El fallo responde a una acción extraordinaria de protección presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE) junto a otras cinco entidades estatales. Según la Corte, las resoluciones judiciales previas vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, calificando la actuación de los jueces como un «error judicial inexcusable».

Investigación por presunto prevaricato

Entre las medidas dictadas, la Corte dejó sin efecto la devolución de los bienes a los Isaías, así como la compensación económica que les había sido otorgada en instancias previas. Además, ordenó a la Fiscalía investigar a los jueces responsables de las sentencias que beneficiaban a los hermanos Isaías.

El Consejo de la Judicatura también fue instruido para determinar las sanciones correspondientes contra los magistrados implicados.

Contexto del caso

El origen del litigio se remonta a 2018, cuando los hermanos Isaías lograron revertir, mediante decisiones judiciales, la incautación de sus propiedades, realizada tras el colapso del sistema financiero ecuatoriano en 1999. Las sentencias ahora anuladas habilitaron la devolución de bienes que no habían sido vendidos, donados o cedidos por el Estado, según investigaciones previas.

La Corte Constitucional argumentó que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, señalando que la transformación de medidas cautelares en acciones de protección fue improcedente.

Un precedente para la seguridad jurídica

La PGE celebró la decisión como una victoria en la defensa de los intereses públicos. «Este fallo reafirma el compromiso del Estado con la seguridad jurídica y evita el uso indebido de garantías constitucionales», señaló un comunicado oficial.

El caso Isaías sigue siendo uno de los capítulos más controversiales del feriado bancario, que dejó graves secuelas económicas y sociales en el país.

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A partir de las 08h00 la Comisión de Fiscalización empezó la sesión de pruebas de cargo y descargo en el marco del juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Durante su intervención, la legisladora Urresta expuso el pedido que realizó a PGE e informó sobre el gasto millonario que desembolsará el gobierno para defenderse ante la justicia internacional.

»Dinero que se pudo utilizar para la seguridad, para pagar la deuda con Solca (…) USD 5 millones para defender lo indefendible», resaltó.

Las acusaciones contra Sommerfeld

Asimismo la interpelante del proceso denunció que la funcionaria y su familia se beneficiaron del conflicto con México el pasado 5 de abril del 2024. Detalló que en el 2010 Sommerfeld era directora de la aerolínea Aerogal y vendió sus acciones a Holding Avianca, compañía constituida en la Bahamas.

»¿Qué intereses hay detrás de las acciones en contra de México? ¿Quién se beneficia que Aeroméxico deje de operar en el país?», cuestionó.

Agregó que además de Aeroméxico, las otras empresas que cubren la ruta Ecuador-México son Copa Airlines y Avianca, empresa que presuntamente estaría ligada a la familia Sommerfeld.

Por otro lado, Urresta indicó que el padre de la canciller, Enrique Sommerfeld, es uno de los mayores vendedores de armas en el país. Reveló que el círculo cercano de la ministra ha estado cerca del gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa con las contrataciones de equipos militares. (AGM).

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La situación se desencadenó cuando el pleno de la CNJ no logró elegir al titular para el período 2023-2027. Ante este vacío de poder, Saquicela consultó a la PGE sobre la posibilidad de prorrogar sus funciones.

«De conformidad con el pronunciamiento vinculante y obligatorio del señor Procurador General del Estado, a partir del 5 de febrero de 2024, me mantendré en prórroga de mis funciones hasta ser legalmente reemplazado», dijo el actual presidente en un comunicado.

Este anuncio se formalizó a través de un documento de dos páginas entregado a los jueces de la CNJ y al presidente subrogante del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román. En el documento, Saquicela incluyó la consulta realizada a la PGE y el pronunciamiento del procurador Juan Carlos Larrea, quien indicó que el presidente de la CNJ, sujeto a un período fijo, puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado, garantizando así la representación institucional.

Controversias

Un grupo de jueces titulares expresó su desacuerdo con la prórroga propuesta por Saquicela. Se ha planteado la posibilidad de una autoconvocatoria para que el pleno de la CNJ se pronuncie sobre esta situación.

La jueza Daniella Camacho, quien buscó la presidencia en las elecciones, defiende la posición de que es el pleno del organismo el que debe decidir sobre una posible prórroga, argumentando que esta instancia resuelve sobre ambigüedades en la ley.

