Muñoz comentó que también se eliminaron las zonas grises contractuales, esto ayuda a aclarar y definir las responsabilidades de cada implicado y permite que las autoridades controlen que se cumplan a cabalidad.

Además, indicó que establecieron un cronograma sustentado que ratifica la operatividad del sistema de transporte el 1 de diciembre de 2023.

«Este sistema moderno de transportación está listo para que los quiteños puedan tener una mejor movilidad», detalló.

«La Cuenta Ciudad«

Las autoridades señalaron que para acceder al transporte los ciudadanos pueden crearse la «Cuenta Ciudad», donde se carga un saldo que facilitará el ingreso al Metro.

Para acceder a la cuenta solo se necesita el nombre del usuario, número de cédula y registrar un correo electrónico. Muñoz prevé que hasta el 25 de noviembre cuenten con una aplicación con la que los celulares se puedan vincularse a la cuenta del sistema.

Además, tienen previsto entregar 30 mil tarjetas ciudad, de las cuales 20 mil son de acceso rápido con un QR para que los usuarios lo puedan validar en la puerta de acceso.

Los ciudadanos pueden acercarse a las estaciones del Metro de Quito: Iñaquito y Labrador (al norte), Quitumbe (sur), y San Francisco (centro), desde las 8:00 hasta las 17:00, para abrir estas cuentas.

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El Consejo tomó esta decisión, luego de que el activista político Alejandro Rodas indicara que Riofrío ya cumplió el periodo para el que fue elegido de 2017-2022.

Con los votos a favor de Gina Aguilar, Teddy Tama, Olindo Nastacuaz y Graciela Mora, los miembros del Cpccs admitieron la petición de Mora de debatir esa solicitud.

Mientras que los consejeros de minoría: Mónica Moreira, Carlos Figueroa y Aland Molestina se abstuvieron de votar en esta resolución, pues la Procuraduría del Estado advirtió que al Consejo no le atribuye el cese de funciones de los servidores, detalla El Universo.

La Procuraduría mencionó que el Cpccs solo puede designar autoridades por medio de concursos públicos de méritos, oposición e impugnación ciudadana.

¿Quién asumiría su puesto?

Los vocales del Cpccs instaron al subcontralor del Estado, Alberto Jhayya Segovia a que revise el artículo 33 de la ley de la Contraloría.

«El subcontralor general del Estado será designado por el contralor general. Reunirá los mismos requisitos y tendrá las mismas prohibiciones legales de aquel. Desempeñará las funciones que establezca el Reglamento Orgánico Funcional de la institución y aquellas que le sean delegadas por el contralor general. Subrogará al contralor general en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular”, especifica el artículo.

Una comisión ciudadana organiza el concurso para designar al nuevo Contralor. Sin embargo, el proceso se detuvo. Un juez de la Unidad Judicial de Rumiñahui ordenó la revisión del cumplimiento de requisitos de más de 100 personas inscritas.

¿Pero, querían o no que se vaya?

Nastacuaz enfatizó que no pretenden que Riofrío cese sus funciones y tampoco designarán un subcontralor, solo exigían que se cumpla la ley. «No se está invocando a que Riofrío termine sus funciones (…) Esa resolución queda en potestad de las personas», aseguró Aguilar.

Radio La Calle intentó comunicarse con Graciela Mora, no obstante, la consejera no atendió al llamado por la agenda que tenía. (N.J.C)

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La resolución del Tribunal cerraría los 14 años de litigio del proceso en el extranjero. La decisión ratifica la sentencia del 2021 emitida por el juez de Miami, William Thomas, quien dictó el fallo del principio de derecho denominado res iudicata, es decir, las partes no pueden litigar lo que ya fue discutido.

Pese al dictamen del juez, la PGE acudió nuevamente a la Corte Suprema de Florida sin requerir un permiso en la Corte de Apelaciones. Finalmente, el 1 de marzo el caso se cerró a favor de los hermanos Isaías, reportó diario El Universo.

