“Porque no implica un conflicto de nada para ser un Procurador. La terna la envía el Presidente de la República, así lo dice la Constitución del Ecuador. Entonces el Presidente puede enviar a gente de su confianza”, aludió el titular del Cpccs.

Larrea y su lazo con Lasso

Según informes de la Superintendencia de Bancos, Larrea es accionista del Banco de Guayaquil desde el 16 de marzo de 2009.

El pleno del Consejo lo designó Procurador General del Estado, el 20 de octubre, con cuatro votos a favor. La terna del que fue electo estaba conformada por Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, Yolanda Narcisa de Jesús Salgado Guerrón y Juan Carlos Larrea Valencia.

La Constitución del Ecuador establece cuatro funciones para Larrea: la representación judicial del Estado; el patrocinio del Estado y de sus instituciones; el asesoramiento legal; y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante.

Funciones como procurador

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«Remito por su digno intermedio al CPCCS la terna para la designación de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado por los siguientes profesionales: Juan Izquierdo, Yolanda Salgado, Juan Carlos Larrea», dice parte del documento.

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“Al momento en que se habla de los recursos de los ecuatorianos, se convierte en un documento de interés público. Ese documento jamás fue reservado y no podría tener tal característica”, afirmó durante una entrevista con Radio La Calle.

El asambleísta explicó que en dicho documento jamás existió una cláusula de reserva y, además, el procurador no tiene la potestad legal para declararlo como reservado y confidencial.

Recalcó que, en el documento, Íñigo Salvador manifestaba al presidente de la República, Guillermo Lasso, que se debe cancelar más de USD 400 millones a una transnacional.

“No era el único documento, pues ya venía enviando documentación al Ministerio de Finanzas, intercediendo y solicitando que se le cancele a la compañía Perenco. El Procurador ha entregado al Ecuador en bandeja de plata a una Transnacional”, afirmó Álvarez.

También expresó que el procurador debería defender al país, en conjunto con el SRI, para que la compañía pague primero los impuestos y luego quizá a ver cualquier deuda a la que tenga derecho.

“¿Por qué el procurador no les dice a los ecuatorianos que la compañía Perenco le debe al país más de 35 millones de dólares en impuestos?”, sostuvo. Además, reiteró que existen muchas dudas respecto al manejo, no solo interno, sino externo de la Procuraduría.

Álvarez hizo un llamado a los ecuatorianos para desenmascarar los actos que ha cometido el procurador.           

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“La procuraduría del futuro requiere de la estabilidad de los funcionarios a cargo de la Procuraduría. No podemos jugar con el futuro del Ecuador. Es momento de expresar mi total respaldo político como presidente y como gobierno al doctor Íñigo Salvador, como procurador General del Estado”, sostuvo.

Reiteró que la fortaleza institucional depende mucho de la estabilidad de los funcionarios en sus cargos y que, por ello, hay que respetar los periodos, independientemente de las visiones particulares. “Respetar los periodos de los funcionarios es fortalecer la institucionalidad del país”, dijo.  

Esta muestra de apoyo ocurre después de que, el pasado 24 de octubre, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea calificara a trámite la solicitud de juicio político contra Salvador, por incumplimiento de funciones.

La bancada de UNES, quién impulsa este proceso político, acusa a Salvador de incumplimiento de funciones por absoluciones de consultas, en la defensa de procesos con resultados adversos contra el Estado y por recomendaciones para concursos públicos.

Salvador ha dicho que el juicio político es una represalia por haber solicitado la ejecución de la sentencia en el Caso Sobornos. “No crea nadie que porque estoy amenazado con juicio político, por aquella bancada de la que provienen justamente los condenados en el Caso Sobornos, voy a dejar de ejercer mi función de recuperar los dineros del Estado. Con los delincuentes no se tiene ninguna conmiseración. Yo no la voy a tener por más amenaza de juicio político que tenga”, sostuvo Salvador.

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«El incumplimiento de funciones se deriva en el incumplimiento de consultas. La Asamblea le pregunta al Procurador respecto a la restructuración de la Comisión de Fiscalización del período pasado. El Procurador hace un análisis y se entromete en la funciones de la Asamblea con tal de encubrir al Gobierno de Moreno», dijo el Asambleísta Ferdinand Álvarez.

La otra causal es por la designación temporal de jueces en la Corte de Justicia. De acuerdo con el legislador, el procurador «comete un grave error al respecto y el Consejo de la Judicatura también hace una aclaración». Las últimas causales corresponde a los casos de defensa en Perenco y Texaco, además la intromisión en un concurso público dónde recomendó a una persona que pasó del sexto al primer lugar.

La solicitud de juicio deberá aprobarse en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que lo derivará a la Comisión de Fiscalización dónde se tramitaría. Finalmente llegará al Pleno Legislativo.

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