Aunque la norma ha sido presentada como una herramienta para mejorar la gestión ambiental, organizaciones sociales, pueblos indígenas y sectores ecologistas advierten que podría abrir la puerta a la privatización y a nuevas actividades extractivas en zonas que deberían estar protegidas.

Riesgo de negocios privados en territorios protegidos

Desde movimientos ecologistas y sectores de izquierda se ha cuestionado que la ley permite la participación del sector privado en la administración de áreas protegidas, lo que podría derivar en concesiones disfrazadas de fortalecimiento institucional.

Para los críticos, esta ley refuerza un modelo extractivista que prioriza la entrada de capital privado en espacios naturales, dejando en segundo plano su conservación.

Denuncian que esta norma podría convertir la protección ambiental en un discurso vacío, mientras en la práctica se habilitan acuerdos con intereses empresariales.

Áreas sin comunidades quedarían expuestas

Otro punto alarmante de la ley es que la prohibición de actividades extractivas solo se aplica a territorios indígenas. Esto deja desprotegidas otras áreas protegidas que, aunque no tienen presencia comunitaria, poseen una alta biodiversidad.

Además, colectivos sociales señalan que no se garantiza el derecho a la consulta previa ni se establecen límites claros frente a posibles intervenciones económicas.

Temen que esto dé luz verde a la minería, el petróleo o el turismo comercial en zonas que deberían mantenerse como patrimonio natural intocable.

Gobierno niega privatización, pero dudas persisten

La asambleísta Valentina Centeno, del bloque oficialista, ha defendido la ley asegurando que “no busca privatizar las áreas protegidas”, sino fomentar el turismo sostenible y fortalecer la institucionalidad ambiental.

Sin embargo, esta posición no ha convencido a sectores sociales ni a colectivos ambientales, que sostienen que la norma abre un marco legal para la intervención empresarial, sin mecanismos claros de control ni participación real de las comunidades.

La aprobación de esta ley marca un momento clave en la política ambiental ecuatoriana. En lugar de fortalecer la protección de la naturaleza, podría facilitar la entrada de intereses privados y extractivos en territorios que deberían estar resguardados por el bien común.

Defender la biodiversidad y los derechos colectivos requiere de leyes participativas, claras y orientadas a la justicia ambiental, no normas que pongan al patrimonio natural al servicio del mercado.

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“Lean bien”

La ministra de Energías respondió al comunicado de la Asamblea Nacional y al pronunciamiento de la candidata Luisa González, indicando que la firma del contrato aún no estaría consumada. La respuesta al Legislativo fue que la privatización no contraviene a la Ley de Hidrocarburos y que lo harán “pensando en lo que necesitan los ecuatorianos: producción e inversión social”; sin embargo, este domingo 2 de marzo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea publicó un documento oficial entregado por la Superintendencia de Compañías donde denuncian que la empresa privada Petrolia Ecuador S.A. no tiene experiencia y que apenas registra un capital de 2.000 dólares.

Mientras que, a la publicación de la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, la ministra Inés Manzano señaló de “cínica e ignorante” e increpó cuente lo de Auca y Shushufindi.

La discusión en redes sociales, entre simpatizantes de ADN y RC, se dio alrededor de la firma de concesión que aún no estaría hecha. Pero también hubo reacciones de varios sectores y actores sociales que rechazan la posibilidad de vender el campo petrolero de mayor aporte al Estado ecuatoriano. Según los acuerdos de participación del Consorcio, el 87,5% será para la privada, es decir que, 80 de cada 100 barriles producidos en el Bloque 60 pasarán a manos del Consorcio subsidiario español y chino.

Reacciones de rechazo a la privatización

El excandidato presidencial por Pachakutik, Leonidas Iza, fue el primero en rechazar que Daniel Noboa entregue directamente el Campo “entre gallos y medianoche y aprovechando un feriado”. Aseguró que esta adjudicación sería ilegítima y anunció acciones para frenar lo que calificó como “intento de saqueo a la Patria”.

Por su parte, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) advirtió que esta decisión, de objetivos eleccionarios, reducirá los ingresos económicos del país para atender requerimientos fundamentales de los ecuatorianos. Asimismo, la Central sindical de trabajadores públicos y privados (CEOSL) condenó la decisión del gobierno de Noboa de concesionar a la “joya de la corona” que en el 2024 produjo un promedio de 77.191 barriles diarios, lo que representa aproximadamente el 20% de la producción nacional. Señalan, además, que esta es una medida grave de traición a los intereses nacional porque se entrega una de las principales fuentes de riqueza del país a intereses extranjeros por sobre los derechos de los trabajadores ecuatorianos.

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La Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas de Energía y el Petróleo del Ecuador (ANTEP) ha sido la principal organización en denunciar esta concesión, desde el año pasado, cuando su secretario general, David Almeida, hizo pública esta intención del Gobierno Nacional. Estas denuncias públicas le costaron su puesto de trabajo en Petroecuador y persecución política, incluso amedrantamientos en su contra y de su familia. La Asociación manifestó su rechazo por la pérdida de USD 1.044 millones para el país, durante los próximos 20 años.

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El acuerdo, emitido sin un anuncio público previo, instruye a Petroecuador a transferir el campo a un consorcio liderado por Petrolia Ecuador S.A., Amodaimi Oil Company S.L., y Sinopec. Este hecho ha sido calificado como un acto de “interés particular” que pone en riesgo el patrimonio nacional.

Según un informe de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP), el acuerdo carece de fundamentos legales y técnicos. La normativa establece que cualquier delegación de operaciones debe estar respaldada por informes que justifiquen la incapacidad técnica o económica de Petroecuador para operar el campo. No obstante, el acuerdo no presenta tal justificación.

Datos recientes revelan que Petroecuador ha incrementado significativamente la producción del Campo Sacha en los últimos años, demostrando su capacidad operativa. En 2024, el campo produjo un promedio de 77.000 barriles diarios por encima del límite de 4.700 barriles diarios.

El texto del acuerdo también establece que la concesión será “excepcional por convenir a los intereses del Estado ecuatoriano” y menciona como destinatarias a empresas estatales o sus subsidiarias. Sin embargo, investigaciones revelaron irregularidades en los registros de las empresas oferentes. Por ejemplo, Amodaimi Oil Company S.L. está registrada como una sucursal extranjera española con límites legales para operar fuera del Bloque 16 de la región amazónica. Asimismo, Sinopec, cuya sucursal extranjera fue cancelada, opera en Ecuador como una sociedad anónima nacional, lo que la descalifica como subsidiaria estatal.

Impacto económico proyectado

El modelo propuesto por el consorcio incluye un pago anticipado de USD 1.500 millones, inversiones por USD 1.761 millones en 20 años y costos de mantenimiento por USD 160 millones. Sin embargo, el análisis de la ANTEP basado en datos de los últimos seis años indica que el Estado ecuatoriano perdería USD 2.544 millones en renta petrolera si se aplicara el esquema privado, en comparación con los ingresos obtenidos bajo operación estatal.

