“Entre las personas ejecutadas por la omisión del Estado, están las poblaciones urbanas empobrecidas que han luchado en sus barrios y desde sus propias trincheras en octubre de 2019, pero que la justicia estatal decidió nombrar como delincuentes (…) Entre las personas ejecutadas por la omisión del Estado habría estado Helen, una mujer trans (…) Victor Guaillas, defensor del agua y derechos de la naturaleza, criminalizado por protestar en octubre del 2019. Él no tenía sentencia firme (…) Así también fueron asesinadas numerosas personas sin sentencia ejecutoriada, es decir, jurídicamente inocentes”, argumenta el organismo en un comunicado.

Denuncian la inacción del Gobierno de Guillermo Lasso, reiterando que pasaron siete horas entre el primer pedido de auxilio, por parte de las personas encarceladas, y la orden gubernamental de intervenir en la Penitenciaría del Litoral.

Asimismo, reprochan que mientras los privados de libertad eran asesinados, varios representantes del gobierno y de la derecha ecuatoriana se encontraban en un evento del cuerpo diplomático militar de los Estados Unidos, celebrando el aniversario de los marines.

“En esas 7 horas de inacción estatal, el gobierno de Guillermo Lasso condenó a muerte, en comisión por omisión, a por lo menos 68 internos en un país donde la pena capital está proscrita. Durante esas 7 horas las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales transmitieron en redes sociales la desgarradora espera de sus verdugos, quienes tuvieron tiempo suficiente para romper más de una docena de paredes con tacos de dinamita, a los cuales nunca debieron tener acceso”, enfatizan.

También cuestionan las respuestas desde el Estado, a las que califican de “indignantes e insatisfactorias”. Pues, tras siete horas de exterminio, la versión oficial afirmó que las ejecuciones masivas son el resultado de la prelibertad de un interno, quien sería el “cabecilla” de una banda prisionera. Además, la comandante General de la Policía, Tania Varela, afirmó que su personal no contaba con las condiciones para entrar durante esas 7 horas.

 “Nos indigna que el gobierno no asuma su responsabilidad por las masacres y busque todo el tiempo culpar a gobiernos pasados o instituciones, como la Corte Constitucional”, señalan.

Finamente, reiteran que la dimensión internacional de las masacres carcelarias ecuatorianas no puede reducirse al fenómeno del crimen organizado y la narrativa de la “guerra entre bandas.”

“La dimensión internacional de las masacres necesita entenderse como lo que es: un naciente exterminio de personas pobres, sometidas a violencia racista y (ci)sexista como forma de gobierno, como necropolítica (la gestión económica y política de las poblaciones humanas a través de su exposición a la muerte) en América Latina”, sostienen.

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“La galería tiene alrededor de cinco años. Junto al Centro de Rehabilitación Social de Tungurahua la inauguraron, sin embargo, no duró mucho tiempo. Me vinculé a este proyecto en abril de este año a raíz de que cerraron la tienda por la pandemia. Ahora estamos en el proceso de reapertura de la tienda”, explicó Cristina Jaramillo, representante de la Fundación para Radio La Calle.

El proceso ha sido complicado debido a los cambios en la autoridad del Servicio Nacional de Protección a Privados de Libertad (SNAI), encargado de controlar la actividad en las cárceles. Para retomar el proyecto ha sido necesario hablar con tres directores desde abril. “En el CRS de Tungurahua el taller donde trabajan 80 privados de libertad (PPL) funciona muy bien. Están muy motivadas porque a través de nosotros logran vender su trabajo que no solo comprende artesanías sino también muebles, camas, juegos de mesa”.

El trabajo

Los PPL se organizan en seis secciones, utilizan el torno, otros pintan, tallan y realizan el grabado en madera. “En los últimos años dejaron de hacer algunas cosas. Por ejemplo, en el pabellón de mujeres no se hace nada, este trabajo solo se ve en el área de los hombres. Como fundación estamos solicitando que se realice un trabajo con las mujeres y también nos permitan restablecer la panadería”.