La incertidumbre persiste en la CNJ, ya que después del 5 de febrero no está claro quién asumirá la titularidad y cuándo se logrará elegir a un nuevo presidente o presidenta. La crisis institucional se agrava, y la atención se centra en las acciones que tomarán los jueces opositores de Saquicela para abordar esta compleja situación. (AGM).

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El exfuncionario resaltó que la entidad solo está encargada de revisar cláusulas arbitrales internacionales, más no el resto del contrato. Salvador ejerció el cargo desde el 2018 hasta noviembre del 2022.

«Si usted me pregunta hoy con mirada retrospectiva si me habría abstenido. Probablemente yo no me habría abstenido si hubiera sabido que ese control de legalidad iba a ser objeto para el juicio político del presidente de la República, Guillermo Lasso», dijo en su intervención.

La culpa es de Moreno…

La asambleísta oficialista, Ana Belén Cordero aclaró que esos contratos fueron firmados durante el período presidencial de Lenín Moreno, en febrero del 2021. No obstante, la legisladora de UNES, Viviana Veloz, manifestó que la responsabilidad recae sobre actual jefe de Estado porque los informes se aprobaron en noviembre del 2021.

Por ende, el examen de Contraloría fue trasladado para el análisis exgerente de FLOPEC, Johnny Estupiñán y al expresidente de EMCO, Hernán Luque, quien también está implicado en el caso El Gran Padrino.

‘’¿Quién presionó para que este contrato no se quede sin efecto? Hernán Luque, delegado de Guillermo Lasso’’ Se renovó automáticamente este contrato en diciembre del 2022’’, aclaró. (A.G.M).

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El proceso empezó con la terna enviada por el presidente Lasso. Aun con el escándalo de ser accionista desde 2009, Larrea superó las etapas de clasificación.

Fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana el 20 de octubre. Su presidente, Hernán Ulloa, respaldó la decisión. Argumentó que no existe algún impedimento para que Juan Carlos Larrea sea Procurador General.

Larrea y su lazo con Lasso

Según informes de la Superintendencia de Bancos, Larrea es accionista del Banco de Guayaquil desde el 16 de marzo de 2009.

El pleno del Consejo lo designó Procurador General del Estado, el 20 de octubre, con cuatro votos a favor. La terna del que fue electo estaba conformada por Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, Yolanda Narcisa de Jesús Salgado Guerrón y Juan Carlos Larrea Valencia.

La Constitución del Ecuador establece cuatro funciones para Larrea: la representación judicial del Estado; el patrocinio del Estado y de sus instituciones; el asesoramiento legal; y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante.

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Este 10 de mayo, en Guayaquil, un juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencias resolvió convertir la acción de medidas cautelares presentada hace cuatro años en contra de William y Roberto Isaías Dassum a una acción de protección favorable para ellos.

Frente a la acción judicial, la Procuraduría aseguró que será la Corte Provincial de Justicia la encargada de conocer y resolver el recurso apelado.

“Al amparo de sus competencias constitucionales y legales, esta procuraduría no cejará en la interposición de las acciones que correspondan en defensa de los derechos y el patrimonio del Estado ecuatoriano y de sus ciudadanos”, dice el comunicado.

Por su parte, Jorge Zavala, abogado de los hermanos Isaías afirmó que la decisión tomada por el juez es una medida con la que se intenta reparar los daños ocasionados con el proceso de incautaciones a sus defendidos.

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Ante esto, la Procuraduría General del Estado apeló el fallo del juez que benefició a los hermanos Isaías. La resolución deberá ser manifestada por escrito en un plazo de 48 horas .

“Mediante una resolución infundada resolvió convertir una acción de medidas cautelares, presentada hace cuatro años, en una acción de protección favorable a los intereses de los hermanos Isaías”, detalló la entidad en un comunicado.

El 8 de julio de 2008, Carlos Bravo, gerente general de la AGD, ordenó incautar 195 empresas. Entre las empresas constaban medios de comunicación como TC Televisión, Gamavisión y radioemisoras, así como empresas de telecomunicaciones.

El juez también ordenó que se declare en nulidad el proceso de valoración del perjuicio causado por los dueños del extinto Filanbanco.