Incluso considerando el pago anticipado, la pérdida neta ascendería a USD 1,044 millones. Esta cifra podría aumentar si el precio del crudo sube en el mercado internacional. Por ejemplo, con un precio promedio de USD 71.93 por barril, similar al registrado en 2024, la pérdida alcanzaría los USD 1.641 millones.

Historial de oposición y denuncias

El Campo Sacha ya había sido objeto de intentos de privatización en gobiernos anteriores, pero ninguno logró concretarse debido a la resistencia de trabajadores y sectores sociales. En 2019, el entonces ministro de Energía, Carlos Pérez García, renunció a su cargo tras oponerse a un modelo similar por considerarlo contrario a los intereses nacionales.

La oposición a esta medida también ha resultado en represalias laborales. David Almeida, dirigente de Petroecuador, denunció irregularidades en el proceso que derivó en su desvinculación de la estatal tras manifestarse contra la privatización del campo.

Reacciones y exigencias sobre acuerdo de Sacha

Organizaciones sindicales y expertos en hidrocarburos han exigido explicaciones al gobierno de Noboa sobre las irregularidades del acuerdo. “Esto es una traición al país. Priorizar intereses particulares sobre el interés nacional es inaceptable”, afirmó un portavoz del sindicato petrolero.

En el ámbito legislativo, varios asambleístas han solicitado la comparecencia de la ministra de Energía, Inés Manzano, para que explique los fundamentos del acuerdo. Además, han instado a Contraloría a investigar posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.

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Quito, 17 sept (La Calle).- Ante las irregularidades en el sector petrolero y minero del país, las organizaciones sociales y sindicales han cuestionado públicamente a las autoridades de las empresas públicas sobre las cifras de producción y recursos financieros, poniéndolos en la mirada del gobierno nacional. Este es el caso de David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP), quien ha denunciado que las medidas del Ejecutivo pretenden privatizar la estatal petrolera. Sus declaraciones no han sido del agrado del gobierno, por lo que, incluso, en días pasados efectivos policiales llegaron hasta su domicilio sin orden judicial alguna que avale esto que el representante de los trabajadores considera una persecución política.

Durante su entrevista en este medio, Almeida indicó que no existen las causales administrativas que le permitan a Petroecuador EP ejecutar una sanción en su contra. Señala que el mismo día en que se calificó su postulación, encabezando la lista, como secretario general en las próximas elecciones del Comité de Empresas de los trabajadores de Petroecuador, le abrieron un proceso disciplinario por sus declaraciones dadas en el medio Pichincha Universal donde defendió los recursos petroleros del país y a la misma empresa. Para el representante de ANTEP este acto intimidatorio busca callar su voz y la de los trabajadores, además de poner en riesgo su integridad. Tampoco cuenta con seguridad.

Lo acusan de revelar información confidencial y de una supuesta concesión al campo Sacha, cuando este proceso de privatización de los campos se estaría dando sin mostrar documento alguno que lo justifique por parte de la estatal. Petroecuador registra aproximadamente ingresos de 14 mil millones de dólares anuales. Además, el presupuesto estatal asignado es de alrededor de 4,5 mil millones, lo que le deja un margen de ganancias de 9,5 mil millones, de los cuales se destinan cerca de 6 mil millones al pago de importación de combustible. Es decir que Petroecuador por sí solo tiene la capacidad de asumir las importaciones que el gobierno dijo es insostenible, lo que ha justificado el alza al precio de las gasolinas extra y ecopaís en meses pasados.

Este cálculo realizado por Almeida muestra que se deja una utilidad de 3.5 mil millones extra para el Estado. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas retira este monto de Petroecuador sin decir a dónde se destina este presupuesto. Hasta el momento, y luego que ANTEP ha venido solicitando cerca de un año a la Cartera de Estado se indique en qué se invierte este capital, aún no existen respuestas. A pesar de saber los riesgos que su representación implicaría, Almeida sostiene que esta lucha es por la eficiencia de lo público y por el respeto a los derechos del movimiento de los trabajadores.

Sin duda, estos actos de persecución al secretario de Asociación buscan sentar un precedente para que ningún otro representante gremial evidencie ante la opinión pública el autosabotaje que actualmente se están cometiendo contra las empresas públicas del sector petrolero, en complicidad del Ejecutivo. Por lo tanto, decir que Petroecuador no sea económicamente viable es una mentira más del gobierno, pues se contradice con la información pública que la misma gerente de la EP ha manifestado en medios de comunicación y que, además, consta en su portal web como información de carácter público.

Entrevista completa en La Ventana Podcast

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» El Ecuador debería tener tranquilamente un potencial de producir un millón de barriles por día y estamos convencidos que esa senda es la inversión privada», dijo el funcionario en entrevista para Visionarias.

Agregó que el campo Sacha podría ser entregado este año al sector privado. También mencionó que para que los procesos sean inmediatos se deben realizar acuerdos a través de consorcios liderados por empresas públicas internacionales una como la empresa árabe Saudi Aramco.

Trabajadores petroleros rechazan la propuesta

Por su parte, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) rechazaron lo expuesto por el ministro y denunció que la negociaciones para la entrega del campo Sacha a manos extranjeras se estaría realizando a escondidas.

Los cálculos realizados la asociación expusieron que el costo total de producción promedio de los últimos 7 años es de USD 7 por barril.

“Cualquier fórmula (tarifa o contrato de participación) disfrazada de inversión extranjera que supere este costo de producción no será beneficiosa para el Estado ecuatoriano por la disminución de la renta que esto significa y no es otra cosa que pura privatización”, dicta el comunicado. (AGM).

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«Será la primera vez que la capital tenga una cancha de esa magnitud y lo haremos en esta administración», apuntó en Frecuencia Quiteña.

Además, entre su ofrecimiento está la creación de una carrera online para personas sordas. Señaló que esa carrera estaría en el Instituto Tecnológico que propuso días atrás.

«Esto para que ellos también tengan una formación con características universitarias», manifestó.

Por otro lado, enfatizó que una de sus prioridades es proteger la función pública, por lo que trabajar con eficiencia es su compromiso y debería ser el de todos los ecuatorianos.

«Hay quienes están a favor de las privatizaciones y hay quienes defendemos lo público. No hay que dar pretextos para que vuelvan los vientos de la privatización», dijo.

Muñoz resaltó que es indispensable que en este periodo se demuestre con hechos concretos que lo público también se trata de manera eficiente.

Sobre los recursos económicos destinados para Quito, detalló que procura «equilibrar la balanza» entre el gasto corriente y la inversión en obras para la capital. Recalcó que analiza las propuestas de las empresas, las ajusta a los presupuestos que tienen para «no dejar desprotegida a la ciudad».

«Hay que estirar los pies hasta donde dé las sábanas. Por más que yo esté a favor de las propuestas si el dinero no alcanza, simplemente no va. Apostaré siempre por los recursos de los quiteños», comentó.

