«Estamos fortaleciendo nuestras estructuras, trabajando de cara al 2023 con varios prospectos de candidatos. Después de un proceso electoral hay que saber quiénes quieren seguir. Estoy recorriendo el país, conversando con las directivas», declaró a Radio La Calle el director de Centro Democrático, Enrique Menoscal.

Explicó que ellos se organizarán como un partido político independiente, pero que no descartan alianzas en ciertas provincias.

«Nosotros nos organizamos como partido independiente Centro Democrático. Ellos se organizan por su lado y nosotros por el nuestro. Habrá que ver la posibilidad de crear algún tipo de alianza en territorio. Siempre estamos abiertos al tema, no solo con Compromiso Social sino con cualquier partido provincial de centro izquierda».

Posibles prospectos

Aunque falta un año y medio para las elecciones seccionales, las bases de Centro Democrático proponen nombres para las candidaturas seccionales de 2023.

«Le hemos pedido a Jimmy Jairala que acepte la candidatura a la alcaldía de Guayaquil, él tiene tiempo para pensarlo. Las bases me han pedido que me candidatice a la Prefectura del Guayas, les he dicho que vamos a ver. Aún es pronto, pero las bases tienen aspiraciones», expresó Menoscal al respecto.

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«La medida cautelar busca evitar un daño irreparable al proceso electoral. Si el sistema informático es sometido a un peritaje judicial, la fecha de la segunda vuelta electoral podría modificarse. Esto afectaría al sistema democrático en el Ecuador», explica el comunicado.

De acuerdo con los fundamentos de Arauz, la apertura de una indagación previa en medio del proceso electoral es una interferencia que viola el artículo 16 de la Ley Electoral. Este artículo prohíbe la participación de las instituciones ajenas al Consejo Nacional Electoral en el proceso de elecciones.

Pedido de Fiscalía

En un comunicado la Fiscalía General del Estado dijo que las diligencias por las denuncias contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) no interfieren en el proceso de elecciones.

De acuerdo con la institución, se inició un proceso de investigación el pasado 18 de febrero por la denuncia de los asambleístas electos de Pachakutik por una supuesta anomalía en el almacenamiento de las actas electorales. «Se solicitó a la Corte Nacional de Justicia que autorice el registro y la retención de información. Lo que no significa la incautación de la base de datos que reposa en el CNE».

La Fiscalía señaló que obtuvo la autorización del juez Luis Rivera para realizar «la diligencia respectiva que no interfiere con el proceso electoral». Según la FGE, todas las acciones de Fiscalía relacionadas a este tema se desarrollan con el conocimiento de la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

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«Seguir con atención los procesos electorales en la región, como el que se desarrolla actualmente en Ecuador, haciendo votos para que éste culmine (en tiempo y forma) y se garantice la continuidad democrática», acordaron ambos mandatarios.

En el documento, ambos mandatarios «coincidieron en que las Misiones de Observación Electoral de la OEA deben apegarse estrictamente a criterios técnicos objetivos, así como en fortalecer las capacidades nacionales en materia electoral».

Para Fernández, la misión que se envió a las elecciones de Bolivia fue para perjudicar a Evo Morales y no quieren que el mismo escenario se repita en la región.

Fortalecimiento de Latinoamérica

Alberto Fernández fue el invitado de honor en las celebraciones del Día de la Bandera en México.

La visita fue entre el 22 y 24 de febrero.

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Cabrera indicó que “no hay ningún problema ni con el sistema informático, ni con la página web del Consejo Nacional Electoral. El país estuvo informado segundo a segundo (…) El reclamo de Yaku Pérez tiene que ver con las Juntas Electorales. Nos sorprendió el pedido del contralor en pleno proceso electoral”.

El funcionario aclaró que tres días antes se sella el sistema informático y solo el personal autorizado tiene acceso. “La base de datos queda intocable. Es preocupante y en el transcurso del día responderemos al pedido de Contraloría”.

Una nueva auditoría

La Contraloría General del Estado ya realizó una auditoría al Sistema Informático del Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con las disposiciones de la ley. La auditoría fue del proceso de elecciones seccionales del 2019.

“La ausencia de mecanismos automáticos para el control y supervisión del proceso de conteo de votos y emisión de actas de escrutinio. La puesta en cero de la Base de Datos del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados ocasionó que no se asegure la integridad de las bases de datos, repositorios de imágenes y librerías de este sistema y no se garanticen los principios de transparencia y seguridad del proceso electoral de 24 de marzo de 2019”, indica el examen de agosto de 2020.

Sin embargo, el contralor Pablo Celi indicó que esta nueva auditoría funge como un “el examen especial dará seguimiento a las recomendaciones señaladas en la auditoria de agosto de 2020”.

De acuerdo con la disposición transitoria sexta del Código de la Democracia, “El Consejo Nacional Electoral, tuvo un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigencia de esta  Ley, para realizar una auditoría a su sistema informático para el conteo de votos y resultados”.

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«Expresamos al país que la sentencia del juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no altera el cumplimiento del calendario electoral que se ejecuta con normalidad para la jornada de votación del próximo 7 de febrero», indica el documento.

La decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Ángel Torres de destituir y arrebatar los derechos políticos a cuatro integrantes del Consejo Nacional Electoral contraviene el Código de la Democracia. Esto debido a que ambas acciones no aplican en consejeros del CNE.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) declaró a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita y Luis Verdesoto culpables de infracción electoral muy grave. El TCE ordenó una sanción equivalente a 70 remuneraciones básicas, destitución de cargos y suspensión de derechos de participación por 4 años.

«Disponer la publicación de la presente sentencia en la pagina web institucional del Consejo Nacional Electoral, en el banner principal de dicho portal. Allí deberá permanecer de forma visible con un hipervínculo durante dos meses», indica el documento.

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“Este análisis no encuentra evidencia de que hubo irregularidades o fraude que afecten el resultado oficial que le dio al presidente Evo Morales una victoria en primera vuelta, todo sobre la base del 83.85% de actas escrutadas”, informe emitido por la CEPR.

El 1 de noviembre la Organización de Estados Americanos (OEA) realizo un análisis en Bolivia por supuesto fraude electoral, donde se identificaron problemas técnicos, falsificación de firmas y alteración de actas, hecho que llevo a la organización a desacreditar la victoria en las urnas de Morales. DC/EM/CLL

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«La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos y menos de los movimientos sociales, está al servicio del imperio norteamericano», dijo Morales en suelo mexicano donde ha pedido asilo.

El domingo pasado, Evo Morales anunció que se repetirían las elecciones presidenciales en Bolivia después de que la OEA anunciara la existencia de supuestas irregularidades en el proceso electoral, lo que desencadenó una serie de protestas.

Sin embargo, repetir las elecciones no fue suficiente para las Fuerzas Armadas del país, quienes le quitaron su apoyo y le “sugirieron” dar un paso al costado para que Bolivia recobrara la estabilidad, por lo cual Morales presentó su renuncia y pidió asilo político en México.

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