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Este artículo impide enjuiciar a consejeros del CNE durante un proceso electoral. Es decir, el Legislativo no podrá enjuiciar a los supuestos implicados, hasta que se concluya con el proceso electoral y exista una proclamación de resultados.

La comisión, con votación unánime, apoyó la moción de la asambleísta Ana Belén Cordero de consultar al Procurador la aplicación del art. 19 del Código de la Democracia.

Los legisladores de Pachakutik: Mario Ruíz y Joel Abad, plantearon una solicitud de juicio en contra de los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera, Esthela Acero y Enrique Pita; y al exconsejero Luis Verdesoto.

Los funcionarios del CNE están acusados de incumplir funciones al no dar paso a los pedidos de revisión de las presuntas inconsistencias numéricas en las elecciones de 2021, y con ello un posible fraude al entonces candidato presidencial, Yaku Pérez.

El asambleísta Fernando Villavicencio pidió remitir la moción a la presidencia de la Asamblea para elevar la consulta al procurador.

El trámite de esta solicitud de juicio se suspendió hasta que haya un pronunciamiento de la Procuraduría.

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La solicitud fue realizada por Cintya Díaz, esposa de Jorge Glas, en nombre de sus dos hijos. Díaz alega que, tanto ella como su esposo, solo son usufructuarios de los inmuebles.

En el requerimiento, se pide el levantamiento de la prohibición de enajenar bienes, la devolución de un departamento, una bodega y un parqueadero, localizados en la provincia de Esmeraldas.

La Procuraduría señaló que el embargo debe realizarse con el fin de cubrir parcialmente el monto fijado en la sentencia. La cifra es reparación integral a favor del Estado ecuatoriano por el caso de corrupción que envolvió a Glas.

«La Procuraduría General del Estado no cejará en su trabajo de hacer cumplir lo dispuesto en las sentencias dictadas por los jueces competentes. De este modo, restituir el daño ocasionado al Estado ecuatoriano», expresó la PGE mediante un comunicado.

Orden de embargo

Hace unos días, el Tribunal de Ejecución del caso Sobornos ratificó al exvicepresidente Glas, la orden de embargo de su parte de la sociedad conyugal en el departamento A3 y el estacionamiento 15, ubicados en el norte de Quito.

Jorge Glas tiene una sentencia de seis años de reclusión menor y al pago de USD 7.5 millones, como reparación integral al Estado.

Sin embargo, debido a la acción de un habeas Corpus presentado por su defensa, el 10 de abril salió en libertad.

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El registro de la Propiedad de Guayaquil inscribió el decomiso de los bienes a favor del Estado, según reza un comunicado de la Procuraduría.

La entidad, amparada en el art. 377 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) que establece el orden de prioridad del embargo, solicitó al Tribunal que disponga esta acción de manera inmediata a fin de recuperar los bienes muebles e inmuebles registrados a nombre de los sentenciados.

Bienes Incautados

Los bienes pertenecían al expresidente Rafael Correa, al exsecretario jurídico de Presidencia, Alexis Mera; a los exministros Walter Solís y Vinicio Alvarado, a los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri y a los empresarios Bolívar Sánchez y Pedro Verduga.

Entre los bienes incautados a los sentenciados están: Departamento 109 en Guayaquil, inmueble perteneciente a Rafael Correa y ubicado en el condominio Centro de Viviendas. 

A Walter Solís se le incautó un terreno ubicado en la Urbanización La Cumbre y tres palcos situados en el estadio de fútbol Capwell. 

Se decomisó el solar 5 ubicado en la Urbanización Puerto Azul a Vinicio Alvarado. 

A Viviana Bonilla le incautaron un parqueo ubicado en el Edificio Condominio The Point, un solar y una casa.

Un departamento en el Condominio Riverfront II le fue decomisado a Christian Viteri

Se le decomisaron dos parqueos, dos oficinas y un departamento a Bolívar Sánchez y a Pedro Verduga le incautaron 36 bienes, entre oficinas, solares, terrenos, parqueaderos y otros.

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“El 17 de enero de 2022, se solicitó la prohibición de enajenar, retener y secuestrar los bienes a nombre del sentenciado recientemente fallecido Ricardo Rivera Arauz, toda vez que la obligación impuesta por la justicia de reparar integralmente al Estado no se extingue por su muerte”, dice el comunicado.