¿Por qué reclamar los bienes de otro país?

Según la justificación de la PGE, “la demanda se fundamentó en la Doctrina de Actos de Estado, que consiste en considerar válidos en el territorio de un Estado extranjero (EE.UU.) los actos emitidos por otro Estado en su territorio (Ecuador)»

La demanda interpuesta solicitó que la justicia de EE.UU. aplique las decisiones adoptadas por el Ecuador en relación con la responsabilidad de los hermanos Isaías. Sin embargo, la respuesta fue negativa, puesto que el Tribunal alegó que el Estado ecuatoriano no tendría razones legales para reclamara los bienes de los Isaías en el país extranjero, quienes viven en Miami desde el 2000.

Caso de los hermanos Isaías

El caso Isaías con Ecuador parte de la deuda que tienen los hermanos con el Estado de aproximadamente USD 661 millones, en 2008. La demanda pretendía la incautación de sus bienes inmuebles y acciones de empresas.

Con lo incautado se busca cubrir el hueco patrimonial que dejó el ya extinto banco Filanbanco, con el Estado. La sentencia por peculado comenzó en el 2012, por presunto abuso de fondos de préstamos de liquidez entregados por el Banco Central del Ecuador (BCE) a Filanbanco a finales de los 90’s e inicios del 2000. (A.G.M).

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Además, el presidente temporal del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, convocó a una reunión del Consejo de la Judicatura para resolver la posible suspensión del juez Lindao.

Román aseguró que en esta junta conocerán el informe y con base en la denuncia de la Fiscalía tomarán una decisión con el futuro del juez.

“No toda sentencia de los jueces se deben cumplir, porque a veces no es competente y debe tener una orden legitima. Sobre todo, que debe estar revestido”, manifestó.  

Reclamo de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado criticó las decisiones que toma la función Judicial ante las acciones del juez de La Concordia, Ángel Lindao. A través de un comunicado comentó que se pone en “tela de duda” la administración de justicia.

El juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Víctor Moya desestimó un sumario disciplinario contra el juez Lindao por presuntas irregularidades en el caso Norero. Moya indicó que este expediente rebasó su fecha de vigencia y archivó la causa el pasado 23 de diciembre de 2022.

De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia planteada y el recurso de apelación impuestos por la Procuraduría e Inmobiliar, declaró “negligencia manifiesta” las acciones de Lindao.

“La Fiscalía expresa su preocupación ante este tipo de acciones que ponen en tela de duda a la administración de justicia, en claro perjuicio de la sociedad ecuatoriana”, reza el comunicado.  

Más embarradas…

Ángel Lindao ha protagonizado varios escándalos judiciales. Uno de ellos fue la restitución a los cuatro consejeros: Hernán Ulloa, María Fernanda Estupiñán, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán.

Además, obligó al Legislativo a pedir disculpas de manera pública y a colocar una placa con el lema: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.

Más liberaciones arbitrarias…

Lindao concedió una medida cautelar que deja en libertad a Wilson Ruiz, acusado de sicariato. La Fiscalía manifestó que Ruiz participó en la muerte del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga.

El juez, en su resolución, dispone que durante el tiempo de condena que le falta no puede salir del país y debe presentarse una vez al mes en la Fiscalía de Riobamba.

Caso Norero

El magistrado de La Concordia habría incurrido en acciones irregulares en el caso “Norero” investigado por el presunto delito de lavado de activos. Carlos P., uno de los procesados, presentó una acción de protección en reclamo de la mansión de Norero y su pareja sentimental. Pese a que existe una medida cautelar de prohibición de enajenación de bienes, Lindao falló a su favor.

