«Creo que la democracia no se construye en solitario. Los talleres están dirigidos a los representantes de partidos políticos, medios de comunicación y la ciudadanía», dijo la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

El proyecto se realiza en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas para el desarrollo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y Fundamedios. Además de Pichincha, la capacitación se realizó en otras provincias y terminará el 21 de julio en Tungurahua; el 25 de julio en Azuay y el 28 de julio en Imbabura.

«Es necesario que la desinformación no le gane a la democracia y que al final gane la ciudadanía ecuatoriana y la democracia. (…) La desinformación es un peligro para todas las democracias del mundo. Creemos que el ejercicio serio y comprometido de los medios reforzará la democracia», recalcó Atamaint.

Seguridad para los periodistas

César Ricaurte, director de Fundamedios,
recalcó que en este proceso ya existieron 20 agresiones contra la prensa y también contra los candidatos debido al contexto de inseguridad que vive el país.

La organización ha creado un Manual para coberturas seguras que se encuentra para descargarse en la página de Fundamedios y que actualizarán para agosto del 2023.

Proceso electoral

Fernando Toledo, jefe de procesos electorales del CNE, recalcó que están culminando la impresión de las papeletas electorales. Además, siguen capacitando a los miembros de las juntas receptoras del voto.

Existen 40,079 Juntas receptoras del voto. Los votantes se dividen en hombres, mujeres, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Si alguien falleció durante este período de tiempo se colocará un sombreado y la palabra no firmar para distinguirlos.

Las actas electorales tendrán tres niveles de seguridad. Una vez contabilizadas, llegarán a los 1.740 sitios de escaneo para su digitalización y llegarán al Centro principal de datos. Las actas escaneadas y los resultados se guardarán en un repositorio para que organizaciones y ciudadanos puedan acceder a ellas. (MIB)

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“No hemos comprado el avión presidencial de Ecuador, estamos en el proceso de adquisición de alguna aeronave que reemplace los antiguos aviones Fokker que fueron comprados para el servicio de la Presidencia de Colombia”, aseguró el oficial a Blu Radio.

Añadió que “el negocio no se ha cerrado, estamos en el proceso desde hace más de un año. Nuestro objetivo es comprarle el avión, si logramos concretarlo, no para ponerlo al servicio de la Presidencia, sino para reemplazar uno de los Fokker, que algunos medios los llamaron ‘la cafetera’, en 2004 o 2005”.

Rueda aseguró que esperan el visto bueno de los técnicos antes de realizar cualquier movimiento. “El acuerdo sobre el precio está, pero la compra no se ha realizado. Hay una intención de compra, hay unos estudios técnicos, si estos nos dan visto bueno, realizaríamos el pago de la aeronave. No se ha comprado, pero estamos en el proceso de negociación”.

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Lasso: “Esta semana lo entregaremos a Colombia”

Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso informó, en su programa de los martes, que ya vendieron el avión presidencial.

“El presidente de la República, a través de este programa, informa al Ecuador que se vendió el avión Legacy Embraer, brasileño, no sé cuándo lo adquirió el gobierno de Correa. Se lo hemos vendido al Estado colombiano. Es una transacción de Estado a Estado, que es absolutamente transparente. Se vendió en USD 8 millones”, dijo el mandatario.

De acuerdo con el mandatario, el avión financiaba los “lujos del presidente de la República. Un país pequeño y pobre con dos aviones presidenciales. Ya logramos venderlo y de verdad. Esto no es el cuento de un decreto. No, en esta semana lo entregaremos a Colombia y recibiremos el pago”. MIB

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“Vemos con asombro y expresamos nuestra profunda preocupación frente a la paradójica decisión del Coordinador Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Marlon Santi, de iniciar un proceso disciplinario interno. Nos prohíben hablar en nombre de PK sin siquiera darnos el debido derecho a la defensa. (…)”, dice parte del documento.

De acuerdo con los legisladores, el proceso no puede hacerse sin la presencia de ambas partes: acusados y acusador. “La expulsión de PK amerita un debido proceso, pruebas, derecho a la defensa que lo ejerceremos ante el Comité de Ética y los tribunales de justicia respectivos. Poseemos como armas: la verdad y el cumplimiento de nuestro proyecto ideológico- político en contra del proyecto neoliberal que se quiere imponer al pueblo ecuatoriano”.

Apoyo desde la CONAIE

La Confederación de Nacionalidad Indígenas (CONAIE) rechazó el comunicado de Pachakutik donde se anuncia la expulsión de seis asambleístas de la bancada de este movimiento.

“Respaldamos a los asambleístas que, con sus acciones, han sido consecuentes con el proyecto político y no se han entregado a este gobierno neoliberal. Rechazamos la ilegal e ilegítima intención de expulsión de los compañero/as”.

De acuerdo con la organización, las acciones que se han tomado dentro de la Asamblea Nacional encabezada por Guadalupe Llori, la Coordinación Nacional y la Jefatura de Bancada no gozan de legitimidad. Lo que han hecho, indican, es beneficiarse y dejar ver un “pacto claro” con el gobierno de Guillermo Lasso. MIB

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“El artículo 27 de la resolución 363 del año 2017 dice que para la elección de los nuevos vocales del Consejo deben estar presentes los 30 asambleístas electos. El presidente convocó también a los vocales salientes. No se puede hacer una mayoría porque ya existen 14 votos seguros. Los 16 asambleístas han pedido que se cumpla con este artículo a la SEPS. El plantón se realizó para exigir un pronunciamiento”, explicó a radio La Calle, Campo Elías Aguilar, representante de los 16 asambleístas.