A pesar de estar motivados también tienen nervios debido a los traslados que se realizan por los acontecimientos de violencia en las últimas semanas. “Recientemente trasladaron a otros PPL que son de la banda de los Lagartos por lo que hay un poco de temor. Sin embargo, están activos para la Feria de finados que se realiza en noviembre en la ciudad de Ambato. Quieren dar a conocer su trabajo”.

Los PPL también son favorecidos con un crédito por medio de la iglesia ya que por su situación no pueden acceder a un crédito privado. “Con eso han comprado maquinaría para hacer mejores acabados y mejorar la calidad. No es poca cosa y todo está dentro de lo legal”.

Trabajo con los PPL

El trabajo de esta Fundación con el CRS de Tungurahua empezó unos días antes de la pandemia lo que condicionó la agilidad del trabajo y empezó a retomar fuerza desde abril de 2021. “Hemos una campaña para que ciudadanos y autoridades vean que este tipo de actividad debe implementarse en las demás cárceles. Aunque un proyecto en la parte laboral no subsanará todo el problema si es un eje importante porque les damos una oportunidad de subsistir”, precisó.

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Según explica el organismo, a través de sus redes sociales, en los lugares a los que se convocó a los familiares de las víctimas no existen listados, solo fotografías. “Se están haciendo entrevistas antropológicas para identificar a las personas”, indica un tuit.

De igual forma, denuncian que se está pidiendo a las familias de los privados de libertad identificar a las víctimas de una manera inhumana y atroz. “El Estado no se compadece del dolor de las familias y no les ofrece información sobre sus seres queridos”, señala la organización.

Asimismo, Alianza contra las Prisiones reitera que el comunicado enviado ayer, por el Ejecutivo, a las familias de las victimas ha sido irresposable. «No hay listas de personas fallecidas. El Estado está levantando información a través de las familias y la gente se va sin certezas”. enfatizan.

Ayer, durante una rueda de prensa, Lasso dijo que los familiares de los privados de libertad podrán recibir información sobre sus seres queridos, en el coliseo Abel Gilbert.

El mandatario también mencionó que se dará asistencia sicológica a las familias de las víctimas.

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“Las autoridades perdieron el control de los centros carcelarios y esa es una realidad absoluta. En este momento, los guías penitenciarios no manejan las llaves de los pabellones (…) los que manejan las llaves de los pabellones son los internos, por orden de los directores (…) Los directores, como el señor [Patricio] Limaico, dispuso que a partir de las 17:00 la llave de los pabellones se entregue al interno correspondiente”, dijo Toro.

Estas declaraciones aparecen en medio de una comparecencia ante la Asamblea Nacional. El más reciente hecho de violencia se registró el pasado 12 de junio en la cárcel N.1 de Guayas. Las autoridades debieron activar los protocolos de seguridad para mantener el control y poner distancia a la riña que enfrentó a peligrosas bandas que operan dentro de los centros carcelarios.

“¿Les parece que ese es un tratamiento de seguridad para un centro? ¿No será por eso que se matan ahí adentro? Porque si yo no tengo una figura de autoridad es como todo en la vida, no camino recto. Yo necesito una figura de autoridad para que me guía y se cumpla con is ejes de tratamiento, que no se cumplen tampoco”, agregó el citado jurista.

El origen de la crisis

En diciembre del año pasado, reclusos protagonizaron un motín en el Centro de Rehabilitación de varones de Esmeraldas; se registró seis fallecidos y más de una decena de heridos a causa de un tiroteo. 

Al día siguiente, los PPL de la cárcel de Esmeraldas los residentes carcelarios intentaron fugarse por una de las vallas de alambre de la puerta principal del Centro.

El 19 de agosto pasado, el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) pidió el traslado de un grupo de internos desde Sucumbíos.

El 4 de agosto, Fiscalía General del Estado inició la investigación del motín en la Penitenciaria del Litoral por una riña entre la banda de Los Choneros y Los Lagartos. Esa riña generó 11 fallecidos en la Penitenciaría del Litoral. 