Añade que como institución “continuará con la ejecución de la sentencia y perseguirá los bienes que consten a nombre de todos los sentenciados hasta recuperar los montos de la indemnización que deben restituir al país”.

Rivera falleció por complicaciones del COVID-19, el pasado 15 de enero en Guayaquil. Pasó sus últimas semanas en régimen semiabierto.

Ricardo Rivera

En junio de 2017, la policía detuvo a Ricardo Rivera tras haberse revelado la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la empresa brasileña había repartido sobornos a cambio de obras con el Estado ecuatoriano. La justicia norteamericana ubicó que Rivera, a nombre de su sobrino Jorge Glas, habría sido uno de los enlaces de esta trama criminal. La investigación determinó que USD 13.5 millones se repartieron en coimas a cambio de contratos con el Estado.

El Estado Ecuatoriano deberá cobrar 33,4 millones de dólares al exvicepresidente Jorge Glas y a otras siete personas sentenciadas en el Caso de Odebrecht, según la última resolución ejecutada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

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El 7 de junio del 2021, la Procuraduría solicitó la ejecución forzosa de este proceso y el embargo de las cuentas bancarias de los sentenciados, porque no cumplieron, en el plazo establecido, el pago de la reparación integral al Estado.

Ahora, la Procuraduría solicitará al mismo Tribunal que disponga el embargo de los bienes muebles e inmuebles, registrados a nombre de los sentenciados. En el
proceso fueron declarados culpables el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros funcionarios de su gobierno.

En agosto del 2020, la Procuraduría General del Estado conformó la
Unidad de Recuperación de Activos. Según informó la institución, es a través de esta instancia «que se realizarán todas las gestiones para recuperar los recursos obtenidos de manera ilícita y que sean devueltos al Estado».

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El procurador Íñigo Salvador informó que ya recibió la notificación formal y continuará con el proceso de recuperación de activos de todos los casos parte del fuero de Corte, particularmente del Caso Sobornos.

“No crea nadie que porque estoy amenazado con juicio político por aquella bancada de la que provienen justamente los condenados, en el Caso Sobornos, voy a dejar de ejercer mi función de recuperar los dineros del Estado. Con los delincuentes no se tiene ninguna conmiseración. Yo no la voy a tener por más amenaza de juicio político que tenga”, dijo.

En septiembre, el Tribunal de Juzgamiento resolvió inhibirse de continuar con la sustanciación de la ejecución y remitir al juez de primer nivel de la Unidad Judicial, donde estén domiciliados los 20 sentenciados, para que continúe ejecutándose el fallo. Esto por algunos criterios referentes a la competencia para ejecutar la sentencia dictada en procesos penales, cuyo juzgamiento se sustanció en la Corte Nacional de Justicia, en razón del fuero personal.

La Corte Nacional, en octubre, emitió una resolución aclaratoria sobre la competencia de los juzgadores, que deben conocer la reparación integral a favor de las víctimas. Se precisó que los jueces competentes para ejecutar la reparación integral son aquellos que dictaron la primera sentencia condenatoria.

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“Las entidades competentes deberían coordinar las acciones que correspondan para asegurar el cumplimiento de esta obligación de carácter internacional y precautelar los intereses del Estado”, indica parte del documento de la institución.

Después de los diálogos entre ambas partes, la cantidad que tendrá que pagar el Estado ecuatoriano a Perenco es de USD 374’373.154. A ese número se suman los intereses que se acumulan desde diciembre de 2019 hasta el momento del pago.  

¿Cómo se originó la deuda? 

En el año 2006, Ecuador y Perenco estipularon que el Estado tendría una participación mínima del 50% para los excedentes en los precios de venta del petróleo que no consten en el contrato original. En 2007, el porcentaje cambió al 99%.

”Perenco alegó que dichas disposiciones alteraron su trabajo previsto en los bloques 7 y 21. Esto constituía una violación al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Francia y Ecuador”.  

Un Tribunal emitió una disposición final el 27 de septiembre de 2019 y determinó la violación del tratado y los contratos de inversión. Ordenó al Ecuador pagar USD 471’820.400. La cifra se redujo debido a la demanda de anulación de esta decisión. Misma que estipuló la existencia de la condena por daños medioambientales causados en la zona de explotación petrolera a cargo de Perenco. 

