En entrevista con el Noticiero Ecuador Radio, Moncayo celebró las alianzas entre CNT y el sector privado. En el marco de una reciente “Feria Inclusiva”, la empresa pública de telecomunicaciones abrió sus puertas a vínculos con PYMES y actores privados. A decir de Moncayo, estas acciones deberían continuarse para, en un futuro, “mejorarla totalmente – y voy a decirlo- como una empresa privada”.

Camino a la privatización

La privatización de CNT, aunque es la aspiración última de su directiva, no es una alternativa inmediata. “El mercado está totalmente deprimido, (la privatización) hoy deja de ser una opción”, señaló Moncayo. Sin embargo, a decir de la funcionaria, sí hay acciones que podrían tomarse por ahora.

Moncayo recomendó entregar la administración de las torres y antenas de CNT a actores privados. “Realmente, producen altísimos costos de mantenimiento, sin el retorno que deberíamos tener. Esa es la parte que sirve, (…) se podría arrendar a 20 años”, sugirió la funcionaria.

Igualmente, consideró importante fortalecer los vínculos con “socios estratégicos”, con miras a la futura privatización de la empresa.

Antecedentes

El Gobierno de Moreno ha estado marcado por su incesante lucha por estigmatizar lo público y justificar su privatización. Desde el 2019, el Observatorio de la Dolarización advirtió las intenciones del régimen por privatizar áreas estratégicas, incluidas las refinerías, CNT y hasta el Banco del Pacífico.

En el marco de la pandemia, el Gobierno ha impulsado esas intenciones. El 10 de julio, Moreno firmó un decreto que delega la Refinería de Esmeraldas a una empresa privada por 25 años. El 19 de mayo, el Ejecutivo anunció la liquidación de varias empresas públicas, entre ellas Ferrocarriles del Ecuador, Correos del Ecuador y Medios Públicos.

Estas acciones del Gobierno y las aspiraciones de Moncayo preludian la inminente posibilidad de privatizar una de las empresas públicas más rentables, como es CNT.

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En esa fecha, las empresas internacionales podrán participar en la licitación para la concesión de la administración de la Refinería de Esmeraldas. Las empresas interesadas y precalificadas deberán hacer una inversión de USD 2.400 millones. Cifra que el Estado cancelará a la organización durante los próximos 25 años.

Versión del ministro René Ortiz

Según el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, el acto no pueden considerarlo como una privatización porque el bien solo permanecerá privado por 25 años y regresará a manos estatales una vez concluya el plazo. Ademas, indicó que el contrato incluye la reparación, mejoramiento de la calidad de combustibles y emisiones, e implementación del proceso de alta conversión en la Refinería de Esmeraldas, con financiamiento total de la empresa adjudicataria.

Para el ministro, la cifra de los USD 2.400 millones es la mayor inversión de la historia del país.

De acuerdo al cronograma, el 12 de febrero de 2021 el Ministerio espera adjudicar la Refinería. Así mismo, en los 19 días posteriores continuará con la negociación de contratos.

En el modelo de negocio se indica que es el Estado quien entregará el petróleo al gestor privado y los derivados que resulten, serán de propiedad estatal, por lo que Petroecuador tendrá que comercializarlos. De existir controversias con la adjudicataria, se podrán dirimir en tribunales internacionales, siempre y cuando se cuente con el aval de la Procuraduría del Estado.

De acuerdo a los pronósticos gubernamentales, aún restan varios activos del Estado por privatizar, o concesionar. Entre ellos el Banco del Pacífico y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, además de las hidroeléctricas.

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La información sobre venta de Banco del Pacífico sería declarada como reservada hasta el 2035.

Se consideró que estos datos solamente podían darse a conocer por el Consejo de Seguridad Nacional, con base en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Accesos a la Información Pública. Y que no podía mostrarse al público en todas sus fases.

En respuesta, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) creó una veeduría para observar las acciones que lleve a cabo la Corporación Financiera Nacional (CFN), que actualmente es dueña de la entidad.

La CFN, en respuesta a la veeduría, emitió un documento donde aclara que se convocará a una reunión para revisar la valorización del banco, que está siendo llevada a cabo por Bank of America Securities Inc.

En el documento de la CFN señala que la información sobre la valorización del Banco será pública en nueve meses, después de que termine el proceso de esta fase y parte de las negociaciones.

Debido a esto, el consejero del CPCCS, Juan Javier Dávalos, se pronunció en su cuenta Twitter, enfatizando que «Nueve meses es demasiado tiempo. El pueblo ecuatoriano les exige trasparencia hoy».

Asimismo, la reserva de la venta, se precisó, «aplica al momento de la valoración y durante una parte de la negociación, con el evidente objetivo de maximizar los beneficios para el país. 

Finalmente, una vez culminado el proceso en estas fases, cuya duración se estima en aproximadamente nueve meses, la información deberá ser de total conocimiento público», señala la entidad financiera, que en esta ocasión no se refiere a los 15 años de silencio, inicialmente establecidos. 

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El directorio de la Corporación Financiera Nacional declaró que el proceso será clasificado durante los próximos 15 años, de manera que nadie por fuera tendrá los detalles de la negociación.

 Por esta razón, José Antonio Paz, coordinador de la veeduría ciudadana, una unidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), solicitó a la CFN reunirse para hablar sobre el cronograma la figura legal y las entidades participantes en el proceso.

No obstante, la respuesta de Roberto Dunn, presidente del directorio fue negativa. “El directorio de la CFN resolvió que el proceso de desinversión de Banco del Pacífico es de carácter reservado”, indicó.

Dunn apeló al artículo 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP) que indica: “No procede el derecho a acceder a la información pública, exclusivamente en los siguientes casos: las informaciones expresamente establecidas como reservadas en leyes vigentes”. Otra alternativa es una votación en la Asamblea para su desclasificación, proceso que se analiza en el CPCCS.

Al momento, Banco del Pacífico es la segunda mayor entidad financiera del país con activos por alrededor de USD 6.000 millones, una utilidad de USD 100 millones en el último año, dos millones de clientes y 17.000 puestos de atención a nivel nacional.

Venta de la Institución

La venta forma parte del programa de monetización de activos del Estado, acción que el Fondo Monetario Internacional puso de condición para los desembolsos al país y con la que el gobierno espera recibir USD 2.000 millones en el presente año, y USD 2.500 millones en 2021.

El pasado 8 de noviembre, el Gobierno ya anunció que el inició de la valoración para dar trámite a la venta del banco. La valoración estuvo a cargo del Bank of America Securities, el segundo mayor Holding Bancario de Estados Unidos por activos.

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