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El 5 de septiembre de 2023, el presidente de la República expidió el Decreto-Ley Orgánica de Gestión de Riesgos y Desastres cuyo objeto manifiesto es normar la gestión del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para la ejecución de acciones de prevención, preparación, respuesta, mitigación y recuperación ante emergencias y desastres. Para ello el Ejecutivo preparó un texto normativo donde el discurso del fenómeno del niño se convierte en una retórica para justificar la inoperancia del Estado central y la privatización de playas, bahías y manglares.

En el marco del control constitucional, la Corte Constitucional avocó conocimiento del referido decreto y celebró con fecha 26 de septiembre del presente año la Audiencia Pública signada como Caso Nro. 7-23 UE.

Al mero estilo Lenín Moreno, quien en el marco de la emergencia sanitaria impuso un régimen laboral cuyo objeto real fue satisfacer las condiciones fondomonetaristas y de los grupos económicos, hoy, el Gobierno del Encuentro pretende, mediante este Decreto-Ley,  modificar al Código de Comercio, Código Civil, Ley de Registro, Código Orgánico Administrativo, Ley de Minería, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Apología de la excusa

El espíritu del Decreto-Ley, yace en la inminente alerta que los órganos competentes han levantado frente a las posibles consecuencias por fenómenos naturales específicamente del niño en el último trimestre del año. Inscribe en el inciso segundo del artículo 7 responsabilidades a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de la gestión de riesgos, específicamente para enfrentar el desastre natural del fenómeno del niño.

El cuerpo normativo controvertido obliga a los GAD cantonales y provinciales a «elaborar escenarios de impacto para estimar las posibles afectaciones a la población, a los servicios y la infraestructura. Implementar sistemas de alerta temprana. Planificar la evacuación y preparación de la población para el resguardo de la vida y medios de vida. Realizar simulacros y ejercicios para evaluar la capacidad de respuesta institucional y de la población. Apoyar los procesos de capacitación a los equipos de búsqueda, rescate, salvamento, respuesta y atención hospitalaria. Preparar y organizar la asistencia humanitaria. Identificar y adecuar alojamientos temporales. Implementar otras medidas de preparación necesarias para la respuesta».

La norma, acorde al discurso oficial, pretende regular el ejercicio de la gestión de riesgos frente a desastre naturales. Ante ello, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 8 del artículo 261, define como una competencia exclusiva del Estado central «el manejo de desastres naturales». Sin embargo, el legislador inscribe el principio de descentralización subsidiaria respecto a la gestión de riesgos en el artículo 390 de la CRE, que implica «la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad».

Pero también la Carta Magna en el artículo 273, al tenor literal y explícito manifiesta que «las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias», en concordancia con el artículo 117 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial.

Sin afán de que el relato se convierta en una exposición normativa, la reseña de la gestión del actual gobierno da cuenta de la inoperancia pública sino en todas, un sinnúmero de materias.  Al tenor del Moreno Style, el Gobierno del Encuentro excusa su incapacidad para el manejo de riesgos mediante la transferencia de responsabilidad a los gobiernos autónomos provinciales y cantonales sin recursos.

Y porqué me atrevo a decir aquello, pues el Decreto – Ley inscribe en artículo 15, faculta a los cuerpos legislativos de los GAD la capacidad de destituir al Ejecutivo por el incumplimiento de las responsabilidades transferidas del Estado central. Además, se pretende imponer que el Gobierno tenga la capacidad legal para REPROGRAMAR la asignación de recursos a los gobiernos autónomos lo que deja al albedrío del Estado retener o dejar de pagar oportunamente las transferencias por concepto de modelo de equidad territorial e incluso la seguridad social.

Durante la Audiencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, ejemplificó los efectos económicos por el Niño, citando los años 1997 – 1998, donde Edison Reza, viceministro de economía subrogante afirmó que tuvieron una dimensión sobre el esquema monetario del país, «afectando a la sostenibilidad monetaria macroeconómica, que, en cierta medida propendieron a tomar decisiones como la dolarización».

El Gobierno de Lasso, consiente de que el nivel parroquial económicamente no es conveniente para sus objetivos, quizá coercitivos, no vincula a las juntas parroquiales pues el artículo 6 del referido Decreto, no hace mención alguna pese a que, en materia de riesgos, se considera la Comisión Parroquial para Emergencias (COPAE), como el ente administrativo para la gestión de desastres en la jurisdicción parroquial rural.

El discurso oficial, evidente durante la Audiencia Pública, considera que no se trata de una transferencia de competencias sino, de normar la ejecución de la misma. Con los antecedentes de gestión del actual gobierno, las inferencias sobran.

Apología de la privatización

Otra discusión que merece un acápite especial es la ilusión de privatización en favor de los empresarios camaroneros de aproximadamente 65.000 hectáreas de playas, esteros y bahías. Por mandato constitución, la naturaleza es considerada como sujeto de derecho, por tanto, la titularidad del dominio, bajo adjudicación o la figura que fuere contraviene la escritura Superior.

Pese a ello, los ilustres pensadores de la microeconomía privada, quienes abogan por la ausencia del Estado y la desregularización, bien consideran que uno de los sectores que mayor perjuicio económico afrontarían es el sector camaronero. Ante ello, el Decreto – Ley pensó en este sector con especial atención.

Por la naturaleza del proceso productivo, preexiste normativa de regulación y concesión para el sector camaronero, sin embargo, se argumenta que la falta de titularidad en el dominio impide el acceso a financiamiento público y privado por parte de los pequeños y medianos productores.

A decir de Alex Vedani, del Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, durante su exposición en la Audiencia Pública las zonas que sería «titularisables» son aquellas áreas que no son bañadas por el flujo de la marea, por tanto, asegura que pierde su condición. En aproximadamente 65.000 hectáreas de manglar, existen 1.800 predios de los cuales el titular de la cartera de Estado asegura que 1.200 cuentan con una extensión de cero a treinta hectáreas por tanto se consideran unidades productivas mínimas, esto es pequeños y medianos productores.

En el año 2018, la Ley Trole 3, o Ley de Fomento Productivo, que facultó la remisión tributaria al sector empresarial, benefició a pequeñas y medianas empresas, sin embargo, la opulencia de los 203 grupos económicos a la fecha, representaron más del 70% del rubro condonado. Bajo la misma lógica, los propietarios de los 600 predios restantes ocupan mayor extensión y seguramente son parte de la gran élite camaronera del país, a quienes se pretende también adjudicar el dominio de recursos naturales.

Como un gran logro, el Ejecutivo manifiesta con gran opulencia que esta titularidad de la propiedad no infringe la servidumbre de paso para los concheros, cangrejeros y pescadores artesanales. ¿Acaso esta medida, en el marco del fenómeno del niño, permitirá a este grupo de artesanos contar con el sustento para su sobrevivencia?, ¿el límite de la política pública son las pequeñas empresas?, ¿se trata de una excusa para privatizar territorio público, protegido constitucionalmente?, ¿no hay más alternativas?