El 3 de agosto, disparos se escucharon en el interior de ese Centro de Rehabilitación Social de Ambato. 

Anteriormente las cárceles de Ambato, Tulcán y Latacunga fueron escenario de incidentes en los que los privados de la libertad exigían atención médica en el marco de la emergencia.

La tragedia sacudió al país el pasado 23 de febrero cuando, según información de la Policía Nacional, fallecieron al menos 62 personas privadas de libertad en Latacunga, Cuenca y Guayaquil.

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«Ante los hechos suscitados el día de hoy en los CRS Guayas, Azuay y Cotopaxi , la Policía Nacional se encuentra gestionando el control de los mismos. Al momento Criminalística reporta más de 50 PPL fallecidos», escribió el organismo.

La Fiscalía General del Estado indicó que tras el amotinamiento en la cárcel de Turi en Cuenca se encuentran en el lugar recopilando indicios y receptando versiones, entre otras diligencias. Así mismo recogen evidencia en la Penitencia del Guayas.

Caos en las prisiones

En la Penitenciaria de Guayaquil, el saldo inicial de muertes es de ocho reos, dos más tienen heridas graves. Los hechos se atribuyen a los enfrentamientos de bandas en la prisión.

La víspera, cinco guías penitenciarios fueron retenidos por parte de los reos. Tras una negociación con los internos, los gendarmes están libres. La mañana del martes cerca de 300 policías acudieron al lugar para intentar retomar el control del centro.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) informó que la noche anterior se realizó una requisa.

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«A nivel nacional tenemos 70 Juntas Receptoras del Voto en 36 Centros Penitenciarios de 20 provincias del país. 8.307 están en el padrón electoral. De estas 7.852 son hombres y 445 son mujeres», explicó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

El evento de inaguración tuvo lugar en el Centro de Rehabilitación Social El Inca. En el lugar estuvo presente Atamaint, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, el consejero José Cabrera y el director del Sistema Nacional de Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo. A las 08:00 ingresaron los Kits electorales al recinto y, a diferencia de otros procesos, la prensa no tuvo acceso al recinto carcelario para evitar contagios.

Los privados de la libertad pueden votar hasta las 17:00. 2.430 agentes penitenciarios acompañarán el proceso en los centros de reclusión.

Silencio electoral

El silencio electoral empezará a la medianoche del 5 de febrero, razón por la que los candidatos realizarán sus cierres de campaña este jueves. La ley seca empieza el 5 de febrero al mediodía y se extenderá hasta el 8 de febrero.

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“El SNAI coordina operativo de recaptura con la Policía Nacional, de dos PPL que habrían evadido los controles de seguridad en el CRS Machala. Tres internos más, fueron recapturados”, indicó el SNAI en un tuit.

Intento de fuga en Tulcán

El pasado 6 de septiembre ocho reos intentaron una fuga del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán. Los internos evadieron los filtros de seguridad del lugar. De los ocho, la policía recapturó a siete ciudadanos. De esos siete, un interno de nacionalidad venezolana falleció durante la persecución. Las autoridades presumen que se trató de un paro cardiorrespiratorio.

Los PPL escalaron la malla de la parte posterior del CRS. En el exterior les esperaba un vehículo Chevrolet spark rojo en el que la policía presume iban a fugarse los reos. Los agentes decomisaron tres armas de fuego y se encuentran en la búsqueda de Carlos L.

Caos en las cárceles

El pasado 30 de agosto, un privado de la libertad (PPL) que responde al nombre de Manuel Alberto O. fue asesinado con tres disparos mientras hacía fila para el almuerzo. El hecho sucedió en el Centro de Rehabilitación Social en Chimborazo, Riobamba.

«En el sector de los patios se encontró una persona de sexo masculino en posición de cubito ventral, aparentemente con tres impactos de proyectil de arma de fuego», indicó el jefe de la Dinased, Luis Montesdeoca.

El pasado 11 de agosto, el presidente Moreno declaró el estado de excepción en los Centros de Rehabilitación de todo el país. Esto tras los problemas que ha presentado el sistema carcelario en Ecuador.

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