Ubicaron las características del vehículo en que se movilizaban, lo que les permitió aprehender a Wilson O., quien habría sido el conductor y, por ende, coautor del delito. Los agentes decomisaron un arma de fuego, varios cartuchos y un teléfono celular.

Por otra parte, la Fiscalía informó que un juez dictó prisión preventiva al coautor de este trágico hecho. Desde la Policía Nacional expresaron que la directora asesinada debía informar si corría algún peligro y el SNAI, por el momento, no se pronuncia acerca la falta de escoltas para los directores de las cárceles del país.

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La decisión se tomó en la audiencia de revisión de medidas cautelares para varios implicados en el caso en la sala de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Moreno debía presentarse ante una autoridad judicial en Ecuador, esto como una alternativa a la prisión preventiva, pero desobedeció esta orden en dos ocasiones. La primera en octubre de 2023 y la segunda en febrero 2024.

En su lugar, detalló que se presentará ante la justicia ecuatoriana cuando considere pertinente y el diagnóstico de sus médicos lo permitan. Además, expresó que el pedido para que responda a las autoridades sería «por pura vanidad«.

En contraparte, sí pidió prisión preventiva para María Auxiliadora P., Xavier M., y tres ciudadanos chinos. Según Salazar, estos no cumplieron con los requisitos de las medidas cautelares, como la presentación periódica. A más de esta petición, pidió difusión roja para su localización y arresto. La audiencia se reanudará el 27 de marzo.

Moreno y Sinohydro

El caso Sinohydro, indaga sobre una presunta red de corrupción asociada a la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Según Salazar, el monto de esas presuntas coimas supera los USD 76 millones: “el más alto por corrupción judicializado hasta el momento en nuestro país“.

En la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía presentó 225 elementos de convicción y se refirió a las cantidades de dinero presuntamente repartidas a cada implicado. Posteriormente, ordenó que el expresidente Moreno y su esposa, Rocío González (radicados en Paraguay), cumplan con la medida cautelar de presentación cada 15 días en la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito.

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Este martes se reinstaló la audiencia solicitada por el exlegislador para la revisión de las medidas que la justicia mantiene. El tribunal avocó los argumentos expuestos por Fiscalía y resolvió que seguirá en prisión preventiva.

Cronología

El exasambleísta fue capturado en flagrancia por la Policía en un hostal de Quito, donde habría citado a una joven de 19 años a quien le habría ofrecido trabajo. Sin embargo, la oferta terminó en una supuesta violación sexual.

Miembros de la Policía acudieron al lugar, por disposición del sistema ECU 911, ante una llamada de auxilio a la víctima.

El 12 de junio, la CNJ lo llamó a juicio y ordenó el uso de un grillete electrónico que luego el acusado se lo retiró para intentar fugarse, según las autoridades.

El dispositivo fue encontrado por las autoridades en un basurero de Quitumbe, motivo por el cual Calo fue detenido el 15 de mayo. Desde entonces se encuentra cumpliendo esta medida sustitutiva en la cárcel 4, en el norte de Quito.

(M.W.S)

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El exmandatario y su cónyuge podrán defenderse en libertad, pero están obligados a presentarse una vez al mes en el Consulado de Ecuador en Paraguay y una vez cada cuatro meses en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, reportó Ecuavisa.

La familia Moreno es investigada por presunto delito de cohecho (sobornos) en el caso Sinohydro (Ina Papers). Según las autoridades, Moreno y su círculo se habría beneficiado de USD 76 millones en coimas en un proyecto hidroeléctrico.

La tarde de este lunes, la Fiscalía informó que se reinstaló la audiencia de medidas cautelares debido al constante incumplimiento por parte de los procesados: Lenín Moreno, Rocío González y su hija Irina Moreno.

El exjefe de Estado se pronunció en su cuenta de Twitter. Insistió en que es inocente y agradeció a la «institucionalidad y a la justicia». Además, rechazó cualquier vinculación y responsabilidad en la construcción de la obra Coca-Codo Sinclair.

Allá lo que diga Fiscalía…

El 19 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, entre otros involucrados del caso Sinohydro. La orden fue remitida hasta la Interpol para que lo busque y capture.

