad que se está construyendo y el Fondo de Desarrollo Rural que financiará la estrategia.

El Gobierno asignó más de 12 millones de dólares a las parroquias rurales, más el presupuesto del Fondo de Desarrollo Rural. Esta inversión permitirá que estas parroquias cuenten con más del doble del presupuesto previsto para el año 2024.

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El fondo permitirá que los candidatos promocionen sus propuestas en radio, televisión, vallas publicitarias, prensa escrita y medios digitales, a partir del 24 de septiembre hasta el 12 de otubre de 2023.

Este nuevo proceso electoral se desarrollará el 15 de octubre de 2023 a nivel nacional e internacional. Cabe recalcar que las juntas en el exterior repetirán las elecciones para asambleístas debido al fracaso del voto telemático el pasado 20 de agosto.

Además, la entidad electoral realizará consejos consultivos para las elecciones de vocales de juntas parroquiales rurales de Juan Montalvo, en Pichincha; Sosote, en Manabí; y, La Primavera y La Magdalena, en Sucumbíos.

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«A las 4:30 nos comunicaron de la presencia de este artefacto. La unidad de explosivos de la Policía Nacional realizó. Antes manejábamos delincuencia común, ahora es el crimen organizado. No podemos romper la trilogía: comunidad, autoridad y policía. Deben vernos unidos», dijo el ministro en entrevista con Radio Municipal.

Una amenaza grave

Zapata explicó que la relación bandas delincuenciales / carteles transnacionales torna mucho más grave la situación. «Antes el destino de la droga era EE.UU., ahora son los mercados europeos porque cuesta más, está a USD 50.000 el kilo. Incautamos 506 toneladas de cocaína con un valor de USD 36.000 millones de afectación. Ecuador se convirtió en un país tránsito acopio y consumo», expresó.

Para el ministro, la seguridad integral es «un tema de Estado y el Estado somos todos. La norma no nos ayuda para nada, la Asamblea debe hacer reformas a la ley para que enfrentemos la compleja situación. No tuvimos fase de contención durante los períodos anteriores».

Como ejemplo, refirió a la Ley del uso progresivo de la fuerza. «En 54 enfrentamientos con el uso de la fuerza se neutralizaron a los 54 sospechosos porque tenemos una norma que nos protege y permite trabajar».

Sobre esta trilogía de lucha por la seguridad, explicó que ya se está trabajando con los gobiernos locales. El Municipio de Quito está entregando equipos y dando mantenimiento a las UPC, al igual que la empresa privada. Se reunirá con el Municipio de Cuenca para firmar un convenio de seguridad y la Prefectura del Azuay entregará motocicletas y equipos de reconocimiento facial.

Presupuestos

Sobre el tratamiento de los presupuestos, Zapata enfatizó que la ejecución se refleja una vez se realice la entrega de las herramientas, lo que sucederá entre octubre y diciembre de este año antes de dejar el cargo.

«No soy un improvisado de la función pública y sé cómo funciona la contratación. Llevo 11 meses de ministro y los presupuestos de ejecución son anuales. (…) En el caso del Ministerio y la Policía, las herramientas se adquieren en el extranjero porque no hay fabricación nacional. Ya están firmados los chalecos del eje preventivo. A finales de este mes nos entregarán esa herramienta. Los chalecos constituyen el 43% de la ejecución del presupuesto y a eso se suman herramientas como armas, balas, entre otros. A principios de diciembre superaremos el 94% de la ejecución presupuestaria».

El funcionario expresó que dejará la función pública cuando este gobierno termine su período en diciembre. «Cuando uno da alma, corazón y vida a su trabajo, a su país, yo me voy tranquilo. Siempre estaremos al servicio del que venga, pero ya no en la función pública. Mi familia ha dicho ya que no más trabajo en el sector público, pero si puedo transmitir mi experiencia a quienes lo necesitan. Será mi último cargo público en mucho tiempo». (MIB)

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Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el 2020 fue el año en el que menos recursos se destinaron a esos dos sectores. Además, en ese mismo año el presupuesto general del Estado se redujo en USD 4.206. Es decir, el presupuesto fue de USD 32.530.

Desde 2017, el presupuesto en Educación ha tenido una reducción progresiva, en ese periodo el sector tuvo USD 5.289, subió en 2018 a USD 5.289, pero en 2019 empezó su disminución, en total se destinó USD 5.147 y en 2020 destinaron USD 4.569.