La contestación de la SEPS tardará hasta el 15 de febrero ya que son más de 70.000 cooperativas en el país. “Explicamos que el presidente ya ha estado más de 20 años en el puesto junto con un grupo que están de asambleístas o directivos o pasan a una Comisión. Hacen los estatutos para quedarse en el lugar”.

El representante puntualizó que la afectación más grande se refleja en la democracia de la Cooperativa. “Es una Cooperativa que tiene algunas ventajas para los profesores de Pichincha, Santo Domingo e Ibarra. Tiene una tasa de incumplimiento baja por lo que afecta a la participación de todos”.

La Cooperativa tiene el estatus de sociedad anónima con fines de lucro por lo que se debió reformar el estatuto tiempo atrás. “Reformaron el estatuto en 2020, cuando la resolución ya existía desde 2017. Dejando en la ambigüedad para que sea interpretativa y no se aplique la resolución”.

Los 16 asambleístas representan a 26.000 socios de la cooperativa. La solicitud de este grupo empezó desde diciembre de 2020. “A los directivos no les conviene solucionar porque están prorrogados mientras no se elija la nueva directiva. En la primera Asamblea convocada, el presidente abandonó la sesión junto con los 14 vocales. Ahora hay que esperar el pronunciamiento de la SEPS”.

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Quito, 09 feb (La Calle). – Mientras unos recogen sus cuatro tereques y dejan sus cargos, otros entran campantes al Palacio de Gobierno. Es el caso del otrora asambleísta Diego Ordoñez, electo por la provincia de Pichincha en representación de CREO.

En el Gobierno del Encuentro todo es posible. También dejar las curules cuando no se ha cumplido ni siquiera el 20% del período legislativo.  Ocho meses donde las participaciones en el Pleno pasaron sin pena ni gloria y tampoco propuso ningún proyecto de ley. Lo que no pasó desapercibido, como es natural, fueron las expresiones misóginas que Ordoñez tuvo contra su colega Mónica Palacios (UNES). “Pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes”, escribió en un tuit el 5 de noviembre de 2021.

Había pasado un mes desde el destape del caso Pandora Papers que involucraba al presidente Guillermo Lasso. Palacios investigó las empresas en Panamá y mostró documentación que probaría el presunto perjurio cometido por el presidente. Los cercanos al Gobierno, como hienas en jauría, defienden a los de su especie. A Ordoñez no se le ocurrió idea más brillante que atacar la dignidad de una legisladora.

El tuit no quedó solamente en el rechazo de la ciudadanía. Palacios llevó el caso al Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Acusó a Ordoñez de violencia política. El 14 de diciembre lo multaron con 15 días sin sueldo por su comportamiento. No fue a la única que atacó: la abogada Dolores Miño y la esposa del exdefensor del Pueblo, Priscila Schettini también fueron blancos de las palabras desubicadas y groseras de Ordoñez.

Cuando llegamos al 4 de febrero del 2022, el anuncio de la renuncia del asambleísta es sorpresiva. La razón, a su juicio, es el bajo nivel de la Asamblea Nacional, que no se sentía cómodo en esa situación y que lo mejor era dejar su puesto. Un puesto que ganó gracias al voto popular y el nuevo sistema de conteo. Para él y otros que han dejado sus curules, la decisión del pueblo no parece importarles en lo más mínimo.

Aunque Ordoñez alegara que se merece una mejor Asamblea, las razones de su salida van mucho más allá. Es el instinto de protección lo que lo lleva a dejar la legislación. Entra nuevamente Mónica Palacios a escena y rebela que “hasta este momento, el exasambleísta tiene un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en su contra por violencia política”. De acuerdo con la legisladora, Ordoñez quiere mostrar que sale por la puerta grande cuando lo que iba a pasar es que sería destituido por sus expresiones.

No hay un colofón en esta historia. Ordoñez evitó la renuncia, pero el proceso sigue allí ¿Podría existir una censura u otro castigo para el abogado? No lo sabemos, está en manos de los jueces del TCE dar una respuesta. Por lo pronto, Diego Ordoñez se refugia en los brazos del Palacio de Carondelet donde podrá aconsejar al presidente Lasso ¿Será, tal vez, en violencia política de género? Nos ha demostrado, con creces, que es un experto en la materia.  

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«La jueza quien conoció la causa por presunta delincuencia organizada en la comercialización de pruebas COVID-19 declaró la nulidad de lo actuado», explicó un comunicado de Fiscalía.

Una de la razones que acogió la magistrada es la falta de una notificación de la orden de detención contra Jacobo Bucaram, que alegó su defensa.

Audiencia en Guayaquil

En la sede de la Función Judicial de Guayaquil también tenía lugar una audiencia contra el expresidente por presunto tráfico ilícito de armas y municiones. Su defensa presentó un comunicado y el certificado médico del acusado por lo que la audiencia no se instaló

Con la nulidad de lo investigado en el caso «Pruebas COVID-19», este sería el único proceso donde un Bucaram le rinda cuenta a la justicia si así lo deciden los magistrados.

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