El 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso contra 37 personas por el presunto delito de cohecho. A partir del 13 de marzo los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, Rocío González, Irina Moreno, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello.

La pareja incumplió con la presentación periódica de cada 15 días, que había iniciado el 20 de marzo.

Sobre el proceso

La Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostuvo que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil.

Por su parte, José Carmigniani y Conto Patiño aceptaron los sobornos más altos por USD 2.6 millones y 1.5 millones, respectivamente.

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Moreno, a través de su cuenta de Twitter, agradeció a su hija, quien sería la autora de ese cuadro. «Gracias a mi querida hija Irina por su trabajo muy profesional», expresó.

¿Y él para cuándo?

El 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso contra 37 personas por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, más conocido como Ina Papers. A partir del 13 de marzo los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El 19 de abril Fiscalía pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, entre otros involucrados del caso Sinohydro.

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, Rocío González, Irina Moreno, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello. 

Su proceso

El impulso fiscal sostuvo que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil. (N.J.C)

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Rivera también solicitó la retención de cuentas bancarias, pólizas, e inversiones que mantenga Vera en el sistema financiero nacional. Además, no podrá enajenar bienes en Guayas, Santa Elena y Pichincha por USD 160 mil.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, con base en 27 elementos de convicción formuló cargos contra el exministro. Señaló que se habría entregado y receptado dinero a cambio de beneficios personales en la administración pública.

Tras la pista

La Fiscalía seguía las huellas de Vera por varios presuntos actos de corrupción. Desde un supuesto cohecho hasta tenencia ilegal de carné de discapacidad. A todo esto, se le suma los posibles trapos sucios en el proyecto de inversión petrolera Ronda Intracampos II, en Sucumbíos.

Según fuentes cercanas a la cartera de Estado, la obra estaría envuelta en una cortina de dudas y falta de transparencia. Todo apunta a que el estudio jurídico Bustamante Fabara, firma allegada a Vera, habría sostenido reuniones opacas con compañías interesadas en invertir en el proyecto. Con esto, los “cercanos” del exministro habrían tenido acceso a información privilegiada del proceso. Dichas reuniones se habrían llevado a cabo durante visitas a Houston, EE.UU., y México D.F.

Pero el entramado no acaba allí. Presumiblemente, para no dejar huella, es otra la empresa encargada de manejar las relaciones con los compradores interesados. El 6 de octubre de 2022, el Ministerio de Energía y Minas lanzó la Ronda Intracampos II y contrató a la empresa petrolera Hole Maker. Según las autoridades, fue la “única” con la capacidad de tener contacto con los posibles ofertantes de los campos a licitar.

Sobre la Ronda Intracampos II

El Gobierno Nacional busca captar inversión privada por USD 2.051 millones con la licitación de la Ronda Petrolera Intercampos II. El proyecto está conformado por seis bloques petroleros en la provincia de Sucumbíos: Lumbaqui, Saywa, Tamya, Tetete Sur, VHR este y VHR oeste. Según el Ministerio, la obra se socializó con las comunidades del sector: las nacionalidades Kichwa, Cofán y Shuar.

En el proceso de contratación de la empresa a cargo del proyecto se produjeron irregularidades que beneficiaron a Vera. En principio, el Ministerio demoró en la entrega de certificados durante la etapa de registro y calificación de empresas. Algunas de ellas se registraron fuera del tiempo reglamentario.

En el proceso también se aumentó a última hora la capacidad de carga de los documentos reglamentarios, lo que derivaría en el beneficio de ciertas empresas. La semana anterior a la presentación de ofertas, el Ministerio especificó que solamente ofertaría pozos de avanzada para el Bloque 11 “Lumbaqui”. Esto pudo afectar a la confianza de las empresas y limitar el número de ofertantes.

Los cambios en el proceso no solo han llevado a develar las relaciones de interés del exministro sino que han manchado al Ministerio de Energía y sus procesos de contratación.

