Contexto del caso

El juez electoral Fernando Muñoz resolvió que Diana Salazar fue víctima de violencia política de género. Las señaladas: Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, y Angélica Porras, abogada y activista, integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular.

Ambas realizaron publicaciones en redes sociales en las que acusaban a Salazar de plagio en su tesis de grado y la atacaban con calificativos como “#LadyImpericia”, “copiona”, “inepta” e “incapaz”. La Universidad Central del Ecuador desestimó posteriormente el presunto plagio, aunque admitió errores en las citas académicas.

Argumentos de la sentencia

El TCE determinó que las publicaciones y declaraciones constituían violencia política de género conforme al artículo 280 del Código de la Democracia. Se alegó que los mensajes, además de desacreditar a Salazar como funcionaria, estaban cargados de estereotipos de género y buscaban minar su legitimidad como fiscal.

Las sanciones

1. Suspensión de derechos políticos:
   • Schettini: 3 años
   • Porras: 2 años Durante este período, no podrán postularse, ejercer cargos públicos ni votar.
2. Multas:
   • Schettini: USD 22.500
   • Porras: USD 13.500
3. Restricciones adicionales:
   • Prohibición de emitir contenido que aluda a la fiscal.
   • Eliminación de publicaciones ofensivas.
   • Disculpas públicas.
   • 40 horas de capacitación contra la violencia política de género.

¿Quién asume sus funciones?

Tanto Schettini como Porras son legisladoras electas por el movimiento Revolución Ciudadana (aunque no oficialmente posesionadas en el pleno). Dada la suspensión de sus derechos políticos, no podrán asumir su curul ni participar en el ejercicio de funciones legislativas. Sus alternos asumirán esas funciones, de acuerdo con el procedimiento parlamentario establecido por la Asamblea Nacional.

¿Sentencia legítima o acción política?

Para algunos sectores, el fallo representa un avance en la protección de las mujeres en la política, marcando un precedente claro contra los ataques basados en estereotipos de género.

Pero para otros, se trata de una respuesta política disfrazada de justicia. El colectivo Acción Jurídica Popular ha sido crítico de Salazar, especialmente tras presentar denuncias por presunto plagio. Para figuras como Angélica Porras, la fiscal usa selectivamente su poder: activa ciertos casos cuando le conviene políticamente y congela otros que afectan a aliados.

Este caso se suma a una lista de episodios que muestran cómo la fiscal general mueve fichas judiciales con cálculo político, un patrón que ha sido denunciado por actores de diversas tendencias.

Documentos y fuentes oficiales

• Sentencia del TCE – Documento PDF
• Sitio oficial de la Fiscalía General del Estado

Conclusión: Lo que parecía una sanción jurídica se ha convertido en un caso emblemático del uso del aparato electoral y judicial en un país donde la política y la justicia rara vez caminan por separado.

SENTENCIA DEL TCE: https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/3338a2_SENTENCIA-250-23-170124.pdf?utm_source=chatgpt.com

RECURSOS FGE: https://www.fiscalia.gob.ec/publicacion-de-sentencias/?utm_source=chatgpt.com

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» Si eso significa cárcel, aquí estaremos. Nosotras tenemos lo que Diana Salazar no, la verdad», expresaron en un video difundido en sus redes sociales.

Las acusadas señalaron que el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, quien ordenó el dictamen, atraviesa un proceso de investigación por la misma Fiscalía. Asimismo hicieron un llamado a la funcionaria para que deje de utilizar a la justicia como un instrumento de persecución política.

La denuncia de Salazar

El pasado 6 de junio la fiscal Salazar informó sobre este dictamen a su favor, pues el TCE determinó que tanto Schettini como Porras habrían incurrido en una infracción electoral muy grave como es la violencia política de género.

El magistrado ordenó que las acusadas pidan disculpas públicas a Salazar y les prohibió la publicación de cualquier contenido en sus redes sociales que haga alusión a la Fiscal General. De igual manera, las mujeres tendrán un plazo de 10 días para borrar de su cuenta de X publicaciones con el #Ladyimpericia y #Ladyimpericias.