Al momento ni el Gobierno Central ni el Ministerio de Energía han emitido un pronunciamiento oficial acerca del pago a Perenco. Los intereses aumentan a medida de que el tiempo pasa y no se paga la deuda.  

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“La decisión del TCE sobre la causa con fecha 1 de julio de 2021 tiene carácter de absolución de consulta no de sentencia. […] Posteriormente la Corte Provincial de Pichincha con fecha 30 de julio de 2021 emitió una sentencia constitucional dejando sin efecto el proceso de remoción del Dr. Jorge Yunda y ratificando su condición de alcalde de Quito”, dice parte del documento.

Añadió que la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha es de aplicación inmediata. “En conclusión el Alcalde legal y legítimo del Distrito Metropolitano de Quito es el Dr. Jorge Homero Yunda Machado”.

Posición del TCE sobre la Alcaldía

En un comunicado del Tribunal Contencioso Electoral, se ratificó que el proceso de remoción fue legítimo y consta dentro de las debidas leyes.

“La presente absolución de consulta de cumplimiento de procedimiento y formalidades del proceso de remoción del doctor Jorge Homero Yunda Machado, fue objeto de resolución oportuna, notificada en legal y debida forma, no tiene recursos pendientes de resolución, se encuentra ejecutoriada y los hechos subsecuentes que evidencian la posesión del Vicealcalde en reemplazo de la autoridad removida, demuestran que ha sido ejecutada”, indicó el documento.

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Quito, 02 de agos, (La Calle).-El presidente Guillermo Lasso eliminará el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en la transacción de boletos aéreos con la finalidad de promover el turismo a través de pasajes aéreos menos costosos.

El pronunciamiento del mandatario se realizó después de consultar a la Procuraduría General del Estado. La entidad dio luz verde para que este impuesto se elimine en el marco de la función de sectores de la economía del país.

Lasso es el primer presidente en plantear la eliminación del ISD después de que este se creara en 2007 durante el periodo presidencial de Rafael Correa.

En su cuenta de Twitter, el primer mandatario expresó que «La eliminación del ISD es un gran paso que nos permite fortalecer la conectividad aérea y volver al Ecuador más atractivo con nuevas rutas».

El ministro de producción, Julio Prado, apoyó la iniciativa del Gobierno y expresó que eliminar este tributo le pondrá fin a las actuales trabas comerciales.

¿Medida positiva?

Representantes de líneas aéreas en el Ecuador esperan que se oficialice la medida. Expresan que la eliminación del ISD favorecerá a los turistas ya que, podrán adquirir pasajes aéreos menos costosos.

Las agencias de viajes también apoyaron al mandatario. Manifiestan que, abaratar costos incentivará el turismo que es uno de los sectores más golpeados por la pandemia de Covid-19.

La eliminación del ISD podría fomentar acuerdos de «cielos abiertos», es decir eliiminar cobros adicionales a los pasajes, el aparecimiento de nuevas líneas aéreas y el aumento de las exportaciones.

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«La Procuraduría General del Estado envió al tribunal de ejecución de la Corte Nacional de Justicia la solicitud de inicio de la ejecución forzosa y orden de embargo de valores en cuentas bancarias. Entre ellos figura el expresidente Rafael Correa; el exvicepresidente, Jorge Glas; y, los exministros y exfuncionarios de su gobierno sentenciados dentro del caso Sobornos 2012-2016», informó el viernes Ecuavisa.

La justicia de Ecuador sentenció a 20 personas acusadas de formar parte de una estructura delictiva que pedía sobornos a contratistas del Estado para financiar las campañas de Alianza País (AP). Entre los sentenciados están Correa, Glas, varios de sus funcionarios y empresarios privados.

El 27 de mayo finalizó el plazo para que los sentenciados paguen la reparación al Estado por USD 14,7 millones fijado en la sentencia.

Ante el incumplimiento, dicha entidad estatal solicitó el embargo de las cuentas que figuran a nombre de 18 condenados. También pidió como la transferencia de estos valores a la cuenta del Consejo de la Judicatura y a la cuenta del Tesoro Nacional. Hasta el momento dos empresarios privados pagaron la parte proporcional de la reparación que les corresponde.