Vera, toda una ‘joyita’

Desde mediados de octubre de 2022, se destapó una serie de escándalos de corrupción en los que estaría involucrado Xavier Vera. La mayoría de los casos se habrían cometido cuando ejercía la titularidad del Ministerio del ramo.

La primera piedra para Vera apareció cuando el medio digital Zoom publicó un documento en el que supuestamente demostraba que el ex alto funcionario tenía carné de discapacidad. Con la especie, Vera se habría beneficiado de un descuento en la tarifa de luz. Más adelante, el portal digital La Posta reportó más documentos sobre el carné “trucho”. Finalmente, la asambleísta por UNES, Sofía Espín denunció a Vera por uso doloso y tenencia ilícita de carné de discapacidad.

El segundo tropiezo (consecutivo) ocurrió cuando La Posta reveló audios y chats sobre presuntos sobornos que habría pedido Vera. En un audio, el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño afirmó que el exministro le habría ofrecido USD 2 millones por la gerencia de transporte. En otro archivo, el abogado Adrián Zamora dijo que le habría pagado a Vera USD 150 mil por un puesto.

Por este último caso, Fiscalía allanó tres inmuebles, dos de Vera, uno en Quito y el otro en Guayaquil; y su despacho en el Ministerio de Energía. Actualmente, Fiscalía lo investiga por el presunto delito de cohecho. Al acumularse las denuncias, Vera renunció el 28 de octubre a la jefatura de Minas.

No es todo…

Otras posibles irregularidades habrían sucedido en el transcurso de los dos últimos casos. Un periodista de La Posta también mostró una hoja de ruta de cómo Vera habría manejado el Ministerio fuera de sus competencias. Ante las revelaciones, sujetos habrían intentado sobornar al periodista.

Ahora, otro posible caso de soborno sale a la luz y comprometería más al exfuncionario. Se trataría de una presunta venta de cargos públicos en el área minera. Radio La Calle tuvo acceso a una conversación entre un delegado del ex ministro con un “interesado”. A continuación, un chat de funcionarios de la cartera de Estado:

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Los magistrados ordenaron 13 años y cuatro meses de prisión para Edwin Bryan R.o., alias «Lala», uno de los cabecillas de la banda criminal. Además, Alex Ariel E.B., alias «Canchi»; Luis Alberto M.T., alias «Chugo»; Cristian Arley Q.M. y Emilio Alfonso Q.A., fueron condenados a nueve años de cárcel. Por último, José Luis R., alias «Armero», a cinco años.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) piensa apelar el fallo a favor de Víctor Hugo R.C., y el futbolista John Gabriel C.C.

Eran 20 procesados

El 20 de noviembre de 2022, la FGE formuló cargos contra 20 personas. No obstante, solo ocho se sometieron a procedimiento abreviado y fueron sentenciados a 56 meses de pena privativa de libertad. Ellos fueron:

• Bryan B.,
• Javier O.,
• María E.,
• Juan José F.,
• Víctor M.,
• Jordy O.,
• Joer N.,

Los cargos para Jackson P., se retiraron tras su muerte. Mientras que, tres personas más investigadas en el caso no se presentaron durante el proceso, por lo que la entidad los declaró prófugos de la justicia.

Pruebas contra los implicados

El Agente Fiscal de la Unidad Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) presentó informes de seguimiento y escuchas telefónicas autorizadas por un juez, detalle de interceptaciones a los celulares donde se registraron las acciones delictivas.

También, mostraron los testimonios de policías que participaron en los allanamiento del operativo «Poseidón» ejecutado en Esmeraldas, Manabí y Guayas.

El COIP

Según el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de delincuencia organizada se sanciona con una pena de cinco a diez años de prisión de acuerdo al grado de participación. (N.J.C)

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Quito, 17 sep (La Calle). – Galo Quiñonez abogado a cargo del caso María Belén Bernal declaró que el teniente Germán Cáceres, principal sospechoso de la desaparición de la abogada, habría solicitado a uno de los cadetes una linterna y tijeras en horas de la noche.

“No ha sido solo una linterna, sino tijeras y las sábanas que faltaban en la habitación. Eso deja mucho que decir”, expresó el abogado al canal RTU.          