En definitiva, la latente amenaza del fenómeno del niño, se convirtió en una excusa ante la inoperancia y al servicio de los grupos económicos: un símil de Lenín Moreno cunado excusaba el fondomonetarismo en nombre del COVID 19.

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Tras el acuerdo, en junio de 2023, con el banco suizo Credite Suisse para proteger el archipiélago y apaciguar la deuda externa, el Gobierno Nacional realizó el canje de un porcentaje del pago de los intereses de la deuda externa, alrededor de USD 1.628 millones, por bonos azules de USD 656 millones.

De este trato, el Estado se «ahorra» USD 1.126 millones y tendrá que destinar más de USD 300 millones en un fideicomiso de ”Galápagos Life Fund” (GLF), una corporación constituida en Estados Unidos.

He aquí el problema. Una investigación de Hoja de Ruta reveló que uno de los miembros del directorio de GLF es la Cámara de Turismo de Galápagos. El presidente de esa organización es Eduardo Brito, mano derecha del empresario Roque Sevilla.

El medio digital sostiene que Brito fue gerente administrativo de Metropolitan Turing C.A. y el exalcalde de Quito fue presidente de la empresa y toda su familia Sevilla está metida en el negocio. Brito sería la conexión directa entre el gremio turístico y Metropolitan Turing.

Además, dentro de esta empresa hay un supuesto socio más: fideicomiso de administración SACOPO, el cual es socio accionista de seis empresas más: Hotel Mashpi y el Hotel Casa Gangotena. Este último integrante del directorio de GLF y a su vez a Roque Sevilla.

María de los Ángeles Mantilla Cabeza de Vaca es dueña de SACOPO y hermana del socio fundador del fideicomiso de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Gonzalo Mantilla Cabeza de Vaca.

El GLF está conformado por 11 miembros responsables de la gestión de fondos, en este directorio solo se encuentran cinco representantes ecuatorianos, pero estos solo tienen voz, no voto, es decir, los nacionales no pueden hacer nada ni tocar nada. Los otros seis miembros son de empresas internacionales que administran y definen toda actividad.

Es privatización, así de claro

Dicho fideicomiso operará en el archipiélago hasta el 2041. Según el economista Pablo Dávalos, esta negociación implicaría que GLF defina las políticas públicas, sobretodo de inversión, en Galápagos. Por ende, ellos se encargarían de la administración de las actividades comerciales como la pesca y el turismo.

Ahora el Gobierno ecuatoriano solo tiene cinco de once miembros en el directorio del GLF, es decir, un voto nulo en las decisiones. Además dijo que uno de los problemas es que no hay supervisión en el manejo del fideicomiso ya que si vigila a si mismo.

”Prácticamente es una privatización, es una entrega de soberanía y está prohibido por la Constitución y por todos los instrumentos internacionales.”

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Julia, qué noticia tan bella y conmovedora traes este amanecer… La reforma democrática a la salud en Colombia, aprobada en la dependencia Legislativa con el voto de la izquierda, es bienvenida para un pueblo entero que sufrió en su piel y su historia la imposición de un modelo privatizado y mercantilizado de la salud, copiado a su vez del modelo privatizado y darwinista del pinochetismo chileno.

Es una noticia emocionante que las prestadoras privadas de salud, las todopoderosas EPS, se conviertan en estatales y sociales Gestoras de la Salud para fortalecer la Salud Pública y de la ruralidad para que llegue a millones de colombianos/as.

Y qué hermoso que la reforma incluya la situación de cuidadoras y cuidadores de las personas con discapacidades, tema que sigue ausente en Ecuador y que lo solicité formalmente a inicios del 2023 en la comisión legislativa de salud de la Asamblea Nacional, clausurada por el privado banquero que continúa su labor de lograr destruir la salud pública y del seguro social para privatizarla, sea en el tiempo que dure en el poder, o a futuro: vía sus candidatos presidenciales de la extrema derecha para que prosigan tal objetivo y a él lo protejan tras su salida. (Por éso es crucial que triunfe el progresismo de izquierda en el Ecuador: para que la salud les sea devuelta a millones de vulnerables).

La noticia de la reforma de la salud en Colombia, hay que celebrarla. Será, obviamente, motivo de boicot y desestabilización al gobierno de izquierda, pues el negocio de la salud privada y privatizada en Colombia, genera cientos de miles de millones de pesos de ganancias a un puñado de sinvergüenzas de los Grupos Económicos Empresariales y Financieristas del país de Petro y Nelly… Ya se le podrá hacer justicia a Ella, mi esposa, y a millones como Ella, quien padeció agonía en Bogotá a fines del año pasado, mientras las EPS privadas nos apagaban y bloqueaban todos los teléfonos de su servicio paliativo de emergencias para no auxiliarnos. Conocí aquel sistema de salud uribista, a ese monstruo privatizado y darwinista, avariento y sinvergüenza de salud. La nación de García Márquez y de Gaitán, sigue andando.

Este paso dado, es una buena noticia para los derechos humanos de salud y de vida y para la justicia social en la bella y amada Colombia y para Toda Latinoamérica. Viva Colombia, viva Petro, viva la Izquierda, porque piensa, siente y actúa por todos/as.

Julia Giovanna Del Hierro:
https://fb.watch/ld6xRNu59q/?mibextid=2Rb1fB

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Las islas Galápagos son famosas en todo el mundo. Aún quienes no las han visitado conocen sobre su fauna y las asocian a Charles Darwin, quien las visitó en 1835 y realizó allí las investigaciones que le permitieron formular su teoría sobre el origen de las especies. No todos saben que pertenecen a la República del Ecuador, que fueron descubiertas por Tomás de Berlanga en 1535 y que fue Juan José Flores, el primer presidente en la historia republicana del país, quien tomó posesión soberana de las islas el 12 de febrero de 1832.

Las Galápagos comprenden 13 grandes islas, 9 medianas y más de 100 islotes. Desde la época colonial fueron usadas por piratas, cuya historia la rescata Sebastián Donoso Bustamante en su libro Piratas en Galápagos: 1680-1720. Algunos colonos que se establecieron en el siglo XVII se interesaron en la explotación de grasas y aceites. Entre mitos y exotismos, las islas siguieron aisladas. Pero desde Darwin, la presencia inglesa marcó sus nombres, pues cada isla tuvo alguno que se conservó largamente (Albemarle, Narborough, Indefatigable, James, etc.), hasta que se impusieron las denominaciones nacionales (Isabela, Fernandina, Santa Cruz, San Salvador, etc.). A comienzos del siglo XX, el colono Manuel Julián Cobos, considerado el “emperador” en Galápagos, estableció un ingenio azucarero. También existió una colonia penal. Hoy el Archipiélago constituye una provincia, con administración especial, crecida población y cuya base económica es el turismo, que el Estado ha procurado controlar. La Unesco declaró a las islas como Patrimonio Natural de la Humanidad (1979), aunque tiene altos riesgos medioambientales.