Otra de las medidas interpuestas por el TCE es que las acusadas acudan al Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas, en Quito, para recibir una capacitación de 40 horas sobre la sensibilización contra la violencia política de género.

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»El último informe del sistema de riesgos del 25 de enero del 2024 establece que tenga un 70% de riesgo de que puedan atentar contra mi vida», dijo la activista a través de redes sociales.

Cuestionó la gestión del sistema de protección, pues enfatizó que los mismos funcionarios al frente de la justicia estarían filtrando su información personal. Denunció que el pasado 3 de enero, cuando varios sujetos ingresaron a su domicilio, activó todos los protocolos para pedir ayuda, sin embargo, la Policía llegó una hora tarde.

»Dos tipos nos apuntaron a mi hijo y a mí, nunca llegó el sistema de protección a tiempo. Quien llegó fue la Policía del Ministerio de Gobierno gracias a un publicación que hice porque nadie llegaba», resaltó.

Hasta el momento la activista ha presentado 13 denuncias en Fiscalía por agresiones, intimidación y amenazas de muerte. »Todo empezó cuando empezó a asumir frontalmente la defensa de su esposo, Freddy Carrión», dijo su abogada, Angélica Porras. (AGM).

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Palencia comentó, a través de su cuenta de X, que se comunicó con el comandante general de la Policía y solicitó que brinden ayuda de inmediato para la familia de Schettini. «La Policía está activada. Su angustia es nuestra», expresó.

Por su parte, AJP agradeció a la ministra por su intervención y solicitó a los uniformados que realicen rondas constantes en el sector.

«Reconocemos su humanidad y la protección brindada (…) pues el programa de víctimas y testigos no sirve (…) «, recalcó AJP.

Una noche llena de angustia

La integrante del colectivo alertó que los antisociales habrían ingresado a su casa, lugar donde se encontraba con sus tres hijos, y la Policía no respondía a los llamados. «La Policía no llega y ya son 20 minutos. Alguien ayúdenos», enfatizó.

Esta no es la única vez que la implicada denuncia este tipo de hechos. Según Schettini, ya presentó 12 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la autoridad a cargo no ha tomado acciones al respecto.

Todo es un caos

Schettini responsabilizó de los últimos hechos a la fiscal Salazar, y a la Policía. Además, recalcó que este sería el cuarto ataque que recibe y las autoridades no han ejecutado ninguna acción.

De la misma manera, aclaró para Radio La Calle, que la FGE sortea las denuncias interpuestas a diferentes jueces, pero ninguno ha dado respuesta. “Mi causa la conocen más de seis jueces, pero estamos igual”, manifestó.

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La cámara de videovigilancia captó el momento en el que varios autos se estacionaron en los exteriores de su residencia a las 22:00 aproximadamente. Se mantuvieron en vigilia y a las 3:30 de la madrugada del 10 de diciembre, otros sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra su casa.

Schettini responsabilizó del hecho a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y a la Policía Nacional. Además, recalcó que este sería el tercer ataque que recibe y las autoridades no han ejecutado ninguna acción.

De la misma manera, aclaró para Radio La Calle, que esta sería la décima denuncia que interpone en la Fiscalía General del Estado (FGE), ellos sortean la causa a diferentes jueces, pero ninguno ha dado respuesta. «Mi causa la conocen más de seis jueces, pero estamos igual», manifestó.

La denuncia en esta ocasión la presentó de manera formal ante el fiscal que lleva la investigación de intimidación.

«La Fiscalía también tiene conocimiento de todos los hechos, la fiscal lo sabe, pero nadie a hecho nada», ratificó.

Schettini mencionó que este sería otro intento por silenciarla. Además, su abogada Angélica Porras lamentó que el programa de víctimas y testigos no haya implementado las medidas de protección eficaces para salvaguardar la vida de su defendida y sus hijos.

«Tenemos serias sospechas de que cierta información ha sido filtrada desde el propio sistema de víctimas y testigos protegidos».

El sistema de testigos protegidos

La integrante de AJP señaló que la fiscal la habría retirado del sistema de testigos protegidos luego de que la denunciara por el supuesto plagio de su tesis. Posterior a eso, cuando un hombre intentó ingresar a su casa el 27 de septiembre, la volvieron a incluir en el programa.

