Salgado cuestionó que el Estado percibe más ingresos de lo que estaba presupuestado y dijo que deben ser destinados a un fondo de estabilización. Es decir, para cubrir necesidades en materia de educación y salud. Sin embargo, dijo que las acciones del Ejecutivo han ido por el lado contrario, refiriéndose al recorte presupuestario a la educación y a la salud.

Salgado señaló que el Gobierno tiene más de USD 10 mil millones en las reservas internacionales y estos recursos tampoco se destinan a cubrir el vacío estatal en salud y educación. Además, aseguró que la población debe comprar las medicinas más básicas, que deberían estar en el inventario del sistema hospitalario público y el IESS.

Manifestó que el déficit fiscal es una mentira ya que el Estado posee los recursos para atender las necesidades de la población. Precisó que el Gobierno de Lasso prometió «luchar contra la evasión fiscal», no obstante, condonó a muchos deudores de impuestos, esto ligado al escándalo de Pandora Papers, donde aparece su nombre.

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¿A quién beneficia los ingresos no invertidos y guardados en la reserva internacional?»

«Estamos viendo que este Gobierno está privilegiando exclusivamente los intereses de los tenedores de papeles», dijo Salgado en referencia a los tenedores de bonos, debido a la garantía de las reservas internacionales con respecto a la deuda pública ya que estos bonos se cotizan en los mercados en mejores condiciones.

También aseguró que la calificación de riesgo país mejoró, pero que los verdaderos dueños de los recursos como el crudo, o sea, el pueblo ecuatoriano, es un prestamista sin garantías. El Gobierno da préstamos con tasas de interés al 0% ya que están «garantizados por el valor de las reservas internacionales», afirmó.

Anadió que la ley de «Defensa de la Dolarización» propone que todo juicio perdido por el Estado debe ser cubierto por las arcas públicas, es decir, por el presupuesto general del Estado. «Al Estado casi todos los juicios le ganan por una razón que desconocemos», cuestionó.

El Ejecutivo sostiene que no existen recursos estatales y usa esta excusa para privatizar o vender bienes públicos y así, supuestamente, mitigar problemáticas como la desnutrición infantil crónica. «Existen millones de dólares en ingresos adicionales para el país que no son invertidos y mas bien son destinados a otros intereses», señaló la economista.

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“Ayer en rueda de prensa, manifestamos que votaremos por el archivo de esta Ley. Esperamos que toda nuestra bancada se sume a este llamado», manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

El asambleísta recalcó que el desfase de este proyecto de Ley radica en las alianzas público- privadas que se pretenden realizar a través de concesiones.

“Nuestro movimiento siempre ha estado en ese camino históricamente de decirle no a la privatización a ninguno de los sectores estratégicos”, aseguró Yucailla.

Además, comentó que el movimiento Pachakutik ha mantenido reuniones y se ha resulto de acuerdo a las observaciones de la Comisión que se elimine el libro 1 del proyecto de Ley.

También manifestó que hoy tratarán en la Comisión de Desarrollo Económico las observaciones del Pleno.

“De esta forma esperamos hacer ajustes a los artículos. Hay mucho vacío en la Ley de Inversiones», sostuvo el asambleísta.

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“No he visto realmente nada positivo de este proyecto que vaya a beneficiar al pueblo ecuatoriano. Tratan de concesionar los bienes públicos a largo plazo”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

La asambleísta sostuvo que estas nuevas leyes y olas neoliberales cambian y configuran el contexto del país. “Estas leyes deben ser a favor de todos los ecuatorianos y no de unos pocos grupos de poder”, manifestó Palacios.

Además, reiteró que los ciudadanos deben ser bastante claros y pragmáticos para rechazar estas leyes, que en su opinión personal, pasarían al archivo.

Por otro lado, comentó que en la tarde de este viernes la bancada de UNES tendrá una reunión y se espera tener conclusiones claras y posiciones como bloque, respecto a la Ley de Inversiones.

Situación de jóvenes de Ucrania

La asambleísta recalcó que el Estado debe garantizar en primer lugar, que los jóvenes puedan continuar con sus estudios en el Ecuador o a nivel internacional.

“Debemos garantizar que tengan acceso a un trabajo digno y es necesario tener un plan estratégico para estos jóvenes”, aseguró Palacios.

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Según el comunicado de la CONAIE, el funcionario utiliza la «forma y entrega de personerías jurídicas, como forma de cooptación, división y control político» de las bases de esta organización social.