Las alejadas islas Galápagos y su casi nula significación económica para los gobiernos del Ecuador en el siglo XIX, hicieron pensar en la posibilidad de arrendarlas e incluso venderlas. También fue acusado de esa posición el caudillo liberal-radical Eloy Alfaro. Pero él mismo relata, en Historia del Ferrocarril del Sur, que en 1895, todavía como Jefe Supremo, recibió la propuesta de cinco millones de Libras Esterlinas por el Archipiélago, que rechazó; que en 1898 le ofrecieron 300 millones de francos por las mismas islas y que también lo rechazó; que, además, dio un informe reservado sobre ello al Congreso, que sirvió para acallar a los conspiradores que, sin embargo, continuaron oponiéndose al ferrocarril; y que nuevamente volvió a recibir ofertas sobre las Galápagos a fines de su segunda administración. En Consejo de Ministros se resolvió consultar en cada provincia la opinión de los “vecinos principales” y Alfaro pasó una circular a los gobernadores, en la que pidió: “Mi deseo sería, si fuera posible, oír la opinión de todos los ecuatorianos, á fin de proceder con el dictamen y acuerdo de las mayorías”, sin exceptuar á ningún partido político, para consultarles sobre el arrendamiento de las islas. Esa circular, dice Alfaro, incendió a los confabuladores, azuzados por la prensa de oposición. Sin embargo, Alfaro cortó todas las reacciones, aclarando que la supuesta negociación no se realizaría. “Con esta contestación de mi parte, se desatendió el Gobierno en el asunto arrendamiento; pero no así los opositores que siguieron propalando rumores falsos que favorecieran sus planes proditorios”.

El Archipiélago, que siempre despertó el interés de Gran Bretaña y Francia, también estuvo en la mira de los Estados Unidos. En 1883 el Senado las consideró “tierra de nadie”; tras la construcción del Canal de Panamá fueron vistas como islas estratégicas para defenderlo; durante la I Guerra Mundial también fueron consideradas; en 1935 se pretendió la “internacionalización” de las islas bajo orientación monroísta; pero fue durante la II Guerra Mundial cuando manu militari los EE.UU. establecieron una enorme base en la isla Baltra, quedándose allí hasta 1948, aunque hubo, de por medio, un acuerdo reservado con el gobierno de Carlos Arroyo del Río; y durante la larga época de la Guerra Fría, bajo la ideología del americanismo, las Galápagos fueron, sin duda, una región geoestratégica para la posible defensa de la costa sudamericana del Pacífico.

En tiempos contemporáneos ya no solo pesan los intereses geoestratégicos, sino el espíritu de los buenos negocios. La pesca ilegal, que pone en riesgo a Galápagos como patrimonio universal, resulta incontenible. El turismo, cada vez masivo, también tiene riesgos. Y, sin duda, el interés por explotar recursos o extender infraestructuras y construcciones. Es un tema complejo, que requiere de la decisiva imposición de políticas de Estado. Pero el asunto no funciona como el ideal busca. Durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) se denunció la posibilidad de convertir nuevamente al Archipiélago en unapara los EE.UU., algo que no se aclaró totalmente. Su sucesor, Guillermo Lasso, expidió el 9 de mayo (2023) el Decreto 735 con cuatro páginas de “Considerandos”, en los cuales se argumenta y justifica, que “se contempla el establecimiento de la corporación sin fines de lucro ‘GALAPAGOS LIFE FUND’ (GLF), cuyo objeto es promover el mantenimiento, crecimiento y seguridad del capital natural de las Islas Galápagos y sus ecosistemas marinos mediante la concesión de subvenciones o la financiación de proyectos de organizaciones, agencias gubernamentales y otras entidades para proyectos medioambientales y de desarrollo sostenible pertinentes, teniendo en cuenta cuestiones de biodiversidad, sociales, económicas, de sostenibilidad y de cambio climático y pignorando activos para garantizar préstamos y otras obligaciones en apoyo de dicho propósito, en cumplimiento del marco normativo nacional”. Se crea un Directorio, en el que participan 4 ministerios y el Consejo de Gobierno de Galápagos, que decidirá sobre el uso de los “Fondos de Cooperación”.

Pero ha sido el blog JACOBIN, el que ha puesto una alerta al Ecuador y al mundo. De acuerdo con el artículo de Justin Villamil, Ecuador reduce la deuda en mas de mil millones de dólares y proporciona alrededor de $12 millones al año para los esfuerzos de conservación en Galápagos, así como $5,4 millones adicionales para generar una dotación permanente, todo durante los próximos dieciocho años. Un asunto que luce “histórico” y loable. Pero agrega el autor que los detalles son menos halagüeños: los fondos de conservación serán gastados por un fideicomiso especial llamado Galapagos Life Fund, una compañía de responsabilidad limitada registrada en Delaware, dirigida por once directores: cinco del gobierno de Ecuador y seis externos. Y Villamil anticipa su conclusión: “Ecuador ha cedido el control soberano de las Islas Galápagos a un fideicomiso independiente con sede en los Estados Unidos”.

En forma apresurada, el gobierno, a través de la Secretaría de Comunicación, ha tenido que salir a defender el fideicomiso y atacar las críticas, centrando su argumento en que Ecuador no ha cedido ningún tipo de control sobre la soberanía nacional de las Galápagos; que GLF es una “entidad privada”, cuyas inversiones provienen de fundaciones y no de fondos públicos; que en el Directorio hay 8 nacionales y 3 extranjeros; y que el fondo queda “fuera de influencias políticas” . Admitiendo la aclaración, la transparencia no está garantizada y mucho menos en una entidad privada que se superpone a las capacidades del Estado y su obligada institucionalidad. ¿Qué pensar sobre un fideicomiso constituido en Delaware, Estado considerado como “paraíso fiscal”? La posibilidad de que esta tendencia y la orientación económica “libertaria” y empresarial cambien en agosto de 2023, gracias a las elecciones forzadas por la “muerte cruzada”, es un asunto incierto.

Aclaración: Algunas citas contienen palabras que ya no se tildan, pero la ortografía de aquella época así lo determinaba.

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“¿Llamaría usted corrupción, señor Ministro, a pretender extender en la empresa un modelo donde la renta petrolera se va cerca del 50% a manos privadas? ”, resaltó la Asociación.

Ante las declaraciones del ministro Santos en un reportaje de Ecuavisa, el personal petrolero se pronunció. En primer lugar, remarcó que los actos de corrupción ocurren desde los mismos funcionarios nombrados por el Gobierno, mas no por los trabajadores.