Quiñonez manifestó que una de las personas que tuvo acceso inmediato a la habitación evidenció que las sábanas de la cama estaban incompletas.

Además, expresó que según las declaraciones de la cadete Joselyn S. P. implicada en el caso, Cáceres se demoró más de cuatro horas en llegar a su domicilio y es el momento en que ya no salió con María Belén, salió solo en el vehículo.

El jurista también comentó que las pruebas de luminol dieron positivo en el vehículo y en la habitación.

Cáceres está prófugo, luego de que el 15 de septiembre le dictara orden de prisión. Quiñónez, confirmó que se solicitó la difusión azul a la Interpol para el Teniente. Esta alerta sirve para recopilar información de identidad, ubicación y más, sobre el sospechoso.

Bernal se encuentra desaparecida desde el 11 de septiembre, cuando fue vista por última vez en la Escuela Superior de Policía. Hasta el momento la Fiscalía ordenó prisión preventiva contra la cadete Joselyn Brigitte S.P por presunta desaparición involuntaria .

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La mañana de este sábado se instaló la audiencia para resolver la situación jurídica de la cadete, detenida este viernes en la Escuela Superior de Policía. La Jueza aceptó el pedido fundamentado del Fiscal del caso y ordenó la prisión preventiva para la procesada.

El abogado de la cadete, señaló que su defendida también es víctima de Germán Cáceres, esposo de María Belén y principal sospechoso en el caso. «Él abusando de su cargo le pidió que borre algunos mensajes que tenían en el chat», expresó el jurista.

La cadete declaró que el domingo 11 de septiembre, horas antes de la desaparición de Bernal, hubo fiesta dentro de las instalaciones de la Escuela de Policía. Además, señaló que oyó una pelea entre Cáceres y Bernal. Y al día siguiente, el sospechoso le pidió borrar los chats de su celular.

La madre de María Belén se pronunció respecto a las declaraciones e otros cadetes quienes habrían escuchado gritos de auxilio en las instalaciones. «La Escuela Superior de Policía es una escuela de deformación, por mínima conciencia tenían que ayudarle a mi hija», expresó su madre.

Por otro lado, el operativo de búsqueda de la desaparecida se extenderá hasta la Mitad del Mundo. Uno de los lugares que serán verificados por los uniformados serán las canteras de ese sector.

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El 17 de noviembre de 2021, el Ministerio Público emitió un oficio al juez penal. El documento detalló que dentro de la investigación contra Alvarado se encontraron elementos incriminatorios. Dado a que, señalaban su participación como posible autor del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente. Por ello, el fiscal del caso solicitó formular cargos en su contra.

Denuncia de la Fiscalía

El 17 de noviembre de 2021, el Ministerio Público emitió un oficio al juez penal. El documento detalló que dentro de la investigación contra Alvarado se encontraron elementos incriminatorios. Dado a que, señalaban su participación como posible autor del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente. Por ello, el fiscal del caso solicitó formular cargos en su contra

Según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito está penado con uno a tres años de prisión. Debido a que, se configura cuando una persona incumple órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas impuestas por una autoridad.

Conforme a ello, el fiscal Martín Navarrete relató que, Fernando Alvarado comentó que decidió radicar en un país que le dio asilo. A pesar de que varios testigos señalan que los últimos años estuvo en Venezuela, junto a su hermano.

Navarrete presentó trece elementos de convicción. Entre ellos, informes del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Los escritos señalaron que el grillete colocado a Alvarado reportó 1.393 alertas, de las cuales 575 fueron eventos críticos. La decisión se adoptó durante la audiencia de formulación de cargos, este viernes 4 de febrero del 2022, en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Por lo tanto, el juez Freire solicitó a la Policía proceder a la detención de Fernando Alvarado de forma inmediata. Además de la orden de prisión preventiva, abrió una instrucción fiscal de 90 días.

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Su hija Alejandra Celi tomó la palabra y les indicó su preocupación a los jueces Katerine Muñoz, Alejandro Arteaga y María Mier. «Me preocupa que mi padre no llegue vivo al juicio», expresó.