Según la Fiscalía, esta acción de protección llegó a conocimiento del juez por un “sorteo irregular” debido a la falta de competencia en la causa penal. (N.J.C)

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“Porque no implica un conflicto de nada para ser un Procurador. La terna la envía el Presidente de la República, así lo dice la Constitución del Ecuador. Entonces el Presidente puede enviar a gente de su confianza”, aludió el titular del Cpccs.

Larrea y su lazo con Lasso

Según informes de la Superintendencia de Bancos, Larrea es accionista del Banco de Guayaquil desde el 16 de marzo de 2009.

El pleno del Consejo lo designó Procurador General del Estado, el 20 de octubre, con cuatro votos a favor. La terna del que fue electo estaba conformada por Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, Yolanda Narcisa de Jesús Salgado Guerrón y Juan Carlos Larrea Valencia.

La Constitución del Ecuador establece cuatro funciones para Larrea: la representación judicial del Estado; el patrocinio del Estado y de sus instituciones; el asesoramiento legal; y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante.

Funciones como procurador

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El legislador solicitó la comparecencia de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa, María Rivadeneira, Graciela Estupiñán y Francisco Lorenzo, que votaron a favor del designado Procurador. El proceso buscaría que los consejeros expliquen si se ha cumplido con todos los requerimientos y principios del reglamento para la designación de la primera autoridad de la PGE.

Vanegas informó que pedirá al contralor general del Estado, Carlos Riofrío dé inicio a un examen especial para verificar si el Larrea comunicó de sus acciones en su declaración juramentada.

El parlamentario alegó posible conflicto de interés de ser cierto que el nuevo Procurador sea accionista del Banco de Guayaquil, pues “adecuaría su postulación, designación y posesión”. “En caso de ser posesionado, cuando desde la Presidencia de la República presenten una solicitud de consulta a la Procuraduría General del Estado, se activaría el conflicto de interés cuando le corresponda responder mediante el dictamen vinculante”, explicó Vanegas en un documento enviado al titular del Legislativo.

Asimismo, el asambleísta sostuvo que existe una denuncia presentada por los consejeros David Rosero contra la designación de Larrea a cambio de favores “Los miembros del consejo del CPCCS pretenden realizarle una consulta a este procurador para ver si procede o no el juicio político contra los siente consejeros”.

Otras oposiciones

Legisladores de la Bancada Unión por la Esperanza (UNES), Ana María Raffo y Mónica Palacios también expresaron su oposición al nombramiento de la nueva autoridad. “Juan Carlos Larrea, nuevo Procurador, además de accionista del Banco de Guayaquil es socio del Estudio “Larrea Canesa Barriga. Es decir, socio de Juan Javier Canesa, exoperador político del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES 2019) y secretario de Otto Sonnenholzner. Otro apadrinado de Moreno y Lasso”, aseguró Palacios.

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Radio La Calle se contactó con el funcionario pero no quiso dar declaraciones hasta su posesión en la Asamblea Nacional. «Por un principio de prudencia no estoy contestando ninguna entrevista. Le pido que me disculpe hasta la posesión porque solamente he sido designado», respondió.

Sobre Larrea

El titular del PGE fue jefe Regional del Departamento Legal del Servicio de Rentas Internas (1999-2000) y ocupó el cargo de asesor legal del ministro Coordinador de la Producción (2000-2001). En el área privada trabajó en un banco, del que aún se desconoce el nombre. También es socio de una firma de abogados y fue Gerente Legal de Holcim Ecuador (2011-2013).

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) designó a Juan Carlos Larrea como nuevo procurador general del Estado el 20 de octubre.  En la terna propuesta por el Ejecutivo, para reemplazar a Salvador Iñigo, también constaba el nombre de Juan Izquierdo Intriago y Yolanda Salgado Guerrón. (A.G.M)

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Según reporta diario El Comercio, «el tribunal desechó la apelación presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE) en contra de la sentencia emitida el 10 de mayo de 2022 por el juez Johnny Lituma, que ordenó la devolución de los bienes».