También dejó al descubierto las ocasiones en donde el titular de la cartera de Estado declaró, sin sustento técnico, que la petrolera podría funcionar con la mitad de la nómina. Por otro lado, “sugirió” que los campos petroleros deberían ser administrados por transnacionales privadas como ya ocurre en otros territorios que pertenecen a Petroecuador.

“El problema, señor Ministro, es que hoy, usted es miembro del Directorio de la empresa contra la que ha arremetido innumerables ocasiones, y su deber es fortalecerla” , dice la carta.

Más plata para los consorcios, menos para los trabajadores

Para los trabajadores, el alto presupuesto de inversión no se ve reflejado por ningún lado. El dinero se iría en las altas tarifas que se les paga a los consorcios, es decir, a los intermediarios de los proyectos petroleros. Esta acción eleva irracionalmente el costo de producción en varios campos de la petrolera estatal. Así como hay privilegios para la élite, los trabajadores reclaman las remuneraciones impagas y la desigualdad salarial.

Agregaron que a la empresa le toca “mendigar” los recursos del Gobierno  porque no se ha respetado la autonomía administrativa y financiera de Petroecuador, tal como lo dicta la Constitución. Resaltan que esta es la estrategia para dañar lo público y luego justificar la privatización.

Los intereses de la privatización

En una carta emitida al periodista y dizque experto petrolero de la revista Vistazo, Alberto Acosta, desmienten un artículo que deja en claro que la empresa pública es mala y debe ser privatizada. Para los trabajadores, las cifras expuestas no tienen sustento. En el artículo el periodista aseguró que los costos de la producción de la empresa estatal es de USD 12 por barril y de los contratistas privados es de USD 30 en promedio.

Ante la comparación, el comunicador realiza de manera sarcástica la siguiente interrogante: “¿por qué el Estado pierde dinero contratando a privados cuando puede extraer ese crudo directamente y mucho más barato?” La respuesta es simple, los negocios lucrativos del Estado están consumidos por los intereses privados, según la ANTEP.

Caso Auca

Para explicarlo de mejor manera, colocaron el ejemplo de privatización en el campo Auca, ubicado en la provincia de Orellana, y entregado a la compañía Schlumberger a través del Consorcio Shaya, en 2015. Petroecuador le paga a la contratista privada su respectiva tarifa por barril y también cubre el costo operativo, que incluye el mantenimiento del campo petrolero.

Para 2022, el precio promedio del barril de crudo fue de USD 88.18 por barril. El campo Auca recibió una rentabilidad de USD 55.39 por barril, descontando costos operativos y de inversión. Mientras tanto, en los campos donde opera solo Petroecuador, recibió en promedio de USD 70.24 por barril, es decir, un 27 % más de los contratistas privados. (A.G.M). 

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Según consta en la edición de este 2 de enero del Diario Oficial de la Unión (DOU), Lula determinó retirar de los planes de privatización las siguientes empresas estatales: Petrobras, Correos, la Empresa Brasileña de Administración de Petróleo y Gas Natural, y la Empresa Brasil de Comunicación (EBC). 

También salen del proceso privatización otras compañías estatales menos conocidas, como la Empresa de Tecnología e Informaciones de Pensiones (Dataprev), Nuclebrás Equipamientos Pesados, el Servicio Federal de Procesamiento de Datos y los almacenes e inmuebles de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab). 

Menos privatización

También salen del proceso privatización otras compañías estatales menos conocidas, como la Empresa de Tecnología e Informaciones de Pensiones (Dataprev), Nuclebrás Equipamientos Pesados, el Servicio Federal de Procesamiento de Datos y los almacenes e inmuebles de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab). 

En la determinación, el nuevo presidente justificó la necesidad de «asegurar un análisis riguroso de los impactos de la privatización sobre el servicio público o sobre el mercado». 

La privatización de empresas estatales y la concesión a la iniciativa privada de infraestructuras como puertos o aeropuertos fue una de las banderas de la gestión económica del Gobierno de Jair Bolsonaro, que terminó el 31 de diciembre.

Lula presidente

El obrero metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva asumió la Presidencia de Brasil desde este domingo 1 de enero de 2023. El líder izquierdista vuelve al poder desde hace 20 años, tras salir de la cárcel condenado injustamente por corrupción, con un tercer mandato y como presidente número 39 en la historia de la nación carioca.

El evento de asunción se llevó a cabo en Brasilia. Da Silva estuvo rodeado de miles de militantes del Partido de los Trabajadores (PT) y con la presencia de 50 mandatarios internacionales, entre ellos, el presidente Guillermo Lasso.

Fuente: Sputnik

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Mediante una carta de autorización, el Comité Central de Padres de Familia del plantel educativo pidió un aporte económico, catalogándolo como voluntario.

En el documento se pide indicar la suma que será aportada mensualmente, la cual servirá para pagar al personal encargado de la limpieza de aulas y baños.

La carta también exhorta a los responsables de los estudiantes acudir a las instalaciones de la Institución con el fin de formar parte de la brigada de limpieza que se encargará del aseo de las aulas y baños.

Conforme se cita, los representantes de los estudiantes al aceptar lo solicitado estarían cumpliendo con el literal c del Art. 3 del capítulo II, del Acuerdo Ministerial. Sin embargo, dicho literal no establece ninguna contribución económica.

«Literal c): Promover y participar en actividades de cuidado y mantenimiento básico de las instalaciones de la institución educativa, de acuerdo a las necesidades institucionales.»

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Quito, 24 may (La Calle). – Al cumplir un año de mandato, el presidente Guillermo Lasso sigue recordando la vacunación contra la COVID 19 como su obra emblématica. Parece que con esta única obra pretende ocultar todos los problemas y deficiencias en el sistema de salud público en el que, hoy por hoy, no existe ni un medicamento básico como el paracetamol.

Pero no es solamente la falta de recursos hospitalarios los que aquejan al sistema sanitario. Siguiendo el ritmo de su antecesor, Lenin Moreno, el presidente Lasso continúa con la política de despidos a profesionales de la salud.

No importó que estuvieran resistiendo en la primera línea de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Tampoco, que les ofrecieron estabilidad laboral, a través del artículo 25 de la Ley Humanitaria, posteriormente declarado inconstitucional.

Los despidos en el Gobierno de Lasso

1.825 funcionarios fueron despedidos del Insitituto Ecuatotiano de Seguridad (IESS) afectando, principalmente, al área de salud. En febrero, durante el feriado de Carnaval, hubo 52 despidos en el hospital Carlos Andrade Marín (HCAM). Luego fueron notificados 20 más en el IESS San Francisco.

A finales de marzo, el HCAM desvinculó a 30 médicos residentes que laboraban desde el 2020. Mientras que el Hospital del IESS de Quevedo, en Los Ríos, dispuso la terminación de contratos de 50 médicos, enfermeras y terapistas respiratorios.

Asimismo, 160 profesionales de la salud entre médicos, enfermeras y terapistas, fueron despedidos del Hospital IESS Quito-Sur. Ante esta medida, se convocaron en un plantón para decirle a las autoridades que no quieren reconocimientos sino trabajo.