En el caso de un contratista fallecido hace dos meses, condenado dentro del mismo proceso, la Procuraduría solicitó que se notifique con la orden de pago a los herederos. Tras el embargo de las cuentas bancarias de los sentenciados, la Procuraduría solicitará la misma acción sobre los bienes muebles e inmuebles de los condenados. El fallo en el caso de sobornos quedó ratificado en última y definitiva instancia a mediados de septiembre. Un Tribunal de Casación de la CNJ negó los recursos de aclaración y apelación interpuestos por varios sentenciados. Correa y los demás implicados fueron sentenciados a 8 años de prisión. El expresidente reside en Bélgica desde 2017.

Fuente: Sputnik

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«Con el objetivo de precautelar la salud de los más de 13 millones de ecuatorianos que acudirán a las urnas, aprobamos el realizar una consulta formal a la Procuraduría General del Estado y valide la opción de ampliar el horario de votación del 7 de febrero», indicó la presidenta.

El pedido aparece en el contexto de la solicitud que realizó el titular del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Zapata, de ampliar el horario de votación en los próximos comicios.

¿Es viable ampliar la jornada?

Con el criterio del CNE coincide el analista político, Mauricio Chamorro. Más que ampliar los días de votación es mejor ampliar el horario de la jornada electoral. «El problema (con la ampliación de días) es que podría dar lugar, frente a los intereses políticos que se juegan y el mapa electoral ecuatoriano, a un posible fraude. Considero que ampliar la jornada es la primera y mejor opción. También replantear el tema del voto obligatorio y analizar a quien limitará su impacto en las elecciones», dijo en diálogo con Radio La Calle.

Además del alargue de la jornada, Chamorro indica como posible solución el voto electrónico. «Creo que el voto electrónico es una medida muy interesante para acelerar los procesos electorales en este contexto. El voto obligatorio amplía la discusión de si es útil para la democracia o no», explicó.

Países como Colombia se siguen preparando para el voto electrónico y puede ser una posibilidad para las elecciones presidenciales de 2022. En Ecuador, ese sistema se aplicó en provincias para empezar a validar su funcionamiento.

El ejemplo de Bolivia

Entre las medidas que Bolivia aplicó para sus elecciones presidenciales estaban: alcohol en gel para los miembros de las juntas, lentes de protección y set de barbijos que debían cambiar cada cuatro horas. Mascarillas extra por si un sufragante se presentaba sin ellas. y toallas con alcohol para desinfectar los esferos.

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La placa tendrá la siguiente frase en quichua y español: «los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética».

Como se mencionó el procedimiento forma parte de la sentencia del Caso Sobornos 2012-2016, una trama de corrupción que involucra al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glas y 18 personas más.

León Saquicela y León Rodríguez, jueces del Tribunal de Ejecución, estarán presentes en el acto para verificar que la placa esté, efectivamente, en el Palacio de Gobierno, tal como indica la sentencia. La PGE utilizó parte de la indemnización que los procesados debían pagar por su culpabilidad en este delito.

Otros puntos de la sentencia

Correa y Glas recibieron una condena de ocho años de prisión por instigación, además perdieron sus derechos políticos por 25 años. Tampoco percibirán sus pensiones vitalicias por sus períodos como presidente y vicepresidente, respectivamente. Tanto Correa como Glas deberían pagar USD 778.224 como indemnización.

Las 20 personas implicadas en el Caso Sobornos también deberán ofrecer disculpas públicas en la Plaza de la Independencia. Los jueces todavía no definen una fecha para este acto. El procurador Índigo Salvador lamentó que varios de los involucrados estén prófugos. Las disculpas, entonces, las ofrecerán quienes estén en manos de la justicia.

Sobre el curso de 300 horas sobre ética laica y transparencia en la administración pública, el tribunal delegó a Fiscalía y Procuraduría General del Estado como las responsables de ejecutar ese pedido.

El trámite de extradición para los ciudadanos en este caso que se encuentran fuera del país está en fase de ejecución.

La Corte Nacional de Justicia puso en conocimiento de la Interpol la sentencia y solicitó la emisión de alerta roja.

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