Los más golpeados

Uno de los eslabones más vulnerados fue el de la educación superior, pues con el recorte presupuestario varias instituciones suspendieron su proceso de inscripción. El 2 de mayo, el Gobierno recortó USD 98 millones en presupuesto de 12 universidades públicas. Entre esas están: Universidad de Guayaquil, Universidad Central del Ecuador, Universidad de Cuenca, Universidad de las Artes, Escuela Politécnica Nacional, entre otras.

Después, la Corte Constitucional (CC) llamó a declarar a Moreno y el exministro de Economía, Richard Martínez por afectar el presupuesto de educación y suspendió cualquier medida. Sin embargo, el 10 septiembre de 2020, la entidad dejó sin efecto los recursos presentados y dio luz verde a esa reducción.

Ya llegó Lasso

Guillermo Lasso inició su periodo destinando un presupuesto de USD 4.987,6, una cifra que representaba supuestamente el 7 % más a los recursos destinados en 2020. Sin embargo, las organizaciones sociales continuar con su lucha, exigiendo que se les restaure el presupuesto que se había retirado.

«El recorte desconoce el trabajo de la Universidad que desde el año 2019 incrementó el número de estudiantes. De 39.126 a 42.903 en el año 2021. Cifra que representó un incremento del 9.6%”, expresaron.

En la extinta Asamblea Nacional, las bancadas PSC, UNES y Pachakutik rechazaron la propuesta. Argumentaron que el gobierno de Lasso no estaba cumpliendo con las ofertas de campaña, donde anunció mejoras para ese sector.

En 2022, se asignaron USD 4.861, una recesión luego de todas las bajas que mantuvo en los últimas periodos. Finalmente, en 2023 incrementó a USD 5.583. Sin embargo, las amenazas contra el presupuesto a las universidades continuaron.

Varias entidades realizaron plantones para evitar que las estas se vean afectadas. Según ellos, ese recorte afectaría a las unidades de investigación, contrato de maestros y dotación equipos.

Sobre la salud

El sector de la salud ha afrontado grandes estragos en ese mismo periodo de tiempo. En 2018, tuvo un presupuesto de USD 3.037, sin embargo, en 2019 destinaron UD 2.899. Un año que fue duramente golpeado por la pandemia por covid-19. Mientas que en 2020, presupuestaron USD 2.833, cuando cientos de ciudadanos denunciaron la falta de medicinas en los hospitales.

Además, en aquel entonces Moreno y su gabinete decidieron pagar la deuda con los multilaterales a dotar de medicinas e insumos a los ecuatorianos. En ese lapso, Ecuador vivió unas escenas similares a las de una película de terror. Personas encerradas en sus hogares, cuerpos tendidos en las calzadas, ataúdes de cartón o cuerpos embalados en funda por la pandemia.

La mano de Lasso

Con el primer mandatario el presupuesto en este sector fue de USD 3.213, una cifra comparada con los últimos cuatro años, mientras que en 2022 destinaron USD 3.162. Los ecuatorianos le exigían a el jefe de Estado que responda por las promesas que expresó en campaña y no ha podido cumplir. En medio del clima invernal, los hospitales presentaron una infraestructura deficiente.

También, los pacientes denunciaron que tiene que comprar desde las gasas hasta los medicamentos para que puedan ser atendidos.

En 2023, el presupuesto tuvo se redujo a USD 3601. Lasso prometió reformar el sistema de salud en el periodo que se desempeñaría como presidente. No obstante, a pocos meses de culminar su periodo, el vicepresidente prometió reformar el sector en ese corto tiempo, pero tampoco se han evidenciado resultados.

En octubre de 2022, el régimen aseguró que más ambulancias llegarán al país a través de un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios de Proyectos (Unops), pero hasta el momento esta intención no se ha concretado.

La entrada Moreno y Lasso aplastaron el presupuesto para educación y salud se publicó primero en La Calle.

Este porcentaje es mucho menor si los comparamos con otros ministerios. El de Deportes ha ejecutado el 58.5%; el de Telecomunicaciones, 52.1%. Son las únicas carteras de Estado que pasan más del 50% de la ejecución.

El Ministerio de Gobierno gastó, en ese mismo período, el 48.8%. El de Energía, 39.6%; Defensa, 37.8%; Cultura, 33.3%; Transporte y Obras Públicas, 28.1%; Trabajo, 23% por mencionar a algunos.

Lenta ejecución

Según datos del MEF, en los seis meses del 2023, el Ministerio del Interior utilizó USD 8.6 millones de USD 96.9 millones de su presupuesto para todo el año. Lo que llama la atención debido a la grave crisis de inseguridad que el país atraviesa y se ha recrudecido en 2022.