Y es que tantas condecoraciones resultan inútiles si el Gobierno no puede ofrecer condiciones seguras de trabajo para los galenos. Además, la disminución de personal médico afecta a los usuarios que deben esperar meses para poder obtener un turno y ser atendidos.

Falta de medicamentos

Otro de los problemas que aqueja a los ecuatorianos es la falta de medicamentos. Los pacientes están obligados a comprar fármacos con su propio dinero. Tanto en los hospitales del IESS como en los del Ministerio de Salud, los pacientes deben comprar desde catéteres, agua y hasta papel higiénico.

En el caso de enfermedades catastróficas, como las oncológicas o la hemofilia, la cosa se complica. Los pacientes denuncian que el Ministerio incumplió con la disposición de la Corte Constitucional, que exige a la Cartera de Estado abastecer de medicamentos a los centros hospitalarios.

Los mismos representantes de laboratorios farmacéuticos denunciaron que existe falta de transparencia en la compra de medicamentos. Dicen que las autoridades de salud no publican la información completa sobre los procesos de compra. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno? Culpar a anteriores Gobiernos.

Ante las críticas, el Gobierno diseñó un plan de externalización de medicamentos que, supuestamente, contrarrestaría el desabastecimiento de fármacos y evitaría la corrupción en las compras públicas. Sin embargo, dirigentes y activistas sociales señalan que este es el primer paso para privatizar la salud.

El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) Guayas, Ricardo Ramírez, sugirió que el proceso de externalización de farmacias beneficiará al círculo cercano del presidente Guillermo Lasso. Dijo que es un «colosal negociado» para Carlos Cueva, quien fue designado por el mandatario como consejero ad honorem para asesorarlo en políticas públicas contra el COVID-19.

Pero, tenemos vacunas

Cuando se cuestiona al presidente sobre las obras de su primer año, insiste en el plan de vacunación. Asegura que este es un programa sanitario y económico, porque permitió reactivar la economía del país. Sí, la vacunación fue un programa acertado, que cualquier Gobierno debía ejecutarlo. Además, hay que considerar que logró concretarse con el apoyo de las donaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la iniciativa COVAX. Pero creemos que es necesario recordarle al presidente que este no es el único tema que se debe resolver.

Lasso cumplirá un año de mandato y sus acciones ineficientes parecen ser el pan nuestro de cada día. A un año de gobierno, exigimos una salud pública de calidad, ágil y eficiente. Seguimos insistiendo por las medicinas para los pacientes con cáncer. Demandamos los fármacos para los pacientes con hemofilia; que nos atiendan con celeridad y no cuando ya sea demasiado tarde.

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“El 30 de marzo llegó un señor que dijo ser delegado del Consejo Directivo del IESS. Un señor de apellido Rodríguez. El manifestó en la sala que nos va a sacar de la unidad para mandarnos a una prestadora externa porque cada paciente cuesta USD 1.800, mientras que en la prestadora cuesta USD 1.400. Nosotros pasamos una crisis terrible. No había insumos, filtros ni heparina, medicamentos, alcohol, solución salina. Teníamos que comprar de nuestros bolsillos”, dijo a los medios guayaquileños Jonny Barberán, presidente de la asociación de la Unidad de pacientes del IESS.

Barberán asegura que se pretende privatizar solo por intereses de negociados. Dijo, además, que actualmente tienen propuestas para mejorar el sistema y que estará hasta la última instancia por defender sus derechos en salud. “Este es nuestro segundo hogar, de aquí nos sacan muertos”, expresó.

En el Centro de Diálisis del Hospital Maldonado Carbo atienden a 300 personas con problemas renales, las cuales han dicho que no tienen los recursos económicos para pagar sus tratamientos en centros de salud privados y que confían en el trabajo de los médicos que laboran en esta unidad. MIB

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«En la agencia del Banco del Pacífico, Mall del Sol, nueve cajas y cinco cajeros atendiendo. Se pregunta al supervisor y dice que no hay más recursos. Este es el Gobierno del encuentro y han desmejorado el servicio, precisamente para poder venderlo barato», relata el usuario Edgar Báez, que se desempeña como director de Seguridad Integral.

La nómina del Banco se redujo en un 40% y antes de terminar el 2021, el Banco del Pacífico anunció que cerraría 18 agencias, a nivel nacional, en el marco de una nueva política de optimización de recursos. El presidente Ejecutivo del Banco del Pacífico, Roberto González, dijo que el cierre de agencias y el ajuste del gasto operacional más provisiones, le ahorrará al banco 71 millones de dólares anuales.

Considerada la segunda identidad bancaria más grande del país, con excelentes réditos para el Estado, ahora planea ser privatizada por el Gobierno de Guillermo Lasso. La excusa del Ejecutivo es financiar un plan de desnutrición infantil, pero queda la duda de si la idea principal no es eliminar la competencia para el Banco de Guayaquil.

Según el presidente Ejecutivo del banco, Roberto González, el banco tiene un valor en libros de 820 millones de dólares, que es su patrimonio y un piso para construir una valoración. Asimismo, indicó que a pesar de tener 7 mil millones de dólares en activos, un banco solo se valora por su patrimonio neto o su capacidad de generar beneficios.

«El Banco del Pacífico fue el banco más rentable hasta el 2008 y el más eficiente operacionalmente, según la Superintendencia de Bancos. Hasta el 2019 el banco creció pero en gasto operacional, en plantilla, en gastos. Creció equivocadamente en operaciones crediticias y esos errores llevaron a hacer, ahora, un ajuste por restructuración», ha dicho en reiteradas ocasiones.

Acto de incostitucionalidad

La venta del Pacífico implicaría un acto de inconstitucionalidad, pues estaría incumpliendo lo establecido en el Art. 310 de la Constitución.

«Art. 310.- El sector financiero público tiene la finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía».

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Dávalos comentó que dicho proyecto de ley transforma al sector público en lo que el Gobierno denomina entidad delegante. Es decir, son entidades que pueden delegar gestores privados para que estos lleven a cabo proyectos de inversión pública.

“El sistema de rehabilitación social pasa a manos de sectores privados, la infraestructura de salud, educación, transporte, edificios públicos, y todo lo que corresponde al sector público se convierte en proyecto de inversión”, afirmó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, manifestó que una vez que se traslada al gestor privado y se califica el proyecto de inversión pública, se define una arquitectura institucional para llevar adelante este proceso y el Estado asume los costos de la elaboración del proyecto.

“Una vez que se firma el contrato, el gestor privado tiene la gestión del control sobre la infraestructura pública. Además, el gestor privado tiene que construir un fideicomiso mercantil”, sostuvo el analista.

Dávalos también recalcó que el Gobierno ya ha establecido otras leyes de privatización como la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con la utilización de fondos públicos, las reformas a la Ley de Dolarización, entre otras.