«Solo me llamaron del sistema, hicieron un informe de riesgo y el 7 de noviembre de 2023 regresé al programa», dijo.

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Sempértegui ya otorgó el audio de cuatro horas de la sesión del Honorable Consejo Universitario (HCU) al colectivo Acción Jurídica Popular (AJP), así lo confirmó Priscila Schettini a Radio La Calle. Comentó que ahora lo revisarán para corroborar la información que difundió el rector.

«Esto tomó fuerza en segunda instancia y ratificó que debían entregarnos el audio porque eso es algo público», dijo.

Recalcó que esta información debieron haberla entregado en el tiempo pertinente, pues transcurrieron más de dos meses y el proceso quedó en incertidumbre.

El pasado 14 de julio de 2023, AJP interpuso una demanda de acceso a la información contra la UCE por no entregar la información sobre la tesis de la fiscal. En este recurso solicitó audios, grabaciones, actas de la reunión en las que se discutió el tema y la votación -aprobada por la mayoría- para definir los «errores de la fiscal» como una «impericia».

El rector de la UCE se opuso a entregar el clip y mencionó que esta sería solo una «intención de ofender al HCU de manera pública». En ese momento, apeló la resolución y pidió al juez la prevención del uso legal y constitucional de la grabación.

«Este es un hecho gravísimo y sin precedentes en el país que solo somete a los miembros de esta mesa a injurias», dijo en La Hora.

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La fiscal alegó que las integrantes de AJP «menoscabaron» sus derechos políticos y desacreditaron su imagen pública y capacidad intelectual a nivel nacional e internacional.

Según ella, las acusaciones y violaciones a las que fue sometida «no le permiten ejercer plenamente el cargo» y en igualdad de oportunidades que sus compañeros.

«Me causa sufrimiento y, también a mi madre, hija, hermana y demás miembros. Ha impactado además de forma negativa a mi salud de acuerdo a lo que dicta la Organización Mundial de la Salud (OMS)», argumentó.

El pasado 20 de septiembre de 2023, el TCE conoció el proceso y sorteó al juez Fernando Muñoz Benítez para que lleve el caso. Sin embargo, Benítez se encuentra fuera del país, por lo que la denuncia debía ser atendida por el juez subrogante, Richard González.

Sin embargo, González también forma parte de AJP y presentó una excusa para no participar y se mantiene pendiente.

AJP alertó de un supuesto plagio en la tesis de la fiscal y creo una veeduría en el Cpccs para que el caso sea atendido. Tiempo después el Honorable Consejo de la Universidad Central del Ecuador (HCU) alegó que Salazar solo habría cometido «impericias» en su proyecto de titulación. No obstante, una comisión internacional aseveró que la máxima autoridad de la FGE habría cometido tres tipos de plago en su tesis.

Salazar contra todos

El 16 de junio, Salazar inició una investigación contra González por supuestamente difundir información reservada.

El magistrado indicó que la información reservada por la que se lo investiga es la convocatoria a rendir la versión y que, hasta el momento, no se ha concretado.

“Ese documento está en la cartelera del TCE. Señora, no puede confundir esa petición con un testimonio o examen. Todos sabemos que son dos cosas diferentes”, mencionó.

Además, Salazar junto a su madre pusieron otra denuncia al colectivo por el supuesto delito de odio. Schettini mencionó, para Radio La Calle, que el origen este nuevo proceso se debería a la denuncia que el colectivo presentó por el supuesto plagio de la tesis de Salazar. Según ella, los mensajes que surgen en redes sociales, a partir de esa denuncia, no le parecen y culpa a los miembros del colectivo. (N.J.C)

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Cámaras de videovigilancia grabaron cuando un sujeto desconocido intentó ingresar -sin éxito- a su domicilio. La persona encapuchada fracasó, pero se quedó por unos momentos merodeando la zona. El hecho se suscitó durante la tarde del miércoles 27 de septiembre de 2023 a las 15:38.