Se declaró sin procedencia y se rechazó la apelación. En el fallo, la Corte Provincial dio la razón la defensa de los Isaías en «todas sus partes». Por tanto, el Estado ecuatoriano deberá restituir las propiedades y accionede las que eran dueños los exbanqueros. Entre las acciones están: Departur Turismo y Apartamentos, Hotel Colón Internacional, Tabacalera Andina Tanasa o Industrial Shulk.

La apelación -desechada al fin y al cabo- fue presentada por la Procuraduría, la Secretaría de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) y el Banco Central del Ecuador (BCE). También tuvieron participación el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia de la República.

«Las entidades buscaban impedir que los expropietarios de Filanbanco recuperen los bienes. Solicitaron a la Corte Provincial que se declare la nulidad del dictamen de Lituma y pidieron la declaratoria jurisdiccional por error inexcusable ya que habría supuestas inconsistencias en el fallo inicial», reseñó diario El Universo.

El dictamen de la Corte se dio a conocer a las partes el lunes 12 de septiembre. La resolución fue notificada tras 28 días de audiencia de estrados llevada a cabo el 16 de agosto. En ella, los involucrados, el Estado ecuatoriano y la defensa de los Isaías, expusieron sus argumentos.

Finalmente, la Corte del Guayas precisó que los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) son de efecto obligatorio, directo e inmediato aplicables por los jueces del Ecuador. Por su parte, Procuraduría no ha anunciado su impugnación a la decisión de la Corte Provincial.

Todavía no acaba

Las autoridades ecuatorianas aún dirigir el caso a la Corte Nacional de Justicia. No obstante, el abogado de los exbanqueros, Jorge Zavala Egas, señlaó que incluso con una nueva apelación debe cumplirse la sentencia de primera instancia.

Un poco de historia

En 2008, la AGD en el gobierno del expresidente Rafael Correa incautó los bienes de los hermanos, basado en un informe de la firmque dictaminó un hueco patrimonial de más de USD 600 millones del Filanbanco.

Fuentes: El Comercio, El Unvierso.

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Ante la noticia por medios internacionales sobre el congelamiento de los activos del Ecuador en el país europeo, el Ministerio de Economía, a través de un boletín de prensa, aseguró que hasta el momento no ha recibido una notificación oficial por parte de las autoridades judiciales de Luxemburgo. 

En 2008 Perenco exigía el monto de USD 1.423 millones en reparo al daño ocasionado por la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril del 2006.  

En ella se establecía “la participación mínima del Estado equivalente a un 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactado o no previstos” y durante la presidencia de Rafael Correa éste se incrementó al 99%.  

Por lo que, el Tribunal Arbitral determinó que el último porcentaje estipulado equivalía a una confiscación y resolvió que el Estado ecuatoriano pague USD 374’ 373. 154.  

Ante esto, el Ministerio de Economía y Finanzas junto con la Procuraduría General del Estado (PGE) continuarán en la búsqueda de mecanismos de pago a Perenco.  

Además, expresó que, una vez realizado el pago total, es facultad de la PGE el inicio de juicios correspondientes hacia los funcionarios públicos involucrados.

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Este 2 de junio, la Procuraduría General del Estado informó sobre el rechazo al recurso de apelación presentado por los hermanos Isaías.

La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas declaró sin acción el recurso de apelación de Willian y Roberto Isaías para recuperar un grupo de terrenos ubicados en los cantones Durán, Yaguachi y El Triunfo.

Con la acción presentada, los expropietarios de Filanbanco buscaban beneficiarse de una medida cautelar que prohíba la inscripción o marginación de cualquier acto traslaticio de dominio sobre los terrenos.

Los hermanos Isaías fueron declarados inocentes por el delito de peculado en mayo del 2021. Sin embargo, la sentencia no contemplaba la devolución de los bienes incautados.

Motivo por el cual los banqueros decidieron presentar una demanda por USD 2 000 millones como indemnización contra el Estado ecuatoriano

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