En el documento, publicado ayer, la CONAIE también reitera el respaldo a los legisladores de PachaKutik que han actuado acorde con el bienestar de los ecuatorianos y hace un llamado al resto de la bancada para que «retomen el proyecto político y asistan al proceso de evaluación y armonización».

Lucha antiminera

La CONAIE exhortan a la Asamblea Nacional a sostener y defender las solicitudes de amnistía para líderes y militantes sociales. Detalla también que exhortarán a la Corte Constitucional a resolver la inconstitucionalidad de los decretos 151 y 95, sobre la ampliación de la actividad minera y petrolera. Puntualmente exigen al Gobierno Nacional y el Ministerio del Ambiente, el cese de este tipo de actividades en territorios indígenas.

Exigen, además, la remediación, reparación integral, justicia y garantías de no repetición para todas las comunidades afectadas.

La CONAIE dice que «fortalecerán el Frente Antiminero de lucha por la defensa de la naturaleza, la vida y las economías locales». Hacen un llamado a las organizaciones ambientalistas para «aglutinar fuerzas contra el voraz extractivismo» e iniciar acciones de movilización territorial.

Como parte de su oposición a la minería, devastación de territorios y saqueo de recursos naturales, ratifican su derecho de autodeterminación.

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El pasado 26 de noviembre, Petroecuador y la empresa Terpel-Comercial Ecuador CIA. LTDA suscribieron un contrato para el servicio de recepción, transporte, almacenamiento y despacho de productos derivados de petróleo, por un plazo de 15 años.

El gerente general de Petroecuador, Pablo Luna, dijo que la suscripción de este contrato con la empresa privada “permitirá la optimización de los recursos existentes, a través de la utilización de la infraestructura de la petrolera estatal”.

Aseguró que generará ingresos para la empresa pública y el país y que, de esta forma, el Gobierno Nacional cumpliría con el objetivo establecido en el Decreto 1158, para la comercialización de combustibles y la participación del sector privado.

El Gobierno reitera que el sector privado tendrá un “importante protagonismo” en la economía nacional.

Un comunicado de EP Petroecuador señala que para la ejecución de este contrato se podrán utilizar los muelles petroleros de Esmeraldas, La Libertad y Tres Bocas. Además, de los poliductos y los sistemas de almacenamiento de los terminales y refinerías, todos estos activos pertenecientes a EP Petroecuador.

También manifiesta que el cobro de la tarifa por este servicio será la establecida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovable.

“Existe una tarifa diferenciada por el uso de cada segmento de la infraestructura, lo que permite a EP Petroecuador cobrar por el uso diferenciado. Es decir, existe la opción de la tarifa única USD 0,027665 por galón, que será aplicable siempre y cuando se cumpla con la distribución del producto en todos los terminales que se consideraron para la fijación de la tarifa”, dice el comunicado.

Contrato con Duragas

De igual forma, el pasado 23 de noviembre, la Empresa Pública Petroecuador y Duragas S.A. suscribieron un contrato para el servicio de recepción, mezcla, transporte, almacenamiento y despacho de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La infraestructura la empresa pública Petroecuador será entregada a la empresa privada para que reciba sus importaciones en el país. El contrato se firmó por un plazo de 15 años, tras el pago de una tarifa por el uso de estas instalaciones.

El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, informó que la suscripción de este contrato se enmarca en lo que establece el Decreto Ejecutivo 1158.

“Está previsto que Duragas S.A. importe de 50 a 60 mil toneladas métricas anuales y proveer de este combustible al sector industrial de GLP, lo que nos permitirá liberar la caja fiscal, fomentar la libre competencia y obtener recursos adicionales por el uso eficiente de las instalaciones de las empresas públicas”, aseguró.

Respecto a las tarifas, Luna sostuvo que el valor por el retiro del producto en los terminales Monteverde será de USD 34,09 por tonelada métrica y en Chorrillo de USD 60,99 por tonelada métrica, según lo fijado por la ARC.

Para la ejecución de este contrato, se utilizará la infraestructura de EP Petroecuador de los terminales Monteverde y Chorrillo, ubicados en las provincias de Santa Elena y Guayas respectivamente y el gasoducto Monteverde-Chorillo que los conecta.

Informan también que, en caso de ser necesario, se ha previsto que la empresa pública realice el transporte del producto por los gasoductos propios hacia los terminales de almacenamiento, con el fin de garantizar la disponibilidad de los derivados en el país.