Además, la afectada responsabilizó del crimen a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y a la Policía Nacional. Adicionalmente, refirió que ha puesto nueve denuncias por ataques e intimidaciones, pero las autoridades no ha procedido a investigar.

Vida en peligro

El 5 de junio de este año, Schettini recibió amenazas de muerte a través de redes sociales. Además, anteriormente también fue intimidada de distintas formas, aseguró.

La esposa del exdefensor Carrión atribuye los ataques a una persecución por parte de las autoridades. Según ella, las amenazas surgen a partir de la denuncias contra la fiscal general Diana Salazar por el caso de su cónyuge y el presunto plagio en la tesis de pregrado de la titular de la Institución.

La familia de Carrión (su esposa y tres hijos menores) contaba con el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (SPAVT) desde el 2022. Sin embargo, el 19 de mayo de 2023, la Fiscalía retiró a los ciudadanos del programa.

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Rechazamos la decisión de los rector del IAEN que nos cierre las puertas y al rector de la Universidad Andina Simón Bolívar por prestarse para chismes de Twitter. Haro censuró y desalojó a todos los que acudimos al foro. ¿Por qué no quieren que hablemos del plagio de la Fiscal General? ¿Cuál es el miedo?», publicó Priscila Schettini en su cuenta de X.

El evento académico se titulaba «Universidad y Justicia: entre el Plagio y la Impericia». Se trataba de un coloquio sobre el análisis académico del supuesto plagio cometido por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en su tesis de pregrado y en un artículo académico de su autoría.

Foto: IAEN

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AJP mencionó que Cujilema solicitó medidas de protección a favor de Salazar y en contra de ellos. La Fiscalía habría insistido a la Policía Nacional que revise sus redes y sus contactos. Además, pidió a la comunidad de Twitter que los investigue. Sin embargo, los responsables de X le indicaron que su solicitud no es correcta.

«Este es un nuevo intento por silenciarnos. Acaso no saben que para investigar contactos deben tener autorización de un juez», expresó un miembro de AJP.

El colectivo denunció que lo están relacionando con grupos delictivos que habrían amenazado a la Fiscal meses atrás. «Se basaron en un video de Youtube para iniciar. Todo es completamente falso», expresó Richard González, integrante de la organización.

La entrada «Ahora, la Fiscalía acude a la justicia de EE.UU. para ir en contra AJP», dice el colectivo se publicó primero en La Calle.

La veeduría internacional identificó dos tipos de plagio, uno de ellos es párrafos y páginas copiadas de manera textual en los textos, estos apartados no contienen comillas o alguna referencia. Por otro lado, encontraron una «simulación de paráfrasis». En este caso aparecen partes sin comillas o referencias, pero con una o dos palabras diferentes.

Además, halló «defectos formales» en la calidad y coherencia de los textos, como las referencias de pie de página que no direccionan a un lugar concreto, bibliografía y carencia de calidad.

Mientras tanto, la comisión de la Universidad Central de Ecuador (UCE) encargada de revisar el caso de Salazar tachó de «impericia» los fallos de la máxima autoridad de la Fiscalía.

«La falta de originalidad, coherencia y rigor en los trabajos sugiere un alto grado de similitud con los textos originales, lo que indica plagio o deshonestidad académica», reza el comunicado.

El Colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) denunció que la fiscal supuestamente plagió sus tesis de grado y uno de sus artículos científicos. Priscila Schettini, integrante de AJP, fue parte de una veeduría en el Cpccs en el que demostró que la fiscal habría copiado a nueve autores.

Además, la mamá de Salazar presentó una denuncia por el supuesto delito de odio, luego de que presentaran en redes sociales el supuesto plagio.

Schettini mencionó, para Radio La Calle, que el origen este nuevo proceso se debería a la denuncia que el colectivo presentó por el supuesto plagio de la tesis de Salazar. Según ella, los mensajes que surgen en redes sociales, a partir de esa denuncia, no le parecen y decide culpabilizar a los miembros del colectivo.

La entrada Veeduría Internacional detectó «casos de plagio» en los trabajos de Salazar se publicó primero en La Calle.

»Lo que no tiene precedentes en el Ecuador es una Fiscal General con plagio en su tesis y un Consejo Universitario tapando la deshonestidad intelectual bajo impericia», dijo Schettini en un tuit.