Su abogado Francisco Moreno denunció la detención del funcionario es ilegítima y no se le ha garantizado el debido proceso. Además de mantener el virus de la COVID-19, Celi padece de deterioro visual progresivo.

Búsqueda de libertad

No era el primer intento de Celi, el 13 de mayo apeló a la prisión preventiva, pero el pedido fue desechado.

El 21 de junio se realizará en la Corte Nacional de Justicia una nueva audiencia de pedido de revocatoria a la prisión preventiva que solicitó la defensa del todavía Contralor subrogante.

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«Pensó en renunciar para asumir su defensa. Es algo que estuvo pensando e íbamos a tomar esa decisión en estos días. Lamentablemente sucedió esto de la COVID-19. Por el momento no tengo contacto con Pablo Celi», dijo en entrevista con A Primera Hora.

«Existen todas las razones necesarias para levantar la prisión preventiva. Otro punto importante es que Felipe Córdoba es un juez garantista de los derechos de los ciudadanos», agregó el jurista que espera una respuesta favorable a esta petición.

Aunque el pedido de licencia por 60 días de Celi vence el 12 de junio. La baja por enfermedad y las vacaciones alargan su estancia como cabeza subrogante de la Contraloría.

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FGE solicitó este martes prisión preventiva para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, debido a que la investigación de la compra de pruebas PCR se derivan otros procesos que involucran a sus familiares.

El lunes 26 de abril, FGE emitió dictamen acusatorio en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, como presunto autor mediato en el caso peculado en la compra de pruebas PCR.

Los elementos de convicción recabados durante la investigación demostrarían que el acalde de Quito, Jorge Yunda, “tuvo conocimiento – en todo momento- del proceso de contratación y que preparó las condiciones esenciales para que Lenin M., exsecretario de Salud, suscribiera un contrato con Salumed S.A. por USD 4’226.880  para la adquisición de reactivos PCR Polimerasa para detectar COVID-19 ”, según FGE.

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La prisión aparece en el marco de las investigaciones por supuesta delincuencia organizada en el caso «Las Torres».

Además de Celi, esta medida se aplicará a José Agusto Briones, exsecretario general de Presidencia, Esteban Celi, hermano del contralor. Giomara López, empresaria y proveedora de Petroecuador. Ángelo Rodríguez, empresario. Andrés Luque, empresario. Luis Agusto Briones, hermano de José Agusto Briones.

Otras medidas

Los detenidos permanecerán en la cárcel 4 en Quito. Además, la justicia dictaminó la inmovilización de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes.

En primera instancia, la instrucción fiscal durará 90 días. Si llega a capturarse a más sospechosos u obtener más pruebas, el tiempo aumentará a 120 días.

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Según datos de FGE, la compra de pruebas para Covid-19 representó un perjuicio para el Estado de USD 4’274.000

Fiscalía procesó a siete personas, entre ellas Lenin M., por la adquisión irregular de pruebas para Covid-19 durante la emergencia sanitaria. En el caso tabién está involucrado Alejandro V., gerente de la empresa Salumed S. A.

Entre los elementos presentados por la fiscal Ruth Amoroso están las proformas de la Compañía Salumed S. A. de 100.000 kits de pruebas para Covid-19, el contrato de externalización de Laboratorios One Lab para la ejecución del convenio y el informe de responsabilidad penal emitido por Contraloría General del Estado (CGE).

FGE solicitó una orden de detención para  Lenin M., y Alejando V., vigente desde el 28 de mayo del 2020. La Policía Nacional aún no ejecuta la orden.

Lenin M. fue desvinculado de su cargo el pasado 27 de mayo de 2020. En rueda de prensa virtual, el alcalde de Quito, Jorge Yunda dijo que ha desvinculado de su cargo al secretario metropolitano de salud Lenín Mantilla por el caso de presunto sobreprecio en la compra de pruebas Covid-19.

En su momento, el Alcalde de Quito Jorge Yunda expresó: “hemos pedido al secretario de salud y a los funcionarios inmersos que den un paso al costado para que tengan independencia en esta situación. Yo mismo ya hice una solicitud a Fiscalía para que haga las investigaciones pertinentes”.