Según el ministro del Interior, Juan Zapata, la ejecución del presupuesto se verá reflejada a finales de año, ya que, de acuerdo con la autoridad, la compra de equipos para la Policía Nacional está en proceso. “Nosotros estaremos firmando todos los contratos y haciendo todas las adjudicaciones entre el mes de julio y primeros días de agosto (de 2023). Las fechas tope hasta octubre y noviembre. Cuando se pague todo, obviamente ahí se ejecuta”, dijo el ministro a diario Expreso. (MIB)

La entrada Ministerio del Interior ha gastado menos del 10% de su presupuesto se publicó primero en La Calle.

El pleno del CNE se reunió para aprobar el calendario, el plan operativo y el porcentaje de cálculo del presupuesto para las próximas elecciones. La consejera Elena Nájera cuestionó la cifra destinada a la gestión de comunicación.

Para la funcionaria, sería una buena estrategia dotar de equipo y tecnología a esta área para no tener la necesidad de contratar agencias publicitarias externas. De igual manera, señaló que existe un incremento notable al presupuesto para el monitoreo de medios de comunicación.

No obstante, recalcó que una de sus mayores preocupaciones fue la cifra asignada a los viáticos de los funcionarios de planta central, cantidad que se triplicó a comparación del monto designado en 2021.

Con las observaciones sobre la mesa, el Pleno aprobó el presupuesto designado a este proceso electoral. Se prevé el gasto de USD 48.317 millones para la primera vuelta y USD 31.623 para una posible segunda vuelta.

Calendario Electoral

En otro punto del orden del día la mesa de consejeros aprobó el calendario establecido para este períodol;

• 25 de mayo al 7 de junio, inscripción de alianzas electorales;
• 28 de mayo al 10 de junio, inscripción de la candidaturas tanto para los binomios presidenciales como asambleístas;
• 4 de julio al 3 de agosto, notificación a miembros de juntas receptoras del voto;
• Del 5 de julio al 20 de agosto, capacitación a miembros de juntas receptoras del voto (JRV);
• 30 de julio, primer simulacro electoral;
• 8 de agosto, publicación del listado oficial de candidaturas inscritas;
• 10 al 17 de agosto, campaña electoral;
• 13 de agosto, debate electoral;
• 20 de agosto, elecciones generales;
• 15 de octubre, sufragio en caso de segunda vuelta.

Unificación de elecciones

El 23 de mayo la Corte Constitucional (CC) aprobó el pedido del Consejo Nacional Electoral (CNE) para extender los plazos a la consulta popular del Yasuní, por ende, se unificará este proceso junto al de las elecciones anticipadas.

El 22 de mayo el CNE envió la propuesta, después de aprobarla en el Pleno con cuatro votos a favor y una abstención. Los plazos para la consulta popular Yasuní correrán a partir del 9 de junio.

Este proceso electoral estaba previsto para el 23 de julio. Sin embargo, la decisión le habría costado al Estado alrededor de USD 51 millones adicionales. (A.G.M).

La entrada CNE destinará más de USD 79 millones a las próximas elecciones se publicó primero en La Calle.

La institución solicitó USD 374 9 millones para el 2023 y todos los recursos que hagan falta. Sin embargo, solo se aprobaron USD 337 millones.

Terán, a través de un comunicado, mencionó que el déficit en el organismo es de casi USD 256 millones que eran destinados para cubrir proyectos de transformación tecnológica de la justicia, infraestructura y modernización del sistema notarial.

Además, comentó que por la falta de recursos no se han realizado nuevos concursos para nombrar a jueces y fiscales ni los procesos de evaluación de a los servidores judiciales a nivel nacional.

«Estas cifras revelan que existe un ataque un ataque sistemático a la Función Judicial y con ello hay una vulneración de derechos», afirmó.

La acción de protección también fue presentada contra el ministro de Economía, Pablo Arosemena y el Procurador del Estado, Juan Carlos Larrea.

También, añadió que los continuos recortes presupuestarios que ha ejecutado Arosemena afectan a la seguridad del país y la autonomía del organismo.

«Sin este presupuesto, resulta ineficaz cubrir las necesidades y acceso a la justicia para los ciudadanos. Por ejemplo ha generado un déficit de 692 jueces a escala nacional», detalla el comunicado. (A.F)

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Lasso dijo que el apoyo y el reconocimiento a las “mujeres fuertes” del país aparece en acciones concretas. “Primero, creamos el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en segundo lugar, declaramos el Registro único de Violencia como política pública y en tercer lugar amplificamos la voz de las madres víctimas de femicidio”, expresó.