Ante el dictamen del juez sobre la acción de acceso a la información pública, Sempértegui cuestionó el pedido del audio de la sesión en donde se analizó la tesis académica de Salazar.

»¿Para qué quieren el audio, buscan ofender al Honorable Consejo Universitario públicamente?», dijo el rector en entrevista para La Hora.

Según él, los miembros de esta mesa estarían sometidos a injurias, lo cual sería gravísimo y no tendría precedentes en el país. Además reprochó que AJP haya expuesto el nombre de los miembros del Consejo en redes sociales, pues han sido víctimas de ofensas.

Ante la situación, la universidad apelará y solicitará al juez la prevención sobre el uso legal y constitucional de la grabación. No obstante recalcó que no hay inconveniente en proporcionar otra clase de información como la copia del acta certificada de la resolución del Consejo.

Dictamen del juez

El 27 de julio AJP ganó la acción constitucional interpuesta contra la Universidad Central de Ecuador (UCE) por no entregar la información solicitada respecto a la resolución del supuesto plagio de Salazar.

Los jueces ordenaron que se entregue el audio de la sesión del Consejo Universitario del 28 de junio en donde se resolvió la que existía una impericia en la tesis académica de la fiscal. De igual manera, tienen que emitir el acta y la resolución certificada.

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La tarde de este 27 de julio se realizó la audiencia acción a la información pública interpuesta por el colectivo contra la UCE, en el Complejo Judicial Norte. Anteriormente, Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo y miembro de AJP, indicó que la resolución con la que los notificaron, no tenía firma, por lo que carecería de validez.

Ahora, los jueces ordenaron que se entregue el audio de la sesión del Consejo Universitario del 28 de junio en donde se resolvió la que existía una impericia en la tesis académica de Salazar. De igual manera, deberán emitir el acta y la resolución certificada.

»En esta audiencia el decano de la Facultad de Derecho de la UCE ha comparecido ejerciendo la abogacía sin estar facultado para hacerlo», dijo uno de los integrantes de AJP.

Por otro lado, según el colectivo, se tenía previsto que Salazar acuda a la audiencia, sin embargo, no asistió.

El meollo del asunto

 La Universidad Central del Ecuador (UCE) calificó de “impericia” y “omisiones inintencionadas” los errores identificados en la tesis de pregado de Salazar. El “Honorable” Consejo Universitario (HCU) hizo público el informe y resolvió la verificabilidad de la ex estudiante en las técnicas de citación.

El HCU minimizó con el eufemismo de “impericia” en las técnicas de citación y hace referencia a que existen algunos párrafos que no tienen parafraseo o citas. Sin embargo, sus autores constan en la lista bibliográfica final y podría ser considerado presunto plagio, que el Consejo desestimó como tal. (A.G.M).

La entrada Tesis Salazar: AJP ganó acción constitucional contra la U. Central se publicó primero en La Calle.

La causa la atenderá el abogado Ángel Torres. La disputa surgió desde que la esposa del exdefensor del Pueblo denunció el supuesto plagio de la fiscal Diana Salazar en su tesis de pregrado. Según Vera, con esa denuncia pretenderían que el «correístas controlen la justicia». Aunque, la implicada aclaró en reiteradas ocasiones que no pertenece a ningún partido político.

Schettii inició el proceso legal contra Vera luego de que publicara un video en su cuenta de Twitter en el que enfatizara que la intención de la acusadora, como una «operaria del correísmo», es la destitución de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y con eso apropiarse de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El acusado mencionó que los denunciantes «habrían cambiado los documentos originales para volverlo un escándalo». «Con estas acciones estarían buscando que las investigaciones que están pendientes en contra de Rafael Correa ya no sean investigados», detalla la publicación de Vera.

La integrante de AJP indicó que el 27 de mayo, cuando anunció que lo demandaría por violencia de género, el acusado decidió borrar el tweet.

¿Qué artículos amparan la denuncia?

El artículo 10 y 28 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y el Código de la Democracia, respectivamente, definen la violencia política de género como cualquier agresión directa o indirecta a candidatas, militantes, defensoras de derechos humanos, otras.