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La decisión del traslado la tomaron los jueces Daniella Camacho y Wilman Terán de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El padre de Jacobo, el expresidente Abdalá Bucaram solicitó que llevarán a su hijo a la Penitenciaría del Litoral. Solicitud que finalmente no prosperó.

Bucaram Pulley tiene una investigación por los delitos de tráfico ilícito de bienes patrimoniales y delincuencia organizada en tres procesos penales. Bucaram está en prisión preventiva desde el 26 de septiembre, luego de ser expulsado de Colombia por temas migratorios.

El pasado 14 de octubre, Rosa María Pulley, esposa del exmandatario, denunció al Gobierno ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta violación de derechos hacia su hijo. De acuerdo al alegato, el Gobierno de Ecuador y Colombia violaron el principio de no entrega.

Hospitales

En junio pasado, la justicia dictó prisión preventiva para tres hijos del expresidente Bucaram por presunta asociación ilícita para la venta irregular de insumos a hospitales de Guayaquil.

En el caso también están involucrados dos ciudadanos israelíes cuya detención por supuesta corrupción tuvo lugar en la provincia costera de Santa Elena. Los extranjeros tenían credenciales falsas de la DEA.

En agosto, uno de los israelíes fue víctima de asesinato en la Penitenciaría del Litoral donde estaba recluido, Su compañero, israelí-australiano resultó herido. Ambos estaban bajo investigación por la presunta venta irregular de insumos médicos y mencionaron a Jacobo Bucaram como su supuesto cliente.

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La prisión preventiva también se dispuso para el funcionario municipal Romel L.V, quien habría grabado el video que se difundió en redes sociales. Dos implicados más en el incidente se encuentran prófugos. Un hombre que supuestamente habría atado a la víctima con cinta adhesiva y otro que le arrojó agua sobre su cabeza, señaló para medios locales el jefe de Policía de Durán, William Calle.

“Por pedido de la Fiscalía del Ecuador, juez dictó prisión preventiva contra María José M. M. y Romel L.V., por la agresión contra una comerciante con discapacidad en Durán. Son procesados por presunta participación en el delito de odio”, publicó la Fiscalía General del Estado en su cuenta de Twitter.

En el video se observa a la víctima, quien tiene discapacidad en lenguaje y auditiva de 60%, atada a un poste. Acto seguido, la ahora exfuncionaria golpea sus glúteos y después otra persona verte agua sobre su cabeza.

El alcalde de Durán, Dalton Narváez, puso una denuncia y ordenó la desvinculación de ambos servidores públicos. El GAD de ese cantón se reunió con la Defensoría del Pueblo para investigar el caso.

El delito de odio contempla la privación de libertad de 1 a 3 años, según el artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (CE).

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La información de su localización la confirmó la Fiscalía General del Estado. “Gracias a intercambio de información entre la Fiscalía de Ecuador, la Fiscalía de Colombia y el apoyo de agencias de Estados Unidos, Jacobo B. P. será expulsado de Colombia y trasladado a Ecuador, donde cumplirá prisión preventiva por una investigación en su contra por asociación ilícita”, escribió el organismo en un tuit.

Un día antes, un medio colombiano informó sobre la captura de Bucaram Pulley en Medellín, Colombia. Sin embargo, apenas se enteró el ahora detenido filmó un video para desmentirlo. Sin embargo, en esta ocasión, la información la confirmó el director de migración, Juan Francisco Espinosa.

 “El día de hoy se puso a disposición de Migración Colombia el ciudadano ecuatoriano Jacobo Abdalá Bucaram. Tras las verificaciones, fue posible determinar que estaba en condición irregular en Colombia, además de tener unos requerimientos judiciales en su país”, expresó.

«Migración Colombia» también señaló que Bucaram no podrá entrar al país por un periodo de 10 años, contados a partir de la fecha. Ahora en Ecuador, el mayor de los Bucaram Pulley mantiene dos órdenes de prisión preventiva vigentes por los delitos de asociación ilícita, proceso relacionado con la venta irregular de insumos médicos a hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y tráfico de bienes patrimoniales.

