«El vínculo que tiene el alcalde con el presidente no tiene que obligar a la ciudad a aceptar un proyecto capricho», dijo Del Pezo en entrevista con La Calle.

Agregó que existiría una vulneración de derechos si el alcalde Córdova concreta la construcción con el gobierno ya que se saltaría el debido proceso. Aclaró que en primera instancia es necesaria la autorización del Consejo para el levantamiento de un proyecto en cualquier predio de la municipalidad.

Asimismo destacó que la construcción de una cárcel de máxima seguridad no está contemplada en el plan de desarrollo cantonal ni fue parte de las propuesta del burgomaestre en campaña electoral.

Por otro lado, manifestó la necesidad de una consulta previa a la ciudadanía, una medida que no se tomó con el pueblo de Archidona en su momento. «No podemos venir y administrar la ciudad como se nos da la gana», resaltó.

Una cárcel de máxima seguridad trae inseguridad

Del Pezo señaló que ya existen inconvenientes con la construcción de la primera cárcel de máxima seguridad en la parroquia Simón Bolívar, en Santa Elena. La ciudadanía ha denunciado casos de extorsión, un problema que antes no existía en el sector.

«Va a existir un impacto directo al turismo (…) Es imposible pretender que una cárcel le va a garantizar seguridad a la ciudadanía o va a dinamizar la economía», resaltó.

Además manifestó que el gobierno planteó la construcción de un hospital en el cantón La Libertad como una cortina de humo a la pretensión de la edificación del centro penitenciario.

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