El origen del problema

AJP pasó por un sistema antiplagio la tesis de pregrado de la fiscal Salazar y también realizó una revisión manual. En el documento que el grupo jurídico entregó a la Universidad Central del Ecuador se detectaron 37 páginas de plagio.

En dichas páginas, hay, según el análisis, textos completos sin cita o referencia alguna, usando incluso textos que no están en la web. La denuncia se presentó con un informe de más de 170 hojas con todos los hallazgos encontrados para que se analicen y apliquen las sanciones que correspondan, explica un hilo del defensor de DDHH, Cristhian Bahamonde.

Sin embargo, la institución calificó el supuesto plagio como una impericia. El rector de la universidad, Fernando Sempértegui, indicó que ese sería el resultado de la torpeza de Salazar al momento de citar. (N.J.C.)

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Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo y miembro de AJP, indicó que la resolución con la que los notificaron, no tiene firma, por lo que carecería de validez.

Además, solicitaron que el audio, grabación, actas de la reunión en la que se discutió la situación y votación con la que se aprobó la supuesta impericia de la fiscal.

«No conocemos que dice el informe, las votaciones o las menciones que se hicieron a la solicitud de plagio», apuntó Angélica Porras, integrante de AJP.

Según Porras, el rector de la UCE señaló que esa decisión la tomaron por unanimidad, por lo que piden el informe de las personas que asistieron a la reunión.

No es la primera vez

El pasado 13 de junio, el colectivo interpuso otra demanda por la falta de entrega de la documentación del caso. Habían transcurrido 19 días y el rector de la universidad, Fernando Sempértegui, no se había pronunciado al respecto.

Las Las autoridades demandadas fueron: el rector; el procurador general de la UCE, Marcelo Acosta Cerón; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.

El meollo del asunto

 La Universidad Central del Ecuador (UCE) calificó de “impericia” y “omisiones inintencionadas” los errores identificados en la tesis de pregado de Salazar. El “Honorable” Consejo Universitario (HCU) hizo público el informe y resolvió la verificabilidad de la ex estudiante en las técnicas de citación.

El HCU minimizó con el eufemismo de “impericia” en las técnicas de citación y hace referencia a que existen algunos párrafos que no tienen parafraseo o citas. Sin embargo, sus autores constan en la lista bibliográfica final y podría ser considerado presunto plagio, que el Consejo desestimó como tal. (N.J.C)

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«Ganamos acción constitucional», es lo que posteó AJP tras la negativa de la UCE para entregar la tesis completa de la funcionaria. Priscila Schettini, miembro del colectivo, dijo para Radio La Calle, que aún no entienden por qué la Universidad no quiere entregar el documento completo.

Asimismo, aseguró que la medida debe ser acatada por el rector, y caso contrario sería desacatar la ley. Schettini dijo que es necesaria la copia certificada para que el colectivo pueda seguir con los procedimientos judiciales; asimismo para que la veeduría internacional pueda pronunciarse.

AJP invita a cualquier persona que quiera comprobar el presunto plagio a revisar el repositorio de la UCE y busque el trabajo de la fiscal. «En la audiencia que se realizó en el Cpccs se verificó que hay más de 98 párrafos que fueron copiados y están sin fuente», comentó.

Sin embargo, en el comunicado que emitió la UCE se refirió a que la dueña del trabajo de grado era Lady Diana Salazar Méndez. Además, se explicó que el caso de la fiscal era una «impericia», es decir, falta de capacidad o conocimiento.

De la misma manera, Sempértegui justificó los «errores de citación«, en entrevistas. «Se trata del primer trabajo de una joven alumna que no dominaba las técnicas de citación», sostuvo para Ecuavisa y Sonorama. (DCJ)

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En la sesión extraordinaria del HCU se determinó que Salazar «es la persona que sin duda alguna elaboró e investigó el tema expuesto en su tesis». Asimismo, que defendió en grado oral su trabajo de investigación.

Según el Consejo, la fiscal general es la autora de la tesis «El tráfico ilegal de migrantes: Coyoterismo en la legislación ecuatoriana» y no cabe poner en duda su veracidad.