“Ahora viene esta ley que traslada infraestructura pública a gestores privados y establece fideicomisos. A todo esto, llaman atracción de inversiones”, aseguró Dávalos.

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«El proyecto de ley económico urgente de Atraccion de Inversiones quiere, literalmente, poner código de barras al país. Todo, absolutamente todo, podrá ser privatizado. ¿Va UNES nuevamente a abstenerse para que pase por el ministerio de ley? ¿PK votará otra vez a favor del gobierno?», escribió en un tuit.

¿Qué dice el proyecto?

El proyecto contiene una sección de definiciones. En el apartado de servicios públicos, el concepto aplicará a la provisión, desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructura productiva, social o gubernamental. Aquí entran rubros como: cárceles, infraestructura educativa en todos sus niveles, hospitales y otro tipo de instalaciones para brindar servicios de salud, edificios de uso público, proyectos de regeneración urbana, unidades judiciales, autopistas, autovías, vías rápidas, carreteras, caminos vecinales, vías urbanas, ferrovías, ferrocarriles.

El uso de los servicios públicos aparece en el artículo 6 que trata sobre la asociación público – privada. «Todos los servicios públicos, que no estén regulados por leyes sectoriales para efectos de delegación al sector privado, aplicarán de manera obligatoria la modalidad contractual de Asociación Público-Privada, sujeto a los límites establecidos en este Libro».

Los servicios públicos también aparecen en el ámbito de la Gestión Delegada. Si la ley se aprueba, la Secretaría de Alianzas público-privadas se encargará de controlar a los servicios que mantienen este tipo de manejo.

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El pasado 15 de febrero, Lasso publicó el decreto Ejecutivo 342, con el reglamento que normará las modificaciones realizadas a la Ley de Hidrocarburos, que pasaron por el ministerio de la ley, en noviembre de 2021, dentro de la mal llamada Ley de Desarrollo Económico.

La Asociación de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, ANTEP, analizó artículo por artículo el reglamento y ubicó los puntos clave con los que se pretende la entrega de Campos petroleros rentables, la refinación y transporte de crudo y derivados a manos privadas: 

• “Artículo 27.- Los informes del Ministerio del Ramo, previo a la delegación a la iniciativa privada, deberán contener por lo menos uno de los siguientes justificativos:

1. Que se trata de una actividad que requiere tecnologías específicas y personal altamente capacitado, que pueden proporcionar las empresas privadas; 
2. Que por el monto de la inversión requerida y la priorización de activos, se justifica la necesidad de delegar el ejercicio de la actividad a las empresas privadas;
3. Que la sostenibilidad de la producción de hidrocarburos demanda inversiones que sobrepasen la capacidad financiera de la empresa pública; 
4. Que las actividades de exploración y/o explotación implican altos riesgos geológicos o tecnológicos”.

La ANTEP señala que los justificativos que se proponen para entregar la actividad petrolera a manos privados, son subjetivos, no se apegan a la realidad de la industria hidrocarburífera y mucho menos a la de la empresa más grande e importante del país, como lo es Petroecuador. 

«Esta industria requiere de tecnología de punta, personal calificado y grandes inversiones, si, coincidimos con este argumento utilizado por el Gobierno. Sin embargo, es importante mencionar que Petroecuador cuenta con personal altamente calificado y cotizado en toda la región; tiene acceso a la mejor tecnología que se dispone a nivel mundial a través de contratos de prestación de servicios suscritos para todos sus campos», señala la asociación.

Asimismo, explica que según las cifras del propio Banco Central del Ecuador, durante el 2021, las exportaciones petroleras dejaron un total de USD 8.607 millones para el Ecuador, por lo que se cuenta con los recursos suficientes para desarrollar la producción hidrocarburífera del país, a través de la empresa nacional que cuenta con los costos de producción más bajos del Ecuador (USD 16,70 / barril). 

«En los Campos petroleros que están actualmente en producción, el Estado ya asumió el riesgo de inversión, con lo que, al entregarlos a manos privadas, el Gobierno comparte a la renta petrolera que producen», dice. 

Otros artículos

• El Artículo 81 del reglamento hace referencia al abastecimiento de las refinerías e indica que el Ministerio de Energía podrá exigir a los contratistas o asociados, el suministro de un porcentaje de crudo a precio referencial. En este sentido, al entregar campos en producción a manos privadas, bajo contratos de participación, el Estado no contará con el crudo necesario para abastecer de manera normal a las refinerías estatales y para cubrir la demanda nacional de combustibles, por lo que necesitará comprar el crudo a precio internacional y no al de producción de Petroecuador que, en el 2021, se ubicó en USD 16,70 por barril.

• Los Artículos 89 y 90, permite a los consorcios no solo la migración de contratos de prestación de servicios a participación, sino que también posibilita ampliar los plazos de ejecución, lo que prolonga la perdida de renta petrolera total para el Estado. 

• Los artículos 111 y 114, en su segundo literal respectivamente, permiten que el Ministerio de Energía delegue a empresas privadas de carácter nacional o extranjero, el transporte y refinación de hidrocarburos. Como sabemos, este tan solo es otro modelo para la privatización de todo el sistema de oleoductos, poliductos, gasoductos y complejos refinadores con los que cuenta el país. Es necesario mencionar que la Constitución en su Artículo 316 determina que el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley.  El Reglamento suscrito por Lasso, pasa por alto esta excepcionalidad, lo cual va en contra de la Carta Magna. 

• Finalmente, la disposición sexta del reglamento obliga a Petroecuador elaborar un listado de Campos petroleros en producción, que podrán ser entregados a la iniciativa privada, campos operativos, que aportan a la renta petrolera de la que se nutre en gran parte el presupuesto del Estado y que con su producción también contribuyen para el pago de compromisos adquiridos en el pasado y que deben ser cancelados con crudo.

Los trabajadores de la energía exigen a la Asamblea Nacional la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y, con ello, la insubsistencia de este reglamento que, segùn advierten, «no es otra cosa que la entrega a mansalva de los recursos hidrocarburíferos, que no le pertenecen al Gobierno de Lasso, sino a todos los ecuatorianos».

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“Muchas carreteras pasarán a manos de concesionarias para garantizar el mantenimiento de estas carreteras a largo plazo. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte para llevar a cabo las alianzas público – privadas”, dijo Lasso en un diálogo con los medios.

Competencia de los GADS

De acuerdo con una resolución del Consejo Nacional de Competencias de 2014, las facultades de planificar y mantener la vialidad corresponden a los GAD parroquiales rurales en coordinación con los GAD Provinciales y Municipales.

Para las vías de primer orden que unen diferentes provincias, la responsabilidad residen en los Gobiernos Provinciales por donde cruzan dichas vías. Con el anuncio del presidente, las vías que están en mantenimiento y construcción tendrán que ser sometidas a otro reglamento. La concesión de carreteras forma parte del plan de Gobierno de concesionar o vender activos del Estado a entes privados.

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