El Gobierno justifica la suscripción de este contrato asegurando que se realiza en el marco de lo que establece el Decreto Ejecutivo 95, que expide la política petrolera nacional y “busca la transformación de la estructura de negocio de EP Petroecuador para maximizar ventajas estatales y eficiencia en los recursos”.

Infraestrutura estatal

La planta de gas Monteverde es una obra construida durante el gobierno de Rafael Correa con una inversión estimada de USD 329 millones, mientras que la planta de Chorrillo costó cerca de 600 millones de dólares. Estas obras representaron para el país un ahorro de, al menos, 40 millones de dólares anuales.

Hoy, el Gobierno de Guillermo Lasso las entrega a manos privadas, pese a que fueron catalogadas, por ellos mismos, varios medios de comunicación privados y otros sectores de oposición, como “elefantes blancos”.

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La organización advierte que el Decreto 238 implica tarifas y condiciones preferentes para el sector privado, con la finalidad de incrementar la generación eléctrica en el país y cumplir la demanda de energía proyectada en el Plan Maestro Eléctrico.

De igual forma, explica que ocasionaría el incremento de las tarifas eléctricas para los consumidores finales, en todo el Ecuador, a partir del 2022.

Otra de las consecuencias que señala la asociación, es que se incentivará la participación de empresas del sector privado para la generación, transmisión distribución, comercialización y almacenamiento de energía, alumbrado público, entre otros.

«Se establecerían distintos modelos de gestión, como asociaciones público-privadas, alianzas estratégicas y similares para la participación privada. Estas son solo son otras formas para referirse a la privatización de los servicios y bienes públicos del sector eléctrico”, señala en el comunicado.

Para la ANTEP, el Decreto viabilizaría la privatización, a través de procesos públicos de selección, de la Central Térmica Termo Gas Machala, del Sistema de Transmisión Nororiental y la Central Sopladora, infraestructura en la que el Estado invirtió ingentes cantidades de dinero y que pasarían a manos privadas sin la inversión ni el riesgo inicial que implicó su construcción.

De igual forma, previenen sobre formas de precarización laboral y despidos masivos en las empresas de generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, a escala nacional.

“Como trabajadores de la rama de la energía y el petróleo, la ANTEP rechaza el contenido del decreto, una arista más que evidencia las intenciones del Gobierno de Lasso de privatizar las empresas que son rentables al Estado como: Petroecuador, CNT, CELEC y más de 15 empresas distribuidoras de electricidad a escala nacional. Además, pretende incrementar las tarifas eléctricas a partir del 2022 y golpear aún más el bolsillo de las familias ecuatorianas”, sostiene.

La ANTEP pide que las empresas de generación, transmisión y distribución a escala nacional no sean utilizadas como caja chica del Gobierno de turno y les permita realizar las inversiones que viabilizarán el cumplimiento de los planes maestros de energía, para satisfacer así la demanda nacional.

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Para el experto económico, Pablo Dávalos, este anuncio tiene que ver con el proyecto neoliberal y privatizador de la salud, que impulsa el Gobierno de Lasso.

Dávalos explicó, en una entrevista para Radio La Calle que en las reformas financieras se incorpora a la medicina prepagada. “Una de las atribuciones que tiene el directorio financiero es regular la medicina prepagada. Es decir, la medicina prepagada ya está considerada como una actividad financiera, no como una actividad de salud pública”.

Explica que al considerar la medicina como una actividad financiera y luego ponerla dentro de una Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), el Gobierno puede estar pensando en la desarticulación del Sistema Nacional de Salud y en la promoción y protección de un sistema privado de salud, con un régimen diferente al existente.

“Por ejemplo, tenemos una ZEDE en Tababela. Si empiezan a a venir inversiones, como hospitales, tienen un régimen totalmente distinto. Están por fuera de toda la autoridad sanitaria de salud, porque gozan de exenciones tributarias, y regulaciones en virtud de que son zonas francas. Si eso se replica por todo el país, las empresas privadas llegan a ese nuevo modelo de negocios, en las zonas francas, y se debilita el sector público de salud”, indicó.

Asimismo, advirtió la posibilidad de que el tema de la privatización de la salud podría incluirse en la consulta popular, a través de preguntas mañosas.

“Preguntarle al ciudadano si desea tener una cuenta individual de aportaciones, de tal manera que sepa exactamente cuanto ha aportado y sobre eso tener utilidades e intereses a futuro, cuando se jubile. Es decir, la privatización de la seguridad social. Son preguntas muy tramposas porque el ciudadano desconoce el contenido real que tiene eso”, aseguró.

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