El análisis del HCU

El HCU agregó que Salazar cumplió con todos los parámetros para obtener su título, es decir, que cursó la carrera de Derecho, realizó tareas y rindió exámenes como determina el reglamento. Asimismo, explicó que después de revisar y analizar el trabajo de grado se determinó que el texto cumple los requisitos formales que la Academia solicita.

La UCE resaltó que los cinco primeros capítulos del documento son una descripción del problema del coyoterismo en el Ecuador. El capítulo seis sería el núcleo del problema de la tesis que fue fundamentado con la norma vigente del país.

Para el HCU, varios párrafos del trabajo en cuestión tenían citas o pies de páginas en los que se corroboraba los autores utilizados. En el caso de los párrafos que no tenían esto, se afirmó que fueron tomados de la enciclopedia OMEBA, que sí estaría incluida en la bibliografía final.

De la misma manera, sostuvo que la funcionaria tuvo un tribunal calificador, que aprobó a Salazar antes de la defensa de su tesis. Del mismo modo, para declararla graduada se realizó un promedio entre las calificaciones obtenidas en su trabajo escrito y su presentación oral.

«Lady Diana Salazar Méndez, (…), finalmente es la personsa que defendió en grado oral su trabajo de investigación realizado; en consecuencia, es la autora de ese trabajo«, raza el informe.

La respuesta de Acción Popular

Acción Jurídica Popular informó que sus integrantes se pronunciarán el 29 de junio respecto a la resolución de la Central. Asimismo, anticipó que pedirán el acta de sesión, que es de información pública.

La integrante del colectivo, Priscila Schettini, recomendó a la fiscal «leer toda la resolución» del HCU, porque se afirmó la veracidad de autora, y no el plagio. «Nunca dijeron que no hubo plagio, dicen que el director de su tesis de 2005, dijo que cumplió los requisitos», respondió a la fiscal.

Por su parte, Diana Salazar a través de su cuenta de Twitter, comentó que la Universidad Central se ha pronunciado. «¡Basta de mentiras!», escribió.

¿Y el 40 % de plagio?

El 2 de junio de 2023, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) realizó una audiencia para tratar el caso. AJP halló que el trabajo de grado fue subido el 18 de abril de 2023, cuando la fiscal se graduó en 2005.

Al leer algunos párrafos del trabajo que se supone la fiscal copeó y su tesis, se concluyó que cambiaban de dos a tres palabras. Además, al ingresar la tesis en el sistema antiplagio, se observó que hubo un «40 % de plagio«. (DCJ)

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Según, la integrante de Acción Popular Jurídica (AJP) y esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, Priscila Schettini, aunque en el país, la Universidad Central del Ecuador y los académicos guarden silencio, hay instancias internacionales que se toman con seriedad el caso.

Fernando Flores Giménez, Juan Carlos Carbonell Mateu y Marco Aparicio Wilhelmi llevarán el caso del presunto plagio de tesis de pregrado de la funcionaria. Los expertos tienen una larga trayectoria y experiencia académica, por lo que AJP espera que la resolución sea con regurosidad y objetividad.

El silencio de las autoridades frente al caso

Desde el día en el que se presentó la denuncia en contra de la fiscal Salazar, las autoridades de la Universidad Central (UCE) no se han manifestado. Lo único que se realizó fue la integración de una comisión académica para analizar el caso.

Además, el 31 de mayo, AJP presentó otra denuncia de plagio en contra de la fiscal por un artículo científico que fue publicado en la revista “Derecho Penal Central” en agosto de 2021. En este caso, AJP aseguró que el documento tiene un 25 % de plagio.

Sin embargo, el 23 de junio el rector de la UCE, Fernando Sempérteguí no asistió a la audiencia en la que se verificaría la denuncia puesta por un 40 % de plagio en la tesis. Sempérteguí tenía que comparecer frente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), pero no asistió.

