«Se declara la nulidad de todo el proceso en contra de Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, por demostrarse que fue detenido de manera ilegal, así lo determinaron los jueces en el Complejo Judicial de Latacunga», expresó la CONAIE.

La defensa de Iza, Carlos Poveda señaló que la nulidad del proceso se dio en virtud del desconocimiento del fiscal actual y la jueza Paola Bedón sobre del seguimiento realizado desde el 6 y 9 de junio al líder indígena. Así como, la participación de un juez de la ciudad de Latacunga en la entrega del permiso para la persecusión.

«Si no había flagrancia, la aprehensión del compañero Iza se convierte en arbitraria, ilegítima y abusiva, si no había ningún cometimiento de delito ningún tipo de persecusión», sostuvo.

Frente a lo determinado por la jueza, Poveda añadió que debería establecerse una situación de carácter político y abrió la posibilidad de un posible fraude procesal. La CONAIE dijo que las medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la presentación períodica de Iza fueron eliminadas

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«El caso del asesinato de Freddy Taish es un proceso extrajudicial, donde por falta de diligencia de la Fiscalia del Ecuador, no se ha cumplido con los requerimientos solicitados. En otras palabras, se partió desde un simulacro con contradicciones», aseguró Tarquino.

Según explicó, las comunidades están viendo cómo se está llevando a cabo este tipo de actos viciados e injustos por parte de la justicia ecuatoriana.  “Todo lo que hace el Estado desde las instituciones de poder está amañado y no daremos el bazo a torcer”, mencionó Cajamarca. Así mismo aseguró que Johnny Q.  no tiene nada que ver con lo sucedido en el caso Taish, sino que el Estado y el aparataje judicial tiende a favorecer a los grupos de poder y buscan alternativas para culpabilizar de todo.

Sobre este caso, Cajamarca indicó que «están involucradas personas del Estado, el alto mando militar, y es por eso no ha existido entonces una adecuada colaboración oportuna, sino una serie de barreras para impedir que se desarrolle la investigación».

El activista sostuvo, además, que el acompañamiento que han estado realizando a Jhonny Q, ha sido siempre de manera gratuita y que seguirán trabajando para que se evidencie la violencia estatal que están cometiendo contra un ciudadano que nunca ha tenido participación en el caso de Freddy Taish. “Hemos tratado  de que se contextualicen todos los hechos en el transcurso del proceso penal a través de la Fiscalía, sin embargo, estaremos vigilantes”

Tarquino confesó que está totalmente claro quién fue el responsable de la muerte de Freddy, pero que el aparataje estatal y la institución militar han tenido la intención de perseguir y atemorizar a Jhonny Q como testigo clave.

Al finalizar, el activista hizo un llamado de atención para que desde el  poder comunicacional se evidencien casos como estos donde existe la vulneración de derechos, “por eso insistimos que esto debe ser conocido por todos, el Estado ha estado moviendo fichas para que esto se quede en la injusticia, declaró. 

Ante la ineficiencia de la justicia de nuestro país, Tarquino mencionó que siempre serán necesarias las muestras políticas y comunicacionales; lo que permitirá seguir con la batalla jurídica contra estos poderes fácticos para visibilizar la vulneración de derechos contra personas inocentes.

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“Hace un par de meses denunciamos, por fraude procesal, a la Fiscal Diana Salazar, por crear una falsa flagrancia con ayuda de partes policiales adulterados, en el caso de Fredy Carrión”, detalló en una entrevista con Radio La Calle. 

Además, recordó que la denuncia realizada en contra de la Fiscal General del Estado, el domingo pasado, es de mayor gravedad. “Se encontró en el expediente penal que la propia Diana Salazar falseó y forjó documentos”, reiteró.

Schettini detalló que en el documento emitido el 16 de mayo de 2021, Diana Salazar delegaba a las fiscales Mayra Soria y Paola Gallardo para que inicien las investigaciones en el caso de Freddy Carrión. Sin embargo, al realizar el escaneo del código de la firma se descubrió que la rúbrica electrónica de la Fiscal fue realizado el 17 de mayo. Esto justificaría la ilegalidad existente en la detención del exdefensor del Pueblo.

 “Así es como actúa la justicia en nuestro país, forjando documentos, armando casos de un supuesto delito de abuso sexual, adulterando partes policiales”, recalcó durante la entrevista.

Las pruebas expuestas explicarían la nulidad que tendría todo el proceso contra de Freddy Carrión. “Todo el proceso tendría que regresar a cero”, expresó la esposa del exdefensor.

Precisamente, hoy se espera la audiencia en la que se solicita el pedido de caducidad de prisión preventiva para Freddy Carrión. Su esposa manifestó que en caso de no obtener un resultado favorable se podría denunciar a los jueces por prevaricato y, además, podrían acudir a instancias internacionales.

“A otras personas que tienen delitos de posibles femicidios por ser fiscales, la Fiscalía no ha actuado de oficio. Pero a Freddy Carrión todo se le niega, porque simplemente tiene persecución política”, reiteró Schettini.

Por último, recalcó la lucha que ha venido realizando para poder hacer justicia con el caso de su esposo y agradeció a los abogados que han realizado su trabajo de manera ética y desinteresada.

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“Hay que reconformar las comisiones. Varios asambleístas están involucrados en procesos judiciales. Hay cuatro o cinco asambleístas que ya están en instancias finales dentro de sus procesos legales”, afirmó Litardo. Esto último lo dijo en relación a los juicios del morenista Daniel Mendoza y del aliado oficialista Eliseo Azuero. “Ellos no están en funciones, sino sus alternos, como establece la Constitución y la Ley”, puntualizó.

Antecedentes

Daniel Mendoza y Eliseo Azuero enfrentan procesos penales por corrupción en el manejo de fondos públicos para la construcción del Hospital de Pedernales. Mendoza ya renunció a su cargo a pocos días de ser destituido por el pleno de la Asamblea Nacional. Así lo recomendó la Comisión Multipartidista. Por su parte, Azuero no comparece ante la justicia a pesar de tener una orden de prisión preventiva en su contra y tampoco asiste a las diferentes reuniones del Legislativo.

“No solamente podemos juzgar a uno, tenemos que hacer un criterio de juzgamiento general de la Asamblea. Hemos sido respetuosos del debido proceso y de que esto se resuelva primero en la justicia para que luego la Asamblea lo resuelva de forma interna”, finalizó Litardo.

Otros casos

El pasado 14 de julio, la exasambleísta morenista Norma Vallejo recibió un año de cárcel por el delito de concusión. Según, la investigación fiscal, Vallejo usó su cargo para cobrar “diezmos” a sus asesores. Los montos que exigió ascendían a los USD 150 y USD 300 para que los funcionarios no perdieran sus puestos de empleo dentro de la Asamblea.

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