No sería necesario amplificar esas voces si existiera una política pública para disminuir los femicidios. Solo en 2022, la cifra de muertes violentas por cuestión de género llegó a 332, según datos de la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios. Esto quiere decir que asesinaron a una mujer cada 26 horas.

El mandatario agregó que “educamos con enfoque de género a las fuerzas públicas y otras instituciones”. Esa educación llegó tarde en el caso de Germán Cáceres, quien se encuentra en proceso de juicio por ser el autor del femicidio de su esposa María Belen Bernal. No es el único caso, en Ambato un mayor de Policía violó a una niña de 9 años y se encuentra en proceso de juicio.

Otros vacíos

Para la ministra de educación, María Brown, es un “reto” romper la barrera laboral para que la mujeres en ese rubro lleguen a cargos altos. Algo que no ha tenido solución en anteriores gobiernos y que tampoco la administración actual ha propuesto cambiar. Agregó que “las mujeres somos capaces de hacerlo todo”, sin mencionar que un verdadero apoyo estatal nos permitiría conseguir esas metas.

Lasso recordó que la principal demanda es el aumento de presupuesto para aplicar la Ley de erradicación de la violencia de género, una normativa vigente de 2018 que no tuvo tratamiento en el gobierno de Moreno y a la que el actual presidente prometió darle importancia y recursos. Eso en 2021 cuando todavía existía la Secretaría de Derechos Humanos. “Por eso invertiremos USD 24 millones hasta 2025”, una promesa que lleva desde el inicio de su mandato y que hasta ahora no ha tomado forma. (MIB)

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Terán llamó a una reunión a Lasso para atender el tema presupuestario y dotar con recursos a las necesidades del sistema judicial. Según la cabeza del CJ, esta medida detendrá las críticas y señalamientos que ha sufrido este poder del Estado.

«La Función Judicial goza de independencia e imparcialidad y requiere tener las condiciones necesarias en infraestructura, talento humano e insumos», señaló.

El titular resaltó que la falta de recursos a la función impiden garantizar un servicio oportuno y es una de los factores por las que el sistema judicial carece de estabilidad.

 “En el país se exige justicia, pues esto requiere de presupuesto”, mencionó.

Terán a la Presidencia del CJ

El 13 de febrero de 2023, el nuevo Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) designó como presidente del CJ a Wilman Terán. El titular estará en el cargo hasta enero del 2025. La decisión se tomó con siete votos a favor. Terán reemplazó a Álvaro Román y se convierte en el cuarto juez que asume este cargo. (N.J.C)

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Este plan contempla el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior y el SNAI, Institución encargada de las cárceles.

Según el Observatorio de Gasto Público, el presupuesto destinado a inversión pública debía ser USD 46 millones, de los cuales solo fue devengado USD 6 millones, es decir, el 13.2 % del presupuesto total.

Son ocho las instituciones que se beneficiarían del presupuesto general del Estado, tres son las más destacables:

El SNAI contaba con un presupuesto de USD 31 millones, incluyendo prestamos externos. Contemplaba cubrir cuatro programas relacionados con la rehabilitación social de los privados de libertad. Al cierre del 2022 solo se han invertido USD 7,2 millones, un 25 % del total.

El Ministerio del Interior presupuestaba un monto de USD 17 millones para cubrir equipamiento básico de los servidores policiales, adquisición de equipamiento especializado y, dotación de equipos tecnológicos. Al cierre del año no se usó un solo centavo del presupuesto, según el informe que recoge los datos del Ministerio de Finanzas.

El Ministerio de Gobierno presupuestaba USD 41,6 millones, bajo la premisa de fortalecer la seguridad y la estabilidad democrática. El año cerró con solo USD 11,5 millones invertidos. (O.S.V)

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«Compañeros policías, la ciudadanía se vuelca para respaldarlos. Nuestro respeto y apoyo para ustedes siempre. Gracias por su gentil y respetuoso trabajo. Simplemente una colaboración de los ciudadanos para ustedes», dijo el periodista Diego Arcos en un vídeo en su cuenta de Twitter.

Uno de los policías respondió. «Este tipo de actos como Policía nos compromete a seguir trabajando por la ciudadanía frente a la ola delincuencial que se está viviendo a nivel nacional. Los policías comprometidos con la seguridad de toda la ciudadanía somos más. Este tipo de actos nos fortalecen. Vamos a trabajar fuerte. Muchas gracias por este apoyo moral».

¿Y el aporte del Estado?

Las buenas intenciones de la gente no deben ser necesarias en un Estado que se supone destina una parte del presupuesto para la Policía Nacional. Según el ministro Arosemena, el presupuesto anual es de USD 1200 millones. «De lo que va del año está ejecutado el 75%», expresó en una entrevista.