Para una de las integrantes de AJP, Angélica Porras, la máxima autoridad de la universidad tendía que acudir para demostrar la supuesta inocencia de la fiscal. (DCJ)

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Los integrantes de un medio digital aseguraron tener el resultado del informe que habría elaborado la comisión. Ante eso, la integrante de Acción Jurídica Popular (AJP) y esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, Priscila Schettini, cuestionó que el informe se haya aparentemente filtrado y la UCE no se pronuncie.

Además, comentó el documento lo tenían que entregar el 29 de junio. Desde el inicio de la investigación, la implicada apuntó que no confiaba en el universidad debido a las declaraciones que dio el rector Fernando Sempértegui.

El periodista del medio indicó que el informe «trae varias sorpresas» y que la denuncia que realizó Schettini «no tendría pies ni cabeza».

«Desde cuándo Titiritero de la pauta es parte de los grandes académicos de la Central que realizan el informe del plagio de Salazar. Por qué supuestamente se entregó el informe a este medio de comunicación», protesto la Schettini en Twitter.

No fueron a la audiencia pública

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) notificó a Sempértegui y a Salazar sobre la audiencia pública para vigilar el proceso de indagación en este caso. Sin embargo, ninguno acudió a los llamados.

El rector tenía que presentarse a la sala del Consejo el pasado 23 de junio. No obstante, ni la universidad ni su máxima autoridad notificaron el motivo de su falta.

Vera manifestó que investigarán una posible vulneración de derechos de participación contra Sempértegui por su ausencia. De la misma manera, AJP denunció que la UCE respondió a sus peticiones 15 días más tarde y por una acción de información que presentaron.

El origen del origen…

El colectivo solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) la suspensión y destitución de la fiscal por presunto plagio en su tesis. Según los abogados, habrían encontrado un 40 % de plagio. Desde entonces, pidieron a la UCE que analice el hecho y solicitó los nombres de los integrantes de la comisión para darle seguimiento.

Además, solicitó una fotocopia del Reglamento de Infracciones de los estudiantes que estuvo vigente entre 2004 y 2006. Este pedido es para conocer cuál es el procedimiento y sanciones en caso de plagio. (N.J.C)

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Schettini mencionó que pese a los casos de corrupción que salpican a Moreno y Lasso no hay una sola persona detenida o investigada. De la misma manera, indicó que la fiscal tomó acciones contra los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) porque tenían conocimiento de la denuncia sobre el supuesto plagio de su tesis.

«Esa investigación la conocía hace un año y sorpresa que ahora sí actúa. Utiliza a la Fiscalía par meter preso y advertir que no la vayan a destituir porque les pongo a la institución», refirió para Radio Pichincha.

Recalcó que Salazar persigue a los denunciantes con la institución y abre supuestas investigaciones que no tendrían argumentos. También mencionó que las teorías de la máxima autoridad de la Fiscalía sobre el «supuesto regreso de los correístas, la posible salida de Carrión» es falso.

«De llegar a una destitución, los casos siguen en pie, las investigaciones continúan, no es que por la señora todo se detiene», dijo.

¿Cómo va el caso del plagio?

Frente a la denuncia del supuesto plagio de la tesis de Salazar, Schettini manifestó que la comisión de la Universidad Central que tenía revisar el caso también puso trabas. Explicó que respondieron 15 días después de la petición porque AJP impuso una acción de información.

Además, recalcó que la mesa de investigación se conformó el 1 de junio y tenía 20 días para resolver el asunto. Según la esposa del exdefensor del Pueblo, la toma de todo este tiempo es con el afán de recibirlos para una audiencia pública.

«No tenemos confianza en la Universidad Central ni en las autoridades porque nos ocultaron información a todos y tenemos que demandar para que nos contesten», apuntó.

El meollo del asunto

AJP pasó por un sistema antiplagio la tesis de pregrado de Salazar y también realizó una revisión manual. En el documento que el grupo jurídico entregó a la UCE detectaron 37 páginas de plagio.

En dichas páginas, hay, según el análisis, textos completos sin cita o referencia alguna, usando incluso textos que no están en la web. La denuncia se presentó con un informe de más de 170 hojas con todos los hallazgos encontrados para que se analicen y apliquen las sanciones que correspondan, explica un hilo del defensor de DDHH, Cristhian Bahamonde. (N.J.C)

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