Antecedentes

Alfredo Arboleda, abogado de la familia Bucaram confirmó la detención de Bucaram Pulley en Colombia. A esto se sumó un video en el que el expresidente Abdalá Bucaram confirma la detención de su hijo. “Mi hijo es inocente, Lenín. Tú lo sabes, Lenín. Tú sabes María Paula, mi hijo es inocente. Acaban de detener a mi hijo. Mi hijo no ¿Por qué? ¿Por qué a mi hijo? Estoy aquí en el hospital. Mi hijo no, Jacobito es inocente. Lo juro Ecuador. Lenín no hagas esto. Mi hijo es inocente”, dice entre sollozos Bucaram.

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“La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la solicitud realizada por el fiscal provincial de Pichincha. Acción que derivaría en el uso excesivo de la figura de la prisión preventiva, lo que la priva de sus derechos políticos”, indica parte del comunicado.

La institución agrega que la Convención de Belem Do Pará reconoce que :toda mujer podrá ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

También contará con la protección de estos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”. Además, la población carcelaria hasta el 26 de agosto era de 38.030 privados de libertad sobre una capacidad de 29.463. Existe un hacinamiento del 29,08%, lo que dificulta la atención a los ciudadanos.

Asilo Político

La Cancillería respondió al pedido de revisión de asilo político en la Embajada de México que hizo la propia prefecta.

“Cumplo informar a usted que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene registro de alguna notificación por parte de una misión diplomática sobre un pedido de asilo político».

El pasado 1 de septiembre, trascendió la información que el juez Vladimir Jhayya Flor convocó a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón a una audiencia para la revisión de medida cautelares.

Esto debido a un pedido del fiscal Alberto Santillán sobre una alerta de pedido de asilo político de la prefecta.

“El juez ha dado paso al pedido del fiscal para revisar las medidas sustitutivas ¡Paren las injusticias! No es necesario revisar las medidas. No es necesario encarcelarme, ya que no he pedido asilo a ninguna embajada”, escribió Pabón en su cuenta oficial de Twitter.

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Por su parte, para su padre, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, el juez dispuso la presentación ante autoridad, uso de dispositivo electrónico y prohibición de salida del país. El expresidente está investigado por el mismo delito.

La audiencia de formulación de cargos en contra de Jacobo Bucaram y Abdalá Bucaram se instaló la mañana de este miércoles 5 de agosto. La diligencia tuvo lugar en la Unidad Judicial de la Florida en el norte de Guayaquil.

La investigación

La investigación en contra de los dos miembros de la familia Bucaram inició el 3 de junio pasado. En esa fecha, miembros de la Policía Nacional encontraron 19 piezas arqueológicas en la casa del exmandatario.

Frente al hecho, el Insituto Nacional de Patrimonio Cultural verificó que tres de las 19 piezas son originales. Estas figuras pertenecen a las culturas Bahía y Chimú y datan de periodos entre los 100 y 900 años d.C.

Otro proceso judicial

Pero el presunto delito de tráfico de bienes patrimoniales no es la única investigación que lleva adelante el Estado en contra de Jacobo Bucaram. Es más, las piezas arqueológicas fueron halladas cuando la Fiscalía General del Estado investigaba el presunto delito de venta ilegal de medicamentos.

Este último delito lo lleva adelante la Fuerza de Tarea que conformó el Estado para investigar delitos de corrupción durante la emergencia sanitaria por Covid-19. En la investigación, la Fiscalía también sigue los pasos del exasambleísta y hermano de Jacobo Bucaram, Abdalá ‘Dalo’ Bucaram Pulley, Michel Bucaram Pulley y Gabriela Pazmiño.

Tanto Dalo Bucaram como Gabriela Pazmiño y Michel Bucaram fueron llamados por la justicia. Ellos se encuentran en Miami, Estados Unidos. Sobre los tres hermanos Bucaram pesa una orden de prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita.

Hasta ahora, los agentes del orden no han podido dar con el paradero de Jacobo Bucaram pese a que ya contó con una orden de prisión preventiva. Según miembros de la Policía Nacional, los imputados se están trasladando en autos sin placas y con identificaciones falsas.

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