No obstante, según una investigación de diario Expreso, los gendarmes deben conseguir su propia indumentaria desde hace siete años. Así mismo, los vehículos de patrullaje presentan problemas que no han tenido la debida solución. Surge entonces la pregunta sobre el destino del dinero ya ejecutado.

Además, el funcionario estatal dijo que el presidente Lasso planteó la búsqueda de recursos adicionales con un financiamiento externo para la infraestructura de seguridad. (MIB)

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A pesar de que el deporte es declarado como ‘política de Estado’, nuevamente la delegación nacional debe solicitar con urgencia los recursos financieros para que los deportistas puedan viajar y establecerse en la sede de los juegos.

Una situación similar sucedió con los Juegos Bolivarianos 2022, en Valledupar, Colombia. El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) anunció en mayo de este año que el país no podría participar en los Bolivarianos. La causa fue la asignación tardía del presupuesto por parte del Ministerio del Deporte.

Carta al ministro del Deporte

El presidente del Comité Olímpico, Jorge Delgado, envió una carta al ministro del Deporte, Sebastián Palacios, exigiéndole y recordándole el cumplimiento de la asignación presupuestaria.

“Nos encontramos a solo 46 días de la inauguración de los XII Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, y aún no notifican al Comité Olímpico Ecuatoriano sobre el techo presupuestario para estos Juegos”, detalla en el documento.

Delgado aseguró que, sin la asignación de recursos financieros no existe la posibilidad de iniciar los trámites de contratación pública para la adquisición de pasajes, que podrían ir más allá de los altos costos.

El retraso se da pese a que hace cinco meses la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia enfatizó que era necesario convertir al Ecuador en un referente deportivo a nivel regional y mundial.

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Sus duras palabras se interpretaron mal por algunos. No se queja de quienes lo seguimos y nos alegramos con sus logros. Se queja por ser la excepción y por haber visto a muchos potenciales excelentes ciclistas quedarse en el camino. Se queja a nombre de todos quienes ganan -a pesar- del Ecuador. Incluso a nombre de quienes perdieron esa guerra…

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Según el decreto ejecutivo, el Ministerio de Finanzas, Trabajo y Gobierno son responsables de «realizar todas las acciones legales y administrativas que requieran para la implementación».

El pasado 14 de agosto, el ministro del Interior, Patricio Carrillo indicó que el proceso «lleva algunas complicaciones. Aún comparten presupuesto con el Ministerio de Gobierno.

«Vamos a pedir una prórroga por una serie de consideraciones. Ahí hay procesos de carácter legal que deben llevarse. Y en estos cuatro meses que ya han transcurrido, hemos venido trabajando en políticas públicas de seguridad», dijo el funcionario.

Silencio de las otras instituciones

Expreso pidió detalles sobre los trámites legales que faltan por cumplirse, pero el Ministerio de Gobierno y del Interior no contestaron. Tampoco el Ministerio de Finanzas, quien es el encargado de entregar un detalle del presupuesto entregado.

Mientras tanto, la inseguridad campea en el país. Carrillo argumentó que fenómenos como explosiones, sicariato y enfrentamientos entre bandas ocurren en lugares donde la geografía ayuda al narcotráfico, es decir la Costa. Según el ministro, esto no ocurre ni en la Amazonía ni en la Sierra.

Tras la explosión en el Cristo del Consuelo, se han decomisado explosivos fabricados de forma casera. El funcionario no detalló la cantidad de estos artefactos.

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Según el documento de la reforma presupuestaria “se ha considerado la alternativa de priorización de recursos entre unidades médicas sobre las partidas presupuestarias que tienen una baja ejecución”, informó diario La Hora Tungurahua.

Dicha reforma expresa que se utilicen recursos que se encuentran en zonas de bajo porcentaje de ejecución. En el rubro de medicina, el Hospital ejecutó solamente el 7.42% hasta junio.

“Se considera la partida presupuestaria 530809 Medicamentos para realizar el retiro de recursos en vista de la baja ejecución y de contar con saldo disponible, para trasladar de esta manera el recurso al Fondo de Salud”, agrega el memorando.

El analista Marco Proaño Maya le dijo a La Hora que se debe analizar los cambios que se realizan por la afectación que sufren los afiliados y sus familias que expresan que no existen medicinas en hospital y les mandan a comprar desde lo más básico.

“Hay una ruptura entre el gobierno y el IESS, no se solventa las necesidades de los afiliados y aún se evidencia la falta de medicamentos, la falta de insumos e incluso
los mismos beneficios de ley”, dijo. MIB

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